El Constitucional suspende parte de la ley de Costas valenciana que protege las casitas tradicionales de los deslindes
El alto tribunal admite a trámite el recurso promovido por el Gobierno español contra la norma autonómica aprobada en mayo de 2025
Cristina Vázquez
Valencia - 25 MAR 2026 - 16:19 CET
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por Gobierno español contra varios preceptos de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana, aprobada por Les Corts Valencianes en mayo de 2025 porque colisiona con la legislación estatal. Dos de los preceptos suspendidos son el artículo 17 y la disposición final primera, objeto de polémica desde su redacción porque pretende protege los asentamientos “de interés etnológico del litoral” o “núcleos costeros tradicionales” de los deslindes a los que obliga la ley estatal. La mayoría de estos núcleos provienen de concesiones de legislaciones de costas de los años 30 o 40 en España y tienen fecha de caducidad.
El Ejecutivo español impugnó el pasado mes de febrero los dos puntos anteriores más la disposición adicional cuarta de la norma autonómica, que se refiere a la elaboración de un inventario actualizado de los terrenos litorales que, debido a su degradación, puedan haber perdido sus características naturales propias del dominio público marítimo terrestre.
El Tribunal ha suspendido de forma cautelar la vigencia y aplicación de los citados artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso, el 26 de febrero de 2026, para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
En la demanda, el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, y alega también que serían contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Los grupos parlamentarios de PP y Vox aprobaron en mayo del año pasado la nueva ley de protección y ordenación de la costa valenciana, tramitada con urgencia, que pretende salvaguardar o compensar a los propietarios de los inmuebles afectados por los deslindes de la ley de Costas y compatibilizar su protección con la actividad económica, con un punto de apoyo clave, que no recoge esta ley pero que está regulado en la ya en vigor ley de simplificación administrativa de la Generalitat: la reducción de 500 a 200 metros la posibilidad de construir terciario en el litoral valenciano.
La oposición, PSPV y Compromís, denunciaron que era una ley “negacionista”, en la que el PP se ha sometido a las exigencias de Vox, y “tramposa” porque rebaja la protección del anterior plan de de la costa aprobado por el Consell del Botànic, el Pativel.
El proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana ofrece alternativas a los afectados por los deslindes a través de tres figuras de protección, además de reformular el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (Pativel) y de prohibir el fondeo de embarcaciones sobre la posidonia. La norma acabó su tramitación parlamentaria después de que el PP aceptara incluir las 17 enmiendas presentadas por Vox y ninguna de la oposición.
El diputado del PP Wenceslao Alós destacó en el momento de su aprobación en el Parlamento que era un gran día para las asociaciones de pueblos de la costa valenciana que ven que el PP cumple con sus promesas electorales. Es una ley que defiende el patrimonio medioambiental pero también el patrimonio turístico, histórico y económico público y privado, remarcó el parlamentario.
“Es una ley que lucha por los núcleos costeros con valor etnológico. Nos oponemos con esta ley a los deslindes y en contra de expropiaciones sin indemnizaciones a sus legales propietarios”, defendió Alós en alusión a los afectados, propietarios de casas en el litoral, de Torre la Sal, en Cabanes; Tavernes, Guardamar o Dénia.
El Gobierno español y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.
Créditos: https://elpais.com/espana/comunidad-valenciana/2026-03-25/el-constitucional-suspende-varios-articulos-de-la-ley-de-costas-que-evitan-deslindes-que-amenazan-las-casitas-de-primera-linea.html
El Constitucional suspende varios artículos de la ley de Costas sobre deslindes y protección en primera línea
El Pleno del Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno
Paula Picher
Publicado: 26/03/2026 · 06:00
Actualizado: 26/03/2026 · 20:14
VALÈNCIA. La Ley de Costas valenciana se enreda en el Tribunal Constitucional. El pleno del órgano acordó este miércoles la admisión del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno de España sobre los puntos más sensibles de esta norma, que afectan a los deslindes y la protección de viviendas y núcleos tradicionales en primera línea de playa. El desacuerdo entre el Ejecutivo central y el Consell se mantuvo a lo largo de varios meses y llevó al Gobierno a presentar un recurso a finales de febrero cuya admisión este miércoles ha provocado la suspensión de la vigencia y aplicación de los artículos polémicos.
En concreto, el Ejecutivo que encabeza Pedro Sánchez mostró su disconformidad sobre el artículo 17 y de la disposición final primera de la norma autonómica, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que respecta a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales. El Ejecutivo cree que se trata de una "ley de caso único" y de una vulneración de los principios constitucionales de arbitrariedad de los poderes públicos y de la separación de poderes.
Por otro lado, el Ejecutivo también observó inconstitucionalidad en la disposición adicional cuarta, cuyo motivo de impugnación es el inventario de bienes que pertenecen al Estado. El Gobierno señala que la Generalitat podría solicitar al Estado la modificación en el status jurídico de los terrenos que integran el dominio público marítimo-terrestre en los términos previstos por la normativa estatal.
Cabe recordar que el Gobierno y el Consell abrieron hace seis meses una comisión bilateral que permitió llegar a un acuerdo sobre la mayoría de discrepancias entre ambas administraciones sobre esta norma, pero no sobre los citados artículos lo que supone, en la práctica, que cuestiones clave como los puertos de interés general quedan fuera del alcance autonómico; que espacios protegidos como la Red Natura 2000 seguirán rigiéndose por la legislación estatal y que el régimen sancionador de la Generalitat operará solo en su ámbito, sin invadir las facultades del Estado en materia de costas.
