PRENSA Y VIDEO: Unanimidad en el Parlamento canario para pedir modificar la Ley estatal de Costas

Video de la exposición del Psoe Canario

La iniciativa, que partió del PP, busca dar encaje y “seguridad jurídica” a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica

Efe / Canarias Ahora - 29 de abril de 2026 12:34 h Actualizado el 29/04/2026 12:35 h 0

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad pedir una modificación de la Ley de Costas estatal para dar encaje y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y otras instalaciones de interés público en terrenos que han pasado a ser de dominio marítimo-terrestre. Sin embargo, bajo esa definición caben desde pueblos con décadas de historia, hasta polémicos proyectos como Cuna del Alma y el hotel en La Tejita o los hoteles Riu en Corralejo, con orden de demolición por parte del Ministerio para la Transición Ecológica.

La iniciativa ha partido del PP, que ha aceptado sendas enmiendas del PSOE, en la que se insta al Gobierno de Canarias a agilizar la tramitación de una ley de Costas autonómica, y de los otros grupos que apoyan al ejecutivo, CC, AHI y ASG, donde reclaman el “traspaso efectivo” de las competencias en esta materia por parte del Estado.

En estos dos puntos de la proposición no de ley Vox ha votado en contra, pues antes de “obsesionarse con el autogobierno”, lo que debe hacer el Gobierno de Canarias es completar el censo de núcleos costeros e impulsar medidas para las familias afectadas, ha indicado la diputada Paula Jover.

Jennifer Curbelo (PP) ha recalcado en la defensa de su iniciativa que la Ley de Costas estatal, que data de 1988, “no tuvo en cuenta las singularidades costeras del país y en particular de Canarias; dibuja líneas sin criterio, con dientes de sierra injustificados”.

Con lo cual, pone en jaque la seguridad jurídica de muchos de estos asentamientos, varios de los cuales cuentan con órdenes de demolición vigentes.

Ha abundado en que los deslindes definidos en la ley “no se corresponden a una base científica” ni tienen en cuenta “las circunstancias y características de cada zona”.

Curbelo ha afirmado que al referirse a estos núcleos “hablamos de nuestra propia identidad, nuestra idiosincrasia, nos definen como pueblo”, y que sus habitantes han pasado “años de calvario judicial” porque “cada deslinde, decisión, línea marcada, afecta a una casa y conlleva a un litigio largo y costoso” y a un desgaste personal.

Ha pedido el apoyo del resto de grupos, en especial al PSOE, a cuyos diputados ha pedido que hablen con la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que “saque de la gaveta” la modificación de la Ley de Costas estatal.

Rafael Nogales (PSOE) ha señalado que esta proposición no de ley es “una réplica” de la iniciativa que se tramita en el Congreso, que “no está en la gaveta” sino en el trámite de enmiendas, y ha añadido que las diferencias entre núcleos de las diferentes comunidades “dificulta y ralentiza” el proceso.

El diputado socialista ha hecho hincapié en que Canarias tiene “una gran ventaja”, que es tener las competencias trasferidas desde 2023, lo que posibilita impulsar una ley propia, que es “la mejor manera de salvaguardar buena parte de los núcleos”.

Ha recordado que en mayo de 2024 se inició el anteproyecto de ley y que, casi dos años después, se dio el primer paso con la publicación de la consulta previa, y ha añadido que ésta “puede ser una oportunidad histórica si se tramita con rigor”.

Ha abundado en que “no basta con mirar a Madrid mientras aquí no se haga la tarea pendiente”, y ha añadido que Canarias “se merece” que el ejecutivo autonómico “gestione de forma más ágil las trasferencias recibidas”.

Nogales ha subrayado que “esto no se resolverá con una declaración de intenciones” y ha rememorado que en 2013, con un Gobierno del PP con mayoría absoluta, se modificó la ley estatal “pero no se modificó nada de los asentamientos costeros”.

Jana González (CC) ha explicado que el apoyo de su grupo a la PNL del PP pidiendo una modificación de la ley estatal “no debe afrontarse como una renuncia a la gestión de nuestras competencias”.

Ha afirmado que el Gobierno de Canarias ha dado muestras de su “compromiso con la defensa del autogobierno” al crear una Dirección General de Costas y al incluir la petición de la “plena asunción de competencias” en la llamada 'agenda canaria'.

