PRENSA: Constitucional frena la Ley de Costas Valenciana
Afectados por la Ley de Costas califican de «política» la decisión del Tribunal Constitucional
Desde la Generalitat se señala que el Gobierno cree que está atacando al Consell cuando «lo hace a miles de familias»
Juan Sanchis - Valencia - 24/10/2026 Actualizado a las 01:53h.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas anulando algunos artículos que servían para frenar los deslindes que está promoviendo el Gobierno han levantado las alarmas entre los afectados que han llegado a calificar la decisión de estar movida por motivos políticos y no judiciales.
El frente más caliente que se ha abierto se encuentra en la playa Babilonia de Guardamar del Segura donde los afectados temen que se proceda a los derribos del núcleo de casitas. El Ministerio para la Transición Ecológica paralizó in extremis el pasado septiembre las demoliciones ante la declaración del complejo como núcleo urbano de valor etnológico por parte de la Generalitat.
Ahora, la sentencia del Constitucional ha anulado esta la aplicación de esta figura si infiere en las competencias estatales por lo que las puertas están abiertas para el derribo.
Desde la asociación de vecinos de la playa de Guardamar se ha señalado que «lamentan esta decisión del Gobierno y del Tribunal que creemos que responde más a valoraciones políticas que jurídicas». Para esta entidad, la declaración de núcleos etnológicos es una competencia de la Generalitat «y un artículo de una ley que se ha armado con todas las garantías legales».
Han añadido que «sobre todo sorprende el empeño de este Gobierno en echar a familias de sus casas y en derribar viviendas y no poner empeño en la protección del Medio Ambiente y el grave problema que tienen las playas de Guardamar y en general de toda la Comunitat Valenciana».
Consideran que el problema de la costa «no es las personas y familias que vivimos en ella sino la falta de inversiones y mantenimiento que llevan a estas consecuencias». Reclaman que se haga una inversión real «y una buena gestión de la costa».
Han destacado que sorprende que se haga en estos momentos en un país en el que existe una grave crisis de la vivienda y «nos encontramos con que en España hay 88.000 viviendas que con este problema podrían venirse al suelo». Piensan que la actual ley de Costas ha perdido todo su sentido «y que no responde a la realidad de la costa española.»
Como reconocía la Generalitat, el camino que queda ahora es reformar la ley de Costas nacional como proponen la mayor parte de comunidades autónomas del litoral español. Recuerdan que la sentencia no prohíbe los núcleos etnológicos y su preservación de los deslindes sino que estos tienen que ser aplicados por el Gobierno central.
En este sentido, fuentes del Consell han señalado que se analizarán «todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Una vez más, los medios de comunicación han conocido la decisión antes que la propia Generalitat Valenciana. No se ha recibido la sentencia pero que se haya hecho público que hay cuatro votos particulares abre vías para futuras actuaciones».
Además, insisten en que «el Gobierno cree que ataca a la Generalitat pero en realidad lo hace a miles de familias. Detrás de cada núcleo etnológico hay hogares, historia e identidad. No hablamos de privilegios, sino de proteger viviendas y preservar nuestro patrimonio. El Gobierno debería explicar por qué no busca soluciones para estos vecinos».
Las mismas fuentes señalan que «mientras miles de familias viven bajo la incertidumbre de los deslindes y las concesiones, el Ministerio sigue sin ofrecer soluciones que les garanticen seguridad jurídica. El Gobierno que dice preocuparse por la vivienda es el mismo que mantiene a miles de vecinos de la costa bajo la amenaza de perder sus hogares».
Recuerdan que la mesa del Congreso mantiene bloqueada desde marzo de 2024 «La reforma de la Ley de Costas no llegó a votarse porque la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, no encontró hueco en el orden del día», han precisado.
Por otro lado, el alcalde de Moncofa y ponente de la ley en Les Corts, Wences Alós Valls, ha calificado de «grave revés» la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales varios de los preceptos fundamentales de la normativa autonómica. La resolución responde al recurso presentado por el Gobierno central contra una ley que pretendía, entre otros objetivos, facilitar la conservación de las históricas viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, Morro de Gos en Oropesa y los poblados marítimos de Moncofa y Nules, entre otros.
Alós Valls considera que la decisión judicial pone de manifiesto la «clara voluntad de derribo» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al haber sido el propio Gobierno quien recurrió los mecanismos legales impulsados desde la Generalitat para proteger los poblados marítimos. En este sentido, ha censurado que la anulación de determinados artículos de la normativa valenciana suponga la desaparición de una de las principales vías de protección de las que disponían estas viviendas frente a las órdenes de demolición.
Asimismo, el ponente ha criticado duramente las formas del Ejecutivo central al gestionar la resolución judicial: «Lamentamos que nos tengamos que enterar de la sentencia a través de los medios de comunicación, sin haberla hecho llegar todavía ni a la Generalitat ni a las poblaciones afectadas; pero sí han tenido la preocupación de trasladarlo a la prensa, lo que por desgracia es la forma recurrente de actuar del actual Gobierno».
La líder del PSPV, Diana Morant, ha celebrado el «varapalo» del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Costa de la Comunitat Valenciana, una norma que ha denunciado que «pretende depredar el territorio porque ahí es donde va la pasta».
Morant ha destacado que la decisión del Constitucional supone «otro varapalo para el Consell y otra buena noticia para los valencianos», al tiempo que ha criticado que esta norma «planteaba permitir volver a urbanizar y a construir en zonas inundables como las playas»: «Volver a caer en los errores del pasado».
Por su lado, , el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez (PSPV), ha celebrado la decisión del TC y ha indicado que el Ayuntamiento busca que se recupere «medioambientalmente» esa zona para que los vecinos puedan disfrutar de «una playa en condiciones».