En esos artículos se sustenta la figura de los núcleos costeros con valor etnológico, una herramienta diseñada por la Generalitat para proteger conjuntos tradicionales frente a posibles derribos derivados de la delimitación del dominio público. Ahí entran ejemplos muy concretos y reconocibles del litoral valenciano, como pueden ser las casetes de Nules, la playa del Pinet en Elche, Torre la Sal en Cabanes o la zona de Babilonia en Guardamar. Espacios que no solo son viviendas, sino parte de una identidad colectiva ligada al mar y que, con la normativa estatal actual, pueden quedar dentro del dominio público marítimo-terrestre. Una cuestión que el Gobierno interpretó como una invasión de sus competencias y, sobre la que no ha habido acuerdo posible antes de llegar al Constitucional.
Una ley para responder a un problema real
En este punto, cabe observar cierto paralelismo con lo ocurrido en Galicia, autonomía en la que el Ejecutivo estatal también impugnó una ley autonómica de litoral por invasión de competencias. El conflicto terminó en el Constitucional, que avaló parcialmente la capacidad de la comunidad autónoma para gestionar su costa, lo que facilitó a posteriori el traspaso efectivo de competencias.
No es el mismo caso, pero sí un espejo en el que se mira la Generalitat. Por tanto, la lectura que extrae el Consell es que, si Galicia pudo ampliar su margen de competencias sobre el litoral, la Comunitat Valenciana puede aspirar a lo mismo. En cualquier caso, el trasfondo del conflicto tiene que ver con un problema que se extiende a lo largo de toda la costa valenciana: miles de viviendas afectadas por los deslindes, la regresión del litoral y una creciente sensación de inseguridad jurídica entre los vecinos.
Más de medio centenar de asociaciones se han agrupado en plataformas como SOMOS Mediterrània para denunciar esta situación y reclamar soluciones que no pasen por los derribos de viviendas. La ley valenciana nace, en buena medida, como respuesta a esa presión social. El vicepresidente y conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, ya defendió la semana pasada en un encuentro ante los medios que la norma es una herramienta "clave" para proteger viviendas, derechos de los propietarios y patrimonio cultural.
En ese sentido, el conseller insistió en que no basta con ajustes reglamentarios y reclamó una normativa estatal "más realista" y adaptada a la situación de la costa valenciana, así como agilizar proyectos de regeneración que llevan años pendientes. Pese a que la ley avanza, lo hace con una grieta estructural. El acuerdo con el Gobierno central ha permitido salvar su armazón, pero ha dejado intacto el conflicto que da sentido a la norma, de manera que el Constitucional tendrá la última palabra al respecto, de la misma manera que ocurrió con el precedente gallego.
Créditos: https://valenciaplaza.com/valenciaplaza/comunitat-valenciana1/el-constitucional-suspende-varios-articulos-de-la-ley-de-costas-sobre-deslindes-y-proteccion-en-primera-linea
Pleito legal
El Tribunal admite el recurso del Gobierno referido al articulado de la nueva norma autonómica del litoral que pretende salvaguardar núcleos urbanos “de especial valor etnológico” que el Estado prevé derribar
Enrique Bolland - 25/03/2026 17:45
El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno de España y ha suspendido la vigencia y aplicación de los apartados de la ley de protección y ordenación de la costa valenciana referidos a la figura de protección de las viviendas costeras tradicionales.
El Constitucional ha admitido el recurso de inconstitucionalidad referido al artículo 17 y la disposición final primera de la norma valenciana, sobre los núcleos urbanos de especial valor etnológico, únicamente en lo que se refiere a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales.
Además de impugnar esos dos apartados, al considerar que incumplen la normativa estatal en materia de costas, el Gobierno de España ha recurrido también la disposición adicional cuarta de la Ley 3/2025, referida a Inventario de terrenos degradados incluidos en el dominio público marítimo terrestre.
Según ha informado el Tribunal en un comunicado, tras invocar el Gobierno el artículo 161.2 de la Constitución, ha suspendido la vigencia y aplicación de esos artículos y disposiciones desde la fecha de interposición del recurso (26 de febrero de 2026) para las partes del proceso, y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros.
El Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal
En la demanda, el Gobierno sostiene que los preceptos impugnados podrían vulnerar la normativa básica estatal, en particular, los artículos 132, 149.1.1a y 149.1.23a de la Constitución Española, así como lo dispuesto en la disposición adicional undécima de la Ley 21/1988, de Costas.
También alega que serían contrarios a los principios constitucionales de separación de poderes, de reserva de jurisdicción e interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, según el comunicado del Tribunal Constitucional.
El Gobierno y la Generalitat abrieron hace meses una comisión bilateral para intentar resolver las discrepancias sobre una veintena de artículos de la norma valenciana, en los que se ha llegado a un acuerdo en todo menos en lo que se refiere a los núcleos de valor etnológico, figura con la que el Consell quería proteger esas zonas para evitar los deslindes que amenazan esas construcciones.
Créditos: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20260325/11499147/constitucional-suspende-proteccion-casas-costeras-prevista-ley-valenciana.html
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