La diputada nacionalista ha afirmado que el traspaso de competencias se hizo “de forma errónea”, y que lo que pide el ejecutivo regional es que “no haya interferencias” por parte del Estado y que se respete el Estatuto de Autonomía.

González ha indicado que tras 38 años de vigencia de la ley estatal, ésta necesita modificaciones, “pero sabemos que las respuestas correctas se darán desde el autogobierno”.

Jesús Ramos (ASG) ha convenido en la necesidad de modificar la ley estatal para evitar disfunciones “si seguimos legislando a miles de kilómetros”, y también ha defendido que la transferencia de Costas debe ir acompañada de los “medios económicos, materiales y humanos necesarios”.

En la misma línea, Raúl Acosta (AHI) ha indicado que “difícilmente se podrá dar una respuesta adecuada sin contar con las herramientas necesarias”, y sobre los núcleos costeros canarios ha destacado el valor de incorporar a la PNL la referencia a los valores etnográficos de los mismos.

Carmen Hernández (NC) se ha felicitado porque PP y PSOE hayan coincidido en la necesidad de tocar la ley estatal de Costas, dado que ambos partidos tienen mayoría en las Cortes, con lo cual “hoy salimos de aquí con la tranquilidad de que se puede cambiar, de que hay voluntad política”. 

El respeto a las costas en el Gobierno de CC y el PP

Un repaso a las últimas actuaciones de Coalición Canaria y Partido Popular pone en entredicho el “desarrollo sostenible” de la costa que defienden. Bajo su mandato, el Gobierno canario ha allanado el camino de la polémica urbanización turística Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje (sur de Tenerife), archivando un expediente sancionador, desentendiéndose de otro y permitiendo la ocupación del proyecto, que prevé la construcción de 420 villas de lujo, en la franja de protección de la costa.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha desechado la compra del terreno en La Tejita, en Granadilla de Abona, donde se proyecta un hotel de cinco estrellas con 883 plazas junto a una reserva natural, la de Montaña Roja. La adquisición de ese solar supondría la paralización definitiva de la iniciativa, muy criticada por colectivos sociales desde el principio. E incluso la promotora del complejo, la empresa Construcción, Promoción y Derivados SA, del empresario José Viqueira, “mostró su disponibilidad” a la venta. Pero Clavijo ha guardado en un cajón el procedimiento de compra que inició la Administración anterior, liderada por Ángel Víctor Torres (PSOE), y ha llegado a sugerir que sea el Estado quien asuma el coste de la operación.

También durante esta legislatura, el Gobierno de Canarias recurrió ante el Constitucional la orden de derribo del Hotel Oliva Beach, en Fuerteventura, situado en las Dunas de Corrajelo. El Ministerio para la Transición Ecológica decidió no renovar la concesión otorgada hace más de 20 años al constatar ciertos incumplimientos. El Ejecutivo de Clavijo llevó el caso a los tribunales porque consideró que esa decisión era de su competencia, llegando a hablar de “injerencia directa” del Estado. Y el Constitucional finalmente dio la razón al Estado por unanimidad.

Pero eso no es todo. En octubre de 2023, el Ejecutivo regional autorizó una reforma en el Beach Club de San Agustín, un hotel de cuatro estrellas en el sur de Gran Canaria levantado en primera línea de playa sobre el que pesa desde hace más de 15 años una sentencia firme del Tribunal Supremo que obliga a la demolición de parte de sus instalaciones. El Ministerio para la Transición Ecológica sostiene que ese proyecto de remodelación no ha contemplado “las obras necesarias” para el cumplimiento del fallo. Mientras que el Gobierno canario sí, lo que ha derivado en un nuevo pleito judicial entre ambas administraciones.

Créditos: https://www.eldiario.es/canariasahora/politica/unanimidad-parlamento-canario-pedir-modificar-ley-estatal-costas_1_13181661.html

Canarias se planta ante el Estado: clamor para reformar la Ley de Costas y proteger las viviendas de los núcleos tradicionales

El Parlamento exige cambiar la norma de 1988 para acabar con la inseguridad jurídica que amenaza el modo de vida en los pueblos del litoral canario

Raúl Robledo - Santa Cruz de Tenerife30 ABR 2026 11:35

El litoral de Canarias vivió el pasado martes un movimiento legislativo sin precedentes. El Parlamento de Canarias ha aprobado una iniciativa para exigir al Gobierno de España la modificación urgente de la Ley de Costas de 1988. La propuesta nace tras décadas de conflicto administrativo y judicial que han puesto en jaque la permanencia de miles de viviendas en los núcleos tradicionales, afectados por una normativa estatal que, según los colectivos de afectados y los grupos parlamentarios, ignora sistemáticamente las singularidades geográficas y culturales de las islas.

