ASOCIACIÓN: España afronta un riesgo oculto: el 40 % de sus presas podrían causar una catástrofe urbana si fallan
Con más de 2.453 presas en explotación, 1.300 de ellas grandes, y una inversión pública en infraestructuras hidráulicas que ha caído un 57 % en la última década, la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil alarma del deterioro creciente de este patrimonio estratégico.
La Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y de la Ingeniería Civil lanza una alerta urgente sobre el estado actual del parque de presas en España, destacando que estas infraestructuras críticas para el abastecimiento, el riego, la generación de energía renovable y la prevención de inundaciones e incendios forestales se encuentran en una situación de alarmante vulnerabilidad.
Un patrimonio estratégico en peligro
España dispone de 2.453 presas en explotación, de las cuales 1.300 son grandes presas. De éstas, 375 son de titularidad estatal, lo que sitúa al país como el quinto del mundo en capacidad de regulación hídrica. Estas construcciones permiten abastecer a la población, sostener la agricultura de regadío, generar energía renovable, mitigar sequías e inundaciones, y actuar como cortafuegos en incendios forestales.
No obstante, la Asociación advierte de que la vulnerabilidad es elevada: el 40 % de las presas están clasificadas en Categoría A, su rotura podría afectar gravemente a núcleos urbanos, con riesgo directo para decenas de miles de personas. En la zona del litoral mediterráneo viven más de un millón de personas en áreas calificadas como de riesgo grave en caso de avenidas. El caso de la presa de Forata en Valencia es ilustrativo: más de 110.000 habitantes se verían afectados en caso de fallo.
Ese riesgo se agrava por el envejecimiento del parque: la edad media de las presas españolas es de 50 años, más de 600 ya superan ese medio siglo y un centenar tienen más de un siglo de antigüedad. Un mantenimiento, modernización y control constantes son indispensables, pero hoy no se realizan con la intensidad necesaria.
Inversión pública en caída libre
La última década ha sido especialmente dañina para las infraestructuras hidráulicas: la inversión pública se ha reducido en un 57 %, lo que ha traído como consecuencia que tan sólo se haya ejecutado el 29 % de lo previsto en los Planes Hidrológicos y de Gestión de Riesgos de Inundaciones.
Las consecuencias son claras: miles de ciudadanos viven en zonas de riesgo sin planes de emergencia implantados, y numerosas presas presentan deficiencias graves de seguridad. Según informes de la propia Administración referidos a las 375 grandes presas de titularidad estatal:
- El 75 % requieren estudios complementarios de seguridad.
- El 65 % necesitan renovar sus sistemas de auscultación.
- El 30 % precisan refuerzos estructurales.
- El 50 % requieren rehabilitación de desagües de fondo.
Normativa y gestión: deficiencias estructurales
La actual normativa, la Real Decreto 264/2021 junto con la Norma Técnica de Seguridad (NTS), presenta graves lagunas: aunque fue elaborada tras 15 años de trabajos, carece de un diagnóstico previo del parque existente. Se critica que esa NTS, en el 95 % de las presas a las que teóricamente se aplica, es solo un “marco de referencia” y no tiene carácter vinculante, quedando la seguridad al criterio del titular. En la práctica solo se aplica a las presas de nueva construcción.
Además, la figura de la Entidad Colaboradora para la gestión de la seguridad, bajo la actual Ley de Contratación, pone en riesgo la calidad e independencia del control. A ello se añade que los criterios en aspectos claves como la seguridad hidrológica, la clasificación o los planes de emergencia son ambiguos o interpretables, y la normativa omite aspectos esenciales como el impacto del cambio climático, cuando el riesgo hidrológico es la principal causa de rotura de presas.
Gestión institucional deficiente
La gobernanza de la seguridad de presas evidencia una organización ineficaz: mientras el Estado es titular de muchas presas, la gestión se asigna a distintos organismos estatales y autonómicos, lo que implica falta de independencia del órgano gestor y un control ineficaz incluso sobre sus propias infraestructuras. Hay carencias graves en recursos humanos cualificados: menos del 50 % de los presidentes de las confederaciones hidrográficas cuentan con formación técnica adecuada, y de los cinco altos cargos de la Dirección General del Agua solo dos son ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.
Episodios como la DANA del Levante 2024 evidenciaron estos defectos: una gestión ineficaz de la emergencia por falta de conocimientos técnicos e hidráulicos en el CECOPI contribuyó a multiplicar los daños y las víctimas.
