Martínez Mus defiende en el Senado una reforma “profunda” del modelo de costas nacional y pone de ejemplo la legislación valenciana

 

Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación

COSTAS

06/05/2026

Martínez Mus defiende en el Senado una reforma “profunda” del modelo de costas nacional y pone de ejemplo la legislación valenciana

El vicepresidente participa en el debate de la moción sobre la defensa de los afectados por la Ley de Costas en la Cámara Alta

La Generalitat se suma a los representantes de diferentes autonomías para reclamar al Gobierno una política que supere los deslindes

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido en el Senado la necesidad de impulsar una nueva Ley de Costas nacional que responda a la realidad actual del litoral español, tanto desde el punto de vista ambiental como competencial. 

Así se ha pronunciado Martínez Mus durante su intervención en el debate en la Cámara Alta, en el que han participado representantes de otras autonomías como Galicia, La Región de Murcia o Canarias y ha subrayado que “no se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda”.

En este sentido, Martínez Mus ha destacado que ocho de las diez comunidades autónomas con litoral ya tienen o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia, lo que evidencia que el mapa competencial ha cambiado de forma sustancial desde la aprobación de la ley vigente en 1988. “Por eso, desde la Comunitat Valenciana defendemos con claridad que no basta con modificar el reglamento; necesitamos una nueva ley”, ha afirmado.

El vicepresidente tercero ha insistido en que la propuesta del Consell no plantea una reducción de las garantías ambientales, sino una mejora del modelo: “No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio”.

Entre las principales conclusiones expuestas, el vicepresidente ha señalado que el modelo actual presenta “tensiones evidentes”, tras casi cuatro décadas de vigencia, como la regresión persistente del litoral, la inseguridad jurídica en los deslindes que aboga por superar y la desactualización del reparto competencial.

Frente a ello, la Generalitat plantea una nueva normativa que permita reordenar las competencias, limitando la actuación del Estado a ámbitos como los deslindes y las obras de interés general, y avanzando hacia una gestión más próxima desde las comunidades autónomas.

Asimismo, se propone reforzar la seguridad jurídica, evitar ampliaciones del dominio público basadas en episodios extraordinarios aislados y establecer criterios objetivos en el régimen de concesiones, incluyendo el reconocimiento de concesiones compensatorias.

El litoral valenciano, ha recordado, constituye “un espacio estratégico” para la Comunitat Valenciana, donde “se concentra más del 70 % de la población, con 500 kilómetros de costa y una importante actividad económica y turística”. Además, alberga espacios de alto valor ambiental, como parques naturales, zonas húmedas y áreas incluidas en la Red Natura 2000, donde conviven biodiversidad, actividad económica y vida cotidiana.

Protección ambiental y equilibrio 

La propuesta de la Comunitat Valenciana también incorpora una visión integral de la gestión del litoral, con medidas como la protección de núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural, la gestión coordinada de los sedimentos con las cuencas hidrográficas y la revisión del régimen económico para destinar los ingresos del dominio público a su conservación.

El vicepresidente tercero ha destacado, además, la experiencia de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con una Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana basada en el equilibrio entre “protección ambiental, seguridad jurídica y ordenación territorial”. Esta norma, ha indicado, “no invade competencias estatales, sino que actúa de forma complementaria dentro del marco constitucional”.

En este contexto, ha señalado que el recurso del Gobierno contra la normativa autonómica responde a planteamientos “basados en hipótesis y no en el contenido real de la ley”, y ha defendido que la legislación valenciana respeta plenamente la normativa estatal y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.

Por último, ha reiterado que la propuesta valenciana busca compatibilizar la protección ambiental con la realidad social y territorial del litoral, ofreciendo soluciones que aporten estabilidad y garantías tanto para el entorno natural como para la ciudadanía.

Además, coincidiendo con la celebración del pleno en el Senado, Martínez Mus y otros dirigentes autonómicos se han reunido con representantes de las asociaciones de afectados por la regresión de la costa.

El Senado pide una moratoria a los deslindes promovidos por el Gobierno con la aplicación de la ley de Costas

El conseller de Medio Ambiente se reúne con afectados y defiende una reforma profunda de la legislación nacional

Juan Sanchis - Valencia - 06/05/2026 a las 13:58h.

La lucha contra los deslindes continúa. Esta mañana ha sido en el Senado donde han intervenido representantes de distintas comunidades autónomas, entre ellas la Comunitat Valenciana. La Cámara Alta ha aprobado una moción presentada por el PP en la que se pide una moratoria en esta política de recuperación del dominio público marítimo terrestre recogida en la ley de Costas.

