PRENSA: Sánchez quiere derribar 86.000 casas en la costa por el cambio climático: «Basta con que llegue un poco de arena»

Manuel López, portavoz de Somos Mediterrania, revela a El Debate que la intención del Gobierno es que «bastaría con que llegue una ola, una salpicadura o existiera arena, incluso bajo tierra, para considerar ese terreno dominio público, y por tanto usurparlo y derribarlo»

María Curiel - 09 jul. 2026 - 04:30

La Ley de Costas del Gobierno de Pedro Sánchez no da tregua a los vecinos del litoral español. Según ha denunciado recientemente el senador del PP Francisco Bernabé en una sesión plenaria de la Cámara Alta, la intención del Ejecutivo central es derribar 86.426 viviendas en toda España.

Esto significa que lugares como Cabo de Palos (Murcia) o enclaves de las costas de Baleares, Cantabria o Valencia tendrán que ver en los próximos meses cómo el Ministerio de Transición Ecológica tira abajo sus casas en pos de la protección de las costas y con el cambio climático como bandera.

Es por esto que el Partido Popular ha llevado a las Cortes por cuarta vez en lo que va de legislatura la «injusta» Ley de Costas del Gobierno de Sánchez, para continuar con su cruzada contra esta norma que afecta a la vida de decenas de miles de españoles.

«Estamos hablando de familias que compraron sus viviendas de una forma totalmente legal hace ya muchas décadas y que están viendo cómo ahora el Gobierno socialista no quiere respetar ni la propiedad privada ni el principio de seguridad jurídica, pues les quieren privar de sus propiedades sin darles absolutamente nada a cambio», sostiene el parlamentario.

Por su parte, Manuel López, portavoz del movimiento cívico Somos Mediterrania, que agrupa a más de 50 asociaciones, ha declarado en conversación con El Debate que el dato aportado por el PP tan solo es «una primera aproximación» y que la cifra de afectados podría ser mucho mayor.

Recuerda en conversación con este medio que es cierto que España debe modificar la legislación porque la Unión Europea exige que las concesiones no se prorroguen automáticamente, sino que, una vez extinguidas, vuelvan a salir a concurso para garantizar la libre competencia; sin embargo, aclara que «el problema es que el Gobierno quiere aprovechar esa obligación para introducir otros cambios que ya intentó aprobar en 2022 y que el Tribunal Supremo anuló», entre los que se incluyen estas expropiaciones.

Asimismo, revela que el polémico Reglamento de Costas de 2022 se aprobó sin información pública ni consulta previa. «El 2 de agosto apareció publicado en el BOE sin que nadie hubiera podido participar en su elaboración», señala. Asimismo, relata que la intención del Gobierno es que «basta con que llegara una ola, una salpicadura o existiera arena, incluso bajo tierra, para considerar ese terreno dominio público, y por tanto usurparlo y derribarlo».

Las vías legales de los vecinos

Explica, además, que el Ministerio de Transición Ecológica pretendía, por ejemplo, demoler las casas de Babilonia, en Comunidad Valenciana, el pasado 15 de septiembre, pero la Generalitat aprobó una ley de protección del litoral que considera estos núcleos tradicionales como patrimonio etnológico.

«Gracias a esa norma se paralizaron los derribos. Sin embargo, el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional precisamente el artículo que protege esos núcleos históricos. Estamos pendientes de lo que decida», asegura López.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha admitido una revisión extraordinaria del caso de Babilonia. «Cuando solicitamos la prórroga de las concesiones, Costas la denegó alegando el mal estado de la playa. Posteriormente, aparecieron estudios internos del propio Ministerio que advertían de que las obras realizadas en la desembocadura del Segura provocarían precisamente la pérdida de arena», apunta.

El problema de la Ley de Costas

La Ley de Costas de 1988 acumuló miles de quejas en toda España y llegó hasta la Comisión Europea. El Parlamento Europeo resolvió en contra del Estado español y expuso que la ley era arbitraria, que no protegía el medio ambiente y que debía reformarse. Esa reforma llegó en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy, dando oxígeno a núcleos históricos como Babilonia, Nules, El Perelló, la Marina o Torreblanca. Pero López sostiene que no se aplica porque el funcionariado la bloquea.

«La reforma de 2013 permitía mantener viviendas históricas, pero sigue habiendo muchas trabas. Ahora hay dos propuestas de reforma legislativa, en Senado y Congreso, bloqueadas por la Mesa del Congreso, que impide que se debatan», critican desde Somos Mediterrania. «La Administración quiere hacernos responsables de la desaparición de playas, cuando la causa real es su gestión. Los estudios técnicos lo demuestran. Quieren que las víctimas parezcamos culpables», concluye.

Fuente:. https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20260709/sanchez-quiere-derribar-86000-casas-costa-cambio-climatico-basta-llegue-poco-arena_437332.html

--------------

¿El gobierno quiere derribar 86.000 viviendas en la costa por medio de la Ley de Costas de Pedro Sánchez a consecuencia del cambio climático?

