La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente convocada para abordar el proyecto de modificación del Reglamento de Costas concluye sin avances

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazó someter a votación, en el marco de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente monográfica celebrada ayer miércoles la propuesta presentada por Galicia y otras ocho comunidades y ciudades autónomas para pedir la suspensión cautelar de la tramitación de la reforma del Reglamento General de Costas y promover, con carácter previo, una modificación legislativa desde el consenso.

El argumento utilizado por los representantes ministeriales, exponen desde la Consellería de Medio Ambiente de Galicia, “fue que no se puede votar un proyecto en el seno de este organismo”. Sin embargo, aclaran, “lo que realmente pedíamos las comunidades autónomas era que hubiera un pronunciamiento de los miembros de la Conferencia Sectorial ante la propuesta de resolución presentada, en la que se solicitaba, además, que la futura reforma de la Ley de Costas estatal, y la posterior adaptación de su reglamento, se abordara desde “el máximo respeto a las competencias autonómicas en relación con las autorizaciones y concesiones en el dominio público marítimo-terrestre”.

El objetivo de las nueve comunidades con la celebración de este encuentro era, así, poder abordar con el Ministerio, de forma específica y con carácter urgente, el proyecto de Real Decreto con el que el Ejecutivo central pretende modificar el Reglamento de Costas, cuya tramitación anunció a comienzos de este año “de forma unilateral y sin abrir ningún tipo de consultas con las comunidades”, remarcan desde el departamento gallego.

En este sentido, y por primera vez, los consejeros del ramo tuvieron la oportunidad de debatir y opinar ante representantes del Ministerio sobre su intención de introducir cambios sustanciales relativos a la ordenación del litoral y a la regulación de los procedimientos asociados, materias en las que las comunidades costeras tienen competencias exclusivas.

Durante la reunión los representantes de la mayoría de las comunidades lamentaron que el Ejecutivo central utilizara “como excusa” el procedimiento abierto por las autoridades comunitarias para impulsar “de forma unilateral y sin diálogo previo” una modificación que regula procedimientos de otorgamiento de concesiones atribuidos a los gobiernos autonómicos y sin prever, además, los fondos necesarios para atender las previsibles indemnizaciones que exigirían los titulares afectados por la reforma, generando inseguridad jurídica.

“El Estado va más allá de lo que le corresponde, justificando estos cambios en el expediente de infracción iniciado contra España por la Comisión Europea por no transponer correctamente la nueva Directiva de servicios en el litoral”, advertían, entre otros, la secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso. “El MITECO continúa avanzando en una reforma parcial del Reglamento mientras permanecen inalteradas las disposiciones legales señaladas por la Comisión Europea en el procedimiento de infracción sobre concesiones en el dominio público marítimo‑terrestre”, insistía por su parte la consejera andaluza Catalina García.

"Avanzar en esta modificación reglamentaria generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial, afectando tanto a la protección del litoral como al desarrollo de actividades económicas vinculadas a la costa y al mar”, lamentaba la representante andaluza.  Los consejeros del ramo de la Región de Murcia, Jorge García, y la Comunitat Valenciana, Vicente Martínez, apercibían de que la propuesta de Reglamento General de Costas incorpora medidas que "restringen derechos" y altera el reparto competencial previsto en la legislación vigente. En concreto han censurado que se otorgue carácter vinculante a informes estatales que actualmente no son preceptivos, imponga la revocación de concesiones cuya gestión corresponde a las comunidades autónomas y mezcle el régimen jurídico de las concesiones compensatorias, “generando una mayor inseguridad jurídica”.

