VIDEO: Deslinde y Ley de Costas El caso de Dénia

 SOBRE LA PROBLEMÁTICA COSTERA EN DÉNIA y LA LEY DE COSTAS: HACIA UNA TRANSICIÓN JUSTA Y CIENTÍFICA

La situación del litoral en Dénia representa actualmente un conflicto de gran calado donde la aplicación de una normativa estatal obsoleta colisiona con la realidad social y urbanística del municipio. Este video detalla el contexto, las demandas unánimes de la sociedad civil y política, y la propuesta técnica para una reforma legislativa.

1. Consenso Político y Liderazgo Local

Dénia se ha convertido en un ejemplo de unidad frente a la gestión de costas. Desde principios de 2022, la totalidad del pleno municipal, se ha posicionado sin excepciones a favor de las personas afectadas por el deslinde en las playas de Dénia. Este consenso se ha materializado en tres mociones (2022, 2023 y 2024) aprobadas por unanimidad, lo que demuestra que el conflicto no es partidista, sino una cuestión de justicia territorial.

2. La Problemática Técnica: La Raíz de la Erosión

El diagnóstico de la situación no se limita al cambio climático. Los afectados y la clase política dianense señalan que el Ministerio (MITECO) mantiene una postura rígida que ignora factores humanos determinantes. La pérdida de las playas en Dénia es consecuencia directa de:

• Interrupción del flujo sedimentario: Los embalses retienen los sedimentos fluviales que deberían llegar al mar. El Pantano de Isbert cerró el paso a los sedimentos en 1945 y para siempre. Los embalse del Júcar, Serpis y Ebro hacen lo mismo.
• Impacto de las infraestructuras: Los puertos bloquean la dinámica de transporte de arena a lo largo del litoral valenciano y esta no llega a Dénia.
• Las extracciones de sedimentos del río Girona y de la propia playa de Deveses y Almadraba: En los años 60 las extracciones de arena para la cementera Cemesa, en 1973 extracciones de gravas para la fábrica de Ortiz en Verger, en 2008 extracciones del río Girona para las Rotas, para Cala Ambolo en Xàbia y para las canteras de Oliva, en 2011 para la playa del Muntanyar en Xàbia.

Se critica que la administración utilice la erosión provocada por estas infraestructuras como pretexto para deslindar y expulsar a propietarios, en lugar de corregir el origen del problema.

3. Impacto en los Propietarios y Acción Judicial

La actual delimitación del Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) en Dénia se percibe como arbitraria y discriminatoria, generando graves agravios comparativos entre vecinos.

• Afectación masiva: Según la información planteada (que coincide con la preocupación por los expedientes ya aprobados en Dénia), alrededor de 100 inmuebles pasarían a ser propiedad del Estado y otros 150 quedarían en servidumbre de tránsito, donde se prohíbe toda edificación. Mas de dos mil propiedades quedarían en Servidumbre de Protección.
• Respuesta jurídica: Ante esta situación, un numeroso grupo de propietarios está preparando  recursos contencioso-administrativos para defender sus derechos frente a lo que consideran una decisión sin criterios equitativos. Es decir gastando el dinero de su propio bolsillo para enfrentar una grave injusticia y salvar sus viviendas.

4. Propuestas para una Reforma Legislativa

La solución propuesta por los colectivos afectados y avalada por el consenso político local se basa en varios ejes fundamentales:

• Regeneración previa al deslinde: No debe incoarse ningún expediente de delimitación del DPMT sin que antes se haya recuperado la línea de playa primaria (la existente antes de la construcción de puertos y embalses) mediante aportaciones de arena de la plataforma continental, como el banco de Cullera.
• Indemnización por Justiprecio: Se exige reformular la ley para que la compensación por la pérdida de propiedad no sea únicamente una concesión administrativa, sino una indemnización económica según el precio justo de mercado previo a la nueva calificación o, en todo caso se deje a la elección del propietario.
• Monitorización Científica: Los deslindes deben basarse en datos reales y continuados, con la participación efectiva de ayuntamientos y afectados, reconociendo que la administración local es la que mejor conoce la realidad humana del problema. No puede ser una decisión vertical del técnico del ministerio. Esto no es Cuba ni Corea del Norte.

En conclusión, la situación en Dénia requiere que se pase de la aplicación dogmática de la ley a una gestión basada en la ciencia y la justicia social, donde la defensa del litoral sea compatible con el respeto a los derechos ciudadanos consolidados.

¡¡ POR UN CAMBIO LEGISLATIVO DE LA LEY DE COSTAS ESPAÑOLA !!!