La Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir las normas de la UE sobre la responsabilidad del Estado por los incumplimientos del Derecho de la Unión
La Comisión decide llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por incumplir las normas de la UE sobre la responsabilidad del Estado por los incumplimientos del Derecho de la Unión
La Comisión Europea ha decidido hoy llevar a España [INFR(2017)4004] ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por no haber ejecutado la sentencia del Tribunal de Justicia, de 28 de junio de 2022, en el asunto C-278/20, relativo a la responsabilidad del Estado por incumplimiento del Derecho de la Unión. La responsabilidad del Estado es un principio importante del Derecho de la Unión Europea que establece la indemnización por las pérdidas o daños causados a los particulares por el legislador mediante infracciones del Derecho de la Unión. En junio de 2022, el Tribunal dictaminó que las normas españolas hacían demasiado difícil para los particulares recibir una indemnización por los daños causados por el Estado al adoptar legislación contraria al Derecho de la Unión.
En 2015, la Comisión recibió denuncias relativas a la incompatibilidad de determinados aspectos de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con el Derecho de la Unión. La Comisión incoó un procedimiento de infracción en junio de 2017. España no adoptó ninguna modificación de su legislación, ni siquiera tras el dictamen motivado de la Comisión de enero de 2018. Por tanto, la Comisión decidió llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE en noviembre de 2019. En su sentencia de 28 de junio de 2022, el Tribunal confirmó la posición de la Comisión de que España había infringido el Derecho de la Unión.
En virtud del Derecho de la Unión, los Estados miembros están legalmente obligados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal de Justicia a la mayor brevedad. Puesto que España no ejecutó la sentencia del Tribunal en su ordenamiento jurídico, la Comisión envió una carta de emplazamiento en diciembre de 2025. Tras nuevos intercambios con las autoridades españolas, la sentencia aún no se ha ejecutado y sigue pendiente ante el Parlamento español un proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones legislativas impugnadas.
En consecuencia, la Comisión lleva a España ante el Tribunal de Justicia de la UE. Si el Tribunal de Justicia dictaminara que España no ha dado cumplimiento a su sentencia, podrá imponer una suma a tanto alzado o una multa coercitiva diaria, o ambas cosas.
Antecedentes
El principio de efectividad exige que las normas nacionales no hagan imposible o excesivamente difícil el ejercicio, por parte de los particulares, de los derechos que les confiere el Derecho de la Unión.
En su sentencia de 28 de junio de 2022 en el asunto C-278/20, el Tribunal de Justicia dictaminó, en consonancia con la posición de la Comisión, que determinadas normas españolas que regulan las reclamaciones de indemnización por los daños causados por infracciones del Derecho de la Unión por parte del legislador español imponían condiciones y limitaciones que hacían excesivamente difícil para los particulares obtener dicha indemnización.
Más información
Procedimiento de infracción de la UE
Base de datos de las decisiones sobre infracciones y mapa y gráficos de infracciones
Ciclo de procedimientos de infracción (octubre de 2026)
Fuente: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_26_1910
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Bruselas denunciará otra vez a España ante la justicia europea por la dificultad de reclamar indemnizaciones al Estado
La Comisión reprocha al Gobierno español que no haya cumplido una sentencia del TJUE de 2022
Raquel Pascual Cortés - Madrid - 01 OCT 2026 - 19:12 CEST
Bruselas volverá a denunciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por incumplir la normativa comunitaria en materia de responsabilidad patrimonial del Estado. Esta se produce cuando se reclaman al Estado indemnizaciones por pérdidas o daños causados a los particulares porque el legislador haya infringido el derecho comunitario. En junio de 2022 el TJUE ya sentenció que las normas españolas hacían demasiado difícil para los particulares recibir una indemnización por los daños causados por el Estado al no cumplir las normas de derecho de la Unión, pero el Gobierno español no rectificó su legislación. Ahora, la Comisión ha anunciado este jueves que ha decidido volver a denunciar a España por esta cuestión.
Entre las consecuencias para España de que que el TJUE dictamine finalmente que no ha dado cumplimiento a su sentencia figuran posibles sanciones en forma de una suma a tanto alzado, una multa coercitiva diaria o ambas cosas. La sentencia que recoja estos posibles castigos económicos para España no será inmediata, sino que podría tardar del orden de un año o más en dictarse.
Este tipo de reclamaciones por responsabilidades patrimoniales suelen tener su origen en normas impugnadas, generalmente de carácter tributario. Pero si España flexibilizara el acceso a este tipo de indemnizaciones, en respuesta a una nueva sentencia condenatoria del TJUE, estas compensaciones podrían extenderse a otros ámbitos, como el del abuso de la temporalidad en el sector público, según fuentes jurídicas que llevan casos de interinos que llevan años encadenando contratos temporales en las administraciones españolas.
Desde la Comisión han explicado este jueves que recibieron las primeras quejas contra España por este conflicto en 2015 denunciando el Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas por ser supuestamente contrarias al derecho comunitario. Bruselas abrió un procedimiento de infracción en junio 2017, “pero España no adoptó ninguna modificación de su legislación, ni siquiera tras el dictamen motivado de la Comisión de enero de 2018″, ha señalado el Ejecutivo europeo. Posteriormente, decidieron llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE en noviembre de 2019. En su sentencia de 28 de junio de 2022, el Tribunal confirmó la posición de la Comisión de que España había infringido el derecho de la Unión.
Acto seguido, el Gobierno comunitario ha recordado que los Estados miembros están legalmente obligados a adoptar las medidas necesarias para dar cumplimiento a las sentencias del TJUE, “a la mayor brevedad”, según el comunicado publicado este jueves por la Comisión. Pero dado que España siguió sin adoptar dichas medidas correctoras en su legislación, Bruselas volvió a enviar al Gobierno español una carta de emplazamiento en diciembre de 2025. “Tras nuevos intercambios con las autoridades españolas, la sentencia aún no se ha ejecutado y sigue pendiente ante el Parlamento español un proyecto de ley por el que se modifican las disposiciones legislativas impugnadas”, continúa el comunicado donde se anuncian las acciones legales contra España.
Fuente: https://elpais.com/economia/2026-10-01/bruselas-denunciara-otra-vez-a-espana-ante-la-justicia-europea-por-la-dificultad-de-reclamar-indemnizaciones-al-estado.html
https://es.euronews.com/2026/10/01/bruselas-lleva-nuevo-espana-ante-tjue-por-ejecutar-una-sentencia-sobre-indemnizaciones
https://efe.com/euro-efe/2026-10-01/tjue-espana/
https://www.europapress.es/economia/finanzas-00340/noticia-bruselas-da-ultimatum-espana-adaptar-normas-europeas-creditos-consumo-20261001132708.html
https://confilegal.com/20261001-espana-de-nuevo-ante-el-tjue-por-infringir-la-norma-europea-sobre-indemnizaciones-a-los-ciudadanos/
https://www.moncloa.com/2026/10/02/tjue-indemnizacion-estado-responsabilidad-patrimonial-3441448/
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