PRENSA: Brecha en el TC con la ley de costas: Tres magistrados denuncian la «beligerancia» contra la Generalitat
El voto particular de los jueces sobre la sentencia del Constitucional cuestiona la decisión del alto tribunal
Juan Sanchis - Valencia
28/10/2026 Actualizado a las 13:11h.
La semana pasada una sentencia del Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido, estimó el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, una norma aprobada en Les Corts Valencianes en 2025 con los votos de PP y Vox.
La decisión del alto tribunal contó con el voto particular de cuatro magistrados. En este sentido, el voto firmado por los jueces Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño es bastante duro contra la sentencia y llega a afirmar que les llama la atención «la desconcertante beligerancia con el legislador autonómico valenciano», es decir con la Generalitat Valenciana.
La sentencia está redactada por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, y considera que la declaración de algún enclave costero como núcleo urbano de especial valor etnológico, una herramienta diseñada para frenar los deslindes, puede vulnerar la legislación en cuanto se aplique a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.. Se trata del artículo 17 de la ley y la disposición final primera. La decisión del alto tribunal también anula la disposición adicional cuarta que se refiere a la capacidad de la Generalitat de realizar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público. La sentencia considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo- terrestre. Estima que con ello invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.
El voto particular, por su parte, considera que en la realización del censo «la Administración autonómica podrá seguir dirigiéndose a la Administración estatal para solicitar la desafectación del demanio degradado en aplicación de los preceptos citados del Reglamento y la Ley de Costas; e igualmente podrá llevar a cabo la labor propia de «calificación interna» para determinar cuándo, a su juicio, un bien demanial ha dejado de serlo para solicitar su desafectación a la Administración competente. Pero no habrá un documento sistemático accesibles a todos los ciudadanos sino que »deberá mantener sus conclusiones dispersas por expedientes y ocultas en un despacho, porque sistematizarlas en un documento único y accesible supone una «interferencia», aunque no se sepa qué es en lo que se «interfiere».
Los tres magistrados firmantes del presente voto particular platean porqué razón se ha variado el criterio aplicado en 2015 con la ley de costas canaria. En concreto, afirman que «sin que sea posible entender por qué ahora se ha variado la fórmula para compatibilizar la norma autonómica y la estatal» cuando también se refería a la realización de un censo de edificaciones.
En aquel momento, el TC señaló que «resulta posible predicar la constitucionalidad del apartado 1 del art. 3 de la Ley 7/2009, que se refiere estrictamente a la formación del censo de edificaciones siempre y cuando se entienda en el siguiente sentido: por un lado se ha de considerar que es competencia estatal la determinación del régimen transitorio de aplicación de la Ley de costas, lo que incluye la posibilidad de excluir un bien de la regla general de demolición de las obras e instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la Ley de costas cuando no se sujeten a sus dictados». Ahora, según los tres magistrados, ha cambiado el criterio.
Los magistrados firmantes del voto particular, por otro lado, consideran que «la sentencia desconoce que la norma autonómica concurre con la estatal sobre un mismo espacio en ejercicio de una competencia diferente, y que no es excluyente de esta, sino convergente con ella, y que el ámbito de aplicación de la norma autonómica acaba allí donde empieza el de la estatal, cuya competencia sobre su demanio en ningún caso se discute».
Los tres magistrados son muy duros con la sentencia y exponen que «llama la atención es la inconsistencia de la interpretación literal que constituye el fundamento real de la sentencia, tan poco razonable como pretender que, al utilizar el legislador autonómico la expresión «por lo dispuesto en esta Ley», se está excluyendo la aplicación de cualquier otra norma».
La sentencia fue calificada de política por afectados por la ley de Costas que han visto como sus viviendas se ven expuestas a los derribos por quedar fuera de ordenación. Desde la asociación de vecinos de la playa de Guardamar se ha señalado que «lamentan esta decisión del Gobierno y del Tribunal que creemos que responde más a valoraciones políticas que jurídicas». Para esta entidad, la declaración de núcleos etnológicos es una competencia de la Generalitat «y un artículo de una ley que se ha armado con todas las garantías legales».
