PRENSA: El Gobierno llevará a la Generalitat a los tribunales si no anula las medidas contra los derribos de las casas de Babilonia en Guardamar

El ministerio exige al Consell que dé marcha atrás en la declaración de núcleo urbano con valor etnológico y en la suspensión cautelar de las demoliciones, señalando "deslealtad institucional" y una invasión de competencias

Loreto Mármol - 17 OCT 2025 14:50 - Actualizada 17 OCT 2025 14:51

El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido su primera comunicación oficial a la Generalitat después de que el pasado 15 de septiembre se cumpliera el plazo para que los vecinos de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura acometieran los derribos de las viviendas. Se trata de un requerimiento que hace el Gobierno central al valenciano para que dé marcha atrás y anule tanto la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico como la suspensión cautelar de las demoliciones. Eso o acudirá a los tribunales.

Es el paso previo a un recurso contencioso administrativo. Por su parte, la Generalitat, aunque tiene un mes de plazo para acatar el requerimiento, avanza a este periódico que se mantiene firme en los dos actos administrativos, porque está al lado de los afectados, por lo que se llegaría a la vía judicial, lo que retrasaría la ejecución de la orden ministerial para decir adiós no solo a los inmuebles, sino también a toda una vida de recuerdos de sus moradores.

El 5 de septiembre la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Generalitat emitió una suspensión cautelar para evitar que se pusieran en peligro los posibles valores patrimoniales existentes en el núcleo de viviendas.

El día 12 de ese mismo mes, solo tres días antes de que se cumpliera el plazo, entró en el ministerio la admisión a trámite de la declaración de núcleo urbano con especial valor etnológico -a petición de la asociación vecinal-, pese a que el acuerdo se emitió el 21 de julio por la Conselleria de Medio Ambiente, amparándose en la Ley de Costas valenciana que se aprobó en mayo.

Dos medidas que tenían la intención de paralizar la demolición de las viviendas que ordenó el ministerio en base a la normativa estatal, la falta de título de ocupación de los residentes y la sentencia de la Audiencia Nacional que luego ratificó el Tribunal Supremo.

De hecho, en la práctica logró la paralización porque los afectados pidieron a la empresa que habían contratado para los derribos que esperase a que Costas se pronunciara. La mercantil aquel día solo hizo acto de presencia en una jornada marcada por una tensa calma.

El ministerio viene ahora a decir que la actuación que pide que se anule consiste en la admisión a trámite de la solicitud de la Asociación de Vecinos de la Playa de Guardamar-Babilonia para la declaración de un conjunto residencial como núcleo urbano con especiales valores etnológicos, que "pretende evadir el cumplimiento de una orden de derribo válida y firme en vía administrativa y judicial, confirmada en primera instancia ante la Audiencia Nacional y ante el Tribunal Supremo en casación, con fundamento en una norma cuya constitucionalidad se está examinando y vulnerando el principio de lealtad institucional".

El requerimiento ministerial recalca que "hay un comportamiento desleal por parte de la comunidad autónoma", sobre todo por la insuficiencia de plazo concedido a la Administración General del Estado para dar una respuesta adecuada.

Patrimonio Cultural de la Generalitat dejó apenas ocho días naturales al Estado para reaccionar, mientras que la conselleria tardó 53 días en notificarle el acuerdo, "haciendo imposible cualquier reacción por parte de este departamento".

Y más: argumenta que hay "una extensión indebida de competencias autonómicas sobre ámbitos reservados al Estado". Incluso, pone de manifiesto la posible inconstitucionalidad de las medidas, al tratar de impedir que el Estado ejerza las competencias que les son propias. 

En este sentido, subraya que el Tribunal Constitucional ha establecido de forma inequívoca la titularidad estatal sobre estas competencias, que se encuadran no en materia de ordenación del litoral, sino en la competencia exclusiva del Estado de definir y establecer el régimen jurídico del dominio público marítimo-terrestre, "vulnerada por los acuerdos autonómicos" -insiste-, porque "lo que pretende la Generalitat con los reiterados acuerdos es vaciar esa competencia de contenido, incurriendo en vicio de nulidad", sostiene el ministerio.

