Afectados por la Ley de Costas califican de «política» la decisión del Tribunal Constitucional

Desde la Generalitat se señala que el Gobierno cree que está atacando al Consell cuando «lo hace a miles de familias»

Juan Sanchis - Valencia  - 24/10/2026 Actualizado a las 01:53h.

La sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Costas anulando algunos artículos que servían para frenar los deslindes que está promoviendo el Gobierno han levantado las alarmas entre los afectados que han llegado a calificar la decisión de estar movida por motivos políticos y no judiciales.

El frente más caliente que se ha abierto se encuentra en la playa Babilonia de Guardamar del Segura donde los afectados temen que se proceda a los derribos del núcleo de casitas. El Ministerio para la Transición Ecológica paralizó in extremis el pasado septiembre las demoliciones ante la declaración del complejo como núcleo urbano de valor etnológico por parte de la Generalitat.

Ahora, la sentencia del Constitucional ha anulado esta la aplicación de esta figura si infiere en las competencias estatales por lo que las puertas están abiertas para el derribo.

Desde la asociación de vecinos de la playa de Guardamar se ha señalado que «lamentan esta decisión del Gobierno y del Tribunal que creemos que responde más a valoraciones políticas que jurídicas». Para esta entidad, la declaración de núcleos etnológicos es una competencia de la Generalitat «y un artículo de una ley que se ha armado con todas las garantías legales».

Han añadido que «sobre todo sorprende el empeño de este Gobierno en echar a familias de sus casas y en derribar viviendas y no poner empeño en la protección del Medio Ambiente y el grave problema que tienen las playas de Guardamar y en general de toda la Comunitat Valenciana».

Consideran que el problema de la costa «no es las personas y familias que vivimos en ella sino la falta de inversiones y mantenimiento que llevan a estas consecuencias». Reclaman que se haga una inversión real «y una buena gestión de la costa».

Han destacado que sorprende que se haga en estos momentos en un país en el que existe una grave crisis de la vivienda y «nos encontramos con que en España hay 88.000 viviendas que con este problema podrían venirse al suelo». Piensan que la actual ley de Costas ha perdido todo su sentido «y que no responde a la realidad de la costa española.»

Como reconocía la Generalitat, el camino que queda ahora es reformar la ley de Costas nacional como proponen la mayor parte de comunidades autónomas del litoral español. Recuerdan que la sentencia no prohíbe los núcleos etnológicos y su preservación de los deslindes sino que estos tienen que ser aplicados por el Gobierno central.

En este sentido, fuentes del Consell han señalado que se analizarán «todas las vías jurídicas para proteger los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico. Una vez más, los medios de comunicación han conocido la decisión antes que la propia Generalitat Valenciana. No se ha recibido la sentencia pero que se haya hecho público que hay cuatro votos particulares abre vías para futuras actuaciones».

Además, insisten en que «el Gobierno cree que ataca a la Generalitat pero en realidad lo hace a miles de familias. Detrás de cada núcleo etnológico hay hogares, historia e identidad. No hablamos de privilegios, sino de proteger viviendas y preservar nuestro patrimonio. El Gobierno debería explicar por qué no busca soluciones para estos vecinos».

Las mismas fuentes señalan que «mientras miles de familias viven bajo la incertidumbre de los deslindes y las concesiones, el Ministerio sigue sin ofrecer soluciones que les garanticen seguridad jurídica. El Gobierno que dice preocuparse por la vivienda es el mismo que mantiene a miles de vecinos de la costa bajo la amenaza de perder sus hogares».

Recuerdan que la mesa del Congreso mantiene bloqueada desde marzo de 2024 «La reforma de la Ley de Costas no llegó a votarse porque la Mesa del Congreso, presidida por Francina Armengol, no encontró hueco en el orden del día», han precisado.

Por otro lado, el alcalde de Moncofa y ponente de la ley en Les Corts, Wences Alós Valls, ha calificado de «grave revés» la sentencia del pleno del Tribunal Constitucional que declara inconstitucionales varios de los preceptos fundamentales de la normativa autonómica. La resolución responde al recurso presentado por el Gobierno central contra una ley que pretendía, entre otros objetivos, facilitar la conservación de las históricas viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, Morro de Gos en Oropesa y los poblados marítimos de Moncofa y Nules, entre otros.

Alós Valls considera que la decisión judicial pone de manifiesto la «clara voluntad de derribo» del Ejecutivo de Pedro Sánchez, al haber sido el propio Gobierno quien recurrió los mecanismos legales impulsados desde la Generalitat para proteger los poblados marítimos. En este sentido, ha censurado que la anulación de determinados artículos de la normativa valenciana suponga la desaparición de una de las principales vías de protección de las que disponían estas viviendas frente a las órdenes de demolición.

