El Gobierno abre por sorpresa la consulta pública de un decreto clave que redefine la Ley de Costas sin pasar por el Congreso

El Ministerio somete a audiencia pública un real decreto sobre riesgos de inundación con implicaciones directas en el dominio público marítimo-terrestre.

Héctor Fernández - Alicante - Publicada 17 julio 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por la socialista Sara Aagesen ha abierto este viernes el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación, un movimiento que, lejos de pasar inadvertido, ha encendido las alarmas entre asociaciones vecinales del litoral valenciano. El documento, disponible desde hoy en el portal del MITECO, introduce cambios técnicos que, según denuncian estos colectivos, afectan de forma indirecta pero sustancial a la definición y delimitación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), una cuestión de enorme trascendencia jurídica, urbanística y patrimonial.

Se da la circunstancia de que la Ley de Costas Valenciana ha sido recurrida por el Gobierno en el Tribunal Constitucional y que en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el pasado 9 de julio, el ministerio rechazó que se sometiera a votación el reglamento.

La reacción no se ha hecho esperar. Plataformas vecinales y organizaciones vinculadas a la defensa del litoral consideran “inaudito” que un real decreto -una norma reglamentaria- pretenda modificar criterios que, a su juicio, forman parte del núcleo de la Ley de Costas que data de 1988 y el Senado ha exigido reformar y la mesa del Congreso la mantiene bloqueada esta iniciativa con ochenta prórrogas. La crítica no es menor: el alcance del DPMT determina qué terrenos son de titularidad pública, qué edificaciones quedan afectadas y qué derechos pueden ejercer propietarios y concesionarios. En definitiva, fija la frontera entre lo público y lo privado en la franja litoral.

El trasfondo de esta polémica se remonta a la reforma del Reglamento de Costas impulsada por el Gobierno en 2022, que fue anulada por el Tribunal Supremo por un defecto de forma. El alto tribunal concluyó que determinados aspectos introducidos por vía reglamentaria excedían el desarrollo técnico de la ley e invadían un ámbito reservado al legislador. Entre ellos, precisamente, cuestiones vinculadas a la delimitación del dominio público y a los criterios para su interpretación en contextos como la regresión litoral o el impacto del cambio climático.

Desde entonces, el Ejecutivo se encuentra ante un bloqueo político evidente. La reforma de la Ley de Costas, que permitiría introducir estos cambios con plena cobertura jurídica, no ha prosperado por falta de apoyos parlamentarios. Este atasco ha derivado en una estrategia alternativa: reconfigurar el marco normativo mediante modificaciones reglamentarias parciales, integradas en textos aparentemente ajenos, como este real decreto centrado en la gestión de riesgos de inundación.

Es precisamente esta vía la que ha levantado suspicacias. Las asociaciones vecinales consideran que el Gobierno está intentando “colar por la puerta de atrás” modificaciones de calado aprovechando una norma técnica y sectorial. A su juicio, se trata de una forma de eludir el debate parlamentario y la exposición pública más amplia que exigiría una reforma legal de mayor rango. La crítica conecta con un debate de fondo sobre los límites del poder reglamentario y la jerarquía normativa en un ámbito especialmente sensible como el litoral.

El argumento del Ejecutivo, por su parte, se apoya en la necesidad de adaptar la normativa a los efectos del cambio climático, especialmente en lo relativo a inundaciones, temporales y subida del nivel del mar. Desde esta perspectiva, la integración de criterios de riesgo en la gestión del dominio público respondería a una lógica técnica y preventiva. Sin embargo, la cuestión clave es si esa adaptación puede realizarse mediante un real decreto o si, como sostienen los críticos, requiere necesariamente una reforma legislativa.

Conflicto político y jurídico

El conflicto no es solo jurídico, sino también territorial y político. Comunidades autónomas como la Valenciana han liderado en los últimos meses una oposición creciente a la política estatal de costas, denunciando inseguridad jurídica y un impacto directo sobre miles de viviendas. Este choque institucional ha ido escalando, con iniciativas parlamentarias, posicionamientos autonómicos y advertencias sobre posibles recursos ante el Tribunal Constitucional.

En este contexto, la apertura del trámite de audiencia pública adquiere un significado que va más allá de lo procedimental. Se convierte en el primer escenario de confrontación sobre un texto que, aunque presentado como técnico, podría tener consecuencias profundas sobre la gestión del litoral. La participación ciudadana y de los actores afectados será clave para determinar hasta qué punto el contenido del decreto se mantiene, se modifica o incluso se retira.

El calendario también juega un papel relevante. La publicación en pleno verano, con plazos ajustados para la presentación de alegaciones, ha sido interpretada por algunos colectivos como un intento de reducir la capacidad de respuesta organizada. No obstante, plataformas vecinales y entidades jurídicas ya están preparando informes para cuestionar la legalidad del texto y advertir de sus posibles efectos.

Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20260717/gobierno-abre-sorpresa-consulta-publica-decreto-clave-redefine-ley-costas-sin-pasar-congreso/1003744324900_0.html