En declaraciones a Europa Press, ha resaltado que «si para ello tienen que derribar» las casas ubicadas en la playa de Babilonia, «que lo hagan cuanto antes». Además, ha explicado que llevan «más de ocho años» pendientes de este asunto, desde que en 2018 Costas le trasladó al consistorio y a los vecinos la intención de no renovar las concesiones de estas viviendas.
Fuente: https://www.lasprovincias.es/comunitat/afectados-ley-costas-califican-politica-decision-tribunal-20261023015354-nt.html
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El Tribunal Constitucional tumba el articulado de la ley de Costas Valenciana que salvaba las casas de Babilonia de Guardamar del derribo
El fallo invalida la declaración de las viviendas de la playa guardamarenca como núcleo de especial valor etnológico y concluye que la protección autonómica no puede impedir al Estado actuar sobre el dominio público donde ya había fijado la extinción de concesiones
D. Pamies - Guardamar del Segura22 OCT 2026 18:28
Actualizada 22 OCT 2026 23:08
El Tribunal Constitucional ha invalidado los principales preceptos de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana que habían servido de cobertura para intentar proteger las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, frente a su demolición. La resolución, hecha pública por el Alto Tribunal con un comunicado, podría darle la puntilla definitiva a la hilera de unas sesenta viviendas construidas a principios del siglo XX sobre la playa que carecen de concesión desde 2018.
Los residentes en estas casas -la mayoría de ellos estacionales y algunas familias residentes todo el año- llevan años reivindicando a la administración medidas legales y de inversión sobre el terreno para evitar la regresión de la playa con el objetivo de que las viviendas singulares se mantengan en pie y prorrogar las concesiones.
El pleno del alto tribunal ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de esa Ley valenciana vigente desde mayo de 2025.
Incidencia directa
La resolución tiene incidencia directa sobre el conflicto de las viviendas de Babilonia, cuyas demoliciones habían sido ordenadas mediante resoluciones judiciales firmes y permanecían pendientes de ejecución desde mayo de 2025. El derribo fue aplazado a mediados de septiembre de ese año y finalmente quedó suspendido por el recurso de inconstitucionalidad.
El artículo 17 de la norma autonómica permitió abrir el procedimiento para declarar este conjunto de casas levantadas sobre la misma arena en las primeras décadas del pasado siglo como núcleo urbano con especial valor etnológico, una figura con la que la Generalitat trató de dotar de protección este enclave.
El Constitucional concluye ahora que esta protección autonómica no puede limitar las competencias que corresponden al Estado sobre los terrenos que forman parte del dominio público marítimo-terrestre.
La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, analiza expresamente las alegaciones de la Abogacía del Estado sobre las viviendas de la playa de Babilonia. No obstante, el tribunal precisa que un recurso de inconstitucionalidad tiene como finalidad realizar un control abstracto de las normas y no determinar cuáles fueron las intenciones del legislador al aprobarlas.
La protección etnológica no puede frenar las competencias de Costas
El fallo declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera en aquellos casos en los que se apliquen a bienes situados dentro del dominio público marítimo-terrestre.
El Constitucional reconoce que la Comunidad Valenciana tiene competencias para proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos de su litoral, incluso cuando se encuentren sobre terrenos de dominio público estatal. El límite, según establece la sentencia, aparece cuando esa protección condiciona o impide al Estado ejercer las facultades que le atribuye la legislación de Costas.
La Ley valenciana no se limitaba a reconocer los valores etnológicos de estos enclaves, sino que permitía aprobar planes especiales destinados a su conservación y someterlos al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano. Este régimen conlleva obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles.
Para el Constitucional, cuando esas medidas recaen sobre terrenos de dominio público marítimo-terrestre pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para recuperar y proteger estos espacios. Es precisamente esta situación la que afecta a las casas de Babilonia, situadas en primera línea de costa y sobre las que existen resoluciones firmes que avalan la extinción de las concesiones y su posterior demolición.
Pese a declarar inconstitucionales ambos preceptos en estos supuestos, el tribunal no los anula por completo. El artículo 17 y la disposición final primera podrán continuar aplicándose en otros espacios del litoral valenciano siempre que no interfieran en las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre. Es decir, para casos como El Pinet, en el litoral de Elche, donde las concesiones siguen vigentes, no se aplica.
¿Por qué no tienen concesión?
El Constitucional no va al origen del conflicto. La mayoría de concesionarios de las casas pidieron la prórroga de las concesiones que se extinguían en 2018. Pero el Estado las denegó. Fueron los propios residentes los que tuvieron que reclamarlas ante la Audiencia Nacional y perdieron.
El Ministerio para la Transición Ecológica esgrimió varios estudios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que, por una parte, alertaban de que la regresión de la línea de la playa constatada científicamente desde hace más de ochenta años por la ausencia de sedimentos del Segura, acelerada considerablemente en las últimas décadas, ponían en serio peligro no solo las casas sino también a sus moradores. En segundo lugar, consideran que las propias casas ejercen un efecto barrera para permitir la regeneración de la playa y el cordón dunar de la pinada.
El espigón
Los afectados por la orden de derribo llevan casi diez años manteniendo con actos reivindicativos y una batalla legal constante que la regresión es fruto del impacto del espigón de la desembocadura del Segura, construido en los años 90 con las obras de defensa contra inundaciones.
Según remarcan existen estudios que avalan que la orientación del espigón disipa los sedimentos que arrastra el río en sus avenidas hacia el norte cuando la dinámica marina natural era su depósito al sur, a la playa de Babilonia. Costas ha impedido que los residentes puedan llevar a cabo obras de reparación y defensa después de cada nuevo temporal. Algunas de las casas han caído con ese oleaje, como fue el caso tras la borrasca Gloria en enero de 2020.
