La Generalitat reúne a todos los partidos para participar en su ley de Costas mientras Moncloa bloquea la reforma estatal

Sobre la mesa está el riesgo de un recurso ante el Constitucional, la petición de transferencias en dominio público marítimo‑terrestre y los primeros decretos del Plan de Ordenación Costera y de los núcleos de valor etnológico.

Héctor Fernández - Alicante - 22 febrero 2026

06:20h

El Consell de Juanfran Pérez Llorca (PP) ha puesto en marcha la consulta pública del reglamento de su Ley de Costas y ha convocado para el miércoles 25 de febrero la primera reunión de la Comisión Interdepartamental del Litoral, a la que, además de las consellerias y administraciones implicadas, ha invitado de forma expresa a los síndics de todos los grupos de Les Corts.

Este doble movimiento visualiza la voluntad del Consell de desplegar su propia normativa litoral con un procedimiento transparente y abierto a la participación política, en un momento de máxima tensión con el Gobierno central de Pedro Sánchez (PSOE-Sumar)por el encaje constitucional de la Ley 3/2025.

La reunión del día 25 servirá para informar del calendario y el contenido del desarrollo reglamentario de la Ley valenciana de Costas, pero también para escenificar una foto de “cogobernanza” en la que la oposición pueda conocer de primera mano los próximos pasos del Consell.

El director general de Costas de la Generalitat Valenciana, Marc García Manzana, ha explicado a este diario que al encuentro acudirán las consellerias con competencias directas o indirectas en el litoral (turismo, deportes, patrimonio…), las tres diputaciones y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), tal como prevé la norma, y que, además, se ha decidido invitar a los síndics de todos los grupos parlamentarios.

La presencia de los portavoces de Les Corts es clave porque sobre la mesa estarán tanto el riesgo de que la ley acabe en el Tribunal Constitucional como la eventual transferencia de competencias en materia de dominio público marítimo‑terrestre, cuestiones que afectan de lleno a una norma que emana del propio parlamento valenciano.

El orden del día

El orden del día está cargado de decisiones estratégicas. En primer lugar, se informará de la activación de la Comisión Bilateral de Cooperación Estado‑Generalitat, prevista en el artículo 33 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, paso previo a un posible recurso de inconstitucionalidad si no hay acuerdo político sobre el alcance de la ley valenciana.

En segundo lugar, se expondrá la solicitud formal al Gobierno de España para iniciar el traspaso de bienes y servicios ligados a la gestión de los títulos de ocupación del dominio público marítimo‑terrestre, apoyándose en la disposición transitoria tercera de la Ley 3/2025.

Junto a ello, Costas detallará el estado de cuatro piezas normativas: el decreto que declarará los núcleos urbanos costeros de especial valor etnológico, el decreto de aprobación del Plan de Ordenación Costera (POC), la orden del Catálogo de Playas y el decreto que regula la propia Comisión Interdepartamental de Coordinación de Ordenación del Litoral.

La tramitación del reglamento autonómico arranca con la publicación en el DOGV del anuncio de consulta pública, que abre la puerta a que ciudadanos, ayuntamientos, entidades vecinales y sectores económicos planteen alegaciones antes incluso de que exista un borrador cerrado.

La Generalitat busca así blindar el proceso frente a eventuales impugnaciones procedimentales como la que llevó al Tribunal Supremo a anular en 2024 la reforma del reglamento estatal de Costas por falta de participación ciudadana, un precedente que en Madrid ha obligado ahora al Ministerio para la Transición Ecológica a iniciar una nueva consulta previa para rehacer su decreto.

El Consell quiere mostrar que su despliegue reglamentario se hace “de luz y taquígrafos”: con consultas públicas, órganos colegiados, informes cruzados entre consellerias y, ahora, con los síndics sentados desde el inicio en la mesa donde se va a cocinar el desarrollo de la ley.

En paralelo, el contexto estatal sigue marcado por la paradoja: el Gobierno central ha abierto el melón del reglamento, pero mantiene bloqueada en el Congreso la reforma de la Ley de Costas de 1988 pese al mandato del Senado y a las reiteradas peticiones de comunidades como la Valenciana y Murcia. Como has explicado en tus informaciones, la mayoría del Congreso ha instado en varias ocasiones a modernizar una ley pensada para otra época, mientras la Mesa -con mayoría de PSOE y Sumar- acumula decenas de prórrogas y evita que se debata la propuesta de reforma, dejando en un limbo jurídico a miles de viviendas y núcleos tradicionales del litoral.

En ese escenario de bloqueo en Madrid, el Consell acelera su propia hoja de ruta: activa la bilateral, pide transferencias de gestión, avanza en el POC y en el catálogo de playas, y reivindica que su Ley 3/2025 está jurídicamente blindada al apoyarse en competencias de ordenación del territorio, urbanismo y patrimonio cultural reconocidas por la Constitución y el Estatuto.

El miércoles 25 será, en la práctica, la primera gran puesta en escena de esa estrategia: una comisión en la que consellerias, diputaciones, FVMP y síndics cruzarán por primera vez sus posiciones sobre la defensa de los núcleos con valor etnológico, el reparto de competencias sobre el dominio público marítimo‑terrestre y el horizonte —cada vez más cercano— de un conflicto jurídico‑político ante el Tribunal Constitucional.

Créditos: https://www.elespanol.com/alicante/20260222/generalitat-reune-partidos-participar-ley-costas-moncloa-bloquea-reforma-estatal/1003744138804_0.html