Fuente: https://www.lasprovincias.es/comunitat/brecha-tc-ley-costas-tres-magistrados-denuncian-20261027131150-nt_amp.html
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Los afectados por la Ley de Costas claman contra el Gobierno: «Hay 88.000 familias amenazadas con perder su vivienda»
Tres magistrados del Tribunal Constitucional censuran duramente la sentencia que condena a la piqueta a los enclaves históricos del litoral
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Ignacio Segura - Alicante
31 oct. 2026 - 04:00
Las persianas de madera y los patios con aljibe de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), guardan la memoria de un siglo de historia familiar, de infancias transcurridas a pie de mar y de un modelo de arquitectura vernácula que se levantó no para especular, sino para proteger al propio pueblo de la fuerza de las dunas.
Sin embargo, hoy esas mismas paredes resisten bajo la sombra inminente de la piqueta. Tras el reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional (TC) que ha estimado el recurso del Gobierno central contra varios preceptos de la ley valenciana de la costa, la inquietud y la indignación se han disparado en primera línea de playa.
El Debate ha querido pulsar esta realidad a pie de calle charlando con quienes habitan y defienden este rincón del litoral. Manuel López, presidente y portavoz de la Asociación de Vecinos de la Playa de Babilonia, no oculta su estupefacción ante una resolución que considera insostenible.
«Lamentamos enormemente la decisión del Tribunal Constitucional. Creemos que responde más a valoraciones políticas que jurídicas», afirma sobre el fallo. López subraya que esperarán al contenido exacto de la sentencia para ver «cómo desmontan lo que entendemos que es una competencia propia de la Generalitat Valenciana y una ley armada con todas las garantías legales».
Junto a él, José María, un vecino afectado cuya vida entera está ligada a estas casas, pone voz al drama humano que se respira tras cada ventana. En estos hogares viven personas que superan los 80 años y para quienes esta ha sido siempre su única morada, con edificaciones que conservan intacta la estética de hace noventa años.
Desde la asociación vecinal se denuncia la profunda contradicción del Ejecutivo central: mientras Pedro Sánchez aprovechó en su día el 'caso Mari Carmen' y la crisis de vivienda para convocar elecciones anticipadas y centrar su discurso en la gente que se queda sin casa, con sus promocionados decretos antidesahucios, su Gobierno no muestra preocupación alguna por las familias que van a perder sus casas por la aplicación estricta de sus propias leyes.
Los magistrados discrepantes del Constitucional
Frente a la versión oficial de la sentencia, tres magistrados del Tribunal Constitucional -Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño- han firmado un voto particular discrepante al que ha tenido acceso El Debate.
En su escrito, los jueces denuncian la «inconsistencia» de la resolución mayoritaria y critican abiertamente la «beligerancia que destila la sentencia para con el legislador autonómico valenciano», la cual contrasta de forma llamativa «con la obsequiosa deferencia que últimamente se ha empleado en relación con otros».
Los magistrados discrepantes sostienen que la ley autonómica buscaba legítimamente proteger el patrimonio etnológico en concurrencia con las competencias estatales, aplicando el principio de favor legis e «interpretación conforme» que el propio Constitucional ha empleado en casos idénticos del pasado.
Asimismo, defienden la validez de crear inventarios de terrenos degradados para solicitar su desafectación al Estado, ironizando con que la sentencia condena a la Administración a «mantener sus conclusiones dispersas por expedientes y ocultas en un despacho, porque sistematizarlas en un documento único supone una 'interferencia', aunque no se sepa en qué se interfiere».
Un blindaje estatal que choca con la ONU
El pulso no se limita a las costas alicantinas. Un informe técnico de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa (UNECE), aprobado por la ONU en Ginebra tras analizar 28 países, concluye de forma categórica que España constituye una anomalía internacional.
El estudio dictamina que el régimen de costas español es el único que extingue de plano derechos de propiedad consolidada sin compensación económica alguna, encuadrándolo formalmente bajo el modelo de «expropiación sin compensación».
Desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, el Estado ha transferido 141.440 hectáreas privadas al dominio público a coste cero, desatando desalojos exprés y órdenes de derribo.
«Sorprende el empeño de este Gobierno de echar a familias de sus casas y de derribar viviendas, y no en la protección del medio ambiente y el grave problema que tienen las playas», lamenta el portavoz vecinal Manolo López.
Frente a este escenario de inseguridad jurídica, las 88.000 familias afectadas a nivel nacional mantienen intacta la esperanza en un cambio de rumbo político tras las urnas en las elecciones del próximo 29 de noviembre.
Los vecinos recuerdan que la Mesa del Congreso, con la mayoría que ostentan PSOE y Sumar, mantenía paralizada la modificación de la Ley de Costas que abría la puerta a su salvación.
