PRENSA: Canarias saca a información pública el anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias

RTVC
29 octubre 2026 15:39
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El texto aborda la ordenación y gestión del litoral canario, la protección ambiental y la regulación de los usos y actividades en la costa
La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias, que dirige Antonio Acosta, ha abierto el periodo de información pública del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, con el objetivo de que la ciudadanía, las administraciones públicas y las entidades interesadas puedan consultar el documento y presentar sus aportaciones antes de que continúe su tramitación. El plazo permanecerá abierto desde el 29 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2026.

La documentación del anteproyecto y la información necesaria para participar en este procedimiento están disponibles en el portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

La propuesta plantea una regulación adaptada a las características del litoral del Archipiélago, teniendo en cuenta su condición insular y la importancia ambiental, social y económica de la costa. El texto busca compatibilizar la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad con el uso público del litoral y el desarrollo de las actividades vinculadas a este espacio.

El anteproyecto incorpora, asimismo, medidas relacionadas con la adaptación al cambio climático, la calidad de las aguas costeras y la protección de los espacios naturales marinos. Otro de los aspectos que desarrolla es el tratamiento específico de los núcleos costeros tradicionales, atendiendo a sus características y a su vinculación histórica con el litoral.

Reuniones con afectados por la ley de costas y entidades locales e insulares
La Dirección General de Costas y Gestión del espacio marítimo canario del Gobierno de Canarias celebrará la próxima semana una nueva reunión con la Comisión de Afectados por la Ley de Costas. Asimismo, mantendrá reuniones con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) y la Federación Canaria de Islas (FECAI), con el objetivo de abordar cuestiones relacionadas con el anteproyecto y conocer las aportaciones de las entidades locales e insulares.

Con la apertura del periodo de información pública y la celebración de estos encuentros, el Gobierno de Canarias ha puesto el texto a disposición de la ciudadanía y de las administraciones para recabar observaciones y aportaciones durante esta fase de su tramitación.

Fuente: https://rtvc.es/canarias-saca-informacion-publica-anteproyecto-ley-costas-canarias-29-octubre-2026/
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La futura Ley de Costas de Canarias blinda los núcleos históricos, impulsa la eólica marina y protege las olas

El Gobierno canario quiere reforzar su papel en la gestión del litoral y decidir sobre los usos en los 1.562 kilómetros de costa

Flora Marimón

Las Palmas de Gran Canaria30 OCT 2026 17:46
Actualizada 30 OCT 2026 19:15

Dotar de servicios públicos y seguridad a los charcos naturales, consolidar la estabilidad de los quioscos y las hamacas playeras con permisos de cuatro años, proteger por ley las olas destinadas al surf y amparar los núcleos costeros históricos bajo un límite estricto que impida el descontrol urbanístico. Con estas premisas arranca la fase de información pública del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, una iniciativa destinada a desplegar el autogobierno sobre el litoral.

Dotar de servicios públicos y seguridad a los charcos naturales, consolidar la estabilidad de los quioscos y las hamacas playeras con permisos de cuatro años, proteger por ley las olas destinadas al surf y amparar los núcleos costeros históricos bajo un límite estricto que impida el descontrol urbanístico. Con estas premisas arranca la fase de información pública del anteproyecto de la Ley de Costas de Canarias, una iniciativa destinada a desplegar el autogobierno sobre el litoral.

Poblaciones costeras amenazadas
El borrador dedica un régimen especial a los en torno a 80 núcleos costeros tradicionales (amenazados por la ley estatal) con el objetivo de proteger el patrimonio social, histórico y cultural de los asentamientos formados hace décadas junto al mar y vinculados a actividades pesqueras, marítimas o al disfrute de la costa. Para ello, contempla la elaboración de un censo autonómico de núcleos y edificaciones que reúnan valores históricos, arquitectónicos, culturales, etnográficos o pintorescos. El inventario servirá de base para ordenar urbanísticamente estos enclaves y estudiar la situación de sus construcciones.

