PRENSA: El Gobierno abre por sorpresa la consulta pública de un decreto clave que redefine la Ley de Costas sin pasar por el Congreso

El Gobierno cuela en el decreto de inundaciones un cambio para apropiarse de más terreno en las costas españolas

Incorpora una modificación del Reglamento de Costas por la que pasará a dominio público marítimo-terrestre cualquier zona a la que haya llegado una ola durante un temporal

Isabel Miranda - 18/07/2026 Actualizado a las 08:05h.

Una gran ola durante un temporal excepcional será la que determine qué es terreno público en el litoral de España. Al menos, es lo que pretende el Gobierno. El Ministerio para la Transición Ecológica ha colado en el real decreto contra inundaciones una modificación del Reglamento de Costas que, a efectos prácticos, supondrá una ampliación sustancial de los deslindes y del dominio público marítimo-terrestre. En un contexto de tempestades récord y erosión de la línea de costa, significa que miles de edificios privados quedarán expuestos ante el cambio de criterio.

Esta semana, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, anunció que el Gobierno ha terminado de redactar un real decreto para reducir la exposición de los ciudadanos a las inundaciones. Lo comunicó en Valencia, como respuesta al desastre de la dana de 2024 que acabó con 238 vidas. Según explicó, la nueva normativa sacada a información pública endurecerá las condiciones para construir en zonas inundables, obligará a informar del riesgo antes de la compraventa y creará un catálogo histórico de anegaciones. Aagesen no contó, sin embargo, que el real decreto también incluye una modificación de calado para aquellos ciudadanos que tienen propiedades en la zona litoral.

En concreto, el Gobierno quiere modificar el Reglamento de Costas e introducir un polémico artículo que la exvicepresidenta Teresa Ribera aprobó en 2022 y fue anulado solo dos años después por el Tribunal Supremo por defectos de procedimiento. Esta propuesta, ahora recuperada, establece que sean las mayores olas registradas durante los temporales las que delimiten qué es dominio público.

Una diferencia sustancial con la actual regla, mucho más matizada, que dice que el límite lo fija una media de cinco alcances en cinco años. En cambio, «ahora sería el punto máximo de un temporal desde que existan registros. Es decir, se elimina la media de punto máximo para coger el punto máximo de una única ola», resume el abogado Daniel Olabarría, especialista en materia de costas y derecho inmobiliario en Buades legal. Esto «amplía de manera relevante los criterios para determinar una zona marítimo-terrestre».

Además, el real decreto también extiende la definición de playa. «Antes se excluían, de manera general, las dunas relictas o fijadas, es decir, las dunas antiguas o fósiles que no estaban en desarrollo, desplazamiento o evolución. Ahora también se incluyen. Se consideraría zona de dominio marítimo-terrestre cualquier duna», cuenta Olabarría. Solo quedarían excluidas aquellas que quedaran aisladas tierra adentro o colgadas de una costa rocosa sin vinculación alguna con la playa.

Sin debate

«Lo que llaman ahí 'artículo 4' es la mismísima modificación de la definición de dominio público marítimo-terrestre», se queja Manuel López, uno de los fundadores de Somos Mediterrania, una plataforma que representa a propietarios de viviendas afectadas por la Ley de Costas. «Es inaudito», lamenta, que se utilice un decreto que modifica otros reales decretos para legislar un punto «tan determinante» en España como es la definición del espacio público. «Es lógico que la definición misma y los criterios mismos de delimitación del dominio público marítimo-terrestre tendrían que estar en la ley, y esto tendría que pasar por las Cámaras, tendría que pasar por el Congreso y por las comisiones, y haber un debate jurídico y técnico real de cómo queremos gestionar esta definición y estos criterios por las consecuencias que tiene», dice. En cambio, el nuevo criterio se pretende introducir «por la puerta de atrás de una puerta de atrás. Me parece una contumacia absolutamente desmedida».

«Lo que pretende el Gobierno es que por cualquier evento extraordinario, allá donde llegue una gota de agua, se considere ya dominio público marítimo-terrestre»

Manuel López

De hecho, a día de hoy no hay datos oficiales sobre cuántas viviendas hay afectadas por la Ley de Costas ni por los profundos cambios en el reglamento que introdujo Ribera en 2022 y fueron anulados después por el Supremo. Sin tener en cuenta los estrictos criterios que pretende introducir ahora el Gobierno, una investigación de 'Newtral' cifró en más de 86.000 viviendas las que ya se encuentran 'en un limbo' por el avance de la erosión del mar. Y los cálculos de las asociaciones de afectados estiman que, desde 1988, el dominio público marítimo-terrestre ha pasado de unas 14.000 hectáreas hasta las 150.000 hectáreas. Se habría multiplicado por más de diez. «Lógicamente eso se hace a costa de particulares», asegura López. «Solamente se puede ampliar el dominio público si es quitándole a alguien su suelo particular o privado, o a los municipios y a los términos municipales».

