PRENSA: Nuevo pulso a Sánchez desde Valencia: las autonomías costeras se organizan para reescribir la Ley de Costas

La Generalitat reúne el 6 de marzo a las comunidades con litoral para formalizar un grupo de trabajo que impulse una nueva Ley de Costas y exija más competencias en la gestión del dominio público.

Héctor Fernández - Alicante Publicada - 2 marzo 2026

Las autonomías costeras preparan su segunda gran ofensiva política contra la Ley de Costas de 1988. El próximo viernes 6 de marzo, Valencia será la sede de una nueva reunión de las comunidades, con la Generalitat Valenciana como anfitriona, para consolidar un frente común que exige al Gobierno central abrir de una vez la ley estatal y no limitarse a un retoque exprés de su reglamento.

La hoja de ruta es clara: más competencias reales en la gestión del dominio público marítimo‑terrestre y una nueva arquitectura jurídica que compatibilice la protección ambiental con la supervivencia de los núcleos costeros y de la economía ligada al mar.

La ofensiva autonómica empezó a tomar forma a mediados de febrero, a partir de un movimiento del propio Ejecutivo central. El Ministerio para la Transición Ecológica abrió entonces la consulta pública previa para reformar el Reglamento General de Costas (que tumbó el Tribunal Supremo), pero solo durante el plazo mínimo de 15 días, con el argumento de evitar una condena de la Comisión Europea por el sistema de concesiones en el dominio público marítimo‑terrestre, los conocidos como chiringuitos playeros.

El anuncio incluía compromisos relevantes -generalizar el concurso público, acotar prórrogas y revisar la duración de las concesiones-, pero dejaba intacta la Ley de 1988, lo que encendió las alarmas de las comunidades autónomas, que se sienten orilladas en un proceso que afecta directamente a sus playas, puertos, paseos marítimos y sectores productivos.

El primer gran gesto de respuesta llegó el 18 de febrero en Madrid. Galicia reunió en la Casa de Galicia a otras nueve comunidades autónomas con litoral -entre ellas la Comunitat Valenciana, Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias, Asturias, Cantabria, Murcia y el País Vasco- para fijar una posición común.

De esa cita salió el compromiso de crear un grupo de trabajo político y técnico que empiece a diseñar «con rigor y de forma coordinada» las bases de una nueva Ley de Costas, con una visión integral que incorpore no solo los criterios ambientales, sino también los impactos sociales, urbanísticos y económicos en la franja litoral.

En paralelo a ese movimiento, el Gobierno central reiteró que su prioridad inmediata es cambiar el reglamento antes del verano para cumplir con Bruselas, sin abrir el melón de la ley de 1988. Esa decisión ha terminado de cohesionar a las autonomías, que temen que Madrid cierre el expediente europeo con un simple apaño reglamentario diseñado desde despachos ministeriales, sin tener en cuenta la diversidad de realidades costeras ni las tensiones que se viven en primera línea de playa.

El malestar es doble. Por un lado la falta de diálogo efectivo. De otro, la sensación de que se relega a un segundo plano el debate de fondo sobre el modelo de gestión del litoral en España.

La Comunitat Valenciana se ha situado desde el principio en la vanguardia de ese frente. El Consell ha reclamado públicamente que se haga efectivo el traspaso de competencias en materia de gestión del litoral que reconoce su Estatuto de Autonomía y ha advertido de que no aceptará una reforma del reglamento estatal que ignore el papel de las comunidades.

Al mismo tiempo, la Generalitat ha acelerado su propia agenda con la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana, con la que quiere ordenar el litoral desde parámetros propios y dar respuesta a conflictos enquistados como la playa de la Babilonia en Guardamar o los deslindes de Dénia.

Reuniones

Ese doble tablero -frente autonómico y despliegue de la ley valenciana- explica la relevancia política de la cita del 6 de marzo en València. Será la segunda gran reunión del bloque de comunidades costeras, esta vez con la Generalitat ejerciendo de anfitriona y aspirando a consolidar la estructura del grupo de trabajo pactado en Madrid.

La intención es dar carta de naturaleza a un esquema de coordinación estable, con una parte política -consejerías y responsables autonómicos de Costas- y otra técnica, formada por juristas y expertos en ordenación del litoral encargados de elaborar los primeros documentos de bases para una futura reforma integral de la ley.

Las fuentes consultadas dan por hecho que en la agenda de València figurarán, como mínimo, tres bloques. El primero, un repaso al estado de la tramitación del nuevo Reglamento de Costas que impulsa el Ministerio, con especial atención a la letra pequeña sobre plazos concesionales, concursos y prórrogas, ámbitos en los que la presión de la Comisión Europea es más intensa.

El segundo, la fijación de un calendario de trabajo propio del grupo autonómico para elaborar una propuesta compartida de reforma de la Ley de 1988 que pueda trasladarse al Congreso como posición conjunta del arco litoral. Y el tercero, la estrategia de comunicación y presión política sobre Moncloa para forzar una mesa específica de negociación en la que las comunidades no sean meras convidadas de piedra.

En ese contexto, la Generalitat Valenciana aspira a convertir València en algo más que una simple sede logística. El Consell quiere aprovechar la reunión para reforzar la idea de que la Comunitat no solo reclama más autogobierno en la costa, sino que ya ha puesto sobre la mesa un modelo alternativo a través de su propia ley, en el que se combinan figuras de protección etnológica para barrios marineros con instrumentos de ordenación del territorio y del litoral. Esa experiencia pretende utilizarse como escaparate de que otra forma de regular la costa es posible, con más participación de los ayuntamientos, más seguridad jurídica para vecinos y sectores económicos, y una mayor sintonía con la realidad de cada tramo de litoral.