La norma prevé que los ayuntamientos puedan ordenar estos asentamientos mediante planes especiales de protección, destinados a preservar y hacer viable lo existente, facilitar la dotación de servicios básicos y permitir actuaciones de mantenimiento, conservación y rehabilitación. Al mismo tiempo, establece límites para evitar su crecimiento más allá de los núcleos consolidados y frenar la expansión de las edificaciones.

El régimen también contempla la posibilidad de solicitar al Estado la desafectación de aquellos terrenos que hayan perdido las características que justificaron su inclusión en el dominio público marítimo-terrestre, así como impulsar la legalización de edificaciones conforme a la legislación estatal de costas. Además, si la subida del nivel del mar u otras condiciones naturales hicieran necesario trasladar alguno de estos asentamientos, el proceso deberá contar con la participación de las personas afectadas y priorizar una ubicación próxima al núcleo original, siempre que resulte técnica y económicamente viable y permita mantener condiciones urbanísticas y edificatorias comparables. La regulación reconoce asimismo la continuidad de los usos tradicionales, como la pesca y el marisqueo.

Agilización: declaración responsable
Para resolver las discrepancias con el Estado sobre la gestión de las concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, incluidas las relacionadas con su extinción, como la caducidad, el artículo 50.2 establece que se abrirá un periodo de consultas de un máximo de un mes para intentar alcanzar un acuerdo. Si no lo hay, Canarias continuará la tramitación y dictará la resolución correspondiente. Por su parte, el artículo 12 atribuye a la Administración autonómica la competencia para otorgar, modificar y extinguir estos títulos.

El anteproyecto plantea también un reparto de funciones entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos. La norma busca simplificar y agilizar la tramitación administrativa, evitando la duplicidad de procedimientos en la obtención de permisos. Las obras menores y las actuaciones de reparación, modernización o conservación en edificaciones legales situadas en la servidumbre de protección, siempre que no aumenten su volumen, altura o superficie, podrán tramitarse mediante una declaración responsable ante el ayuntamiento correspondiente.

La gestión de la lámina de agua es otro de los ejes del anteproyecto. La norma incorpora la ordenación de actividades en el espacio marítimo canario y contempla la posibilidad de ocupar el mar para instalaciones vinculadas a las energías renovables, entre ellas la eólica marina y la energía mareomotriz.

Los charcos naturales contarán con servicios, equipamientos y restauración, y las rompientes estarán protegidas para el surf
Las autorizaciones playeras abandonan la terminología de «servicios de temporada» y pasan a organizarse mediante proyectos de servicios de playa, concebidos para un uso continuado durante los doce meses del año. Su vigencia general será de cuatro años, con el objetivo de dar estabilidad a quioscos, hamacas y actividades náuticas.

El anteproyecto otorga rango legal a los charcos y piscinas naturales de baño, que podrán contar con accesos adaptados, zonas de sombra, aseos y puntos de restauración, además de instalaciones necesarias para la seguridad y la accesibilidad. Estas dotaciones podrán tener la consideración de obras públicas de interés insular. Además, las olas y rompientes declaradas de interés insular tendrán protección especial como patrimonio natural y deportivo, y se reconoce la compatibilidad general de la práctica del surf y el windsurf con su protección.

El texto también regula los usos deportivos y recreativos. Los cabildos podrán ordenar zonas de fondeo y buceo mediante sus instrumentos de planificación, teniendo en cuenta la capacidad de carga y la compatibilidad con otras actividades, especialmente la pesca.

Fuente:. https://www.laprovincia.es/canarias/2026/10/30/futura-ley-costas-canarias-blinda-135938617.html

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 La Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas exige un censo de inmuebles amenazados y un frente común para frenar los derribos en el litoral

José Luis Langa, presidente de la plataforma, acudirá hoy a la reunión de la FECAI con el Gobierno de Canarias para reclamar un inventario de todos los inmuebles afectados por la Ley de Costas y una posición unida de las instituciones canarias frente a la Demarcación de Costas del Estado. El debate se reabre en Fuerteventura ante la paradoja que vive el municipio de Pájara: la empresa hotelera Altamarena obtiene una concesión de 60 años sin pagar canon, mientras los propietarios de la casa de Cueva de la Negra con raíces centenarias sigue bajo amenaza de derribo.

