Regresión y Ley de Costas - Informes

La aplicación de la Ley de Costas estatal (Ley 22/1988) en el litoral de la Comunidad Valenciana es uno de los focos de mayor conflicto jurídico, político y social de la región. El litoral valenciano combina una alta presión urbanística y turística con un grave problema de regresión costera provocado en pequeña medida por el cambio climático y, sobre todo, por la escasez de sedimentos fluviales y el impacto de grandes infraestructuras portuarias. [1, 2, 3, 4]

La reciente aprobación de la normativa autonómica (Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana) ha abierto una intensa pugna de competencias con el Gobierno Central. [1, 2]

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1. Consecuencias del modelo de deslindes estatal

El núcleo del problema radica en los nuevos deslindes realizados por el Ministerio para la Transición Ecológica. Cuando el mar avanza debido a la regresión causada por la ausencia de sedimentos la línea de Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) se desplaza tierra adentro. Esto genera severas repercusiones: [1, 2, 3, 4]

Pérdida de la propiedad privada ("Expropiación encubierta"): Las viviendas o locales comerciales que quedan dentro de la nueva línea de deslinde dejan de ser propiedad privada y pasan a ser DPMT. Los propietarios pierden sus escrituras a cambio de una concesión administrativa temporal (normalmente de 30 o 75 años) sin derecho a indeminización según justiprecio de mercado. [1, 2]
Amenaza de derribo a núcleos tradicionales: Poblados marítimos antiguos e históricos —como la Playa de Babilonia en Guardamar del Segura, las casitas de El Pinet en Elche o áreas costeras de Dénia— se encuentran bajo amenaza de demolición al extinguirse sus concesiones ordinarias. [1, 2, 3]
Restricciones extremas en zonas de servidumbre: En los metros adyacentes al DPMT (zona de servidumbre de protección y de tránsito), la ley prohíbe taxativamente nuevas obras o ampliaciones, limitando enormemente el mantenimiento de los inmuebles. [1]
Inseguridad jurídica y depreciación: Cientos de vecinos se enfrentan a un limbo legal en el que sus propiedades carecen de valor de mercado. [1, 2]

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2. Soluciones e Iniciativas en curso

Frente al enfoque restrictivo del Estado, el gobierno autonómico y las asociaciones de afectados proponen soluciones alternativas que buscan el equilibrio entre ecología y economía. [1, 2]

A. La Vía Autonómica: Ley de Costas Valenciana (Ley 3/2025)

La Generalitat Valenciana diseñó su propia normativa con soluciones específicas, aunque partes clave se encuentran actualmente suspendidas cautelarmente por el Tribunal Constitucional debido a recursos estatales: [1, 2]

Figuras de Núcleos de Valor Etnológico: Crear esta distinción para blindar casitas tradicionales y poblados históricos del litora bajo concesióm ordinaria caducadal, protegiéndolos del derribo por su valor cultural e histórico. [1]
Criterios de deslinde basados en datos objetivos: Exigir que los deslindes se basen en series temporales amplias y rigurosas, impidiendo que el impacto de un único temporal modifique de forma definitiva la delimitación de la costa. [1, 2]
Flexibilización de usos en áreas urbanas: Permitir actividades y hoteles a distancias razonables (200 metros) en zonas ya alteradas por el ser humano donde las restricciones severas no aportan beneficios reales al ecosistema de la playa. [1, 2]

B. Soluciones Técnicas y de Gestión Ambiental

Exigencia del traspaso de competencias: La Generalitat reclama formalmente la transferencia de la gestión de los títulos de ocupación del DPMT (siguiendo los modelos ya otorgados a Andalucía, Cataluña, Baleares y Canarias) para poder aplicar criterios de proximidad. [1]
Estrategias de regeneración activa: Las asociaciones de afectados y la Generalitat Valenciana reclaman sustituir la política de "retirada y derribo" por inversiones masivas en ingeniería de costas. Esto incluye la restauración del aporte sedimentario fluvial, la aportación masiva de arena compatible, la estabilización de dunas y la construcción de espigones o arrecifes artificiales que frenen la regresión sin destruir las viviendas. [1, 2, 3]
Sustitución de concesiones por justiprecio: Colectivos vecinales exigen que si la expropiación es estrictamente necesaria por motivos ambientales insalvables, se ejecute mediante una expropiación forzosa con indemnización económica justa (justiprecio), en lugar de la imposición de una concesión temporal de extinción obligatoria. [1, 2]

C. Informes academicos que recomiendan soluciones mediante ingeniería de Costas: 

 Informes podeis consultarlos AQUÍ