Asimismo, el ponente ha criticado duramente las formas del Ejecutivo central al gestionar la resolución judicial: «Lamentamos que nos tengamos que enterar de la sentencia a través de los medios de comunicación, sin haberla hecho llegar todavía ni a la Generalitat ni a las poblaciones afectadas; pero sí han tenido la preocupación de trasladarlo a la prensa, lo que por desgracia es la forma recurrente de actuar del actual Gobierno».

La líder del PSPV, Diana Morant, ha celebrado el «varapalo» del Tribunal Constitucional (TC) a la Ley de Costa de la Comunitat Valenciana, una norma que ha denunciado que «pretende depredar el territorio porque ahí es donde va la pasta».

Morant ha destacado que la decisión del Constitucional supone «otro varapalo para el Consell y otra buena noticia para los valencianos», al tiempo que ha criticado que esta norma «planteaba permitir volver a urbanizar y a construir en zonas inundables como las playas»: «Volver a caer en los errores del pasado».

Por su lado, , el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez (PSPV), ha celebrado la decisión del TC y ha indicado que el Ayuntamiento busca que se recupere «medioambientalmente» esa zona para que los vecinos puedan disfrutar de «una playa en condiciones».

En declaraciones a Europa Press, ha resaltado que «si para ello tienen que derribar» las casas ubicadas en la playa de Babilonia, «que lo hagan cuanto antes». Además, ha explicado que llevan «más de ocho años» pendientes de este asunto, desde que en 2018 Costas le trasladó al consistorio y a los vecinos la intención de no renovar las concesiones de estas viviendas.

Fuente: https://www.lasprovincias.es/comunitat/afectados-ley-costas-califican-politica-decision-tribunal-20261023015354-nt.html

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El Tribunal Constitucional tumba el articulado de la ley de Costas Valenciana que salvaba las casas de Babilonia de Guardamar del derribo

El fallo invalida la declaración de las viviendas de la playa guardamarenca como núcleo de especial valor etnológico y concluye que la protección autonómica no puede impedir al Estado actuar sobre el dominio público donde ya había fijado la extinción de concesiones

D. Pamies - Guardamar del Segura22 OCT 2026 18:28

Actualizada 22 OCT 2026 23:08

El Tribunal Constitucional ha invalidado los principales preceptos de la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana que habían servido de cobertura para intentar proteger las casas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura, frente a su demolición. La resolución, hecha pública por el Alto Tribunal con un comunicado, podría darle la puntilla definitiva a la hilera de unas sesenta viviendas construidas a principios del siglo XX sobre la playa que carecen de concesión desde 2018.

Los residentes en estas casas -la mayoría de ellos estacionales y algunas familias residentes todo el año- llevan años reivindicando a la administración medidas legales y de inversión sobre el terreno para evitar la regresión de la playa con el objetivo de que las viviendas singulares se mantengan en pie y prorrogar las concesiones.

El pleno del alto tribunal ha estimado el recurso de inconstitucionalidad presentado por el presidente del Gobierno contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de esa Ley valenciana vigente desde mayo de 2025.

Incidencia directa

La resolución tiene incidencia directa sobre el conflicto de las viviendas de Babilonia, cuyas demoliciones habían sido ordenadas mediante resoluciones judiciales firmes y permanecían pendientes de ejecución desde mayo de 2025. El derribo fue aplazado a mediados de septiembre de ese año y finalmente quedó suspendido por el recurso de inconstitucionalidad.

El artículo 17 de la norma autonómica permitió abrir el procedimiento para declarar este conjunto de casas levantadas sobre la misma arena en las primeras décadas del pasado siglo como núcleo urbano con especial valor etnológico, una figura con la que la Generalitat trató de dotar de protección este enclave.

El Constitucional concluye ahora que esta protección autonómica no puede limitar las competencias que corresponden al Estado sobre los terrenos que forman parte del dominio público marítimo-terrestre.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán Huertas, analiza expresamente las alegaciones de la Abogacía del Estado sobre las viviendas de la playa de Babilonia. No obstante, el tribunal precisa que un recurso de inconstitucionalidad tiene como finalidad realizar un control abstracto de las normas y no determinar cuáles fueron las intenciones del legislador al aprobarlas.

La protección etnológica no puede frenar las competencias de Costas

El fallo declara inconstitucionales el artículo 17 y la disposición final primera en aquellos casos en los que se apliquen a bienes situados dentro del dominio público marítimo-terrestre.