La iniciativa sitúa a Canarias como el punto de partida de una reforma nacional necesaria para corregir los efectos de una ley calificada de "injusta", al no haber atendido en casi 40 años a la realidad social de un territorio donde la costa es el eje de su identidad.

Una alianza entre PP y PSOE para frenar el "calvario judicial"

En un escenario político poco habitual, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista (PSOE) han unido sus fuerzas para impulsar esta reforma. La propuesta, defendida por la diputada popular Jennifer Curbelo, puso el foco en el sufrimiento de las familias que han dedicado media vida a pleitear para salvar sus hogares. Curbelo denunció que la ley actual "dibuja líneas sin criterio" que generan una profunda inseguridad jurídica, subrayando que esta lucha no es una cuestión de siglas, sino de "justicia y coherencia".

Por su parte, el PSOE apoyó la medida, aunque introdujo una enmienda crítica. El diputado socialista Rafael Nogales defendió que, además de mirar a Madrid, el Gobierno de Canarias debe desarrollar sus propias competencias mediante una ley autonómica. Nogales recordó que la solución no llegará solo con "declaraciones de intenciones", sino con la ejecución de las herramientas que ya permite el Estatuto de Autonomía.

Consenso mayoritario para una Ley Canaria de Costas

La resolución final del Parlamento no solo apunta al Congreso de los Diputados, sino que establece una hoja de ruta para la autogestión del litoral. Con el respaldo de Nueva Canarias (NC), cuya diputada Carmen Hernández valoró el cambio de postura de los grandes partidos, y el resto de fuerzas de la Cámara, se acordaron los siguientes puntos:

Reforma estatal prioritaria: Instar al Estado a que la Ley de 1988 reconozca la singularidad volcánica y social de Canarias.

Transferencias plenas: Exigir que se complete de forma definitiva el traspaso de competencias en materia de Costas.

Legislación propia: Impulsar una Ley Canaria de Costas que dote de estabilidad a los asentamientos históricos.

Créditos: https://www.eldia.es/canarias/2026/04/30/canarias-planta-clamor-reformar-ley-dv-129697508.html

Canarias pide cambiar la Ley de Costas para proteger los núcleos costeros tradicionales

El objetivo es dar seguridad jurídica a asentamientos en dominio marítimo-terrestre

El pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado por unanimidad instar a la modificación de la Ley de Costas estatal con el objetivo de "garantizar encaje legal y seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales y a instalaciones de interés público" situadas en terrenos que han pasado a formar parte del dominio marítimo-terrestre. La iniciativa busca dar respuesta a una problemática que afecta a numerosos asentamientos en el archipiélago.

La proposición no de ley, impulsada por el PP, salió adelante tras incorporar enmiendas del PSOE y de los grupos que respaldan al Gobierno autonómico. Entre ellas, se incluye la petición de acelerar la tramitación de una futura ley de Costas autonómica y reclamar al Estado el traspaso efectivo de las competencias en esta materia.

No obstante, Vox se desmarcó parcialmente del consenso al votar en contra de estos dos puntos. La diputada Paula Jover criticó que, "antes de centrarse en el autogobierno, el Ejecutivo canario debería completar el censo de núcleos costeros y poner en marcha medidas concretas para las familias afectadas". 

Debate

Siguiendo esta línea la diputada del PP, Jennifer Curbelo, defendió la necesidad de "modificar la norma estatal de 1988" al considerar que “no tuvo en cuenta las singularidades costeras, especialmente en el archipiélago". Según expuso, "los deslindes actuales dibujan líneas sin criterio y carecen de base científica", lo que, a su juicio, "pone en riesgo la seguridad jurídica de numerosos asentamientos costeros, algunos con órdenes de demolición vigentes". Curbelo subrayó además "el impacto social de estas decisiones", afirmando que "afectan a la identidad de estos núcleos y han generado años de calvario judicial para sus residentes".