Desde la Plataforma de Afectados por el Deslinde de Costa Formentera, cuyo recurso permitió tumbar el anterior reglamento en los tribunales, interpretan que lo que se pretende con esta redefinición es «incrementar el dominio público marítimo-terrestre a costa de la propiedad particular», cuenta su presidenta, María José Mayans. Además, recuerda que tanto la Oficina de Control y Calidad Normativa como el Consejo de Estado ya advirtieron que con la norma anulada (que ahora se calca) «bastaría el alcance de una sola ola» para que el terreno se considerara terreno público.

Mayas añade que ya se está tramitando una modificación del Reglamento de Costas, iniciada este mismo año, en la que se rechaza expresamente, a través de la Memoria de Análisis de Impacto Normativo, la redefinición del dominio público. «No parece que la seguridad jurídica y la transparencia brillen especialmente cuando dicha definición se pretende realizar a través del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación, por la puerta de atrás», remacha.

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«Podemos hablar de un colapso financiero del país. Nadie te va a dar nada por estas casas»

De salir adelante la modificación propuesta del Reglamento de Costas, las consecuencias serán de calado para muchos propietarios de viviendas y negocios en el litoral. «Podemos hablar de un colapso financiero del país, porque automáticamente todas estas viviendas que tienen una afección por Ley de Costas disminuyen totalmente su valor, son difícilmente hipotecables, nadie te va a dar nada o no las van a querer comprar», asegura Manuel López, de Somos Mediterrania. Eso sí, habría que ver cuál es el criterio que da el Ministerio para la Transición Ecológica al efectuar los deslindes. «¿Hay alcance del mar si en el Meliá de Alicante han puesto rocas y paseo y el mar salpica?», se pregunta. «¿Qué va a pasar con los 'chaletones' del Cabo Huertas? ¿O qué va a pasar con un montón de pueblos canarios de estos que están en las rocas? Ahí el mar salpica ocasionalmente».

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El Ejecutivo argumenta que los nuevos criterios de deslinde son necesarios frente a los efectos del cambio climático. Sin embargo, el avance del mar tiene su principal causa en la falta de sedimentos. «La costa actual, su situación, es debida fundamentalmente a nuestra actuaciones, sobre todo la falta de sedimentos por la regulación de los ríos, las presas y demás, así como la construcción de grandes infraestructuras. Está más que demostrado», reconocía el ingeniero Íñigo Losada, director del Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y autoridad en el tema, en una charla sobre cambio climático en la Fundación Ramón Areces. A esta erosión ahora se suma el aumento del nivel del mar y los temporales exacerbados por el cambio climático, explicaba, para añadir que «habría que recuperar el aporte de sedimentos, sobre todo en la costa mediterránea» para «reducir el riesgo notablemente».

Un criterio diferente para los ríos

La estrategia que muestra el Gobierno en el real decreto para la gestión del riesgo de inundación, sin embargo, solo ataca la ampliación del espacio público en el litoral. Porque, entre entre las incongruencias que destaca Mayans también incluye que «incomprensiblemente» el proyecto de real decreto sobre riesgo de inundaciones no ha seguido el mismo criterio en la costa que en el dominio hidráulico, es decir, el que afecta a los cauces de ríos, ramblas y lagos. En este caso el límite, explica, «no lo constituye la mayor crecida que alguna vez hubo, sino una media que debe incluir el mayor número de años posible y en todo caso superior a 10 años consecutivos».

«Lo que pretende el Gobierno es que por cualquier evento extraordinario, allá donde llegue una gota de agua, se considere ya dominio público marítimo-terrestre», añade López.

Fuente: https://www.abc.es/sociedad/gobierno-cuela-decreto-inundaciones-ampliacion-masiva-deslindes-20260718014041-nt.html

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El Ministerio somete a audiencia pública un real decreto sobre riesgos de inundación con implicaciones directas en el dominio público marítimo-terrestre.