Una nueva mayoría parlamentaria que surja de los comicios podría tramitar por fin esta reforma y proteger de forma definitiva a las familias amenazadas por los derribos del Ministerio para la Transición Ecológica.
Del origen protector a la demolición
La brecha institucional es máxima en la localidad. Mientras plataformas como Somosmediterrania y los residentes reclaman inversiones reales de mantenimiento del litoral en lugar de demoliciones, el alcalde de Guardamar del Segura, el socialista José Luis Sáez, ha celebrado la resolución del Constitucional. Sáez sostiene que el Ayuntamiento busca recuperar ambientalmente la zona y exige que, «si para ello tienen que derribar las casas, que lo hagan cuanto antes», tras haber iniciado contactos con la Secretaría de Estado de Medio Ambiente para articular la ejecución subsidiaria de los derribos.
Esta postura omite la raíz histórica del enclave. Construidas entre 1900 y 1930 para ayudar a fijar las arenas ante el avance de las dunas -bajo la dirección de los célebres ingenieros de montes Francisco Mira y Ricardo Codorníu-, las casas de Babilonia nacieron precisamente como barrera de protección para el propio pueblo y para proporcionar empleo local.
Hoy, un siglo después, con argumentos medioambientales diametralmente opuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez insiste en reducirlas a escombros.
«En España, por aplicación directa de la ley de costas nos encontramos con 88.000 viviendas que podrían irse al suelo. No es un problema de Babilonia, que es la avanzadilla de esta cuestión, sino de una ley que ha perdido todo su sentido y que no responde a la realidad de la costa española», concluye Manolo López.
Los vecinos, aferrados a la solidez de sus argumentos y al amparo de los tres magistrados del Constitucional, anuncian que darán la batalla hasta el final para evitar que la piqueta borre la memoria viva de sus familias.
Fuente: https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20261031/afectados-ley-costas-claman-contra-gobierno-hay-88000-familias-amenazadas-perder-vivienda_474343_amp.html
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Alicante
Duras críticas en el seno del TC: acusan a la mayoría progresista de deformar la ley valenciana para anular la protección litoral
La fractura del tribunal evidencia el trasfondo político del fallo, dictado con el Parlamento autonómico disuelto y en un clima preelectoral de máxima confrontación competencial.
Héctor Fernández - Alicante - 31 octubre 2026
La sentencia del Tribunal Constitucional contra la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana (que se anunció la semana pasada) ha provocado una profunda fractura en el seno del órgano de garantías, plasmada en un voto particular de inusitada dureza verbal. Los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño no solo han manifestado su abierta disconformidad jurídica con el fallo que tumba la protección de los núcleos tradicionales costeros valencianos, sino que han acusado directamente a la mayoría del órgano de actuar con un doble rasero territorial.
En un escrito demoledor por el tono y las formas empleadas, los firmantes censuran la "desconcertante beligerancia que destila la sentencia para con el legislador autonómico valenciano, que contrasta vivamente con la obsequiosa deferencia que últimamente se ha empleado en relación con otros". En referencia a otras legislaciones autonómicas.
El núcleo de la discrepancia jurídica se centra en el abandono del tradicional principio de conservación de las normas y de la fórmula de la "interpretación conforme", una herramienta moderadora y conciliadora que el propio Constitucional ha utilizado históricamente para salvar leyes territoriales y buscar puntos de encuentro competenciales en lugar de colisiones frontales.
Los tres magistrados recuerdan precedentes directos como la sentencia dictada en 2015 sobre la legislación litoral de Canarias, donde el tribunal avaló un censo autonómico de edificaciones sobre el dominio público entendiendo de manera integradora que no se cuestionaba la potestad final del Estado. En cambio, para el caso valenciano, los magistrados denuncian que la mayoría que encabeza la vicepresidenta Inmaculada Montalbán ha optado por un camino inverso y destructivo, aplicando un razonamiento "poco razonable" y construyendo un silogismo artificioso para justificar la inconstitucionalidad.
Según argumenta el voto discrepante, la sentencia incurre en una auténtica "deformación en que incurre el enjuiciamiento" al hacerle decir a la ley autonómica lo que en ningún momento dice. Los magistrados explican que el fallo mayoritario asume que, cuando la norma remite a la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano (cuyo régimen prohíbe el derribo de inmuebles catalogados), se está pretendiendo blindar las edificaciones con carácter excluyente frente a las leyes estatales.
