El Gobierno y Catalunya pactan una reforma en el Reglamento General de Costas que beneficia a Canarias

Fuentes del Ministerio de Politica Territorial indican que esta modificación permitirá que en determinadas concesiones en la que existía el veto del Estado, se sustituya por un informe con el criterio del Gobierno central al que se le sumará el correspondiente de la comunidad autónoma

Canarias Ahora

20 de mayo de 2026 21:16 h Actualizado el 20/05/2026 21:20 h 0

La reunión de la Comisión Bilateral Estado-Generalitat de Catalunya celebrada este miércoles en Madrid ha concretado algunas medidas, como la gestión del litoral, donde se ha acordado una modificación del Reglamento General de Costas, para adaptarlo al marco previsto en el Estatuto de Autonomía de Catalunya, y que beneficiará a otra comunidades, entre ellas a Canarias, a la que a principios de 2023 le fueron transferidas las competencias en esta materia.

Así lo señaló en rueda de prensa el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien aseguró que en un plazo máximo de tres meses el Consejo de Ministros aprobará una modificación del Reglamento General de Costas que beneficia a todas aquellas comunidades que tienen gestión del litoral.

Fuentes del Ministerio que dirige Torres indican que esta modificación permitirá que en determinadas concesiones en la que existía el veto del Estado, se sustituya por un informe con el criterio del Gobierno central al que se le sumará el informe correspondiente de la comunidad autónoma.

Además, la modificación seguirá los criterios establecidos en los acuerdos de traspaso de funciones aprobados recientemente para País Vasco y Galicia.

El ministerio subraya que lo acordado con Catalunya “supone un paso más en el autogobierno y mejora para la comunidad canaria el traspaso de la gestión del litoral”, que desde el 1 de enero de 2023 dispone de las competencias en materia de Costas.

Fue a partir de esa fecha, cuando Canarias dispuso de la gestión, entre otras, de autorizaciones de dominio público, de las zonas de servidumbre o de concesiones demaniales así como en obras y actuaciones en el litoral del Archipiélago.

Créditos: https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/gobierno-catalunya-reforma-reglamento-general-costas-canarias_1_13237639.html

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Canarias reprocha a Torres que para ampliar las competencias en costas primero «mire» a Cataluña

El Gobierno regional considera «triste» que se relegue a las islas y reclama que se igualen las regiones con litoral a Galicia y País Vasco

Luisa del Rosario González - Las Palmas de Gran Canaria - 22/05/2026 Actualizado a las 07:10h.

El Gobierno de Canarias reprocha al Ministerio de Política Territorial que la ampliación de las competencias autonómicas en costas avance ahora al calor de la negociación con Cataluña, pese a que el archipiélago lleva meses reclamando que su decreto de traspaso se iguale al de Galicia y el País Vasco. Así lo explicó este jueves el director general de Costas, Antonio Acosta, quien admitió que le «alegra» que se abra esa posibilidad, pero también que le «disgusta» que «para mirar a Canarias tengan que mirar a Cataluña», algo que el ministerio que dirige Ángel Víctor Torres debería «observar», reprochó.

El miércoles Política Territorial anunció esta ampliación de competencias para Cataluña y explicó que otras comunidades como Canarias, que ya las tiene desde 2023, podían beneficiarse. Acosta reconoció que el actual decreto canario es más limitado que los aprobados para Galicia y el País Vasco. La principal diferencia, explicó, está en los informes sobre concesiones en dominio público marítimo-terrestre. En el modelo actual, el Estado conserva un informe preceptivo y vinculante que le permite bloquear actuaciones; con el esquema gallego y vasco, ese informe pasaría a ser de conveniencia y, si tras un periodo de diálogo no hay acuerdo, la comunidad autónoma podría seguir adelante con la concesión, explicó.

El director general puso como ejemplo el cable submarino África 2, instalado en Salinetas, en Gran Canaria, pese al informe negativo del Estado. Según Acosta, Canarias defendió la importancia estratégica de que esa infraestructura de comunicaciones recalara en las islas, pero la resolución autonómica fue recurrida por el Estado y permanece en vía contenciosa. «Es un ejemplo claro de algo que no pasaría si el decreto de transferencia fuera el gallego o el vasco», señaló.

No obstante, Acosta separó la reforma de los decretos de traspaso de la modificación del Reglamento de Costas, que a su juicio se están mezclando de forma indebida. Subrayó que el reglamento depende del Ministerio de Transición Ecológica, mientras que los decretos de transferencia corresponden al Ministerio de Política Territorial. «Nada tiene que ver una cosa con otra», insistió. En su opinión, bastaría con que Política Territorial elevara al Consejo de Ministros la modificación de los decretos para igualar a Canarias, Cataluña, Baleares y Andalucía con Galicia y el País Vasco, y aplicar después el mismo criterio a comunidades que están en proceso de negociación, como Valencia y Cantabria.