Héctor Fernández - Alicante - Publicada 17 julio 2026

El Ministerio para la Transición Ecológica dirigido por la socialista Sara Aagesen ha abierto este viernes el trámite de audiencia e información pública del proyecto de real decreto por el que se adoptan medidas de gestión de los riesgos de inundación, un movimiento que, lejos de pasar inadvertido, ha encendido las alarmas entre asociaciones vecinales del litoral valenciano. El documento, disponible desde hoy en el portal del MITECO, introduce cambios técnicos que, según denuncian estos colectivos, afectan de forma indirecta pero sustancial a la definición y delimitación del dominio público marítimo-terrestre (DPMT), una cuestión de enorme trascendencia jurídica, urbanística y patrimonial.

Se da la circunstancia de que la Ley de Costas Valenciana ha sido recurrida por el Gobierno en el Tribunal Constitucional y que en la última reunión de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, el pasado 9 de julio, el ministerio rechazó que se sometiera a votación el reglamento.

La reacción no se ha hecho esperar. Plataformas vecinales y organizaciones vinculadas a la defensa del litoral consideran “inaudito” que un real decreto -una norma reglamentaria- pretenda modificar criterios que, a su juicio, forman parte del núcleo de la Ley de Costas que data de 1988 y el Senado ha exigido reformar y la mesa del Congreso la mantiene bloqueada esta iniciativa con ochenta prórrogas. La crítica no es menor: el alcance del DPMT determina qué terrenos son de titularidad pública, qué edificaciones quedan afectadas y qué derechos pueden ejercer propietarios y concesionarios. En definitiva, fija la frontera entre lo público y lo privado en la franja litoral.

El trasfondo de esta polémica se remonta a la reforma del Reglamento de Costas impulsada por el Gobierno en 2022, que fue anulada por el Tribunal Supremo por un defecto de forma. El alto tribunal concluyó que determinados aspectos introducidos por vía reglamentaria excedían el desarrollo técnico de la ley e invadían un ámbito reservado al legislador. Entre ellos, precisamente, cuestiones vinculadas a la delimitación del dominio público y a los criterios para su interpretación en contextos como la regresión litoral o el impacto del cambio climático.

Desde entonces, el Ejecutivo se encuentra ante un bloqueo político evidente. La reforma de la Ley de Costas, que permitiría introducir estos cambios con plena cobertura jurídica, no ha prosperado por falta de apoyos parlamentarios. Este atasco ha derivado en una estrategia alternativa: reconfigurar el marco normativo mediante modificaciones reglamentarias parciales, integradas en textos aparentemente ajenos, como este real decreto centrado en la gestión de riesgos de inundación.

Es precisamente esta vía la que ha levantado suspicacias. Las asociaciones vecinales consideran que el Gobierno está intentando “colar por la puerta de atrás” modificaciones de calado aprovechando una norma técnica y sectorial. A su juicio, se trata de una forma de eludir el debate parlamentario y la exposición pública más amplia que exigiría una reforma legal de mayor rango. La crítica conecta con un debate de fondo sobre los límites del poder reglamentario y la jerarquía normativa en un ámbito especialmente sensible como el litoral.

El argumento del Ejecutivo, por su parte, se apoya en la necesidad de adaptar la normativa a los efectos del cambio climático, especialmente en lo relativo a inundaciones, temporales y subida del nivel del mar. Desde esta perspectiva, la integración de criterios de riesgo en la gestión del dominio público respondería a una lógica técnica y preventiva. Sin embargo, la cuestión clave es si esa adaptación puede realizarse mediante un real decreto o si, como sostienen los críticos, requiere necesariamente una reforma legislativa.

Conflicto político y jurídico

El conflicto no es solo jurídico, sino también territorial y político. Comunidades autónomas como la Valenciana han liderado en los últimos meses una oposición creciente a la política estatal de costas, denunciando inseguridad jurídica y un impacto directo sobre miles de viviendas. Este choque institucional ha ido escalando, con iniciativas parlamentarias, posicionamientos autonómicos y advertencias sobre posibles recursos ante el Tribunal Constitucional.

En este contexto, la apertura del trámite de audiencia pública adquiere un significado que va más allá de lo procedimental. Se convierte en el primer escenario de confrontación sobre un texto que, aunque presentado como técnico, podría tener consecuencias profundas sobre la gestión del litoral. La participación ciudadana y de los actores afectados será clave para determinar hasta qué punto el contenido del decreto se mantiene, se modifica o incluso se retira.

El calendario también juega un papel relevante. La publicación en pleno verano, con plazos ajustados para la presentación de alegaciones, ha sido interpretada por algunos colectivos como un intento de reducir la capacidad de respuesta organizada. No obstante, plataformas vecinales y entidades jurídicas ya están preparando informes para cuestionar la legalidad del texto y advertir de sus posibles efectos.