Redacción Radio Insular - 29 de octubre de 2026 · 09:51

Un censo y un frente común, las dos grandes demandas para la reunión de hoy

José Luis Langa, letrado y presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas, tiene marcado en rojo el día de hoy. La comisión mixta en la que participa junto al Gobierno de Canarias y la FECAI celebra una nueva reunión en la que Langa tiene previsto llevar dos reivindicaciones concretas y urgentes. La primera, la elaboración de un censo exhaustivo de todos los inmuebles de Canarias afectados por la Ley de Costas, que permita conocer la dimensión real del problema y las particularidades históricas de cada núcleo amenazado. La segunda, la creación de un frente común institucional para defender las zonas con valor patrimonial frente a cualquier actuación de derribo por parte de la Demarcación de Costas del Estado.

Langa reclama además que ese frente común vaya acompañado de una reivindicación de fondo: que Canarias recupere la gestión plena de las competencias en materia de costas. A su juicio, la transferencia realizada durante el mandato del expresidente Ángel Víctor Torres no fue más que un sucedáneo. «Es como tomarte un descafeinado en vez de un café», afirmó el letrado, subrayando que el archipiélago sigue dependiendo de las decisiones que se toman en Madrid. «Ya siendo hora de que nosotros demos un golpe en la mesa y digamos lo que es Canarias», añadió.

La paradoja de Pájara: 60 años de concesión para una empresa y amenaza de derribo para una propiedad centenaria

El detonante del debate es la situación que se vive estos días en el litoral del municipio de Pájara, en Fuerteventura, donde conviven dos realidades radicalmente opuestas bajo la misma Ley de Costas. Por un lado, el Ministerio ha concedido a la empresa AltaMarena, del Grupo Lopesan, una concesión de 30 años prorrogables por otros 30 para ocupar más de 12.600 metros cuadrados de playa en El Matorral, y todo ello sin abonar ningún canon al Estado. La mercantil facturó el pasado año más de 10 millones de euros con beneficios millonarios. En 2018, la Audiencia Nacional ya había confirmado que el hotel estaba dentro del dominio público marítimo-terrestre por haberse construido sobre el antiguo saladar.

Por otro lado, la familia propietaria de la casa de Cueva de la Negra, en Morro Jable, último vestigio marinero centenario de la zona, cuyo asentamiento data de antes de 1910 y es anterior a la propia Ley de Costas de 1988, sigue enfrentándose a la amenaza de derribo. Langa, que hasta el pasado 2 de octubre ejerció como abogado de la propietaria, doña Pascuala Roger, y que ahora defiende el caso desde su condición de presidente de la Plataforma, calificó la situación de «algo inconcebible, inaceptable». «¿Explicación? Ninguna. ¿Razonamiento jurídico? No lo encuentro», señaló.

La futura Ley del Litoral Canario, una esperanza para más de 150.000 familias

En la reunión de hoy también se abordará el borrador de la Ley del Litoral Canario, una norma que la comisión mixta está impulsando y que pretende reconocer el valor histórico, etnográfico y cultural del archipiélago para proteger los núcleos marineros tradicionales. La iniciativa se suma al debate sobre la modificación de la Ley de Costas, actualmente paralizada en el Congreso de los Diputados.

Langa insistió en que la ley vigente desde 1988 «es una ley injusta, es una ley que no tiene en cuenta la sensibilidad de los ciudadanos y no tiene en cuenta la sensibilidad de Canarias». El letrado recordó que el archipiélago cuenta con más de 7.000 kilómetros de costa y que la identidad canaria está indisolublemente ligada al mar y a sus pueblos marineros. Según sus cálculos, más de 150.000 familias en Canarias viven con angustia la amenaza que la Ley de Costas supone sobre sus viviendas.