Desde el PSOE, Rafael Nogales respondió que la iniciativa popular "replica una propuesta ya en tramitación en el Congreso" y defendió que Canarias "debe aprovechar las competencias transferidas en 2023 para impulsar su propia normativa". En una línea similar, Jana González (CC) insistió en "compatibilizar la reforma estatal con el desarrollo del autogobierno", mientras que ASG o AHI coincidieron "en la necesidad de actualizar la ley y dotar de medios suficientes a la comunidad autónoma". La diputada Carmen Hernández (NC) destacó "el consenso entre PP y PSOE como una señal de que existe voluntad política para acometer cambios en la normativa estatal".

Créditos: https://www.atlanticohoy.com/politica/canarias-pide-por-cambiar-ley-costas-proteger-nucleos-costeros-tradicionales_1560822_102.HTML

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El Parlamento canario pide la modificación de la ley de Costas para preservar los núcleos tradicionales de las islas

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se solicita al Gobierno central la modificación de la ley estatal de Costas de 1988 con el fin de preservar los núcleos tradicionales del archipiélago afectados por el dominio marítimo-terrestre.

agencia - 29 de abril de 2026, 12:12

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Popular en la que se solicita al Gobierno central la modificación de la ley estatal de Costas de 1988 con el fin de preservar los núcleos tradicionales del archipiélago afectados por el dominio marítimo-terrestre.

Además, y con el rechazo de Vox, se ha acordado solicitar que se culmine de forma definitiva la transferencia de las competencias en Costas, recogida en el Estatuto de Autonomía, y que se elabore y apruebe la ley autonómica.

La diputada del Grupo Popular Jennifer Curbelo ha comentado que la Ley de Costas no tuvo en cuenta las "singularidades" de los núcleos de las islas y cree que es "de justicia y de coherencia" acometer una modificación.

"No es una cuestión de quién tiene la culpa, quién ha podido hacer, quién ha pasado por el largo, por todos estos años, quién ha podido tener la oportunidad", ha comentado, subrayando que está en juego "la vida" de muchas personas y la "propia identidad" de las islas.

Ha apuntado que muchas personas "han pasado años de calvario judicial para salvar sus casas" por culpa de una ley "que dibuja líneas sin criterio con dientes de sierra injustificados y que ha puesto en jaque la seguridad jurídica de muchos".

Rafael Nogales, del Grupo Socialista, ha planteado vía enmienda, que se inste al Gobierno de Canarias a que desarrolle la ley autonómica de Costas porque "no basta con mirar" a Madrid para resolver este problema, sino desarrollar las nuevas competencias transferidas.

"Esta situación no nace hoy, ni se resolverá únicamente con una declaración de intenciones remitida al Estado", ha indicado, afeando que cuando el PP tuvo mayoría absoluta en el Congreso "no hizo nada".

Jana González, del Grupo Nacionalista, ha destacado que Canarias ya tiene "plena autonomía" en la competencia por su litoral aunque se hizo "de forma errónea" y el Gobierno central no debe interferir ni "encorsetar" con los deslindes y los cobros de concesiones.

Ha apuntado que los núcleos costeros están "cargados de valor patrimonial, cultural y sentimental" y aunque entiende que la ley estatal debe modificarse, la "solución definitiva" pasa por la "gestión plena" del Gobierno de Canarias.

ASG: UN ACTO "DE JUSTICIA"

Jesús Ramos (ASG) ha comentado que esta PNL "es de justicia" porque los deslindes no de adecuan a la realidad, poniendo como ejemplo que el último, el de Valle Gran Rey en 2024, ha sido recurrido por el Ayuntamiento ante la Audiencia Nacional.

"Si seguimos legislando a miles de kilómetros de Canarias seguirán ocurriendo cosas como esta", ha indicado, de ahí que haya defendido la "transferencia plena" de las competencias en costas.

Raúl Acosta (AHI) ha comentado que la aplicación de la ley estatal ha generado situaciones "muy complejas", con núcleos asentados desde hace décadas vinculados a la pesca y actividades tradicionales por lo que hay que buscar soluciones para "compatibilizar" su preservación con los deslindes.

Ha pedido también el traspaso efectivo de las competencias en costas porque la norma estatal está "desfasada".

Paula Jover, portavoz adjunta de Vox, ha comentado que Canarias "no se entiende" sin los núcleos tradicionales costeros que fueron "engullidos" por la ley estatal, que "compromete" también ahora los "proyectos de vida" en plena emergencia habitacional.

