ASOCIACIÓN: Populismo, emotividad y Ley de Costas

Populismo, emotividad y Ley de Costas

Lo que estamos viendo estos días con el llamado Real Decreto «Mari Carmen» responde, a nuestro juicio, a una estrategia política que guarda muchas similitudes con la que se ha utilizado durante décadas en relación con nuestras viviendas en el litoral.

El mecanismo es sencillo: se introduce el factor emotivo en el debate político hasta convertir cuestiones complejas en una confrontación entre buenos y malos, entre quienes merecen protección y quienes supuestamente no la necesitan. Y cuando el debate se plantea así, resulta mucho más difícil analizar serenamente la necesidad, proporcionalidad y consecuencias de las medidas que se aprueban.

No cuestionamos que el Estado deba proteger el litoral, prevenir inundaciones y preservar el medio ambiente. Todo ello es legítimo y necesario. Lo que cuestionamos es que, bajo la cobertura de objetivos indiscutibles, puedan imponerse cargas desproporcionadas a determinados ciudadanos sin estudiar suficientemente otras alternativas.

La dialéctica de ricos contra pobres, segunda residencia contra primera residencia, señoritos adinerados contra trabajadores o propietarios contra inquilinos resulta políticamente muy eficaz. Pero tener una vivienda en la costa no convierte automáticamente a su propietario en rico, privilegiado o especulador. Detrás de muchas de esas viviendas hay familias que las adquirieron con sus ahorros, heredaron de sus padres o llevan generaciones vinculadas al litoral.

Por eso publicamos recientemente un estudio comparado sobre el tratamiento que reciben los propietarios de las zonas costeras en diferentes Estados europeos. El resultado pone de manifiesto las consecuencias especialmente gravosas que puede tener en España la delimitación del dominio público marítimo-terrestre para determinados propietarios.

La pregunta que debemos hacernos es muy sencilla:

¿Es razonable que una persona pueda perder la titularidad de una vivienda que durante décadas ha figurado como propiedad privada, en muchos casos adquirida de buena fe y amparada por el planeamiento y las autorizaciones existentes, sin recibir una compensación equivalente al valor que pierde?

Esta situación quedó marcada por la Ley de Costas de 1988 y por la posterior asombrosa Sentencia 149/1991 del Tribunal Constitucional, que avaló la constitucionalidad de buena parte de aquel régimen. Pero que una norma haya superado un control de constitucionalidad no significa que sus consecuencias no puedan ser revisadas, reformadas o mejoradas con un Real decreto Ley como el de Mari Carmen, por ejemplo.

Después de casi cuarenta años, seguimos echando en falta un debate profundo sobre cuestiones como la compensación económica a valor de mercado, la revisión de deslindes técnicamente discutibles, la responsabilidad patrimonial o el tratamiento de los núcleos urbanos consolidados.

¿Por qué resulta tan difícil plantear estas cuestiones sin que inmediatamente se presente a los afectados como un colectivo privilegiado?

En España se ha extendido una forma de populismo que consiste en identificar a determinados grupos como privilegiados y convertirlos en destinatarios de sacrificios que quizá no aceptaríamos con la misma facilidad si se tratara de otros ciudadanos.

Pero la solidaridad no puede consistir en proteger únicamente a quien puede ser presentado como vulnerable. La política y la justicia también deben proteger a quien, por las circunstancias del momento, resulta impopular o inconveniente defender.

La protección del litoral, la prevención de inundaciones y la defensa del medio ambiente son perfectamente compatibles con la defensa de los derechos patrimoniales de los ciudadanos y con su seguridad juridíca.

Defender la costa y defender a sus habitantes no son objetivos incompatibles.

Lo que reclamamos es simplemente que las leyes sean proporcionadas, que las decisiones estén técnicamente justificadas, que se escuche a los afectados y que, cuando el interés general exige que un ciudadano pierda legítimamente un bien que era de su propiedad, el coste de esa decisión no recaiga exclusivamente sobre él.

Porque proteger el litoral no puede significar que unas familias tengan que pagar, ellas solas, el precio de una política que beneficia al conjunto de la sociedad.

Hay mucha Mari Carmen en la costa a la que se le expolia su propiedad. Un Real Decreto Ley lo solucionaría.