Decreto ley
El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, aseguró en la vista que realizó a Guardamar el pasado 22 de septiembre que la Generalitat tiene ya preparado un decreto ley para reaccionar si el Tribunal Constitucional toma una decisión. En ese supuesto, aseguró que el Consell desarrollaría inmediatamente la figura específica de los núcleos urbanos de especial valor etnológico. Aunque Martínez Mus no afirmó expresamente que el decreto ley se aprobaría si el Constitucional anula definitivamente la protección de las viviendas, sino si levanta la suspensión cautelar que ahora impide aplicarla plenamente, con lo que el anuncio de la Generalitat quedaría en el aire ahora porque la decisión del Constitucional es firme para el caso concreto de Guardamar.
Anulado también el inventario de terrenos degradados
Corre la misma suerte el precepto que permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluido espacios pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, anulando en este caso todo el artículo. El tribunal considera que esa facultad va más allá de una mera recopilación de información porque permitiría a la Administración autonómica identificar y calificar terrenos en función de una posible pérdida de las características que justifican su pertenencia al dominio público.
Tal decisión, concluye la sentencia, corresponde exclusivamente al Estado, Administración competente para delimitar el dominio público marítimo-terrestre y decidir sobre el deslinde o una eventual desafectación de esos terrenos.
El pronunciamiento deja así sin la cobertura prevista en estos artículos de la Ley autonómica el intento de proteger las casas de Babilonia mediante su reconocimiento como núcleo de especial valor etnológico, mientras siguen pendientes de ejecución las resoluciones judiciales que ordenan su demolición. Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de un voto particular.
Fuente: https://www.informacion.es/vega-baja/2026/10/22/tribunal-constitucional-tumba-ley-costas-guardamar-del-segura-babilonia-135640065.html
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Wences Alós Valls denuncia la «clara voluntad de derribo» del Gobierno central tras la sentencia del Constitucional sobre la Ley de Costas valenciana
El alcalde de Moncofa y ponente de la ley autonómica considera que la resolución supone «un grave revés» para la protección de las viviendas tradicionales del litoral y acusa al Ejecutivo de Pedro Sánchez de bloquear las dos vías legislativas para garantizar su conservación
Paco Moreno - Valencia
23/10/2026 Actualizado a las 09:40h.
El alcalde de Moncofa y ponente de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, Wences Alós Valls, ha calificado de «grave revés» la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales varios de los preceptos fundamentales de la normativa autonómica. La resolución responde al recurso presentado por el Gobierno central contra una ley que pretendía, entre otros objetivos, facilitar la conservación de las históricas viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, Morro de Gos en Oropesa y los poblados marítimos de Moncofa y Nules, entre otros.
Alós Valls considera que la decisión judicial pone de manifiesto la «clara voluntad de derribo» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al haber sido el propio Gobierno quien recurrió los mecanismos legales impulsados desde la Generalitat para proteger los poblados marítimos. En este sentido, ha censurado que la anulación de determinados artículos de la normativa valenciana suponga la desaparición de una de las principales vías de protección de las que disponían estas viviendas frente a las órdenes de demolición.
Asimismo, el ponente ha criticado duramente las formas del Ejecutivo central al gestionar la resolución judicial: «Lamentamos que nos tengamos que enterar de la sentencia a través de los medios de comunicación, sin haberla hecho llegar todavía ni a la Generalitat ni a las poblaciones afectadas; pero sí han tenido la preocupación de trasladarlo a la prensa, lo que por desgracia es la forma recurrente de actuar del actual Gobierno».
La sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera en lo relativo al dominio público marítimo-terrestre, además de anular la disposición adicional cuarta. Para el alcalde de Moncofa, esta decisión limita las posibilidades de actuación de la Generalitat en materia de conservación del patrimonio litoral y supone un importante obstáculo para preservar conjuntos de valor histórico, cultural y etnológico como el de la playa de Babilonia.
Wences Alós Valls ha recordado que existían dos vías legislativas para intentar garantizar la continuidad de estos poblados marítimos y ha acusado al Gobierno central de haber obstaculizado ambas. La primera era la protección contemplada en la legislación valenciana, que ha quedado parcialmente anulada tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo. «Ha sido el propio Gobierno el que ha acudido al Tribunal Constitucional para recurrir una ley que buscaba proteger estas viviendas», ha señalado.
La segunda alternativa, según ha explicado, pasa por modificar la Ley de Costas estatal, una iniciativa cuya tramitación en el Congreso de los Diputados acumula importantes retrasos. Alós Valls ha denunciado que la propuesta lleva casi 1.000 días trasladada a la Cámara Baja y que la Mesa del Congreso, con mayoría de PSOE y Sumar, ha prorrogado reiteradamente el plazo de presentación de enmiendas durante cerca de mil días. A su juicio, estas dilaciones responden al temor del Gobierno a perder una votación en la que considera que existe una mayoría parlamentaria favorable a modificar la legislación para facilitar la conservación de las viviendas tradicionales del litoral.
Asimismo, ha destacado que cuatro magistrados del Tribunal Constitucional han formulado un voto particular respecto a la sentencia.
Para Alós Valls, el pronunciamiento del tribunal representa «un jarro de agua fría para las poblaciones costeras y para la gente que tiene su propiedad desde hace tantos años».