Demolición de presas: un error estratégico
La Asociación alerta de que la política de demolición de presas cuando caducan las concesiones hidroeléctricas, sin abrir nuevo concurso y sin evaluación multidisciplinar, constituye un doble error: por un lado se elimina una infraestructura aún útil para la regulación hídrica, la prevención de inundaciones y la generación renovable; por otro lado se destruye un patrimonio cultural e histórico de la ingeniería española, con ejemplos emblemáticos como la obra de Carlos Fernández Casado (La Retorna).
La Asociación entiende que la gestión del patrimonio y la seguridad de las presas es un servicio público esencial que debe prestarse de forma continua, regular y uniforme. En la actualidad, no se está prestando ese servicio con la exigencia que merece. El deterioro y la demolición precipitada de presas ponen en riesgo la seguridad ciudadana, la resiliencia frente al cambio climático y los objetivos de la transición energética.
La Asociación reclama la puesta en marcha inmediata de un plan integral de conservación y seguridad de presas, que incluya:
1.Un incremento sustancial de la inversión en mantenimiento, modernización e implantación de planes de emergencia.
2.El reforzamiento institucional mediante la creación de un organismo técnico independiente y con financiación propia, un Consejo de Seguridad de Presas, con autoridad administrativa suprema que garantice independencia respecto a cualquier titular, solvencia económica, técnica y jurídica de sus profesionales, y competencia para dictar resoluciones de obligado cumplimiento.
3.La reinstauración del servicio de Vigilancia de Presas, dotado de medios técnicos y humanos cualificados para garantizar un control permanente y eficaz de estas infraestructuras.
4.La redacción de una normativa nueva de seguridad, que sustituya la actual, establezca criterios claros, realistas y vinculantes, e incorpore explícitamente el impacto del cambio climático.
5.Una moratoria en la demolición de presas hasta contar con evaluaciones técnicas, ambientales, energéticas y patrimoniales rigurosas.
6.La rehabilitación y modernización de las infraestructuras existentes, adaptándolas a las exigencias ambientales y energéticas.
7.La recuperación del liderazgo técnico en la Administración Hidráulica, reservando puestos clave a ingenieros con formación especializada.
Más del 75 % de las presas estatales carecen de planes de emergencia implantados y la mayoría presenta deficiencias graves de seguridad. Además, un informe reciente del Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (SEOPAN) estima que solo se ha ejecutado el 29,2 % de los Estados de los Planes Hidrológicos 2016-2021 para infraestructuras hidráulicas, y que el país precisará casi 90.000 millones de euros en inversiones en los próximos cinco años.
Por su parte, el Confederación Hidrográfica del Júcar ha reconocido que de sus 27 presas, 26 aún no han implantado su plan de emergencia un año después de la DANA.
Desde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) se subraya que las presas deben estar “en perfecto estado de revista”.
Créditos: https://www.antena3.com/noticias/sociedad/espana-afronta-riesgo-oculto-40-sus-presas-podrian-causar-catastrofe-urbana-fallan_2025102168f75db7e9f181463a9b91d3.html
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Se agota la vida útil de los embalses y llega la hora del mantenimiento, alerta Greenpeace
Madrid, 11 feb (EFE).- La vida útil de los embalses españoles, entre 50 y 75 años, se agota, advierte Greenpeace, que señala que el reto actual no es levantar más, sino «mejorar los existentes».
«Se almacena menos agua de la reportada debido a la acumulación de sedimentos en el fondo. La solución no termina en la presa o embalse, comienza en su entorno, por lo que es imperativo integrar la restauración hidrológico-forestal», sostiene la organización ecologista en una nota publicada este miércoles.
Greenpeace considera un «hito hidrológico sin precedentes» el crecimiento exponencial de la reserva hídrica peninsular en 72 horas debido a las recientes lluvias: 693 hm³ en 24 horas, 1.623 hm³ a las 48 y 2.349 hm³ en solo tres días.
«Los embalses están operando bajo una presión climática para la que no fueron diseñados y que se agravará», dice la organización. «Se carece de la agilidad necesaria para gestionar la mezcla de agua y sedimentos que traen las nuevas borrascas», añade.
Una gran parte de las presas, actualmente al 77,34 % de su capacidad, se construyeron durante el franquismo y «están cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto, los 50-75 años».
Por ello, sus expertos en aguas estiman que «España ha superado definitivamente su histórica fase de construcción de grandes obras hidráulicas» y ahora toca mejorarlas y mantenerlas.
«La vida útil de los embalses españoles se está agotando, no necesariamente por un riesgo de colapso estructural porque las presas son sólidas desde el punto de vista de la ingeniería civil», destacan, «sino por una pérdida drástica de eficiencia operativa».
En opinión de Greenpeace, «el mayor desafío geológico al que se enfrenta el país tras el paso de estas borrascas es la colmatación o aterramiento» porque «cada inundación arrastra consigo toneladas de sedimentos, lodos y detritos procedentes de la cuenca vertiente erosionada donde se sitúa el embalse».