Fuente: https://www.elespanol.com/alicante/20260717/gobierno-abre-sorpresa-consulta-publica-decreto-clave-redefine-ley-costas-sin-pasar-congreso/1003744324900_0.html

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20/07/2026

Aagesen, ‘pirómana’ en la costa (ABC)

El Ministerio para la Transición Ecológica ha colado, en el decreto contra las inundaciones, una modificación del Reglamento de Costas por la que pasará a dominio público marítimo-terrestre cualquier zona a la que haya llegado una ola durante un temporal. Decenas de miles de propietarios se verán afectados por este cambio de criterio, por la puerta de atrás y por decreto, sin pasar por el Parlamento para su discusión, ante una norma que afecta y de qué manera al ‘statu quo’ de cualquier edificio en las costas españolas. Aagesen ‘incendia’ de inquietud a todos aquellos que tengan una propiedad en la zona litoral.

Fuente: https://www.agropopular.com/aagesen-prensa-20072026/

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La Generalitat rechaza el nuevo decreto de Costas del Gobierno y amenaza con acudir a los tribunales

Acusa al Ejecutivo central de pretender alterar «por la puerta de atrás» un elemento esencial y pide criterios «estables y repetidos»

Laura Torlà

La Generalitat Valenciana ha mostrado su «rechazo frontal» al proyecto de real decreto impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que modifica los criterios para delimitar el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), al considerar que supone una «alteración sustancial» del régimen vigente, genera una «grave inseguridad jurídica» y «amenaza el equilibrio» entre la protección ambiental y el desarrollo económico del litoral valenciano.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha acusado al Gobierno de pretender «sustituir un criterio técnico consolidado durante décadas por otro basado en un único episodio excepcional de temporal», una decisión que considera «desproporcionada, arbitraria y carente de la estabilidad que exige cualquier delimitación del dominio público», según recoge la Generalitat en un comunicado.

Por ello, el Consell exige al Ministerio que rectifique el texto durante la tramitación del decreto y avisa de que, en caso contrario, la Generalitat «defenderá los intereses de la Comunitat Valenciana en todas las instancias, incluida la vía judicial».

Para el vicepresidente tercero, «no se puede alterar por la puerta de atrás un elemento esencial de la Ley de Costa y no tiene sentido que un único temporal excepcional pueda modificar el deslinde de toda la costa». «Las normas deben basarse en criterios estables y repetidos, no en un episodio aislado que, por definición, es extraordinario. Eso genera una enorme inseguridad jurídica para ciudadanos, empresas y administraciones», ha defendido.

La Generalitat apunta que la Comunitat Valenciana posee «uno de los litorales más extensos y estratégicos» de España, donde la actividad turística, económica y social «convive con un patrimonio natural de enorme valor». Por ello, defiende que la protección del dominio público marítimo-terrestre, recogida en el artículo 132 de la Constitución, debe «compatibilizarse con la seguridad jurídica, el desarrollo sostenible y el aprovechamiento racional del litoral».

Alegaciones

La Generalitat ya presentó alegaciones al Ministerio en las que solicitaba mantener el criterio actualmente vigente, según el cual el límite del DPMT debe determinarse por el punto alcanzado por las olas en los mayores temporales conocidos cuando estos se hayan producido de forma reiterada, y rechazaba que baste un único episodio para alterar el deslinde.

Para la Generalitat, aceptar esa modificación supone «convertir un fenómeno excepcional en una regla general» y provocaría «un efecto expansivo del dominio público que no responde a criterios de proporcionalidad, estabilidad ni rigor técnico».

Martínez Mus ha ilustrado las consecuencias del cambio mediante una comparación con las inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024: «Es como si, después de la dana, todo el terreno que se inundó pasara automáticamente a ser dominio público hidráulico. Nadie entendería una decisión así. En la costa debe aplicarse el mismo principio: los fenómenos excepcionales no pueden convertirse en la regla para delimitar el dominio público».

En este sentido, la Generalitat recalca que, aplicando ese mismo razonamiento al dominio público hidráulico, «decenas de municipios valencianos verían transformada una parte muy significativa de su término municipal en dominio público únicamente por haber sufrido una inundación extraordinaria», una interpretación que resultaría a su juicio «jurídicamente insostenible y contraria a los principios de seguridad jurídica y proporcionalidad».

Amplitud de los sistemas de medición

Asimismo, el Consell cuestiona la amplitud de los sistemas de medición previstos en el proyecto de decreto, que permiten utilizar boyas, satélites o cualquier otro dato oceanográfico o meteorológico «sin establecer indicadores técnicos suficientemente objetivos, reiterados y verificables», lo que incrementa «la discrecionalidad administrativa en futuros procedimientos de deslinde».