El ponente de la norma ha advertido de que la situación de Babilonia no es un caso aislado, sino que afecta a numerosos núcleos arraigados a lo largo de toda la geografía valenciana, como Morro de Gos, Torre de la Sal, Nules, Moncofa, Xilxes, Almassora, Guardamar o Dénia, «en tantos y tantos poblados de la costa valenciana que forman parte viva de la historia de los valencianos». La continuidad de estos enclaves queda ahora seriamente comprometida por la aplicación inflexible de la legislación estatal de costas y la anulación de los mecanismos autonómicos de amparo patrimonial.
Ante este escenario, el alcalde de Moncofa ha defendido la necesidad de un cambio del Gobierno central para garantizar la conservación de los «poblados marítimos que forman parte de la historia de nuestros pueblos». Alós Valls considera que la posición mantenida hasta ahora por el Ejecutivo hace «imprescindible un cambio de gobierno» si se pretende asegurar el futuro de estos poblados marítimos, ya que, a su juicio, la actuación del actual Gobierno demuestra que «su única intención es tirarlas al suelo».
Fuente: https://www.lasprovincias.es/comunitat/wences-alos-valls-denuncia-clara-voluntad-derribo-20261023094049-nt.html
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El Constitucional anula la herramienta del Consell para frenar los deslindes
El alto tribunal invalida la pretensión de la Generalitat de declarar núcleos urbanos de especial valor etnológico por invadir competencias del Estado
Juan Sanchis
Valencia -- 22/10/2026 Actualizado a las 19:03h.
El Tribunal Constitucional ha dado un golpe a la estrategia de la Generalitat para frenar los deslindes. El pleno del TC ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Costas Valenciana.
El artículo 17 es la pieza clave de la Generalitat para frenar deslindes ya que propone que la Generalitat podrá declarar núcleos urbanos que por su valor etnológico y cultural se pueden librar de un proceso de ampliación del dominio público marítimo terrestre. Hasta el momento se había aplicado en el caso de las casitas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura y se había logrado frenar su demolición ya que el Gobierno decidió detener los derribos hasta que se pronunciaran los tribunales
La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia. El Tribunal recuerda, en este punto, que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el control abstracto de las normas y no el examen de las intenciones que se atribuyan al legislador.
La sentencia no anula la creación de los núcleos etnológicos, que considera que pueden existir, sino que estos se declaren en zona del dominio público porque invaden competencias del Estado.
Según la sentencia, se declaran nulos el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.
La sentencia reconoce que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre. Pero considera que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos.
Para el Constitucional el problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación. Además, los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos. Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, según la sentencia, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.
Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.
Por otro lado, la disposición adicional cuarta, que establecía la elaboración de un catálogo de terrenos que hubieran perdido sus características naturales de dominio público marítimo-terrestre por su degradación, se declara inconstitucional y nula. La norma de la ley de Costas valenciana fija que este catálogo debería ser aprobado como máximo en el plazo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de la ley y debería actualizarse como mínimo cada seis años.
Según el Constitucional, esta norma permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. El Tribunal considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo terrestre. Con ello invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.
Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de voto particular.
Fuentes de la Generalitat, han señalado que se va a analizar la sentencia y que se mantiene «inquebrantable» la voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa. «Se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Se lamenta que se haya remitido la comunicación a medios antes que a la propia Generalitat Valenciana», han precisado.
En cualquier caso, destacan las mismas fuentes que, en un primer análisis, se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma. «Este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente. La sentencia no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal y mantiene vivo el debate sobre la reforma de la Ley de Costas que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura. Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando», han puntualizado las mismas fuentes.
Por su lado, la diputada autonómica del PSPV, María José Salvador, ha señalado que ya habían advertido sobre la inconstitucionalidad de la ley y ha pedido la dimisión del conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, por buscar únicamente el enfrentamiento con el Gobierno.
El Tribunal Constitucional en agosto había decidido mantener la suspensión sobre el artículo 17 de la Ley de Costas Valenciana, lo que ya aventuraba un posible fallo en contra de la Generalitat. Por el contrario, decidió levantar la suspensión sobre la disposición adicional cuarta de la ley que ahora ha anulado.
Fuente: https://www.lasprovincias.es/comunitat/constitucional-anula-herramienta-consell-frenar-deslindes-20261022173740-nt.html
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El pánico se extiende entre las viviendas a pie de playa afectadas por la ley de Costas ante la sentencia del Constitucional
El fallo frena parte de la ley valenciana que protege los núcleos etnográficos preocupa a decenas de asociaciones ante la desprotección de las viviendas históricas del litoral
Tere Compañy Martínez
Alicante - 24/10/2026 Actualizado a las 08:16h.
La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la protección que ofrecía la ley de costas valenciana a viviendas como las casitas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura ha puesto en pie de guerra a otras zonas de la costa de la Comunitat.
Otros núcleos, como la playa de Nules, en Castellón, también observan con inquietud las consecuencias de una resolución que cuestiona parte de las herramientas previstas para proteger estos enclaves por su valor histórico y etnológico.
«No es una buena noticia para todas las personas que podrían encajar en esa tipología de núcleo etnológico», explica Inmaculada Yáñez, representante de una asociación de vecinos de la playa de Nules y abogada. La afectación, sin embargo, no es igual en todos los municipios. Mientras que en Guardamar la sentencia llega en un contexto de viviendas amenazadas por órdenes de derribo, en otros puntos del litoral los vecinos mantienen una situación de mayor tranquilidad, aunque temen que el fallo cierre vías de protección para el futuro.
«En los sitios en los que se ha podido utilizar la ley valenciana de Costas, pedir la declaración de núcleo de especial valor etnológico para, de alguna manera, frenar o paliar una situación comprometida, como era el caso de las viviendas de Guardamar, pues evidentemente en estos casos a la gente le habrá caído como un jarro de agua fría», señala Yáñez.
