PRENSA: La Comunitat Valenciana ve “inaudito” que se cambie el deslinde por decreto y anuncia una respuesta en los tribunales

Desde la Generalitat, Marc García sostiene que un episodio excepcional no puede convertirse en regla para fijar el dominio público en la costa.

Más información: El Gobierno abre por sorpresa la consulta pública de un decreto clave que redefine la Ley de Costas sin pasar por el Congreso

Héctor Fernández - Alicante - Publicada : 18 julio 2026

La Generalitat Valenciana ha decidido elevar el tono del conflicto abierto con el Gobierno central, a través del Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por la socialista Sara Aagesen, por la nueva consulta pública sobre el proyecto de real decreto de medidas de gestión de los riesgos de inundación. La administración autonómica confirma que acudirá a los tribunales si el texto sigue adelante en los términos actuales, al entender que introduce un cambio de enorme calado en los criterios de delimitación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) sin la cobertura legal necesaria.

La respuesta llega justo después de que el Ministerio para la Transición Ecológica abriera el trámite de audiencia pública sobre una norma que, bajo la apariencia de un ajuste técnico, puede acabar reordenando elementos básicos de la política de costas.

El punto más sensible del choque está en el nuevo criterio que se propone para fijar el límite del DPMT. La Generalitat sostiene que no puede bastar un único episodio excepcional para redefinir el deslinde, como plantea la redacción sometida a información pública, y defiende que debe mantenerse un requisito acumulativo, basado en temporales conocidos repetidos en el tiempo.

En el documento remitido al proceso de audiencia pública, la administración valenciana advierte de que sustituir ese criterio por la suficiencia de un solo episodio supone “una alteración sustancial y desproporcionada” del marco técnico vigente.

Marc García Manzana, director general de Costas de la Generalitat Valenciana, lo resume con una crítica directa: “Sobre el cambio de criterio del deslinde, no tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa. Las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que por definición es extraordinario. Eso genera una enorme inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones”.

Su advertencia sitúa el debate en el terreno donde el Consell quiere librar esta batalla, el de la seguridad jurídica, la estabilidad normativa y los límites del poder reglamentario. Precisamente donde el Gobierno no quiere entrar ya que carece de mayoría parlamentaria para aprobar cualquier ley o su reforma.

La Generalitat no discute solo la oportunidad política del texto, sino su arquitectura jurídica. En su escrito, recuerda que la protección del dominio público marítimo-terrestre debe ser compatible con el desarrollo económico sostenible y con el aprovechamiento racional de los recursos costeros, pero rechaza que esa protección se construya sobre criterios abiertos e imprecisos.

Por eso pone el foco también en la amplitud de los métodos de medición previstos -boyas, satélites o cualquier dato oceanográfico o meteorológico-, que, según advierte, incrementa la indeterminación del criterio y abre la puerta a decisiones discrecionales.

La comparación que utiliza Marc García para subrayar el alcance de la medida busca trasladar al terreno más cotidiano el efecto que tendría el cambio en el litoral. “Si comparamos con las inundaciones que sufrió la Comunidad Valenciana en la Dana, es como si después de ese octubre de 2024, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio. Los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público”, afirma. Con esa analogía, el responsable autonómico intenta desmontar la idea de que un suceso extraordinario pueda convertirse, por sí solo, en criterio jurídico ordinario.

Lo curioso del asunto es que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar), utiliza esa misma dana en su argumento para aprobar el decreto: "a la luz del conocimiento científico y de la evidencia acumulada en los últimos episodios extremos, de los que la dana de 29 de octubre de 2024 constituye el ejemplo más devastador".

Detrás del choque técnico hay un conflicto político de fondo que ya venía gestándose desde hace meses. La Generalitat interpreta que el Gobierno central pretende avanzar por la vía reglamentaria en un asunto que, por su entidad, debería abordarse mediante una reforma legal.

La acusación conecta con la crítica más amplia que diversas autonomías costeras llevan tiempo formulando, que no es otra que el Ejecutivo intenta reordenar la política de costas sin mayoría parlamentaria suficiente para cambiar la ley. En ese marco, el decreto sobre inundaciones aparece como un instrumento indirecto para introducir modificaciones de gran impacto sin abrir formalmente el debate legislativo.

La propia redacción del documento autonómico refuerza esa idea al subrayar que admitir que un único episodio extraordinario permita redefinir el deslinde implica equiparar un fenómeno excepcional a una pauta ordinaria. La Generalitat sostiene que eso generaría un efecto expansivo del dominio público que no responde a criterios de estabilidad ni de proporcionalidad, y que acabaría afectando a la planificación urbanística, a la propiedad privada y a la actividad económica del litoral valenciano.

El argumento no es menor en una comunidad donde la presión sobre la franja costera tiene un peso decisivo en el turismo, el suelo residencial y las infraestructuras.

En paralelo, el Consell insiste en que la protección del litoral no puede desligarse de los principios constitucionales que amparan el dominio público, pero tampoco puede hacerse a costa de una interpretación que vacíe de contenido la seguridad jurídica de los afectados. De ahí que solicite expresamente el mantenimiento del requisito acumulativo anterior y la fijación de indicadores técnicos objetivos, reiterados y verificables. Esa reclamación apunta a una idea central: que la costa necesita reglas claras, no fórmulas flexibles que puedan cambiar con cada temporal.

El conflicto, por tanto, entra ahora en una fase más delicada. La apertura de la consulta pública no solo ha reactivado el debate sobre el fondo del decreto, sino que ha dado a la Generalitat una base formal para escalar su oposición y preparar el terreno judicial. Si el Ministerio mantiene el texto, el enfrentamiento podría acabar en los tribunales, prolongando una disputa que ya no es solo jurídica, sino también territorial y política.

Para el litoral valenciano, y especialmente para sus asociaciones vecinales, la sensación es que se está tratando de alterar "por la puerta de atrás" una pieza esencial del régimen de costas. La Generalitat, con Marc García al frente de esa respuesta, ha decidido que esta vez no va a limitarse a la protesta. Va a pleitear.

Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20260718/comunitat-valenciana-ve-inaudito-cambie-deslinde-decreto-anuncia-respuesta-tribunales/1003744325692_0.html