Cree que "antes que una nueva ley" en las islas y "obsesionarse con el autogobierno" es mejor reformar y actualizar la ley estatal porque "lo importante es que el litoral canario y sus gentes estén cuidadas".

Carmen Hernández (NC-bc) ha recordado la "lucha histórica" de Juan Pedro Pérez Medina en Ojos de Garza en defensa de los núcleos tradicionales y ha valorado la "tranquilidad" que da que tanto PSOE como PP tengan la voluntad de cambiar la "injusta" ley estatal.

Créditos: https://www.teleprensa.com/articulo/nacional-3/parlamento-canario-pide-modificacion-ley-costas-preservar-nucleos-tradicionales-islas/202604291012372404051.html

El Parlamento de Canarias se suma a la presión de Bruselas y exige a Madrid una reforma profunda de la Ley de Costas

La Cámara autonómica aprueba una iniciativa que reclama modificar la norma de 1988.

María C. -  29 de abril de 2026 a las 15:36

Iniciativa del Parlamento de Canarias

Canarias.– El Pleno del Parlamento de Canarias dio luz verde este martes a una Proposición No de Ley que insta al Gobierno de España a acometer una reforma sustancial de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y no limitarse a una modificación del Reglamento que la desarrolla, como hasta ahora plantea el Ejecutivo central. La iniciativa, presentada por el Grupo Popular y respaldada entre otros por el Grupo Nacionalista Canario, sitúa a la Cámara autonómica en sintonía con la presión que la Unión Europea viene ejerciendo sobre el Estado en esta materia.

El elemento clave del debate, que la propia tramitación parlamentaria reconoció, es el dictamen motivado emitido por la Comisión Europea el 16 de diciembre de 2024, dentro del procedimiento de infracción abierto al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE, conocida como Directiva de Servicios. Bruselas considera que la Ley de Costas española está desfasada y exige una reforma legislativa de calado. La respuesta del Gobierno central, sin embargo, ha consistido hasta la fecha en abrir una modificación del Reglamento de Costas, una vía que las comunidades autónomas con litoral consideran insuficiente y que el Parlamento canario ha calificado expresamente de carente de fundamento.

Consecuencias de la Ley de Costas

La PNL aprobada pone el foco en una de las consecuencias más sensibles de la actual ley: la situación de los conjuntos urbanos costeros tradicionales que, por aplicación del deslinde, han pasado a ser dominio público-terrestre. Se trata de núcleos de población con décadas e incluso siglos de historia, frecuentemente formados por viviendas heredadas, marinerías y pequeños asentamientos pesqueros, que en la actual configuración legal quedan en una situación jurídica precaria. En el caso de Fuerteventura, esta problemática afecta directamente a enclaves como Majanicho, parte del casco antiguo de El Cotillo, Ajuy, Los Molinos, Puertito de los Molinos o Giniginámar, donde generaciones de familias conviven con la incertidumbre derivada de los deslindes y las concesiones administrativas.

El texto aprobado se enmarca, además, en una estrategia coordinada entre las diez comunidades autónomas con litoral, que desde el inicio de la presente legislatura vienen reclamando de forma conjunta una mayor capacidad de gestión sobre sus costas. La argumentación común es que la realidad costera ha cambiado de manera sustancial en los 38 años transcurridos desde la entrada en vigor de la ley, y que la norma debe adaptarse tanto a las particularidades territoriales como a las nuevas exigencias ambientales y urbanísticas.

Reivindicación de competencias

En el caso específico de Canarias, la PNL recoge además una reivindicación de fondo: el desarrollo del artículo 157 del Estatuto de Autonomía, que otorga al Archipiélago competencias plenas en la gestión del litoral. La diputada del Grupo Nacionalista Canario por Fuerteventura Jana González Alonso sostuvo durante el debate que el Decreto de transferencia de competencias 713/2022 se quedó corto, al limitarse a atribuir funciones en lugar de ordenarlas, y reclamó que la asunción plena de estas competencias se incorpore a la Agenda Canaria que el Gobierno autonómico negocia con el Estado. González también puso en valor la reciente creación, por parte del Ejecutivo regional, de una nueva Dirección General específicamente dedicada a la gestión del litoral.

