ASOCIACIÓN: Federación Nacional de Asociaciones de Afectados por la Ley de Costas

Desde nuestra asociación queremos trasladar, con claridad y basándonos en la experiencia acumulada durante años, una realidad que puede resultar dura: las protestas y denuncias, por sí solas, no han conseguido hasta ahora los resultados esperados.

Ya en 2008, las asociaciones de Dénia impulsamos una movilización de gran alcance, tanto a nivel nacional como europeo. Se denunció ante cónsules y embajadas la situación que estaban viviendo los propietarios afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Además, se presentó una queja formal ante el Parlamento Europeo (por escrito y con videos), acompañada de documentación y material audiovisual con testimonios de afectados de nuestra zona.

Como consecuencia de esta presión, una comisión del propio Parlamento Europeo se desplazó a España para investigar la situación sobre el terreno. De este proceso surgió el conocido Informe Auken, que criticaba duramente la aplicación de la normativa urbanística y de costas en España. 

Durante ese proceso también intervino activamente nuestro representante el abogado José Ortega, defendiendo directamente en sede europea los intereses de los afectados.

Sin embargo, pese a todo ese esfuerzo —movilización social, presión internacional, informes y comparecencias— el resultado práctico fue nulo. Posteriormente, la reforma de la Ley de Costas en 2013 no resolvió los problemas de fondo. De hecho, en la actualidad los deslindes se siguen realizando conforme a esa normativa y su reglamento, lo que continúa generando inseguridad jurídica para muchos propietarios.

En tiempos recientes, hemos intentado nuevamente acudir a instancias internacionales. Se han presentado denuncias ante cónsules y organismos europeos, así como peticiones ante la Comisión Europea y el propio Parlamento Europeo. La respuesta ha sido, una vez más, desalentadora: estos organismos consideran que los procesos de expropiación y delimitación del dominio público son competencias exclusivas de los Estados miembros, por lo que no intervienen en este tipo de conflictos.

En otras palabras, la vía europea política o administrativa se ha mostrado, hasta ahora, ineficaz.

Ante esta situación, cabe preguntarse: ¿qué opciones nos quedan? Fundamentalmente dos. Por un lado, la vía judicial española, donde la experiencia demuestra que el Ministerio para la Transición Ecológica obtiene una altísima tasa de éxito en los litigios (95%). Por otro lado, una vía más compleja pero potencialmente relevante: acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo, una vez agotadas todas las instancias judiciales en España.

En este contexto, nuestra asociación está colaborando en la creación de una Federación Nacional de Afectados por la Ley de Costas. El objetivo es unir fuerzas a nivel estatal para, llegado el momento, presentar una demanda sólida ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Este tipo de procedimientos requiere no solo una estrategia jurídica bien fundamentada, sino también un importante esfuerzo económico compartido entre las asociaciones.

Conviene recordar que los costes de estas acciones son elevados. Solo la denuncia presentada en su día por nuestra Asociación ante el Parlamento Europeo supuso un gasto cercano a 13.000 euros, entre informes técnicos, asesoramiento jurídico y tramitación.

Por ello, es fundamental ser conscientes del esfuerzo económico y organizativo que implican este tipo de iniciativas antes de impulsarlas.

Desde la Junta Directiva queremos trasladar a todos los socios un mensaje claro: firmeza y paciencia. Nos encontramos en un momento en el que podría abrirse una oportunidad de cambio legislativo. Diversos partidos políticos han mostrado disposición a revisar una normativa que ha generado importantes perjuicios.

Al mismo tiempo, nos preocupa profundamente la orientación de las políticas actuales impulsadas por organismos como el MITECO, que, en nuestra opinión, están priorizando la ampliación del dominio público marítimo-terrestre sin tener suficientemente en cuenta ni la seguridad jurídica de los propietarios ni, en muchos casos, la conservación efectiva del litoral.

En este sentido, también queremos subrayar el impacto ambiental que podría derivarse de una mala gestión del litoral. Ecosistemas clave como las praderas de Posidonia oceanica o las zonas de nidificación del chorlitejo patinegro dependen directamente de la estabilidad de las playas. Su degradación o desaparición tendría consecuencias ecológicas irreversibles.

Finalmente, si se cumplen las previsiones de organismos como el IPCC, el problema no se limitaría a las playas, sino que afectaría a amplias zonas urbanas de ciudades costeras, incluida Dénia y muchas otras del litoral español. ¿Tampoco las defenderá el Miteco?.

Por todo ello, pedimos a los propietarios afectados que mantengan la calma, la unidad y el compromiso. Próximamente convocaremos una nueva Junta General en la que se explicarán con mayor detalle todas estas cuestiones y los próximos pasos a seguir.