La falta de avances, concreciones o compromisos de ningún tipo por parte del Ministerio durante la Conferencia Sectorial, ha sentado como un jarro de agua fría a la mayoría de las comunidades con litoral que se mostraban en contra de este real decreto y a favor de una política de Costas "basada en la protección ambiental, la seguridad jurídica, la colaboración institucional y el respeto a las competencias autonómicas".  No obstante, éstas insistieron en pedir que todos los aspectos expuestos durante la reunión en contra de la reforma del Reglamento General de Costas, así como el resto de alegaciones presentadas por las comunidades en el trámite de información pública, sean incorporados al proyecto definitivo y se trasladen a la Comisión Europea para que tenga conocimiento del alcance y del contenido de la modificación propuesta por España. Y es que la posición a esta tramitación del proyecto de reglamento en los términos actuales, consideran que, a todas luces, no es de recibo. De hecho han vuelto a insistir en que el Gobierno central retire el texto, abra un proceso de diálogo con las comunidades autónomas y promueva, en su caso, una modificación de la Ley de Costas que elimine las contradicciones detectadas antes de aprobar un nuevo desarrollo reglamentario.

Tras el encuentro, las nueve comunidades que se han venido mostrando en contra de esta modificación del reglamento de Costas lamentaron la “oportunidad perdida” en esta Conferencia Sectorial “que terminó sin acuerdos y sin que el Gobierno central haya dado ningún tipo de garantías de que va a atender nuestras demandas y trasladarlas a Europa”.

Fuente: https://www.ipacuicultura.com/noticia-75053-seccion-En%20Profundidad

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El Gobierno mantiene la reforma del Reglamento de Costas y afirma que dará "seguridad jurídica" a los chiringuitos andaluces: "No va a haber cierres"

La Junta de Andalucía vuelve a pedir la paralización de la normativa que se ha impulsado a raíz de un expediente abierto por la Unión Europea que obliga a aplicar criterios de libre concurrencia y transparencia en las concesiones de establecimientos que realicen actividades económicas en todo el litoral

Javier Alonso - SEVILLA08 JUL 2026 20:00

La modificación del reglamento de Costas que ha enfrentado al Gobierno de España con la Junta de Andalucía y con los representantes del sector de los chiringuitos seguirá adelante. El Ministerio ha explicado este martes a Andalucía y al resto de comunidades autónomas los efectos de este cambio normativo que se adopta a raíz de un expediente abierto por la Unión Europea y ha descartado paralizar el proyecto como pedían todas las administraciones del PP. La normativa ha generado preocupación entre los negocios que realizan actividades económicas en el litoral dado que fija nuevos criterios en las dimensiones máximas, en las posibles prórrogas y, sobre todo, en los procedimientos para las adjudicaciones que deben ahora basarse en la libre concurrencia . El Ministerio se ha enfrentado a estas críticas y ha subrayado tras la reunión que la norma ni genera "inseguridad jurídica" ni supondrá el cierre de establecimientos.

"La reforma persigue reforzar la seguridad jurídica garantizando que el otorgamiento de concesiones para actividades económicas se lleve a cabo mediante procedimientos transparentes, imparciales y sujetos a concurrencia competitiva. La modificación del Reglamento de Costas no impide el otorgamiento de concesiones ni supone el cierre de chiringuitos o de otros establecimientos existentes", subrayan desde el Ministerio en respuesta a las críticas expresadas por el Gobierno andaluz durante la reunión y tras su finalización. El Ministerio incide en que la normativa "no produce una afección automática sobre los establecimientos actualmente instalados ni altera de forma inmediata las condiciones en las que se desarrollan su actividad. Una vez que entre en vigor las concesiones podrán seguir otorgándose pero deberán tramitarse conforme al nuevo marco jurídico".

Críticas de la Junta de Andalucía

Desde la Junta de Andalucía, sin embargo, mantienen su posición crítica en un frente común conformado con el resto de comunidades autónomas de costa gobernadas por el PP y Vox. “Son las comunidades autónomas las que gestionan actualmente los títulos afectados y no se nos ha consultado ni se han tenido en cuenta nuestras alegaciones. Avanzar en una modificación reglamentaria sin atender estas cuestiones generará inseguridad jurídica, un marco normativo provisional y una mayor conflictividad competencial, afectando tanto a la protección del litoral como al desarrollo de actividades económicas vinculadas a la costa y al mar”, explica la consejera de Sostenibilidad, Catalina García.