Torres, en cambio, «en un plazo máximo de tres meses» se aprobará la modificación del reglamento y esto beneficiaba a todas las comunidades que ostentan la gestión de su litoral.

«Migajas» para NC y PP

La reclamación sobre costas coincide con otro asunto resuelto esta semana: la cogestión aeroportuaria. El presidente canario, Fernando Clavijo, aceptó negociar con el Estado un acuerdo similar al alcanzado con el País Vasco, después de que el Gobierno central ofreciera al archipiélago esa misma vía. Acosta enmarcó costas y aeropuertos dentro de la agenda canaria de autogobierno y recordó que ambas materias ya habían sido planteadas en la relación bilateral con el Estado.

NC rechazó la oferta de los aeropuertos al considerar que son «migajas» dado que Canarias aspiraba a más. Y la misma expresión utilizó este jueves el presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez. En declaraciones a los medios recogidas por Europa Press el también vicepresidente del Gobierno regional señalo que a Canarias «no le ha quedado otra» que aceptar «la migaja» que supone la última oferta del Estado para cogestionar los aeropuertos y que supondría seguir el modelo vasco. «No nos ha quedado otra que aceptar, vamos a definir esa migaja, porque no hemos llegado al máximo. Yo espero que sigamos escalando en la negociación y podamos conseguir entonces lo que deseábamos, lo que necesitamos desde un primer momento», dijo

Créditos: https://www.canarias7.es/politica/canarias-reprocha-torres-ampliar-competencias-costas-primero-20260522080000-nt.html

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La Generalitat allana el camino para la salvación de los clubes de playa

Costas

El acuerdo entre el Gobierno central y el catalán  podría frenar las órdenes de demolición de las instalaciones históricas

Fede Cedó - Barcelona - 23/05/2026 06:00

La reunión de la comisión bilateral Estado-Generalitat celebrada el pasado miércoles, 20 de mayo, ha abierto una nueva etapa en la gestión del litoral catalán. En el marco del despliegue competencial acordado entre el Gobierno central y el ejecutivo catalán, se ha logrado impulsar la reforma del Reglamento General de Costas para adaptar la normativa al marco previsto en el Estatut y reforzar así el papel de la Generalitat en la gestión de la costa catalana, siguiendo el modelo de Euskadi y Galícia. Un avance que abre una ventana de esperanza para los clubes náuticos e instalaciones de playa que en los últimos años han recibido amenazas de demolición, algunas ya consumadas, por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

Desde la aprobación de la Ley de Costas de 1988, numerosas instalaciones han vivido bajo la amenaza permanente de una normativa que endureció el uso del dominio público marítimo-terrestre y que ha derivado en expedientes de derribo, caducidad de concesiones y conflictos jurídicos. Catalunya ha sido uno de los territorios donde la tensión ha sido más visible, con casos que han generado una gran controversia social, sobre todo en aquellas instalaciones con décadas de arraigo histórico en sus comunidades –algunas han sido declaradas Bien de Interés Local (BCILl– que ahora podrían verse beneficiadas por el cambio de gestión.

La comisión bilateral sigue el modelo de Galicia y País Vasco y podría frenar las órdenes de derribo

Lo que ha cambiado con el acuerdo de esta semana no es la titularidad del litoral, que sigue siendo dominio del Estado en cumplimiento de la Constitución y la Ley de Costas, sino la gestión del día a día del dominio costero. Las competencias que Catalunya podría asumir incluyen las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre, los usos de temporada en las playas, las instalaciones desmontables, la inspección y la potestad sancionadora y la planificación y ejecución de obras que no sean de interés estatal. En la práctica, esto significa que decisiones sobre chiringuitos, terrazas, actividades deportivas, clubes náuticos, paseos marítimos y actividades temporales pasarían a resolverse desde el territorio.

El modelo catalán es el que ya aplican Galicia y País Vasco, dos comunidades que han logrado en los últimos años un grado de control sobre su litoral muy superior al del resto de España. Euskadi formalizó el traspaso de las competencias de ordenación y gestión del litoral a finales de 2024 mediante real decreto, mientras que Galicia había avanzado antes con su propia Ley de ordenación y gestión integrada del litoral de 2023, apoyándose en competencias del Estatuto reconocidas por el Tribunal Constitucional. En ambos casos, las comunidades han asumido funciones de gestión ordinaria que hasta entonces correspondían directamente a la Dirección General de Costas del Estado y que a menudo eran fuente de conflicto con los ayuntamientos costeros.