Por el contrario, los firmantes sostienen que la norma de las Cortes Valencianas concurría legítimamente sobre el litoral sin desplazar la competencia estatal sobre el demanio, terminando el ámbito autonómico allí donde empieza el estatal, por lo que hubiera bastado una lectura armónica para preservar la constitucionalidad del precepto.
La crítica de los magistrados resulta todavía más rotunda al enjuiciar la anulación de la disposición adicional cuarta, referida a la creación de un inventario público de terrenos degradados en la costa. El voto particular tacha de incomprensible que la sentencia aprecie una "interferencia" competencial por el simple hecho de que la administración autonómica sistematice sus análisis técnicos antes de pedir al Estado la desafectación del dominio marítimo-terrestre.
Los discrepantes ironizan señalando que, tras este pronunciamiento, la Generalitat podrá seguir formulando las mismas peticiones de desafectación al Ministerio, pero con la única y absurda diferencia práctica de que, en lugar de hacer públicas y transparentes sus conclusiones en un registro al servicio de la ciudadanía, "deberá mantener sus conclusiones dispersas por expedientes y ocultas en un despacho". A este texto se añade el pronunciamiento individual del magistrado Ricardo Enríquez Sancho, quien también votó en contra al considerar que los artículos impugnados eran plenamente compatibles con la normativa básica estatal.
Este nítido reproche interno expone las costuras de una resolución emitida en un escenario de máxima convulsión institucional, con las Cortes Generales disueltas y las formaciones políticas inmersas en plena precampaña electoral. Más allá de la repercusión inmediata sobre las órdenes de derribo pendientes en núcleos como la playa de Babilonia en Guardamar o Les Deveses en Dénia, los términos del voto particular cargan de munición política y argumental a la Generalitat.
La denuncia explícita de un trato desigual y hostil hacia la Comunitat Valenciana frente a la flexibilidad exhibida hacia otros territorios traslada el conflicto de protección costero desde el estricto debate administrativo hasta el epicentro del debate sobre la imparcialidad del tribunal de garantías y el modelo de equilibrio autonómico.
Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20261031/duras-criticas-seno-tc-acusan-mayoria-progresista-deformar-ley-valenciana-anular-proteccion-litoral/1003744441215_0.html
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El doble rasero del TC: Declaró legal un aspecto de la ley de Canarias que ahora rechaza en Valencia
El voto particular del magistrado Ricardo Enríquez considera que el tribunal podría haber aplicado el mismo criterio en la Comunitat
Juan Sanchis - Valencia
01/11/2026 Actualizado a las 00:12h.
La Comunitat suma agravios por parte de la administración central: falta financiación, déficit de infraestructuras e inversiones... Ahora podría agregarse uno más. En este caso, del mismo Tribunal Constitucional. Hace unos días el alto tribunal emitió una sentencia en la que consideraba inconstitucionales el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Costas Valenciana.
Frente a la resolución final del TC se han presentado dos votos particulares. El primero, de los magistrados Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño es bastante duro contra la sentencia y llega a afirmar que les llama la atención «la desconcertante beligerancia con el legislador autonómico valenciano», es decir con la Generalitat Valenciana.
El segundo voto particular es del magistrado Ricardo Enríquez y en él considera que el Constitucional podría haber aplicado el criterio que mantuvo en 2015 frente a la ley de costas canaria. En concreto, se refiere a la disposición adicional cuarta de la norma valenciana por la que se autoriza a la Generalitat a realizar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo terrestre.
En este sentido, el voto particular considera: «Esta disposición puede así interpretarse, como se hizo con el censo canario en la STC 5/2015 como un inventario informativo de terrenos que la Conselleria considera que 'puedan haber perdido sus características naturales propias del dominio público marítimo terrestre...».
De este voto particular se desprende que se está aplicando un doble rasero. Por un lado, para la comunidad canaria se autoriza y no se declara inconstitucional el inventario mientras que sí se desautoriza para la Comunitat Valenciana. Cada cual puede sacar sus propias conclusiones.
Tanto el censo canario como el valenciano proponen realizar un inventario de terrenos en el dominio público. Desde que la comunidad canaria obtuvo el traspaso de funciones en materia de ordenación y gestión del litoral en 2023, el Gobierno canario ha impulsado estudios jurídicos y censos específicos de los núcleos costeros afectados por la Ley de Costas española.
Fuente: https://www.lasprovincias.es/comunitat/doble-rasero-tc-declaro-legal-aspecto-ley-20261029001240-nt.html

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