Créditos: https://www.elespanol.com/alicante/20260302/nuevo-pulso-sanchez-valencia-autonomias-costeras-organizan-reescribir-ley-costas/1003744148640_0.html

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La Generalitat Valenciana presenta alegaciones al Reglamento de Costas por seguridad jurídica

02 de marzo de 2026 (10:54 h.)

Solicita "mayor seguridad jurídica", la aplicación de "criterios técnicos objetivos" y un planteamiento que "compatibilice la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral"

La Vicepresidencia Tercera y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación han formalizado un pliego de alegaciones al proyecto para modificar el Reglamento General de Costas, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. En estas alegaciones, se solicita una "mayor seguridad jurídica", el uso de "criterios técnicos objetivos" y una propuesta que consiga "compatibilizar la protección ambiental con la actividad económica sostenible en el litoral".

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, explicó a través de un comunicado que estas consideraciones proceden de la necesidad de una revisión “en profundidad” de la Ley de Costas de 1988. García Manzana remarcó que, si el Ministerio opta por seguir adelante con la reforma del reglamento, "debería primar la seguridad jurídica, especialmente en los deslindes". Enfatizó que "no se puede ampliar el dominio público marítimo terrestre por un episodio extraordinario de oleaje".

García Manzana también abogó por mantener un "equilibrio real entre la protección ambiental y el desarrollo económico, el respeto a los núcleos tradicionales y, sobre todo, una cooperación leal y efectiva con todo el territorio"

El dirigente apuntó, además, que una modificación de ese alcance requiere "como mínimo mantener una reunión" con las comunidades autónomas, señalando que la Generalitat tuvo noticia de la reforma del reglamento “de manera indirecta”.

En cuanto al recurso de inconstitucionalidad anunciado por el Ejecutivo estatal contra la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana para impugnar la creación de núcleos de valor etnológico previstos en dicha normativa autonómica, García Manzana transmitió su "preocupación".

Destacó que esta figura "permite salvaguardar a las personas que residen en enclaves con un patrimonio singular que merece protección específica". Añadió que la ejecución de acciones pendientes para la regeneración del litoral serviría para evitar nuevos deslindes que ponen "en riesgo" a estos núcleos costeros.

El director general indicó que la Generalitat mantiene su "voluntad de entendimiento" y que, tras la convocatoria de la comisión bilateral, se han conseguido consensos en cerca de treinta artículos.

Puso en valor los fundamentos de la nueva ley de Costas autonómica, diseñada para otorgar al litoral de la Comunitat Valenciana un marco legal "estable, coherente y ajustado a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas".

Alegaciones de la Generalitat sobre el reglamento de Costas

Respecto a las alegaciones remitidas, la Generalitat plantea que la reforma del Reglamento General de Costas refuerce la protección jurídica en los procedimientos de deslinde y evite que episodios excepcionales puedan provocar la extensión automática del dominio público, garantizando asimismo la opción de revisar hacia el mar.

La administración autonómica sostiene la importancia de que la gestión integral de los sedimentos en las cuencas hidrográficas se incluya en una estrategia coherente de protección litoral. Además, propone regular las concesiones mediante "criterios tasados y una definición técnica precisa del concepto de 'riesgo cierto'", diferenciando de manera objetiva cada situación.

Peticiones para la reforma normativa

En el mismo texto, se subraya la compatibilidad de las actividades económicas sostenibles con la adaptación de las superficies y distancias en función de la planificación territorial. La Generalitat reconoce como derechos indemnizatorios las concesiones compensatorias y respalda el mantenimiento del silencio administrativo positivo para las adscripciones autonómicas.

Solicita también que se recoja “de manera expresa” la especificidad de los núcleos urbanos tradicionales de valor etnológico y cultural ubicados en la fachada litoral, garantizando su conservación en el espacio público marítimo-terrestre.

Propuestas para núcleos y paseos marítimos

Otro de los puntos hace referencia a los paseos marítimos y el planeamiento urbanístico. Se pide que los paseos construidos tras la entrada en vigor de la Ley de 1988 sean reconocidos como línea de ribera y que el planeamiento mantenga su capacidad para autorizar usos compatibles en edificaciones ya existentes.

Estas medidas están encaminadas a proporcionar garantías en la preservación de la infraestructura urbana litoral y aportar claridad sobre el planeamiento y el aprovechamiento del espacio, respetando lo construido y dando cobertura a las necesidades actuales.

Participación autonómica y cooperación institucional

Por último, la Generalitat incide en la necesidad de intensificar la cooperación y la lealtad institucional a través de mecanismos efectivos de diálogo y consenso con las comunidades autónomas. Reclama una participación activa en las comisiones bilaterales y sectoriales, así como la incorporación de informes y posturas remitidas por la administración autonómica.

Todo este conjunto de medidas tiene como meta "compatibilizar la protección del litoral con el desarrollo económico sostenible, garantizando seguridad jurídica, transparencia administrativa y un equilibrio adecuado entre el interés público y los derechos de los ocupantes".

Créditos: https://www.vivavalencia.net/articulo/Valencia/generalitat-valenciana-presenta-alegaciones-reglamento-costas-seguridad-juridica/20260302105414029569.amp.html