VIDEO PRENSA: La Generalitat Valenciana lanza una impactante campaña audiovisual para defender los núcleos históricos litorales. Más información: La

Alicante

"Podría ser tu última paella": el drama de las playas y la emotiva campaña valenciana contra el bloqueo de Sánchez a su ley

 Generalitat planta cara al Gobierno en su pulso por el litoral con una contrapropuesta para salvar sus playas

Héctor Fernández - Alicante - Publicada 9 julio 2026

El conflicto por el control, la ordenación y el futuro de la Costa Valenciana ha saltado definitivamente de los despachos y las tribunas a las pantallas de los móviles de los ciudadanos en una escalada de tensión institucional sin precedentes. La Generalitat Valenciana ha lanzado una contundente e impactante campaña audiovisual dirigida directamente al corazón de los vecinos del litoral, utilizando la carga emocional y el arraigo cultural como armas políticas frente a lo que consideran un bloqueo sistemático y una deslealtad por parte del Gobierno de España.

El vídeo, que apela de forma directa a la memoria colectiva y a la identidad ligada al Mediterráneo, arranca con una advertencia implícita que ha encendido las alarmas en municipios históricamente castigados por los deslindes estatales: la posibilidad real de estar viviendo la última paella frente al mar, el último paseo al atardecer por la playa de siempre o el último verano en el apartamento heredado de los padres.

Con estas premisas, el Consell no solo busca movilizar a la opinión pública, sino visibilizar la situación de vulnerabilidad en la que quedan miles de viviendas tradicionales en localidades como Dénia o Guardamar del Segura, cuyos núcleos históricos se encuentran en el punto de mira de la Dirección General de Costas.

La ofensiva comunicativa del Gobierno autonómico llega en un momento de asfixia legal para la normativa propia. El Tribunal Constitucional ha suspendido cautelarmente el artículo fundamental de la Ley de Costas Valenciana, un precepto diseñado específicamente para blindar y otorgar un reconocimiento etnográfico e histórico a estos núcleos de población costera tradicionales frente a las demoliciones y reversiones del Estado.

Desde la Generalitat se acusa al Ejecutivo central de actuar con una flagrante deslealtad institucional, ya que el recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto de forma unilateral en Madrid mientras ambas administraciones se encontraban supuestamente sentadas en una mesa de negociación bilateral para buscar puntos de encuentro técnicos.

Para el Consell, este movimiento judicial no busca proteger el medio ambiente, sino ejercer una centralización mal entendida que pasa por encima del autogobierno y de las competencias autonómicas de ordenación del territorio, aplicando de manera retroactiva normas que convierten en ilegal lo que durante décadas fue legítimo y estuvo respaldado por el Registro de la Propiedad.

Esta parálisis en los tribunales se retroalimenta con la situación que se vive en las Cortes Generales, donde el Frente Cívico por la Calidad Democrática y plataformas como Somos Mediterrania denuncian un "secuestro" legislativo idéntico. La reforma de la Ley de Costas estatal, que fue aprobada por mayoría absoluta en el Senado para salvaguardar precisamente estos núcleos tradicionales con valor etnográfico, permanece encallada en la Mesa del Congreso de los Diputados de forma indefinida.

La estrategia de prorrogar sistemáticamente los plazos de enmiendas por parte de las fuerzas del Gobierno central (PSOE-Sumar) mantiene la reforma en un limbo jurídico, impidiendo que el texto sea votado en el Pleno del Congreso de los Diputados, donde contaría con los apoyos necesarios para salir adelante. Esta táctica de dilación temporal colisiona frontalmente con el clamor de las autonomías y de las decenas de municipios afectados que exigen una moratoria inmediata de todos los expedientes de deslinde en curso.

Frente a la doctrina ministerial de la retirada antrópica, que promueve desalojar de manera progresiva la presencia humana de la primera línea de playa, la campaña del Consell defiende que el litoral valenciano es mucho más que un simple paisaje geográfico; es memoria viva, es el sustento de miles de empleos asociados al sector turístico tradicional y es, fundamentalmente, el hogar de miles de familias.

La Generalitat argumenta que su normativa busca ordenar el territorio con sentido común y ofrecer una seguridad jurídica real a las personas que viven junto al mar, garantizando que nadie tenga que despedirse de un entorno que forma parte indisoluble de sus vidas. El debate, por tanto, se recrudece ante una vuelta al periodo estival donde los afectados exigen que la ciencia, el cambio climático y la protección del medio ambiente se gestionen de cara a la ciudadanía y respetando los derechos de propiedad consolidados, en lugar de legislar a golpe de reglamentos unilaterales que imponen la demolición como única respuesta frente al mar.

Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20260709/podria-ultima-paella-drama-playas-emotiva-campana-valenciana-bloqueo-sanchez-ley/1003744315431_0.html