También se basa en cuestionar "la buena fe" del Consell en que estos actos han sido emitidos durante el transcurso de las negociaciones para resolver discrepancias sobre la constitucionalidad de determinados preceptos de la Ley de Costas valenciana. Precisamente, la declaración de núcleo etnológico se basa en uno de los artículos en los que la Administración central mostró desacuerdo cuando se aprobó este año la normativa, ya que la normativa estatal ya contiene la regulación sobre los bienes declarados de interés cultural -de mayor entidad y protección que los bienes culturales de interés local declarados por las corporaciones municipales- que se encuentren situados en el dominio público marítimo-terrestre.

Recurso de inconstitucionalidad

Como consecuencia, se acordó en julio una comisión bilateral para negociar. Entretanto, sin que aún se haya resuelto, pudiendo derivar en la interposición de un recurso de inconstitucionalidad -el plazo termina el 26 de febrero-, la Generalitat ha iniciado los trámites de consultas previas para desarrollar el decreto que regule la declaración de núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico.

En cualquier caso, advierte, la declaración como bien de interés cultural debe justificarse sólidamente, sin "convertir en papel mojado la exigencia constitucional de protección del dominio público marítimo­ terrestre", y en este caso se "menoscaba" al impedir la demolición.

En cuanto a la Ley de Patrimonio Cultural Valenciana, para la suspensión cautelar, el ministerio sostiene que no está diseñada para condicionar las actuaciones de la Administración central, sino que se orienta específicamente a los ayuntamientos. Por tanto, "su aplicación directa al Estado resulta jurídicamente improcedente", añade.

De hecho, la Administración requerida por la conselleria es el Ayuntamiento de Guardamar del Segura y no el ministerio, que tuvo conocimiento del acto posteriormente, a quien no le corresponde adoptar las medidas necesarias para hacer efectiva la suspensión.

Cronología

El ministerio denegó en 2019 la prórroga de la concesión dado el impacto paisajístico y ambiental y por existir riesgo de ser alcanzadas por el mar. Así, se daba por concluida el 29 de julio de 2018. En concreto, se decía que "el conjunto de las construcciones irregulares construidas en los años 40 ha sufrido el reiterado embate de los temporales marinos, lo que ha ocasionado graves daños en las construcciones, generándose una dinámica repetitiva de construcción-destrucción-reconstrucción que inevitablemente ha convertido la playa en un enorme depósito de escombros y residuos que impiden el uso y disfrute de la playa en condiciones de seguridad y salubridad para el común de la ciudadanía".

Ya en 2021 la Audiencia Nacional reconoció la legalidad de la denegación de las prórrogas y de la demolición de las viviendas, que, según la propia sentencia, suponen un obstáculo que impide que el oleaje interaccione con el sistema dunar, causando una degradación de uno los ecosistemas más valiosos de la geografía española. La sentencia fue recurrida ante el Tribunal Supremo, que confirmó el fallo de la Audiencia Nacional.

El pasado mes de agosto, miembros de la Asociación de Vecinos de la Playa Guardamar Babilonia presentaron recursos extraordinarios de revisión que se fundamentan en la aparición de documentos de valor esencial, que presuntamente acreditan el nulo impacto medioambiental sobre el dominio público y por tanto la inexistencia de la causa de denegación de prórroga, pero a principios de septiembre se resolvió su inadmisión.

Desde enero hasta marzo se produjeron las negociaciones entre los titulares de las casas y el Servicio Provincial de Costas de Alicante que terminaron con el acuerdo de los vecinos de cumplir de forma voluntaria con la sentencia y proceder así a los trabajos de demolición, con fecha límite el 15 de septiembre. Para ello, contrataron a la empresa Cauce Infraestructuras, a la que comunicaron la paralización.

Créditos: https://www.informacion.es/vega-baja/2025/10/17/gobierno-llevara-tribunales-generalitat-anula-122710022.html