MURCIA - La Región solicita formalmente las competencias de Costas para agilizar permisos y concesiones

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La Región solicita formalmente las competencias de Costas para agilizar permisos y concesiones

La Comunidad envía una carta al Ministerio de Política Territorial con el fin de iniciar las negociaciones del traspaso en la comisión bilateral

David Gómez - Murcia - 12/09/2026 a las 00:37h.

El Gobierno de la Región de Murcia solicitó formalmente el pasado 4 de septiembre al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática la transferencia completa de las competencias de Costas, de forma que la gestión completa y homogénea de los más de 250 kilómetros de litoral con los que cuenta la Región quede en manos de la Comunidad.

Fuentes del Ejecutivo regional presidido por Fernando López Miras señalan que, concretamente, lo que se ha pedido al Ministerio es la reunión de la Comisión Mixta de Transferencias entre el Estado y la Comunidad con el objetivo de iniciar lo antes posible las negociaciones que desemboquen en el traspaso de competencias, que ya tienen transferidas en su totalidad otras comunidades autónomas como Galicia y País Vasco. Desde la Comunidad entienden que no habrá problema para llevar a cabo la cesión de atribuciones, puesto que de lo contrario se trataría de «una discriminación» con respecto a otras autonomías. En cualquier caso, el proceso de negociación llevará su tiempo, hasta alcanzar un acuerdo definitivo, si es que se consigue.

Desde la Administración autonómica justifican que, con esta solicitud, se está atendiendo a las demandas del sector turístico regional, que en varias ocasiones se ha quejado de que el hecho de que la gestión de los 250 kilómetros de costas de la Región dependa del Gobierno de España hace que los procedimientos sean más lentos, con mayores trabas burocráticas y mucho menos ágiles. También las patronales empresariales y los alcaldes lo han reivindicado.

De esta forma, el planteamiento que tiene en mente el Gobierno regional para abordar la cesión de las competencias de Costas es muy similar a lo que se hizo en el País Vasco a finales del año 2024. En este caso concreto, se cedió a la Administración autonómica la capacidad de tramitar, otorgar y vigilar las autorizaciones para usos de temporada en playas, fondeos e instalaciones desmontables, así como de gestionar las concesiones demaniales para vertidos, acuicultura y actividades mineras o energéticas, según recogió el acuerdo publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El paquete competencial otorgado al ejecutivo del lehendakari Imanol Pradales incluía también la capacidad autonómica para sancionar los incumplimientos en estas materias, así como para administrar un registro propio de concesiones y ejecutar obras en la costa que no estuviesen declaradas de interés general.

La reivindicación parte del sector empresarial y de los ayuntamientos con el fin de que los procedimientos administrativos no sean tan lentos

Galicia y País Vasco ya disponen de estas atribuciones, con lo que el Gobierno regional cree que no dárselas sería una discriminación

En cambio, en el caso vasco la cesión no fue completa y la Administración General del Estado retuvo competencias clave, especialmente en el terreno económico y de soberanía. De este modo, el Gobierno central se reservó en exclusiva la fijación, titularidad y recaudación de los cánones por el uso del dominio público marítimo-terrestre, permitiendo al gobierno autonómico establecer y cobrar sus propios gravámenes paralelos por la explotación económica de dichas actividades. Además, el Estado conservó una salvaguarda fundamental: la potestad de rescatar cualquier concesión si concurren razones imperativas de interés general vinculadas a sus competencias estatales.

El Gobierno de Fernando López Miras confía en que un hipotético traslado de competencias ayude a «gestionar de manera ágil cualquier autorización que tenga ver con el desarrollo de alguna actividad» o actuaciones que supongan una mejora en la accesibilidad a las playas, en la seguridad de las personas o del entorno y aquellas que generen «un alto valor de forma responsable con el medio ambiente».

En ese sentido, comentan desde el Ejecutivo regional que, en los últimos tiempos, se han apreciado errores en la uniformidad de criterios para autorizaciones como la regeneración de las playas tras el paso de un temporal, como en el caso de los desperfectos causados en el litoral de Santiago de la Ribera tras la dana Alice, que provocaron desavenencias entre el Ayuntamiento de San Javier, gobernado por el popular José Miguel Luengo, y la Demarcación de Costas del Estado.