El islote de Lobos y el Parlamento Europeo, otros frentes abiertos

Más allá del caso de Pájara, Langa avanzó que la Plataforma está trabajando en paralelo en la protección de más de 50 viviendas en el islote de Lobos, para las que se están tramitando concesiones administrativas. El letrado anunció que solicitará al Cabildo de Fuerteventura que declare esa zona Bien de Interés Cultural y que llevará el caso a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, apoyándose en el histórico informe Aucken, que ya calificó la Ley de Costas de injusta y retrógrada. «En Europa se respira otro aire», afirmó Langa, convencido de que el respaldo europeo puede ser determinante para frenar desalojos y derribos.

En el mismo sentido, Langa reclamó que los cabildos insulares asuman un papel más activo y firme en la defensa del patrimonio costero, declarando como Bienes de Interés Cultural aquellos inmuebles con valor histórico y etnográfico que hoy se encuentran en el punto de mira de la Demarcación de Costas. «La dignidad solo nos la podemos quitar nosotros mismos, pero no podemos permitir que nos la quiten otros», concluyó el presidente de la Plataforma Canaria de Afectados por la Ley de Costas.

Fuente: https://radioinsular.es/la-plataforma-canaria-de-afectados-por-la-ley-de-costas-exige-un-censo-de-inmuebles-amenazados-y-un-frente-comun-para-frenar-los-derribos-en-el-litoral

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El borrador de la ley de costas de Canarias abre la puerta a sacar del dominio público los tramos de litoral más degradados

El anteproyecto también da por “conveniente” cualquier instalación turística en la servidumbre de protección si así lo prevé un plan urbanístico

— Un informe revela una crisis del litoral sin precedentes: Canarias pierde un kilómetro de costa cada tres meses

Toni Ferrera - 1 de noviembre de 2026 20:03 h (Hora canaria) 4

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La futura ley de costas de Canarias permite que el Gobierno autonómico o los ayuntamientos soliciten al Estado que los tramos del litoral más degradados dejen de formar parte del dominio público marítimo-terrestre, según el borrador de la norma que el Ejecutivo regional, integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP), ha hecho público esta semana.

El artículo 24 es el que contempla esta posibilidad. En el primer apartado recoge que la rehabilitación y renaturalización de la costa “podrá” realizarse mediante un plan especial o, cuando sea posible, a través de un proyecto de obra. Y en la segunda disposición abre la puerta a sacar del dominio público los tramos del litoral más deteriorados. Lo establece así:

“Cuando alguno de estos espacios se encuentre tan antropizado y degradado que no se reconozcan los elementos que identifican el dominio público marítimo-terrestre, el Gobierno de Canarias y/o el ayuntamiento correspondiente instarán a la Administración General del Estado, justificadamente, la modificación del deslinde y la desafectación, conforme a la normativa estatal reguladora de las costas”.

El anteproyecto no aclara hasta qué punto debe estar transformado un terreno para encajar en ese supuesto. Tampoco determina quién debe evaluarlo ni con qué criterios, ni especifica si importa cómo se ha producido la degradación.

La Ley estatal de Costas de 1988 establece expresamente que los terrenos que hayan “perdido sus características naturales de playa, acantilado o zona marítimo-terrestre” forman parte del dominio público.

Sin embargo, también contempla su desclasificación (o desafectación, como la denomina la normativa), previo informe del ayuntamiento y de la comunidad autónoma, y, sobre todo, siempre que esos terrenos no sean necesarios para la protección del litoral.

La diferencia con la ley estatal es que el anteproyecto canario convierte la desafectación en un paso que las administraciones deberán promover, al establecer que el Gobierno autonómico y los ayuntamientos “instarán” a tramitarla. Además, pone el foco en el grado de degradación del terreno, al exigir que esté “tan antropizado y degradado” que hayan dejado de reconocerse los elementos propios del dominio.

La norma nacional, a la que el borrador se remite, condiciona la desafectación a que los suelos ya no sean necesarios para la protección del litoral.

El Estado no está obligado a aceptar la solicitud cursada desde Canarias. Si accede a ella, el terreno deja de formar parte del dominio público marítimo-terrestre y pasa a ser un bien patrimonial, como un solar o un edificio público. A partir de ese momento, la Ley de Costas permite cederlo gratis al ayuntamiento o a la comunidad autónoma, aunque solo para un uso o servicio público. La Ley de Patrimonio avala también venderlo o conservarlo como propio.