El Gobierno andaluz sostiene que sí hay una incidencia directa en los establecimientos que están desarrollando su actividad en la costa. Concretamente, la Consejería alerta de negocios que han iniciado sus expedientes bajo la anterior normativa pero que no se ha culminado. "Han realizado inversiones, han esperado su resolución durante un periodo prolongado y ahora deben adaptarse a una nueva regulación lo que puede implicar la necesidad de competir en condiciones diferentes a las inicialmente previstas".

Cuáles son los cambios del Reglamento de Costas

La modificación del Reglamento General de Costas tiene como base acatar las exigencias de la Unión Europa en la concesión de actividades económicas en el dominio público marítimo terrestre (como los chiringuitos) tras varios apercibimientos que han derivado ya en un expediente al Gobierno de España. De esta forma, la normativa exige que todas las concesiones de establecimientos de hostelería se realicen mediante procedimientos "transparentes, imparciales y sometidos a concurrencia competitiva". Será necesario un procedimiento al que se "puedan presentar todos los interesados y que se seleccionen en función de criterios objetivos". Asimismo, reduce el periodo máximo de estas concesiones que estaba fijado con carácter general en 75 años en el actual marco legislativo.

La Comisión Europea ha exigido que la normativa española incorpore un régimen transitorio para adaptar aquellas situaciones que puedan verse afectadas por las exigencias de la normativa comunitaria. Esto no significa que se vayan a anular concesiones ni autorizaciones ya existentes. Cualquier eventual adaptación deberá realizarse con pleno respeto a las garantías previstas en el ordenamiento jurídico y, en su caso, a los mecanismos de indemnización que correspondan", subraya el Ministerio que apunta de esta forma a posibles medidas compensatorias por inversiones ejecutadas por los negocios que se vean afectados por el cambio del Reglamento de Costas.

De esta forma, sí están incluidas las prórrogas extraordinarias reguladas en el artículo 2 de la Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, de concesiones otorgadas para actividades económicas como recoge el propio prólogo de la modificación del reglamento.

Superficies mínimas

a modificación del reglamento establece nuevos requisitos en las instalaciones que todos deben cumplir y que hasta ahora no estaban incluidos en la normativa. Así, el nuevo artículo 68 establece que en los tramos naturales de playas "a ocupación de los establecimientos expendedores de comidas y bebidas no excederá de 70 metros cuadrados en una sola planta y sin sótano". Plantea además que deben ser "instalaciones serán de temporada y desmontables en todos sus elementos" y tendrán que mantener una distancia de 300 metros.

La normativa es más flexible en los tramos urbanos de playas. En estos casos la ocupación se plantea de 200 metros cuadrados en una sola planta con otros 70 adicionales en el exterior. La distancia con la siguiente instalación en la playa se fija en 150 metros.

Fuente: https://www.elcorreoweb.es/andalucia/2026/07/08/gobierno-mantiene-reforma-reglamento-costas-chiringuitos-seguridad-juridica-cierres-132267757.html

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Sánchez quiere derribar 86.000 casas en la costa por el cambio climático: «Basta con que llegue un poco de arena»

Manuel López, portavoz de Somos Mediterrania, revela a El Debate que la intención del Gobierno es que «bastaría con que llegue una ola, una salpicadura o existiera arena, incluso bajo tierra, para considerar ese terreno dominio público, y por tanto usurparlo y derribarlo»

Maria Curiel

La Ley de Costas del Gobierno de Pedro Sánchez no da tregua a los vecinos del litoral español. Según ha denunciado recientemente el senador del PP Francisco Bernabé en una sesión plenaria de la Cámara Alta, la intención del Ejecutivo central es derribar 86.426 viviendas en toda España.

Esto significa que lugares como Cabo de Palos (Murcia) o enclaves de las costas de Baleares, Cantabria o Valencia tendrán que ver en los próximos meses cómo el Ministerio de Transición Ecológica tira abajo sus casas en pos de la protección de las costas y con el cambio climático como bandera.