Nules teme perder una vía para proteger sus viviendas históricas
En Nules, la preocupación se centra en las casas de primera línea de playa y en la posibilidad de que la sentencia dificulte su protección por sus valores históricos.
«En otros sitios en los que teníamos una tranquilidad relativa, porque no teníamos ningún expediente abierto en el sentido de que no hay viviendas en las que pese una orden de derribo, pues obviamente esto no nos ayuda y nos preocupa», afirma.
La abogada cuestiona especialmente la interpretación sobre las posibilidades de proteger viviendas situadas en terrenos del dominio público marítimo-terrestre. «Lo que sí que preocupa un poco es que digan que no puede haber un catálogo y que no pueden existir viviendas protegidas porque estén en dominio público marítimo-terrestre. En eso estoy totalmente en desacuerdo», sostiene.
No obstante, Yáñez pide prudencia antes de valorar en profundidad los argumentos jurídicos del Constitucional. En el momento de la entrevista, explica, todavía no había podido consultar el texto íntegro de la sentencia y considera necesario conocer su fundamentación antes de formular una crítica más detallada.
«No hay derecho a que desde Madrid se carguen nuestra historia y cultura»
La inquietud también alcanza a otros municipios del litoral valenciano. Javier Cremades, presidente de la asociación Salvem les Platges al Sud de Gandia, asegura que el fallo ha generado una profunda preocupación entre los colectivos que defienden las viviendas y los enclaves tradicionales de la costa.
«No hay derecho a que desde Madrid se carguen nuestra historia, cultura y estilo de vida», afirma Cremades, que critica que las viviendas se encuentren en el centro de la controversia por su ubicación en zonas inundables.
El representante vecinal sostiene que los problemas de inundabilidad están relacionados, en determinados puntos, con infraestructuras estatales, como presas y espigones. «El culpable es el verdugo», asegura, en una crítica a la responsabilidad que atribuye a las administraciones en la situación del litoral.
Cremades advierte de que el problema no se limita a Babilonia y cita viviendas de Cabanes, Nules, Sagunto, Dénia y Arenales del Sol. Según sus estimaciones, también hay casas que ya han sido demolidas en municipios como El Puig y Xilxes, además de otras miles de viviendas sometidas a servidumbres que, afirma, han perdido derechos.
Sus declaraciones amplían el alcance de la preocupación entre los colectivos vecinales, que temen que las dificultades para proteger los núcleos históricos se extiendan a otros enclaves costeros. Las situaciones jurídicas, no obstante, pueden variar de un municipio a otro y requieren un análisis individualizado.
Cerca de 60 asociaciones siguen el conflicto
La preocupación se comparte también a través de Somos Mediterránea, una plataforma que, según explica Manuel López, secretario de la asociación de vecinos de la Playa de Babilonia, de Guardamar, reúne a cerca de 60 asociaciones de distintos puntos de España.
La mayoría procede de la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia, aunque también participan colectivos de Baleares, Cantabria, Andalucía y Canarias. El foro permite compartir información y analizar las posibles consecuencias de la sentencia en los diferentes núcleos costeros.
López señala que la protección prevista en la ley valenciana podía beneficiar a otros enclaves del litoral, además de Babilonia, y cita entre ellos Nules y otros puntos de la costa valenciana. «No solo Babilonia estaba llamada a esta figura de núcleo etnológico», explica el representante vecinal.
Fuente: https://www.todoalicante.es/alicante-provincia/panico-extiende-viviendas-pie-playa-afectadas-ley-20261023081642-nt.html
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Vega Baja
Los vecinos de Guardamar ultiman un escudo jurídico si Costas activa el derribo de sus casas: la Audiencia Nacional
La Asociación de Vecinos Playa Babilonia considera “inaudito” que el Gobierno concentre su empeño en demoler viviendas históricas mientras deja sin respuesta la regresión de la playa.
Héctor Fernández - Alicante
Publicada - 24 octubre 2026
Los vecinos de la Playa Babilonia en Guardamar del Segura no dan por perdida la batalla para proteger sus centenarias casas proyectadas por el ingeniero Mira. Aunque el Tribunal Constitucional ha estimado el recurso del Gobierno contra la Ley valenciana de Costas y ha dejado sin amparo autonómico, en el dominio público marítimo-terrestre, a las viviendas que se construyeron para proteger el municipio en los años 30 del siglo pasado, la asociación considera que aún quedan vías jurídicas para impedir una demolición que entienden precipitada, injusta y, sobre todo, de naturaleza política, ya suspendida en 2025.
Manuel López, representante de la Asociación de Vecinos Playa Babilonia, ha manifestado a EL ESPAÑOL que "parece más una decisión política que jurídica”. Y explica que se trata de una nota informativa difundida por el Tribunal Constitucional -la sentencia completa todavía no se conoce- declara inconstitucionales, en su aplicación sobre el dominio público marítimo-terrestre, el artículo 17 y la disposición final primera de la Ley 3/2025 valenciana, además de anular íntegramente la disposición adicional cuarta.
No obstante recuerda que "el alto tribunal sostiene que la Generalitat puede proteger e inventariar el patrimonio cultural, histórico y etnológico de los asentamientos costeros, pero no puede condicionar ni restar facultades al Estado en la franja marítimo-terrestre". Esto abre la posibilidad a que un cambio de Gobierno a partir del 29-N precipite la reforma de la Ley de Costas exigida por el Senado que lleva dos años bloqueada en el Congreso.