El artículo del texto canario evoca el argumento que esgrimió en 2024 la promotora del hotel ilegal Papagayo Arena para oponerse a la ampliación de la franja de protección costera derivada de la actualización del deslinde, que hizo que la mayor parte del complejo pasara a quedar dentro de la zona de servidumbre de protección, esta es, la franja de cien metros tierra adentro en la que están muy restringidos los usos.

Entonces sostuvo que ya no había “nada que proteger” en el lugar donde se ubica el establecimiento, cerca del Monumento Natural de Los Ajaches. El deslinde siguió adelante y la Audiencia Nacional rechazó suspenderlo de manera cautelar.

El anteproyecto canario no se refiere a la servidumbre de protección, sino al dominio público marítimo-terrestre. Pero ambos planteamientos comparten una misma lógica: que la transformación de la costa pueda justificar una reducción de su protección.

El borrador también da por “convenientes” las instalaciones turísticas en la servidumbre de protección cuando estén previstas en un instrumento de ordenación. Es decir, bastaría con que un plan urbanístico, turístico o del litoral las contemple para que reciban esa consideración. Así lo recoge el artículo 42 del borrador:

“En atención a la vinculación del litoral con la actividad turística, las obras, instalaciones y actividades con ese destino y calificación tendrán la consideración de convenientes para el uso del dominio público marítimo-terrestre, cuando los mismos se encuentres previstos en instrumentos de ordenación, ya sean generales, ya sean turísticos o del litoral conforme a lo previsto en esta ley”.

La cuestión no es baladí, ya que la Ley estatal de Costas limita considerablemente los usos permitidos en la servidumbre de protección. Establece que solo podrán autorizarse obras, instalaciones o actividades que, por su naturaleza, no puedan ubicarse en otro lugar, como los cultivos marinos o las actuaciones que presten servicios “convenientes” para el uso de la costa.

“Conveniente” es, además, el adjetivo que empleó la Dirección General del Gobierno de Canarias para describir el plan de la promotora de Cuna del Alma en la zona de servidumbre de protección del Puertito de Adeje. Allí proyecta un restaurante, una piscina descubierta y un aparcamiento para buggies como parte de la urbanización de 420 villas de lujo que prevé construir en el sur de Tenerife.

La Fiscalía no lo ve así, al considerar que esas construcciones “pueden tener otra ubicación fuera” de la franja de protección de la costa. Y su petición de paralización cautelar de las obras fue la que estimó la justicia hace alrededor de medio año, a raíz de una denuncia penal presentada por distintos colectivos ecologistas y sociales.

En esa causa figura como investigado el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, nombrado por Coalición Canaria.

Otras disposiciones del anteproyecto: el artículo 44 señala que donde haya obras o instalaciones legales, la servidumbre de tránsito (el paseo junto a la orilla que debe quedar libre para que cualquiera pueda caminar por la costa) será de “al menos tres metros”, la mitad que la normativa estatal, fijada en seis.

La disposición adicional quinta establece que los asentamientos rurales que cumplan una serie de requisitos “tendrán la consideración de suelos urbanos”. Por su parte, la disposición transitoria cuarta da por hecho que los paseos, calles, plazas y otras instalaciones situadas en terrenos de dominio público o sujetos a servidumbre antes de 1988 cuentan con título habilitante.

El anteproyecto también habilitará la creación de un censo de los núcleos costeros tradicionales para “impulsar, en su caso, su legalización”.

La futura ley de costas de Canarias tiene por objeto “la protección, la ordenación y la utilización del litoral del Archipiélago, así como la ordenación y gestión del espacio marítimo”. El Gobierno autonómico justifica la elaboración de una norma propia por las “numerosas singularidades” de las islas y por la necesidad de alcanzar un “equilibrio”.