Entre las cuestiones que la Cámara reclama abordar en una eventual reforma figuran los informes preceptivos y vinculantes, el régimen de deslindes y el cobro del canon, mecanismos que, según defendió el Parlamento canario, no deben emplearse para condicionar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas sobre su propio territorio. La iniciativa subraya que cualquier modificación normativa debe contemplar de forma específica las realidades de cada autonomía y dar respuesta jurídica estable a las reclamaciones de los vecinos de los núcleos costeros tradicionales.

Posición política del Parlamento

La aprobación de esta PNL traslada al Congreso y al Gobierno central una posición política que va más allá del consenso autonómico habitual: confluyen en ella el Partido Popular como proponente y Coalición Canaria como apoyo expreso, en línea con las exigencias que ya se le están planteando a España desde la Unión Europea. Queda por ver si esta convergencia institucional se traduce en una reforma legislativa real o si, como hasta ahora, la respuesta del Ejecutivo central se mantiene en el plano reglamentario.

Créditos: https://radioinsular.es/el-parlamento-de-canarias-se-suma-a-la-presion-de-bruselas-y-exige-a-madrid-una-reforma-profunda-de-la-ley-de-costas

El Parlamento de Canarias respalda modificar la ley de Costas para preservar los pueblos costeros tradicionales

29/04/2026

El Parlamento de Canarias da luz verde a una Proposición No de Ley para modificar la ley de costas y mantener los conjuntos urbanos costeros tradicionales que han pasado a ser de dominio público-terrestre, regida por la Ley 22/1988, de 28 julio, de Costas.

La diputada del Grupo Nacionalista Canario (CCa), Jana González Alonso, durante el debate de la iniciativa, a propuesta del Partido Popular, mostró su apoyo a la modificación de esta norma, y, además, advirtió que esta actuación “no debe afrontarse como una renuncia a la defensa íntegra de nuestras competencias en materia de gestión de nuestro litoral”.

La diputada nacionalista consideró que “el actual Gobierno de Canarias demuestra su compromiso en la defensa del autogobierno canario con la creación de una nueva dirección general para la gestión de su litoral”.

En este sentido, valoró que el Ejecutivo autonómico también se encuentra trabajando para incluir, dentro de la agenda canaria que se negocia con el Estado español, la asunción de competencias plenas en dicha materia.

Según explicó Jana González, el Estatuto de Autonomía de Canarias otorga, en su artículo 157, plena autonomía para la gestión del litoral. No obstante, en la posterior negociación del traspaso, el Decreto de transferencia de competencias 713/2022 se limitó “a atribuir funciones de forma errónea, en lugar de ordenarlas como habría sido preceptivo”.

“En esta lucha, Canarias exige al Estado Español que no interfiera en lo que dicta el Estatuto de Autonomía y así mejorar el entendimiento institucional en el marco de las relaciones Canarias – Estado”, manifestó la diputada nacionalista.

Esta cuestión exige, según manifestó la parlamentaria, que los informes preceptivos y vinculantes, los deslindes o el cobro del Canon, entre otros, no sean “una herramienta para encorsetar el autogobierno canario, tutelando y limitando las decisiones desde el territorio”.

Entre las reivindicaciones que se traslada al Gobierno central, se incluye la gestión de los núcleos costeros, que son “el resultado de la historia y pervivencia de nuestro territorio, cargados de valor patrimonial, cultural y sentimental”, insistió la diputada majorera.

Además, Jana González recordó que, desde el inicio de esta legislatura, las 10 comunidades autónomas con litoral han trabajado unidas para reclamar la gestión de sus costas. “Se trata de realidades que han ido cambiando en los últimos 38 años y que deben enmarcarse en una ley moderna, adaptada a la actual realidad y con un marcado carácter autonómico”, agregó.

Asimismo, la diputada insistió en que se trata de una cuestión avalada por la Unión Europea, que emitió el 16 de diciembre de 2024 un dictamen motivado en el marco del procedimiento de infracción abierto al Reino de España por incumplimiento de la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006.

En dicho dictamen, la Comisión considera necesario modificar la Ley de Costas, subrayando la urgencia de la reforma legislativa de una norma ya desfasada. Sin embargo, esta exigencia ha sido respondida por el Estado con el inicio de una modificación del Reglamento de Costas, dejando de lado la reforma de la ley que le da cobertura, una decisión que “carece de fundamento”, apuntó la diputada.