La moción plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo «cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición». Así consta en uno de los puntos de la iniciativa presentada en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.

En la defensa de este punto estaban presentes también los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión de CCAA citados por el PP para hablar sobre la Ley de Costas. Los representantes de las comunidades y el PP se han reunido también con un grupo de afectados.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, según recoge Europa Press, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, «que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados».

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama «una revisión ordenada, seria y consensuada» de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita «la convocatoria de manera urgente» de la Conferencia Sectorial.

Cabe recordar que el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva. También Canarias votará la propuesta.

Por otro lado, el vicepresidente tercero y portavoz de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ha intervenido en el Senado donde ha pedido una reforma profunda de la ley que responda a la realidad actual del litoral español, tanto desde el punto de vista ambiental como competencial.

Martínez Mus ha subrayado que «no se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda».

En este sentido, ha destacado que ocho de las diez comunidades autónomas con litoral ya tienen o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia, lo que evidencia que el mapa competencial ha cambiado de forma sustancial desde la aprobación de la ley vigente en 1988. «Por eso, desde la Comunitat Valenciana defendemos con claridad que no basta con modificar el reglamento; necesitamos una nueva ley», ha afirmado.

El vicepresidente tercero ha insistido en que la propuesta del Consell no plantea una reducción de las garantías ambientales, sino una mejora del modelo: «No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio».

Entre las principales conclusiones expuestas, el vicepresidente ha señalado que el modelo actual presenta «tensiones evidentes», tras casi cuatro décadas de vigencia, como la regresión persistente del litoral, la inseguridad jurídica en los deslindes que aboga por superar y la desactualización del reparto competencial.

Frente a ello, la Generalitat plantea una nueva normativa que permita reordenar las competencias, limitando la actuación del Estado a ámbitos como los deslindes y las obras de interés general, y avanzando hacia una gestión más próxima desde las comunidades autónomas.

Asimismo, se propone reforzar la seguridad jurídica, evitar ampliaciones del dominio público basadas en episodios extraordinarios aislados y establecer criterios objetivos en el régimen de concesiones, incluyendo el reconocimiento de concesiones compensatorias.

El litoral valenciano, ha recordado, constituye «un espacio estratégico» para la Comunitat Valenciana, donde «se concentra más del 70 % de la población, con 500 kilómetros de costa y una importante actividad económica y turística». Además, alberga espacios de alto valor ambiental, como parques naturales, zonas húmedas y áreas incluidas en la Red Natura 2000, donde conviven biodiversidad, actividad económica y vida cotidiana.

La propuesta de la Comunitat Valenciana también incorpora una visión integral de la gestión del litoral, con medidas como la protección de núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural, la gestión coordinada de los sedimentos con las cuencas hidrográficas y la revisión del régimen económico para destinar los ingresos del dominio público a su conservación.

El vicepresidente tercero ha destacado, además, la experiencia de la Comunitat Valenciana, que ya cuenta con una Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana basada en el equilibrio entre «protección ambiental, seguridad jurídica y ordenación territorial». Esta norma, ha indicado, «no invade competencias estatales, sino que actúa de forma complementaria dentro del marco constitucional».

En este contexto, ha señalado que el recurso del Gobierno contra la normativa autonómica responde a planteamientos «basados en hipótesis y no en el contenido real de la ley», y ha defendido que la legislación valenciana respeta plenamente la normativa estatal y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.

Por último, ha reiterado que la propuesta valenciana busca compatibilizar la protección ambiental con la realidad social y territorial del litoral, ofreciendo soluciones que aporten estabilidad y garantías tanto para el entorno natural como para la ciudadanía.

Créditos: https://www.lasprovincias.es/comunitat/senado-pide-moratoria-deslindes-promovidos-gobierno-aplicacion-20260506135819-nt.html

Moción del PP para evitar el derribo de las edificaciones afectadas por la Ley de Costas

El Senado pide al Gobierno que garantice los plazos y condiciones de las concesiones ya otorgadas a negocios y chiringuitos

Isabel Miranda - Madrid

06/05/2026 Actualizado a las 14:58h.

Los intentos del Gobierno de modificar la Ley de Costas por la puerta de atrás, es decir, a través de su reglamento, se acaban de topar con la oposición del PP en el Senado. Está previsto que la Comisión General de Comunidades Autónomas apruebe este miércoles una moción que garantice las concesiones ya otorgadas en el litoral a negocios y chiringuitos. Además, incluye una moratoria en los deslindes: la idea es evitar el derribo de las edificaciones afectadas.