Fuente: https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/borrador-ley-costas-canarias-abre-puerta-sacar-dominio-publico-tramos-litoral-degradados_1_13624692.html

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Canarias espera que tras el 29N cambie la Ley de Costas estatal

Mientras, el Gobierno regional avanza en el borrador de la Ley del Litoral de Canarias y trabaja en un censo de asentamientos costeros

Agencia EFE

Las Palmas de Gran Canaria - 03/11/2026 Actualizado a las 17:56h.

El Gobierno de Canarias confía en que el nuevo Ejecutivo que se conforme tras las elecciones generales del 29 de noviembre impulse una modificación de la Ley de Costas estatal, como demandan las comunidades autónomas, para que se respeten los núcleos costeros afectados por esa normativa.

Antes de reunirse con colectivos afectados por la Ley de Costas para presentarles el borrador de la futura ley canaria, el director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, señaló este martes a los periodistas que muchos de los perjudicados cuentan con sentencias firmes de demolición desde hace 20 años y que es preciso una solución que el Ejecutivo central no ha dado.

Además, indicó que con esta reunión se pretende dar la oportunidad a los afectados para que puedan efectuar aportaciones a la futura ley, que el Gobierno canario se propone presentar a la Mesa del Parlamento antes de las elecciones autonómicas del mes de mayo.

Acosta explicó que el capítulo 7 del borrador de la futura ley está dedicado a la conservación de los núcleos costeros existentes en el litoral y establece las líneas para su ordenación y conservación, con la dotación de servicios públicos; la legalización en el marco de la Ley Estatal que se pide que se modifique; y disponer de un censo de núcleos existentes en el litoral canario y del número de personas que residen en ellos.

Para ello, se ha encomendado a la empresa pública Grafcan un estudio detallado para disponer de esa información, añadió.

Así mismo, dijo que estos núcleos no pueden crecer y que en caso de que se deba proceder al derribo de alguno se debe garantizar la ubicación en un entorno cercano para evitar el desarraigo de estas personas, como se propone en el borrador.

Acosta advirtió también de que una nueva sentencia del Tribunal Constitucional sobre La Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana «cambia el escenario» en cuanto a que da la razón al Gobierno central al declarar inconstitucionales varios de sus artículos.

En este sentido, remarcó que el borrador de la futura norma canaria «va bien armado» con argumentos para poder legalizar esos núcleos tomando como referencia la ley estatal», pero también con la idea de que es preciso modificarla para dar agilidad a esa legalización».

La sentencia dictada sobre la ley valenciana «cambia el panorama de algunas de las líneas que queríamos trabajar, pero no la defensa de los intereses de los núcleos costeros canarios», subrayó.

Acosta recordó que la Comisión Mixta de Afectados por la Ley de Costas se creó en 2016 pero lo perjudicados que están representados no son todos, integra a cuatro asociaciones pero hay más, y lo que se pretende es abrirla para que puedan asistir como oyentes.

«Son familias y colectivos que llevan viviendo en estos núcleos costeros muchos años con un exquisito trato del litoral» porque residen en ellos y viven con la «espada de Damocles» sobre ellos por las sentencias de demolición dictadas.

El representante de la Asociación de Afectados Playa Garza, de la playa Ojos de Garza de Telde, en Gran Canaria, Marcos Pérez, ha manifestado que son conscientes de que la situación de sus viviendas es «delicada» y cuentan con «pocas garantías» de que puedan mantenerlas, por lo que esperan de este borrador una «oportunidad histórica para poder afianzarlas».

«Somos barrios con sentimientos, familias y arraigo y esperamos la mejor solución, que es permitir que los asentamientos continúen en la zona donde están», según Pérez, que ha confiado en que se encuentre la mejor solución para todos y con «consenso, dentro de la legalidad», pero que también se respeten los setenta años que llevan viviendo en esos lugares.

Fuente: https://www.canarias7.es/politica/canarias-espera-tras-29n-cambie-ley-costas-20261103175616-nt.html

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https://www3.gobiernodecanarias.org/noticias/el-gobierno-de-canarias-saca-a-informacion-publica-el-anteproyecto-de-la-ley-de-costas-de-canarias/

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