Intentos fallidos en la reforma del Estatuto

La asunción de las competencias de costas es una vieja aspiración de la Comunidad, que lo ha intentado en varias ocasiones, sin llegar a concretarse. El expresidente Pedro Antonio Sánchez propuso en 2016 una reforma del Estatuto de Autonomía para incluir estas competencias, pero finalmente no alcanzó consenso parlamentario para llevar a cabo su propósito. Estas delegaciones sobre el litoral sí que se incluyeron en la reforma estatutaria que PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos pactaron en 2019. Sin embargo, el nuevo Estatuto descarriló dos años después, en 2021, durante su tramitación en el Congreso de los Diputados, aunque por cuestiones ajenas a las competencias de costas.

Desde la Comunidad Autónoma insisten en que un traspaso de competencias costeras conllevaría «una gestión más eficiente, próxima y ajustada a la realidad específica del litoral» y agilizaría, por ejemplo, la instalación de rampas de acceso para embarcaciones en la Región de Murcia con la finalidad de evitar fondeos ilegales. Los ayuntamientos de la Región de Murcia, según explican desde el Ejecutivo, se están encontrando hasta ahora con la «rigidez» de la Administración central para obtener permisos.

Por otra parte, el que más beneficiado saldría sería el servicio de playas, ya que, según fuentes del Gobierno regional, se facilitarían «concesiones en donde fuera posible, de mayor plazo que las autorizaciones, que permitirán mejorar las instalaciones, ya que darían más seguridad jurídica a los interesados».

Frente común

En ese sentido, cabe recordar que la Región de Murcia forma parte de un frente común junto a otras comunidades autónomas para exigir la cesión de estas competencias de costas, ya que «las decisiones sobre la gestión del litoral no se pueden tomar a 500 kilómetros del mar», según afirmó el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, durante su participación en la II Cumbre Nacional del Litoral, celebrada en Valencia el pasado marzo.

Los asistentes a la cumbre, que congregó a los responsables autonómicos de Litoral de Andalucía, Baleares, Canarias, Cantabria, Galicia, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, acordaron un manifiesto para solicitar una nueva Ley de Costas de ámbito nacional que actualice el marco normativo vigente y reordene las competencias entre administraciones para reivindicar una gestión del litoral más cercana al territorio, a la vez que rechazaron la modificación del Reglamento General de Costas y la modificación del Reglamento de Estrategias Marítimas.

Precisamente la iniciativa de estas comunidades tenía como trasfondo el temor a que la reforma del Reglamento de Costas endureciera las condiciones para cualquier negocio que quiera instalarse en suelo estatal. En ese sentido, Bruselas abrió un expediente sancionador a España por cómo gestiona las autorizaciones y prórrogas para la ocupación de estos terrenos, y evitar una sanción pasa por cambiar este documento.

«La burocracia a veces dificulta la toma de decisiones en el Mar Menor»

Uno de los mayores defensores de que la Comunidad asuma las competencias de Costas es el alcalde socialista de Los Alcázares, Mario Pérez Cervera, uno de los puntales del PSOE en la Región de Murcia. El pasado mes de julio, el regidor exigió al presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que iniciara formalmente los trámites para el traspaso de atribuciones. Además, Mario Pérez Cervera lo hacía con la bandera de la protección del Mar Menor. «Es necesario evitar esa burocracia que en ocasiones dificulta tanto la toma de acciones e iniciativas en beneficio y en defensa del Mar Menor», señaló el alcalde de Los Alcázares durante una comparecencia en el Ayuntamiento.

«Supone una gran dificultad garantizar iniciativas dirigidas a la sostenibilidad en nuestras playas y en el Mar Menor teniendo en cuenta que las competencias están distribuidas entre distintas administraciones», insistió. «Quiero exigir al Gobierno regional que solicite formalmente las competencias de Costas al Gobierno de España, de manera que sean asumidas por la misma administración, con el objetivo de ser más eficaces y eficientes en la toma de decisiones, como pasa en otras comunidades autónomas como Galicia», reiteró el alcalde, en el marco de un curso de verano organizado por la UPCT en el municipio.

Del mismo modo, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, reunió a los regidores de la comarca (San Pedro del Pinatar, San Javier, Los Alcázares y Torre Pacheco) para reivindicar la transferencia de las competencias de Costas a la Comunidad Autónoma, con el objetivo de otorgar a los ayuntamientos la capacidad de decidir sobre su propio entorno para agilizar servicios y dar seguridad jurídica a sectores estratégicos.

Por otro lado, la patronal empresarial cartagenera Coec lleva años reivindicando, junto a los alcaldes, que las competencias de Costas pasen al ámbito autonómico, con el propósito de agilizar trámites y burocracia que lastran el crecimiento de la comarca.

Fuente: https://www.laverdad.es/murcia/region-solicita-formalmente-competencias-costas-agilizar-permisos-20260911003713-nt.html?ref=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F