El 85% de los clubes, amenazados

En Catalunya se calcula que unos 44 clubes náuticos, de los 51 que se ubican en las playas están amenazados por una lectura muy restrictiva de la Ley de Costas, que impone la Dirección General de Costas que depende del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La Federació Catalana de Vela sostiene que la forma de actuar de los responsables en Madrid pone en riesgo buena parte de la estructura de la vela base catalana. Hasta el momento de nada han servido argumentos de defensa en relación a que son entidades deportivas históricas, no chiringuitos privados, que forman a jóvenes en vela y deportes náuticos, que generan actividad social y económica local y que algunas instalaciones tienen valor patrimonial.

La experiencia gallega es la más ilustrativa de lo que podría ocurrir en Catalunya. En Galicia, la gestión autonómica del litoral ha permitido utilizar las herramientas administrativas y políticas para favorecer la continuidad de instalaciones con arraigo histórico, especialmente las vinculadas al marisqueo, conservas y actividades tradicionales del litoral, que también estaban amenazadas. El modelo, sin embargo, obliga a una negociación permanente sobre los usos compatibles y la búsqueda de soluciones de regularización antes de llegar a la demolición. Precisamente este enfoque es el que muchos municipios catalanes llevan años reclamando para sus instalaciones costeras.

En el caso del País Vasco, la presión urbanística costera es menor que en Catalunya. Su modelo integra la gestión litoral con la planificación territorial y portuaria propia, reduciendo la conflictividad que caracteriza la relación de las comunidades autónomas con el Ministerio. El Estado, no obstante, mantendrá los límites de control sobre el dominio público marítimo-terrestre y ninguna comunidad autónoma puede ignorar resoluciones judiciales firmes.

En resumen, el acuerdo permite una interpretación menos rígida de la normativa, como reclaman los municipios afectados, que ahora restan a la espera de conocer todos los detalles del cambio de paradigma legislativo.

Créditos: https://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20260523/11544901/generalitat-allana-camino-salvacion-clubes-playa.amp.html

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El Estado modificará el Reglamento de Costas para reforzar la autonomía de Canarias

Ángel Víctor Torres ha comunicado a Clavijo que el cambio se impulsará en tres meses y afectará también a Baleares y Andalucía

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha informado por carta al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, del acuerdo para iniciar la modificación del Reglamento General de Costas, una reforma que permitirá a las comunidades con competencias transferidas aumentar su capacidad de decisión en esta materia.

La comunicación también ha sido remitida a la presidenta de Illes Balears, Marga Prohens, y al presidente en funciones de Andalucía, Juan Manuel Moreno. El cambio se impulsará a iniciativa del Ministerio de Política Territorial y del Ministerio para la Transición Ecológica.

Más capacidad de gestión

Según ha trasladado Torres, las nuevas medidas podrán aplicarse también a las comunidades autónomas que ya tienen transferidas las competencias de Costas, siempre que así lo decidan.

El objetivo es incorporar, en un plazo de tres meses, un nuevo mecanismo de cooperación dentro del proyecto de reforma reglamentaria. Esta modificación se aprobará mediante un Real Decreto en Consejo de Ministros.

Concesiones en dominio público

Uno de los puntos clave afecta a las concesiones demaniales, es decir, aquellas autorizaciones relacionadas con la ocupación o uso del dominio público marítimo-terrestre.

Con el nuevo sistema, la administración autonómica notificará al Estado cada solicitud en tramitación. A partir de ahí, la administración estatal tendrá un plazo máximo de dos meses para emitir por escrito su criterio sobre la garantía de la integridad física y el uso público del litoral.

Consultas si hay discrepancias

En caso de que exista discrepancia entre ambas administraciones, se abrirá un periodo de consultas para intentar alcanzar un acuerdo. Ese proceso tendrá una duración máxima de un mes.

La reforma busca, por tanto, establecer un marco más claro de colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas con competencias en Costas, evitando bloqueos y ordenando la toma de decisiones.

Una comisión de seguimiento

Además, se creará una Comisión de Seguimiento del traspaso, con composición paritaria, para facilitar la cooperación entre administraciones.

Este órgano se encargará de promover la colaboración en la gestión de los títulos de ocupación y uso del dominio público marítimo-terrestre. También abordará los problemas de ejecución que puedan surgir y las posibles discrepancias relacionadas con esa gestión.

“Más autonomía”

Torres ha defendido que esta medida supone una nueva apuesta por la mejora del autogobierno. Según el ministro, responde a la idea del Gobierno de España de que más autonomía contribuye a una España mejor.

Créditos: https://www.atlanticohoy.com/politica/estado-modificara-reglamento-costas-reforzar-autogobierno-canarias_1561902_102.html