Respecto a ello, Jana González cuestionó que el Estado ignore la necesidad de una modificación sustancial de la ley de costas estatal, que incluya “nuestros espacios litorales con sus realidades actuales”. Para la diputada, esta modificación debe estar adaptada a cada autonomía, y recoger la mejor gestión de cada uno de sus problemas y dotar de un marco legal a las reclamaciones ciudadanas en muchos aspectos.

Para finalizar, Jana González insistió en que cualquier planteamiento que se haga al Estado de modificación de la ley de costas, “debe recoger todas nuestras circunstancias, sin dejar en el camino ninguna de nuestras reclamaciones, con una modificación sustancial y adaptada a nuestro territorio y a los tiempos en que vivimos”.

“Cualquier modificación que se plantee debe basarse en el Estatuto de Autonomía de Canarias y atender al conjunto de nuestras necesidades”, señaló. Jana González apeló al respaldo de todas las fuerzas políticas para “construir una Canarias con decisiones más próximas y adaptadas a la ciudadanía, evitando distorsiones derivadas de enfoques parciales o centrados en un único asunto”.

“Las respuestas adecuadas deben darse desde el autogobierno de Canarias. Queremos dejar claro que estamos de acuerdo con cualquier planteamiento de modificación de la Ley de Costas, pero la solución definitiva para estos núcleos costeros pasa por una gestión plena por parte del Gobierno de Canarias”, concluyó.

Créditos: https://radiosintonia.com/el-parlamento-de-canarias-respalda-modificar-la-ley-de-costas-para-preservar-los-pueblos-costeros-tradicionales/

Unanimidad parlamentaria en Canarias para exigir una reforma urgente de la Ley de Costas

Todos los grupos parlamentarios apoyan pedir al Estado una reforma que aporte seguridad jurídica a los núcleos costeros tradicionales

Maureen Mezari - 29/4/2026 - 14:26 

Consenso político frente a la normativa estatal

El pleno del Parlamento de Canarias ha escenificado este miércoles una inusual unidad de acción. Con el respaldo de todos los grupos, la Cámara ha acordado instar al Gobierno central a modificar la Ley de Costas estatal. El objetivo principal es dotar de "encaje y seguridad jurídica" a los asentamientos costeros tradicionales y diversas infraestructuras de interés público que, debido a los deslindes, han pasado a terrenos de dominio público marítimo-terrestre.

La iniciativa, impulsada originalmente por el Partido Popular, ha logrado sumar los apoyos del resto de formaciones, incluido el PSOE, tras la incorporación de enmiendas. Entre los puntos clave destaca la apuesta por agilizar la tramitación de una Ley de Costas propia de Canarias y la exigencia de que el Estado materialice un "traspaso efectivo" de las competencias transferidas.

El debate: ¿reforma estatal o autogobierno?

Durante la sesión, el debate ha oscilado entre la necesidad de presionar a Madrid y el refuerzo de la gestión autonómica. Jennifer Curbelo (PP) ha defendido que la ley vigente de 1988 no atiende a las "singularidades" de las islas y ha lamentado el "calvario judicial" al que se han visto sometidos los vecinos afectados por órdenes de demolición.

Por su parte, el diputado socialista Rafael Nogales ha matizado que, aunque la reforma estatal es necesaria, el verdadero camino para proteger a los núcleos es la Ley propia que Canarias tiene en fase de anteproyecto desde 2024. Nogales ha insistido en que "no basta con mirar a Madrid" y ha apremiado al Ejecutivo regional a ser más ágil en la gestión de las competencias que ya fueron transferidas a la Comunidad Autónoma.

La sombra de los proyectos polémicos

A pesar del consenso sobre los núcleos tradicionales, el debate ha dejado entrever posturas enfrentadas respecto a grandes proyectos turísticos. Mientras el Parlamento aboga por la protección de asentamientos históricos, siguen vigentes los conflictos judiciales por infraestructuras de gran impacto.

El Gobierno regional se enfrenta actualmente a nuevos pleitos con el Ministerio para la Transición Ecológica por proyectos de remodelación —como el del Beach Club de San Agustín o las concesiones en hoteles de Fuerteventura—, donde el Ejecutivo central exige el cumplimiento de sentencias de demolición que el Gobierno canario intenta recurrir o modificar, argumentando la defensa del autogobierno y de la planta alojativa.

Créditos: https://www.libertaddigital.com/canarias/2026-04-29/unanimidad-parlamentaria-en-canarias-para-exigir-una-reforma-urgente-de-la-ley-de-costas-1b-7396457/