PRENSA y GENERALITAT: El Gobierno consuma el veto a la Generalitat: impide debatir el frente común de las autonomías por la Ley de Costas

Ocho de las diez autonomías con mar se alían contra el Ministerio para la Transición Ecológica exigiendo "consenso institucional" y transparencia en los cambios normativos que sufren sus costas.

Héctor Fernández - Alicante - Publicada - 23 junio 2026 - 06:20h

La tensión política y competencial entre el Gobierno de España y las autonomías con costa ha alcanzado su punto de máxima ebullición. En un movimiento estratégico y sin precedentes, coordinado al milímetro en los últimos días, la Generalitat Valenciana ha presentado un requerimiento formal dirigido a Sara Aagesen, ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y presidenta de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. El escrito, firmado de puño y letra por el vicepresidente tercero y conseller Vicente Martínez Mus, no es una mera queja administrativa. Se trata de un órdago político de primer nivel.

La respuesta del Ministerio para la Transición Ecológica a este desafío autonómico ha sido tajante, elevando la tensión institucional a niveles nunca vistos. Coincidiendo con la celebración de la cumbre este lunes 22 de junio de 2026, fuentes de la Generalitat Valenciana han confirmado que el Gobierno central ha vetado de forma fulminante la propuesta encabezada por el Consell.

A pesar de que el bloque de regiones litorales había presentado el escrito formal cumpliendo estrictamente con los plazos y requisitos que marca el reglamento interno del órgano de cooperación, la presidencia en manos del Ministerio ha decidido ignorar la petición, impidiendo que los dos puntos decisorios fueran siquiera debatidos en la reunión. Este portazo administrativo no solo confirma el "planteamiento obstructivo" que el Consell venía denunciando en sus informes internos, sino que dinamita el principio de lealtad institucional al hurtar a las comunidades autónomas el derecho reglamentario a discutir unas reformas estatales que interfieren directamente en la gestión de sus playas y su economía marítima.

Este órdago está respaldado por un potente frente común de comunidades autónomas que representan, de acuerdo con la legalidad, "al menos a la tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente". El objetivo es taxativo y urgente: forzar la inclusión por vía de urgencia de dos puntos "decisorios" en el orden del día de la reunión para bloquear de inmediato los planes del Ejecutivo central sobre el espacio costero y marítimo.

Este paso al frente de la Generalitat no se produce en el vacío, sino que es la consecuencia directa de un largo historial de desencuentros que arranca desde la aprobación de la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana. Tras sufrir el recurso de inconstitucionalidad de la Moncloa contra los núcleos etnológicos y denunciar que Madrid pretendía imponer una tutela impropia para "vaciar de contenido" las transferencias de gestión exigiendo informes vinculantes en todo su territorio, Valencia ha decidido pasar a la ofensiva global.

La Generalitat ha comprendido que el verdadero blindaje de su autogobierno marítimo no se dirime únicamente en los tribunales, sino frenando la maquinaria legislativa del Ministerio antes de que apruebe por Real Decreto unos cambios reglamentarios que lesionan directamente la autonomía de gestión regional.

La principal reclamación del bloque autonómico se centra en la "suspensión de la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas". Las autonomías litorales denuncian que se enfrentan a un escenario de opacidad inadmisible por parte de la ministra Aagesen.

En el texto sobre los antecedentes de la propuesta valenciana se destapa un duro reproche institucional al asegurar que, pese a la enorme relevancia de los cambios planteados, "las comunidades autónomas no han sido informadas formalmente de su contenido en el seno de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, ni se ha sometido la iniciativa a conocimiento de este órgano de cooperación".

A juicio de los firmantes, esta forma de proceder quebranta de lleno el ordenamiento actual y "las funciones que le atribuye el artículo 9 de su Reglamento Interno respecto de aquellos proyectos reglamentarios que afecten de manera directa al ámbito competencial de otras administraciones públicas".

El agravio adquiere tintes de clamor territorial cuando el propio documento recuerda la profunda transformación descentralizadora que vive España. El texto recalca que "la práctica totalidad de las comunidades autónomas litorales han asumido o se encuentran inmersas en procesos de asunción de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral".

De hecho, la radiografía que expone el Consell valenciano ante el Ministerio es incontestable: "en concreto, de las diez comunidades autónomas con litoral, ocho cuentan ya con dichas competencias transferidas o han formalizado su solicitud, quedando únicamente pendientes la Región de Murcia y el Principado de Asturias".

Con este porcentaje abrumador de la periferia gestionando las playas, los firmantes insisten en que cualquier modificación de las reglas del juego "presenta una evidente incidencia sobre el ámbito competencial autonómico y requiere necesariamente de los mecanismos de cooperación y participación previstos".

La ofensiva no se detiene en las playas, sino que se adentra mar adentro para torpedear un segundo decreto ministerial que ha pasado inadvertido para la opinión pública pero que posee un enorme impacto económico y técnico. Se trata de la solicitud para la "suspensión de la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 79/2019, de 22 de febrero, por el que se regula el informe de compatibilidad y se establecen los criterios de compatibilidad con las estrategias marinas".