Aguijón Crítico

09/07/2026

La afirmación mezcla un conflicto real sobre viviendas afectadas por la Ley de Costas con formulaciones que necesitan matiz. La Ley de Costas no es una “Ley de Costas de Pedro Sánchez”: la norma base es la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modificada posteriormente, entre otras, por la Ley 2/2013, que ya incorporó referencias a adaptación frente al cambio climático.

Sí hay casos de viviendas afectadas por deslindes, concesiones o situación de regresión del litoral, y también debate político y vecinal en zonas como Murcia, Baleares, Cantabria, Comunidad Valenciana o Canarias. Sin embargo, no he localizado una fuente oficial que confirme que “el Gobierno quiere derribar 86.000 viviendas” como plan general. En noticias recientes sobre Murcia, por ejemplo, se habla de más de 600 viviendas afectadas en la Región, no de 86.000 a nivel estatal.

Sería útil localizar la fuente exacta del dato de 86.000 viviendas y distinguir entre viviendas afectadas por la Ley de Costas, concesiones o deslindes, viviendas en riesgo por erosión/cambio climático y órdenes concretas de derribo.

...........

Mariajo17

10/07/2026

La noticia es esta: https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20260709/sanchez-quiere-derribar-86000-casas-costa-cambio-climatico-basta-llegue-poco-arena_437332.html. Aparecen algunas de las localizaciones como Cabo de Palos, Babilonia en Guardamar del Segura, Nules, El Perelló o Torreblanca.

Las familias afectadas llevan al extremo la realidad hablando de que "con que salpique una gota de agua de mar" van a derribar la casa.

Llevarlo al extremo, no facilita la situación, que es delicada y dolorosa para los que pierden la casa. Quizá si se aplicaran medidas de empatía y técnicas, se entendería mejor la situación.

• las administraciones no dejen desamparadas a las familias propietarias. No debería ser una expropiación sin más, habría que hacer un esfuerzo y optar por ofrecer soluciones en el mismo municipio, adquirir las viviendas a precio de mercado antes de que el mar se las lleve. Ejemplo: urbanización en Alcanar (Tarragona) que será derribada a finales de 2026. Tras sufrir cinco inundaciones graves desde 2018 en el barranco del Llop, diez familias se convirtieron en las primeras refugiadas climáticas oficiales de España en octubre de 2025. Sus viviendas serán compradas y demolidas en el otoño de 2026 para liberar el paso del agua.
• muchas plataformas de defensa de estas viviendas piden que se construyan diques y espigones para que el mar no se lleve sus casas, pero el hormigón agrava el problema: un espigón en la playa A impide que la arena llegue a la siguiente playa, condenándola a su desaparición. Las soluciones de hormigón crean la sensación de falsa seguridad: ante temporales extremos un dique o un espigón pueden colapsar. Ejemplo 2026: Espigón de Motril. En noviembre de 2025 finalizó la construcción del nuevo espigón de la Punta del Santo en Playa Granada (247 metros de longitud, 5,9 millones de euros). Vino acompañado de una regeneración artificial de arena (760.000 m³) procedentes de acumulaciones en las playas de Poniente, El Cable y el cauce del río Guadalfeo. Las posteriores borrascas obligaron a realizar reajustes de emergencia ya que los temporales desplazaron bloques de piedra del morro del espigón de hasta 10 toneladas de peso. En muchos casos es “dinero tirado al mar”: gastar millones de euros públicos en verter arena en una playa que el mar se lleva con el siguiente temporal es una estrategia insostenible, deja las casas desprotegidas y sin recursos para buscar alternativas.
• el debate sobre la Ley de Costas y su Reglamento (normas para aplicar la ley) es complejo y siempre ha acarreado una problemática social. Su esencia dice que la costa no es de un particular, es un dominio público (marítimo-terrestre). La naturaleza avivada por el cambio climático, no entiende de títulos de propiedad: cuando el mar avanza de forma clara e irreversible, el suelo deja de ser urbano para convertirse en playa o mar. Mantener las viviendas en primera línea afectadas por el mar (efecto combinado de erosión + subida del nivel del mar + eventos meteorológicos extremos cada vez más intensos y frecuentes) no sólo pone en peligro a quienes viven ahí, sino que destruye el derecho del resto de la ciudadanía a disfrutar de una playa pública. Casas, edificios (y paseos marítimos) impiden que la arena pueda desplazarse con el viento y se “regenere” gratis.  
• En definitiva, se trata de planificar una retirada necesaria para la supervivencia de la playa y para evitar el peligro para las personas. Se trata de proteger vidas y patrimonio público a largo plazo.

Fuente: https://maldita.es/buloteca/claim/el-gobierno-quiere-derribar-86000-viviendas-en-la-costa-por-medio-de-la-ley-de-costas-de-pedro-sanchez-a-consecuencia-del-cambio-climatico