Es por esto que el Partido Popular ha llevado a las Cortes por cuarta vez en lo que va de legislatura la «injusta» Ley de Costas del Gobierno de Sánchez, para continuar con su cruzada contra esta norma que afecta a la vida de decenas de miles de españoles.

«Estamos hablando de familias que compraron sus viviendas de una forma totalmente legal hace ya muchas décadas y que están viendo cómo ahora el Gobierno socialista no quiere respetar ni la propiedad privada ni el principio de seguridad jurídica, pues les quieren privar de sus propiedades sin darles absolutamente nada a cambio», sostiene el parlamentario.

Por su parte, Manuel López, portavoz del movimiento cívico Somos Mediterrania, que agrupa a más de 50 asociaciones, ha declarado en conversación con El Debate que el dato aportado por el PP tan solo es «una primera aproximación» y que la cifra de afectados podría ser mucho mayor.

Recuerda en conversación con este medio que es cierto que España debe modificar la legislación porque la Unión Europea exige que las concesiones no se prorroguen automáticamente, sino que, una vez extinguidas, vuelvan a salir a concurso para garantizar la libre competencia; sin embargo, aclara que «el problema es que el Gobierno quiere aprovechar esa obligación para introducir otros cambios que ya intentó aprobar en 2022 y que el Tribunal Supremo anuló», entre los que se incluyen estas expropiaciones.

Asimismo, revela que el polémico Reglamento de Costas de 2022 se aprobó sin información pública ni consulta previa. «El 2 de agosto apareció publicado en el BOE sin que nadie hubiera podido participar en su elaboración», señala. Asimismo, relata que la intención del Gobierno es que «basta con que llegara una ola, una salpicadura o existiera arena, incluso bajo tierra, para considerar ese terreno dominio público, y por tanto usurparlo y derribarlo».

Las vías legales de los vecinos

Explica, además, que el Ministerio de Transición Ecológica pretendía, por ejemplo, demoler las casas de Babilonia, en Comunidad Valenciana, el pasado 15 de septiembre, pero la Generalitat aprobó una ley de protección del litoral que considera estos núcleos tradicionales como patrimonio etnológico.

«Gracias a esa norma se paralizaron los derribos. Sin embargo, el Gobierno ha recurrido ante el Tribunal Constitucional precisamente el artículo que protege esos núcleos históricos. Estamos pendientes de lo que decida», asegura López.

Por otro lado, la Audiencia Nacional ha admitido una revisión extraordinaria del caso de Babilonia. «Cuando solicitamos la prórroga de las concesiones, Costas la denegó alegando el mal estado de la playa. Posteriormente, aparecieron estudios internos del propio Ministerio que advertían de que las obras realizadas en la desembocadura del Segura provocarían precisamente la pérdida de arena», apunta.

El problema de la Ley de Costas

La Ley de Costas de 1988 acumuló miles de quejas en toda España y llegó hasta la Comisión Europea. El Parlamento Europeo resolvió en contra del Estado español y expuso que la ley era arbitraria, que no protegía el medio ambiente y que debía reformarse. Esa reforma llegó en 2013, bajo el mandato de Mariano Rajoy, dando oxígeno a núcleos históricos como Babilonia, Nules, El Perelló, la Marina o Torreblanca. Pero López sostiene que no se aplica porque el funcionariado la bloquea.

«La reforma de 2013 permitía mantener viviendas históricas, pero sigue habiendo muchas trabas. Ahora hay dos propuestas de reforma legislativa, en Senado y Congreso, bloqueadas por la Mesa del Congreso, que impide que se debatan», critican desde Somos Mediterrania. «La Administración quiere hacernos responsables de la desaparición de playas, cuando la causa real es su gestión. Los estudios técnicos lo demuestran. Quieren que las víctimas parezcamos culpables», concluye.

Fuente: https://www.eldebate.com/sociedad/sociedad-medio-ambiente/20260709/sanchez-quiere-derribar-86000-casas-costa-cambio-climatico-basta-llegue-poco-arena_437332.html