El Constitucional reconoce que la Comunidad Valenciana tiene competencias para proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de los núcleos urbanos de su litoral, incluso cuando se encuentren sobre terrenos de dominio público estatal. El límite, según establece la sentencia, aparece cuando esa protección condiciona o impide al Estado ejercer las facultades que le atribuye la legislación de Costas.

La Ley valenciana no se limitaba a reconocer los valores etnológicos de estos enclaves, sino que permitía aprobar planes especiales destinados a su conservación y someterlos al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano. Este régimen conlleva obligaciones de conservación y restricciones a la demolición de los inmuebles.

Para el Constitucional, cuando esas medidas recaen sobre terrenos de dominio público marítimo-terrestre pueden impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para recuperar y proteger estos espacios. Es precisamente esta situación la que afecta a las casas de Babilonia, situadas en primera línea de costa y sobre las que existen resoluciones firmes que avalan la extinción de las concesiones y su posterior demolición.

Pese a declarar inconstitucionales ambos preceptos en estos supuestos, el tribunal no los anula por completo. El artículo 17 y la disposición final primera podrán continuar aplicándose en otros espacios del litoral valenciano siempre que no interfieran en las competencias estatales sobre el dominio público marítimo-terrestre. Es decir, para casos como El Pinet, en el litoral de Elche, donde las concesiones siguen vigentes, no se aplica.

¿Por qué no tienen concesión?

El Constitucional no va al origen del conflicto. La mayoría de concesionarios de las casas pidieron la prórroga de las concesiones que se extinguían en 2018. Pero el Estado las denegó. Fueron los propios residentes los que tuvieron que reclamarlas ante la Audiencia Nacional y perdieron.

El Ministerio para la Transición Ecológica esgrimió varios estudios del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) que, por una parte, alertaban de que la regresión de la línea de la playa constatada científicamente desde hace más de ochenta años por la ausencia de sedimentos del Segura, acelerada considerablemente en las últimas décadas, ponían en serio peligro no solo las casas sino también a sus moradores. En segundo lugar, consideran que las propias casas ejercen un efecto barrera para permitir la regeneración de la playa y el cordón dunar de la pinada.

El espigón

Los afectados por la orden de derribo llevan casi diez años manteniendo con actos reivindicativos y una batalla legal constante que la regresión es fruto del impacto del espigón de la desembocadura del Segura, construido en los años 90 con las obras de defensa contra inundaciones.

Según remarcan existen estudios que avalan que la orientación del espigón disipa los sedimentos que arrastra el río en sus avenidas hacia el norte cuando la dinámica marina natural era su depósito al sur, a la playa de Babilonia. Costas ha impedido que los residentes puedan llevar a cabo obras de reparación y defensa después de cada nuevo temporal. Algunas de las casas han caído con ese oleaje, como fue el caso tras la borrasca Gloria en enero de 2020.

Decreto ley

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, aseguró en la vista que realizó a Guardamar el pasado 22 de septiembre que la Generalitat tiene ya preparado un decreto ley para reaccionar si el Tribunal Constitucional toma una decisión. En ese supuesto, aseguró que el Consell desarrollaría inmediatamente la figura específica de los núcleos urbanos de especial valor etnológico. Aunque Martínez Mus no afirmó expresamente que el decreto ley se aprobaría si el Constitucional anula definitivamente la protección de las viviendas, sino si levanta la suspensión cautelar que ahora impide aplicarla plenamente, con lo que el anuncio de la Generalitat quedaría en el aire ahora porque la decisión del Constitucional es firme para el caso concreto de Guardamar.

Anulado también el inventario de terrenos degradados

Corre la misma suerte el precepto que permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados, incluido espacios pertenecientes al dominio público marítimo-terrestre, anulando en este caso todo el artículo. El tribunal considera que esa facultad va más allá de una mera recopilación de información porque permitiría a la Administración autonómica identificar y calificar terrenos en función de una posible pérdida de las características que justifican su pertenencia al dominio público.

Tal decisión, concluye la sentencia, corresponde exclusivamente al Estado, Administración competente para delimitar el dominio público marítimo-terrestre y decidir sobre el deslinde o una eventual desafectación de esos terrenos.

El pronunciamiento deja así sin la cobertura prevista en estos artículos de la Ley autonómica el intento de proteger las casas de Babilonia mediante su reconocimiento como núcleo de especial valor etnológico, mientras siguen pendientes de ejecución las resoluciones judiciales que ordenan su demolición. Los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y José María Macías Castaño han anunciado la formulación de un voto particular.

Fuente: https://www.informacion.es/vega-baja/2026/10/22/tribunal-constitucional-tumba-ley-costas-guardamar-del-segura-babilonia-135640065.html