La Generalitat considera que un cambio de esta trascendencia «no puede introducirse mediante un reglamento», sino que requeriría «un debate parlamentario y una modificación de la legislación estatal de costas», dada «la enorme repercusión que tendría sobre la propiedad, la planificación urbanística, la actividad económica y la seguridad jurídica de miles de ciudadanos».

https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20260718/generalitat-rechaza-nuevo-decreto-costas-gobierno-amenaza-acudir-tribunales_441147.html

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COSTAS

El Gobierno incluye en el decreto de inundaciones un cambio en la ley que le facilitará quedarse con más terreno en las costas

La Ley de Costas lo confirma: multas de hasta 60.000 euros por hacer hoyos en la playa para garantizar la seguridad de los bañistas

OKDIARIO - 18/07/2026 22:04 Actualizado: 18/07/2026 22:53

El Gobierno plantea modificar el Reglamento General de Costas a través del proyecto de Real Decreto de gestión de los riesgos de inundación, una norma que todavía no ha sido aprobada y que se encuentra en fase de consulta pública. La propuesta recupera un criterio que cambia la forma de calcular el alcance de los temporales para determinar los límites del dominio público marítimo-terrestre.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez incorpora esta modificación dentro del Proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas para la gestión de los riesgos de inundación, impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica. El texto propone modificar el Reglamento General de Costas y sustituir el criterio basado en la recurrencia de los temporales por otro, por ejemplo, que tenga en cuenta las máximas olas registradas o calculadas.

La propuesta del Gobierno todavía debe completar su tramitación antes de convertirse en una ley definitiva. La controversia se centra en dos vertientes: en el contenido del cambio por sustituir el criterio de recurrencia por el de las máximas olas registradas o calculadas; y en la decisión de introducir una modificación sobre los deslindes costeros dentro de un decreto cuyo objeto es la gestión del riesgo de inundaciones.

La modificación afecta al artículo 4 del Reglamento General de Costas, que establece cómo se calcula hasta dónde puede llegar el mar para decidir qué terrenos forman parte del dominio público marítimo-terrestre.

La inclusión de este cambio dentro de un decreto sobre inundaciones fue adelantada por Abc, que señaló que el Gobierno recupera una modificación del Reglamento de Costas de 2022 durante la etapa de la entonces vicepresidenta Teresa Ribera y que luego fue anulada por el Tribunal Supremo.

La diferencia principal está en que desaparece el criterio de recurrencia. Hasta ahora, la delimitación se vinculaba a que el alcance de las olas se hubiera producido «al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años», como recoge el Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de Costas. Es decir, el límite no se fijaba únicamente por un temporal extremo aislado, sino que exigía que ese comportamiento del mar se hubiera repetido.

La nueva redacción elimina ese requisito y establece que el cálculo se realizará tomando como referencia los valores máximos disponibles. «Para calcular el alcance de un temporal se utilizarán las máximas olas registradas o calculadas con esos datos», se lee en el texto del proyecto de Real Decreto por el que se adoptan medidas para la gestión de los riesgos de inundación. Así, el proyecto señala que, para fijar el límite hasta donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán «las variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje desde que existan registros de boyas o satélites, o datos oceanográficos o meteorológicos».

El cambio, de aprobarse, no implica que una única ola vaya a decidir automáticamente qué terrenos pasan a ser públicos, aunque esa sea una de las interpretaciones periodísticas que ha generado debate. Lo que modifica la propuesta es el método de cálculo: desaparece la obligación de acreditar que se ha repetido cinco veces en cinco años y se da más importancia a las máximas olas registradas.

La reforma también amplía la definición de playa respecto a determinados elementos naturales. El proyecto incorpora referencias a las dunas vinculadas a la estabilidad de la costa.

Fuente: https://okdiario.com/espana/gobierno-incluye-decreto-inundaciones-cambio-ley-que-facilitara-quedarse-mas-terreno-costass-19023660

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https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2026/07/18/generalitat-llevara-tribunales-nuevo-criterio-132584493.html

https://noticiasciudadanas.com/la-generalitat-amenaza-con-acudir-a-los-tribunales-por-el-nuevo-decreto-de-costas-denuncia-inseguridad-juridica-y-cambios-por-la-puerta-de-atras/

https://valencianews.es/politica/generalitat-recurrira-nuevo-decreto-costas-deslinde-litoral/