«El Gobierno de Sánchez pretende aprobar un nuevo modelo de gestión de costas no vía ley, sino vía reglamento porque carece de consenso social, carece de diálogo y carece de los apoyos parlamentarios necesarios», ha dicho el senador Javier Márquez, del PP, en defensa de la moción durante la comisión en la que también han estado presentes las autonomías con litoral del PP.

Recientemente, el Gobierno inició el proceso para modificar el reglamento de Costas, que a efectos prácticos contiene las condiciones para los chiringuitos y negocios en el litoral, las normas para hacer deslindes y las prórrogas para la ocupación del dominio público marítimo-terrestre, ahora con un plazo de hasta 75 años. El Ministerio para la Transición Ecológica alega que Bruselas exige cambios en «la duración, tramitación, otorgamiento, gestión, prórroga y extinción de los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre», por lo que hará un nuevo reglamento mediante real decreto.

El PP no niega que haya un expediente abierto por Bruselas que afecta al litoral español. Lo que pide es que los cambios se aborden desde el diálogo con las comunidades y con los afectados. También que se priorice una revisión «ordenada y consensuada» de la Ley de Costas, en vez de estar tocando el reglamento.

«Nosotros no somos del exprópiese ni del derríbese. Somos el partido de la libertad, de la seguridad jurídica y de la defensa de la propiedad privada», ha dicho la portavoz del grupo popular, Alicia García, quien ha asegurado que la aplicación de la ley supone «una sentencia de muerte» para decenas de municipios costeros.

Afectados

La modificación del reglamento de Costas afecta al negocio de kitesurf de Tarifa, a los mariscadores del Palmar de Valencia, a los pescadores de Fuerteventura, o al pequeño hotel de Nerja y Llanes, así como a las familias que viven en los núcleos costeros históricos en las casas que erigieron sus abuelos, ha enumerado Márquez. «Hay una expulsión de la gente mediante una expropiación encubierta», ha asegurado.

Por ello, la moción pide una moratoria en la aprobación de nuevos deslindes o en la revisión de los existentes mientras se redefinen los criterios técnicos y se clarifica el marco concesional. También exigen suspender cautelarmente la tramitación de la modificación del Reglamento General de Costas en aquellos preceptos que incidan directamente en la duración y prórroga de las concesiones.

El objetivo es abordar los cambios con las comunidades afectadas y desde el diálogo «asegurando un auténtico proceso de cogobernanza en el que se tengan en cuenta las competencias y la realidad específica de cada territorio», dice la moción. Para ello piden priorizar una revisión «ordenada y consensuada» de la ley antes de recurrir a cambiar el reglamento. «A tal efecto, el Gobierno deberá presentar un proyecto de ley que aborde de forma expresa la modificación de los artículos 42, 74, 75 y 81 de la Ley 22/1988 y del artículo 2 de la Ley 2/2013», que son los que Bruselas identifica como conflictivos. «Ningún real decreto puede derogar, modificar o vaciar de contenido los derechos que dichos preceptos legales reconocen a los concesionarios», aclara la moción.

Impacto económico

El PP pide, además, hacer un estudio detallado de impacto económico, social y laboral de las reformas. Hace falta saber el número de concesiones vigentes potencialmente afectadas, así como una estimación de las pérdidas en inversión, empleo y tejido empresarial. Un análisis de 'Newtral' llegó a identificar hasta 82.000 edificaciones bajo riesgo de derribo.

«Hay que lanzar un mensaje de tranquilidad a los que ahora están en un proceso de deslinde», ha respondido por su parte el senador José Antonio Valbuena, del PSOE, que ha asegurado que las revisiones son «garantistas» y no se hacen con un funcionario en Costas que «lanza un dado y decide si la vivienda está afectada o no».

En la comisión han estado presentes los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares. La iniciativa ahora se elevará al Pleno para su convalidación definitiva, que garantiza la mayoría absoluta del PP en la Cámara. Sin embargo, no hay buenos precedentes en cuanto al recorrido de la iniciativa. Ya hace dos años el Grupo Parlamentario Popular promovió y consiguió la aprobación de una proposición de ley para modificar la Ley de Costas y proteger los núcleos tradicionales costeros con valor etnográfico. La propuesta está actualmente bloqueada en el Congreso de los Diputados por decisión de la Mesa de la Cámara y de su presidenta, Francina Armengol, que han impedido hasta la fecha su toma en consideración y debate, lamenta el PP.

Créditos: https://www.abc.es/sociedad/mocion-pp-evitar-derribo-edificaciones-afectadas-ley-20260506142608-nt.html