En cualquier caso cuentan con una baza jurídica de urgencia si fuese necesario. La Audiencia Nacional admitió a trámite un recurso extraordinario en vía administrativa cuando se conoció la existencia de estudios del CEDEX anteriores a la construcción del espigón de la desembocadura del Segura. Aquellos informes alertaban de que la obra podía alterar la dinámica litoral y provocar erosión.
Según la asociación, el espigón se construyó después con una dimensión muy superior a la prevista inicialmente (cinco veces más superficie) y con una orientación contraria a la del resto de espigones del levante español, lo que habría agravado la regresión de la Playa Babilonia.
Los documentos conocidos respaldan esa tesis. Un informe de 1984 advertía de que la obra suponía “una interrupción casi total del transporte longitudinal de arenas” y recomendaba un espigón más corto. Otros estudios de 1986, 1987 y 1988 constataban el retroceso de la línea de costa en las playas situadas al sur de la desembocadura y alertaban de que la infraestructura dificultaría el paso de sedimentos.
El propio CEDEX reconoció en 2023 que, tras la construcción de la nueva desembocadura, la costa retrocedió unos 35 metros y no se recuperó. El informe señalaba además que la curvatura del espigón sur se oponía a la desviación natural de las corrientes y recomendaba eliminar parte del espigón de la margen derecha para facilitar el retorno del material sedimentario aportado por el río Segura.
Los vecinos conocieron la existencia de estos informes tras una pregunta planteada en la comisión de investigación de la dana de 2019 en la Vega Baja. Sostienen que esos documentos habían quedado ocultos en el primer procedimiento judicial y que su aparición cambió el escenario del litigio.
Así, si ahora el Ministerio forzase ahora un derribo apresurado, la asociación podría acudir a esa causa pendiente ante la Audiencia Nacional para solicitar medidas cautelares. Ese recurso no resolvería el fondo del conflicto, pero podría suspender la actuación administrativa y ganar el tiempo necesario para una eventual reforma legal.
La situación política
Los vecinos creen que la resolución, avanzada mediante nota informativa, les ofrece una posibilidad ya que no afirma que las casas no merezcan protección, sino que la competencia para protegerlas corresponde, en todo caso, al Gobierno central. La Generalitat ha trasladado esa misma idea a los afectados: la sentencia cuestiona que la tutela se articule mediante una ley autonómica, pero no excluye que pueda hacerse a través de la legislación estatal.
Ese matiz es el que sostiene la esperanza de la asociación. La reforma de la Ley de Costas impulsada por el PP en el Senado lleva dos años bloqueada en la Mesa del Congreso, desde marzo de 2024, pese a que el PSOE garantizó en sede parlamentaria que las viviendas anteriores a 1988 no deberían tener problemas si existen colaboración institucional y acreditación documental. Para Manuel López, ese bloqueo resulta incomprensible: “Han bloqueado dos años una reforma de la Ley nacional que ya habría solucionado el problema”.
La incógnita ahora es si el Ministerio puede activar el derribo antes de que un eventual cambio de Gobierno tras las elecciones del 29-N permita desbloquear la reforma. Los vecinos dudan de que una actuación tan sensible pueda ejecutarse en pocas semanas, sin sentencia publicada, sin las comunicaciones y trámites correspondientes y sin las licencias necesarias para la demolición. A ello se suma el contexto político: PP y Vox se han comprometido con la causa, y la Generalitat ha asegurado que estudiará la sentencia y todas las vías jurídicas para seguir defendiendo los núcleos etnológicos de la costa.
Manuel López insiste en que el problema real de Guardamar, y de buena parte de la costa, no está siendo atendido. A su juicio, la Administración debe asumir sus responsabilidades en la gestión y el mantenimiento de las playas, en lugar de convertir a los residentes en culpables de una regresión litoral que, según los informes técnicos, se relaciona con decisiones públicas anteriores. “Es incomprensible que todo el empeño del Gobierno se ponga en derribar viviendas y tirar a gente de sus casas”, afirma.
El frente político acompaña al jurídico. La Generalitat y otras comunidades han reclamado la transferencia de competencias en materia de costas, una demanda que el Gobierno central no ha concretado con fecha, pese a que las transferencias a País Vasco y Cataluña se produjeron en un plazo mucho más breve. Para los vecinos, esa desigualdad refuerza la percepción de que el caso de Babilonia obedece a una decisión política antes que a una necesidad técnica o ambiental.
La sentencia del Tribunal Constitucional ha eliminado, de momento, el escudo autonómico que permitió paralizar el derribo en septiembre de 2025. Pero no ha cerrado el conflicto.
Destrozos de la dana Adam
Precisamente esta semana las redes sociales han alertado de lo que sucede con la playa y las infraestructuras en la zona cuando se producen derribos de casas. Allí donde el Ministerio forzó los primeros derribos el temporal se ha comido lo que quedaba de playa y ha provocado un gran socavón.
Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/vega-baja/20261024/vecinos-guardamar-ultiman-escudo-juridico-costas-activa-derribo-casas-audiencia-nacional/1003744432076_0.html
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https://www.abc.es/espana/comunidad-valenciana/constitucional-tumba-parte-ley-costas-valenciana-freno-20261022170747-nt.html
https://www.elperiodicomediterraneo.com/castello-provincia/2026/10/24/echarnos-casa-mejor-reacciones-sentencia-constitucional-ley-costas-castellon-135685117.html
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El Constitucional corrige parte de la ley valenciana de Costas por invadir competencias del Gobierno en los núcleos del litoral
El Truibunal sostiene que la Generalitat puede proteger la colonia Babilonia en Guardamar del Segura, pero no tomar medidas sobre el dominio público marítimo-terrestre
F. B. - Valencia - 22 OCT 2026 - 19:28 CEST
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de Les Corts Valencianes 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana, promulgada por la Generalitat valenciana, presidida desde diciembre por Juanfran Pérez Llorca, del PP.