El Consell argumenta que este marco legal regula un potente "mecanismo de control e informe previo con capacidad para condicionar el desarrollo de numerosas actuaciones públicas y privadas". Desde la colocación de instalaciones en el fondo del mar hasta los vertidos en cualquiera de las demarcaciones marítimas españolas se ven afectados por este texto, lo que repercute directamente en competencias exclusivas autonómicas que abarcan desde los "puertos, acuicultura, pesca, medio ambiente, ordenación del territorio o infraestructuras".

Por todo ello, el escrito de la Generalitat concluye con dos resoluciones decisorias tajantes destinadas a paralizar de inmediato ambos proyectos del Gobierno. La alianza de comunidades autónomas litorales advierte que no tolerará más imposiciones sin debate y fundamenta su petición de suspender el Reglamento de Costas "al considerar que una reforma de esta trascendencia requiere un amplio consenso institucional y un escenario previo de estabilidad y seguridad jurídica, incluido, en su caso, el correspondiente debate y modificación del marco legal aplicable".

Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20260623/gobierno-consuma-veto-generalitat-impide-debatir-frente-comun-autonomias-ley-costas/1003744295969_0.html

---------

 La Generalitat denuncia que el Gobierno “retuerce” la sectorial de medio ambiente para evitar debatir el reglamento de costas que fomenta los deslines

Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

COSTAS

La Generalitat denuncia que el Gobierno “retuerce” la sectorial de medio ambiente para evitar debatir el reglamento de costas que fomenta los deslines

23/06/2026

La Generalitat denuncia que el Gobierno “retuerce” la sectorial de medio ambiente para evitar debatir el reglamento de costas que fomenta los deslines

El vicepresidente Vicente Martínez Mus avisa que la reforma afecta de forma directa a las competencias de las autonomías en materia de ordenación y gestión del litoral

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha denunciado la estrategia del Gobierno central, “que retuerce el reglamento de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente” con el único objetivo de evitar debatir el reglamento de costas que fomenta los deslindes y que planea aprobar sin el respaldo de las comunidades autónomas.

Martínez Mus ha criticado que el Ministerio para la Transición Ecológica haya impedido la inclusión en el orden del día de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente de un punto específico para informar y debatir la modificación del Reglamento General de Costas, a pesar de que varias comunidades autónomas solicitaron formalmente su incorporación conforme a lo previsto en el reglamento interno de este órgano de cooperación institucional.

En este sentido, ha recordado que la Comunitat Valenciana, junto a otras autonomías litorales, registró una propuesta para solicitar la suspensión de la tramitación del proyecto de Real Decreto que modifica el Reglamento General de Costas y la convocatoria urgente de una conferencia sectorial monográfica en la que el Ministerio explicara el alcance de la reforma y sus consecuencias sobre las competencias autonómicas y la gestión del litoral. La iniciativa contaba con el respaldo suficiente para ser debatida, al representar al menos a una tercera parte de los miembros de la Conferencia Sectorial.

El conseller ha señalado que la reforma proyectada afecta de forma directa a las competencias de las comunidades autónomas en materia de ordenación y gestión del litoral, especialmente en un momento en el que la mayoría de los territorios costeros han asumido o están en proceso de asumir dichas competencias. Por ello, ha considerado “inaceptable” que el Gobierno pretenda modificar el marco regulatorio sin facilitar información previa ni promover un debate institucional con las administraciones afectadas.

Asimismo, Martínez Mus ha advertido de que la modificación del Reglamento General de Costas genera una creciente preocupación entre las comunidades autónomas y numerosos sectores sociales y económicos vinculados al litoral, al considerar que amplía la inseguridad jurídica y facilita nuevos procesos de deslinde sobre viviendas, actividades económicas e infraestructuras situadas en la costa. La Generalitat sostiene que cualquier reforma de esta trascendencia debe sustentarse en el consenso institucional y el respeto a las competencias.

El responsable de Medio Ambiente ha recordado que el Consell viene reclamando desde hace meses la paralización de esta modificación normativa y la apertura de un proceso de diálogo real con las comunidades autónomas. En este sentido, ha insistido en que la Generalitat continuará defendiendo los intereses de los municipios costeros, de los propietarios afectados y de los sectores productivos vinculados al litoral frente a iniciativas que, a su juicio, “ponen en riesgo la seguridad jurídica y dificultan la planificación territorial”. Pese a todo, el vicepresidente ha denunciado que el Ministerio encabezado por Sara Aagesen mantiene su estrategia con el objetivo de aprobar el nuevo reglamento el próximo julio.

“El Gobierno ha optado por impedir el debate”

Martínez Mus ha afirmado que “el Gobierno ha optado por impedir el debate en lugar de escuchar a las comunidades autónomas” y ha asegurado que la Generalitat seguirá exigiendo la convocatoria de una conferencia sectorial específica para abordar unas reformas que afectan directamente a la gestión del litoral español y al futuro de miles de familias y actividades económicas asentadas en la costa.

Por último, el vicepresidente tercero ha reiterado el compromiso del Consell con una política de costas basada en la protección ambiental, la seguridad jurídica, la colaboración institucional y el respeto a las competencias autonómicas, frente a decisiones unilaterales que generan incertidumbre y conflictividad en el territorio. Así, ha defendido la ley de costas valenciana que buscaba dar alternativas a los deslindes y que ha sido recurrida por el Gobierno al Tribunal Constitucional.

Fuente: https://comunica.gva.es/es/detalle?id=411765956&site=373428693