La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta, Inmaculada Montalbán Huertas, examina la alegación de la Abogacía del Estado relativa a las edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuya demolición había sido ordenada por resoluciones judiciales firmes y estaba pendiente de ejecución.
El aumento del nivel del mar y la regresión de la arena causados por los cada vez más frecuentes temporales marítimos han desembocado en que el oleaje golpee las fachadas de parte de las cien casas que forman la Colonia Babilonia, creada en 1934 por el Gobierno de la República. El servicio provincial de Costas, amparado en un informe del Centro de Estudios de Experimentación de Obras Públicas (Cedex), instó a su demolición en 2018, una decisión que inició una serie de litigios interpuestos por los vecinos que llegó hasta la resolución del Tribunal Supremo en febrero de 2023.
En su sentencia, el Constitucional “recuerda, en este punto, que el recurso de inconstitucionalidad tiene por objeto el control abstracto de las normas y no el examen de las intenciones que se atribuyan al legislador. La sentencia declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre”, según indica una nota de prensa del Constitucional.
Tras reconocer que la Comunitat Valenciana puede proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos situados en su litoral, incluso cuando se encuentran en terrenos de dominio público marítimo-terrestre, advierte de que esa protección no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos, de titularidad estatal. El problema se plantea porque la ley autonómica no se limita a reconocer los valores etnológicos de estos núcleos, sino que permite aprobar planes especiales con medidas dirigidas a su conservación.
Según informa el alto tribunal en su comunicado, la ley valenciana los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano, del que se derivan obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles protegidos. Cuando estas medidas afectan al dominio público marítimo-terrestre, pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación, conforme a la legislación de costas.
Por esta razón, el Tribunal los declara inconstitucionales, sin declararlos nulos. Ambos preceptos pueden seguir aplicándose en los demás espacios del litoral, donde la protección de estos núcleos no plantea el conflicto competencial apreciado por la sentencia.
Por otra parte, la disposición adicional cuarta se declara inconstitucional y nula. Esa norma permite a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluidos en el dominio público marítimo-terrestre. El Tribunal considera que esta previsión va más allá de una simple recopilación de información, pues atribuye a la Administración autonómica la facultad de identificar y calificar terrenos en función de su posible pérdida de las características propias del dominio público marítimo-terrestre.
Con ello invade las competencias del Estado, al que corresponde determinar qué terrenos forman parte de dicho dominio público y decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.
Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño, considerados del bloque conservador, han anunciado la formulación de voto particular.
Desde la Generalitat se ha trasladado que se va a analizar la sentencia y que se mantiene inquebrantable la voluntad de proteger a los ciudadanos valencianos que viven en la costa. Se analizarán todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Se lamenta, además, de que se haya remitido la comunicación a medios antes que la propia Generalitat Valenciana.
“En cualquier caso hay que destacar que, en un primer análisis, se evidencia que el Tribunal Constitucional no dice que no se puedan proteger los núcleos etnológicos, sino que cuestiona que lo haga una comunidad autónoma. Este matiz es fundamental: la necesidad de proteger estos núcleos sigue vigente”, inciden fuentes de la consejería de Medio Ambiente.
“La sentencia no cierra la puerta a su protección mediante la legislación estatal y mantiene vivo el debate sobre la reforma de la Ley de Costas que los partidos del Gobierno han bloqueado a nivel nacional pese a la mayoría parlamentaria que la ha respaldado esta legislatura. Excepto este artículo que buscaba proteger a las casas tradicional de costa el resto de la ley sigue en vigor y se va a seguir desarrollando”, añaden
La diputada del PSPV en Les Corts, María José Salvador, ha destacado que su partido “denunció desde el principio que la ley de Costas invadía competencias estatales” y ha criticado que el PP “la impulsó para confrontar con el Gobierno de España”, por lo que -ha señalado- “ha jugado con los vecinos de nuestra Comunitat”.
A su juicio, el consejero de Medio Ambiente e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, “debería dimitir ya, porque ha jugado generando falsas expectativas a los valencianos, porque el único objetivo de esta ley era confrontar al Gobierno de España y engañar a la población”, ha expresado Salvador a los medios de comunicación.
Fuente. https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2026-10-22/el-constitucional-corrige-parte-de-la-ley-valenciana-de-costas-por-invadir-competencias-del-gobierno-en-los-nucleos-del-litoral.HTML
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El Constitucional tumba el artículo de la ley de Costas valenciana que protegía del derribo las 'casas de Babilonia' de Guardamar
El alto tribunal estima el recurso del Gobierno central contra varios preceptos de la norma autonómica, al considerar que invaden las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre y chocan con las sentencias firmes de demolición
Miguel Giménez - València — 22 de octubre de 2026 17:46 h Actualizado el 23/10/2026 15:11 h 0
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El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de las Corts Valencianes 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. La resolución judicial tumba los preceptos clave con los que la Generalitat pretendía amparar la conservación de las históricas edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuyas órdenes de derribo acumulaban resoluciones judiciales firmes y se encontraban pendientes de ejecución.
La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, examina las alegaciones de la Abogacía del Estado en relación con este emblemático núcleo del litoral alicantino. Aunque el tribunal reconoce que la Comunitat Valenciana posee competencias para proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de sus núcleos costeros, advierte de que dicha protección “no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos”.
El fallo declara la inconstitucionalidad —si bien sin llegar a declarar su nulidad— del artículo 17 y de la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.
El conflicto surge porque la norma autonómica no se limita a reconocer el valor etnológico de estos enclaves, sino que permite aprobar planes especiales y los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano. Esto impone obligaciones de conservación y restricciones a la demolición que, según el Alto Tribunal, entran en colisión con la legislación estatal al “impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación”. No obstante, al no ser declarados nulos, ambos preceptos podrán seguir aplicándose en los demás espacios del litoral donde no exista conflicto competencial.
Por su parte, la disposición adicional cuarta ha corrido peor suerte, ya que el tribunal la ha declarado inconstitucional y nula de pleno derecho. Dicho apartado permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados dentro del dominio público. Los magistrados argumentan que esta facultad invade las competencias exclusivas del Estado, al que compete en exclusiva determinar qué superficies forman parte de dicho dominio, así como decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.
La resolución cuenta con el voto particular anunciado por los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías . Con este pronunciamiento, el futuro de las emblemáticas viviendas de Babilonia queda abocado al cumplimiento de los mandatos judiciales de derribo previos, al decaer el paraguas normativo autonómico que frenaba su ejecución.
Fuente: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/constitucional-tumba-articulo-ley-costas-valenciana-protegia-derrumbe-casas-babilonia-guardamar_1_13607487.html
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El TC sentencia contra la Ley valenciana de Costas y la Generalitat estudia vías legales para defender a los vecinos
El Consell responde que el fallo cuestiona la competencia regional, pero no la necesidad de proteger las viviendas tradicionales.
Héctor Fernández - Alicante - Publicada - 23 octubre 2026
El Tribunal Constitucional ha puesto fin al periodo de suspensión cautelar sobre la Ley valenciana de Costas mediante la emisión de una sentencia definitiva cuyo fallo ha sido avanzado a través de una nota informativa de la institución. El pronunciamiento judicial irrumpe en un momento de máxima tensión política, en plena precampaña electoral y las Cortes Generales disueltas.
En su nota anuncia que ha estimado el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Presidencia del Gobierno contra la Ley 3/2025, de 22 de mayo, de protección y ordenación de la costa valenciana. La máxima instancia judicial desarticula así las herramientas autonómicas orientadas a proteger de la demolición a viviendas tradicionales situadas en el dominio público marítimo-terrestre, dejando en situación de vulnerabilidad a enclaves emblemáticos como las edificaciones de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura o las casas de Les Deveses en Dénia.
¿Podría el Gobierno demoler mañana las históricas casas del ingeniero Mira en Guardamar del Segura? La respuesta es sí, lo que pasa es que en plena campaña electoral y tras el apoyo explícito de la Generalitat Valenciana a su conservación sería un choque institucional sin precedentes.
En la resolución del Pleno, redactada por la vicepresidenta Inmaculada Montalbán Huertas, el tribunal determina los límites competenciales entre la administración regional y la central. La sentencia concede que la Comunitat Valenciana tiene plena capacidad para proteger e inventariar el patrimonio cultural, histórico y etnológico de sus asentamientos litorales, pero deja claro que la vertiente protectora autonómica no puede supeditar ni restar facultades al Estado sobre la franja marítimo-terrestre.
La norma autonómica vulneraba esta primacía al permitir la aprobación de planes especiales con limitaciones a la demolición e integrar los inmuebles en el catálogo del patrimonio cultural valenciano, lo que en la práctica impedía al Ejecutivo estatal la ejecución de resoluciones administrativas y judiciales para la recuperación de los bienes públicos.
A raíz de este choque de atribuciones, los magistrados han declarado inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera exclusivamente en su aplicación sobre el dominio público marítimo-terrestre, salvaguardando la eficacia de estos preceptos en el resto de la franja costera donde no colisionen con titularidades estatales.
Por otro lado, la disposición adicional cuarta ha sido declarada inconstitucional y nula en su totalidad por pretender crear un inventario de terrenos degradados. A juicio del órgano constitucional, atribuir a la Generalitat la potestad de identificar suelos que hayan perdido sus rasgos naturales invade la competencia exclusiva del Estado para tramitar los deslindes y decidir sobre la desafectación del dominio público.
La decisión judicial, respaldada con el voto particular discrepante de cuatro magistrados, ha obtenido una respuesta inmediata por parte de la Generalitat Valenciana. El Consell ha informado de que analizará pormenorizadamente el texto completo de la sentencia, manteniendo intacta su voluntad institucional de proteger a los residentes del litoral valenciano y confirmando que agotará todas las vías jurídicas a su alcance para salvar los núcleos urbanos costeros con valor etnológico.
La administración autonómica ha criticado la falta de lealtad institucional por el hecho de que la difusión del fallo mediante la nota informativa se haya trasladado a los medios de comunicación antes que a la propia Generalitat.
Además, en su valoración sobre el contenido de la sentencia, el Ejecutivo regional recalca un aspecto clave: el Tribunal Constitucional no niega la conveniencia ni el valor de tutelar estas edificaciones, sino que señala que dicha prerrogativa no recae en la comunidad autónoma.
Este matiz mantiene abierto el conflicto y redirige la responsabilidad a las Cortes Generales para que aborden la modificación de la Ley de Costas a nivel nacional, una reforma parlamentaria que, según denuncia la administración autonómica, ha contado con respaldo mayoritario en la Cámara Baja pero permanece bloqueada por las fuerzas políticas del Gobierno central. Finalmente, la Generalitat subraya que, al margen del articulado anulado en el dominio público, el cuerpo principal de la norma valenciana continúa plenamente vigente y seguirá desplegando sus efectos en el territorio.
Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20261023/tc-sentencia-ley-valenciana-costas-generalitat-estudia-vias-legales-defender-vecinos/1003744431430_0.html

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