La colmatación y la pérdida de capacidad suponen, insisten, «la muerte silenciosa de los embalses».
La limpieza de lodos y sedimentos es «extremadamente compleja y costosa», admiten, pero sin ella «el agua que se ve en superficie es engañosa y se está almacenando menos recurso del que dicen las cotas debido a la acumulación de sedimentos en el fondo».
Greenpeace apunta también a la necesidad de modernizar las compuertas y los sistemas de evacuación de fondo y, sobre todo, a mirar al entorno.
«La reforestación estratégica y la estabilización de laderas reducen la velocidad del agua y retienen el suelo. Un cauce sano y una cuenca forestada actúan como una esponja que amortigua el impacto del cambio climático, protegiendo la inversión millonaria que suponen las presas», defiende.
Créditos: https://vivirediciones.es/madrid/se-agota-la-vida-util-de-los-embalses-y-llega-la-hora-del-mantenimiento-alerta-greenpeace/
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Muros de 1950, sedimentos de 2026: el desajuste técnico que está matando en silencio a los embalses españoles
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La factura imposible: cómo dragar el lodo de un embalse cuesta más que construir uno nuevo
Alba Otero - Editora - Energía
En una ventana de apenas 72 horas, la reserva hídrica de España ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Los datos han pasado de 693 hectómetros cúbicos en un día, disparándose hasta los 2.349 hm³ en solo tres jornadas. Sin embargo, detrás de esta fotografía de abundancia y de un mapa de España teñido de azul, Greenpeace ha advertido de que estamos ante una ilusión óptica. Lo que vemos brillar al sol es agua, sí, pero lo que se acumula en el fondo, invisible y silencioso, es lodo. Y cada vez hay más.
La denuncia de la muerte silenciosa. La organización ecologista Greenpeace ha lanzado una alerta: la vida útil de los embalses españoles se está agotando. No se trata de un riesgo inminente de que los muros de hormigón colapsen —las presas son sólidas desde el punto de vista de la ingeniería civil—, sino de lo que denominan una "pérdida drástica de eficiencia operativa".
El problema de fondo es el calendario. El grueso de nuestra infraestructura hidráulica fue construida durante la dictadura (1950-1975). Esto significa, según los datos manejados por la organización, que "una gran parte de las presas está cruzando ahora mismo el umbral de su vida útil teórica de proyecto", estimada entre los 50 y los 75 años. El hormigón aguanta, pero los mecanismos de acero, como válvulas y desagües, sufren el paso del tiempo.
La física de las "avenidas sólidas". Para entender por qué los embalses pierden capacidad, hay que mirar a la violencia de las lluvias recientes. Según explican desde el organismo, las nuevas borrascas explosivas caen sobre cuencas muy erosionadas. El agua arrastra toneladas de tierra, piedras y detritos hacia el embalse.
Las infraestructuras antiguas carecen de la agilidad para gestionar esta mezcla. Los datos técnicos son alarmantes. Según informes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) y el CEDEX (Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas), el río Ebro ha cambiado radicalmente su comportamiento. Antes de las presas, el río transportaba 5,16 millones de toneladas de sedimentos al año hasta el Delta. Hoy, atrapado por los muros de hormigón, solo deja pasar 0,37 millones de toneladas. El resto se queda atrapado, reduciendo el espacio útil para el agua.
Crónica de una obsolescencia ignorada. Esto no es un accidente imprevisto; es el resultado de gestionar el clima del siglo XXI con herramientas de mediados del siglo XX. Greenpeace insiste en que las presas operan bajo una "presión climática para la que no fueron diseñadas".
En la provincia de León, embalses icónicos como Villameca (inaugurado en 1946) o Barrios de Luna (1956) fueron diseñados bajo parámetros climáticos estables que poco tienen que ver con la variabilidad extrema actual. Los expertos llevan años avisando: geólogos de la Universidad de Barcelona ya advertían en 2018 que la incertidumbre sobre la cantidad real de sedimentos es alta, porque monitorizar el fondo de todos los pantanos es complejo y caro.
Cuando el lodo se convierte en amenaza. Esta acumulación de materiales no es solo un problema de capacidad; es un riesgo de seguridad física que ya está mostrando su cara más peligrosa en el sur. Mientras celebramos la lluvia, en Huelva se libra una batalla silenciosa contra el lodo tóxico.
Hace apenas unos días, la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha tenido que desplegarse por "anticipación" en las balsas mineras de la provincia. Allí, las lluvias torrenciales —que han triplicado las previsiones en algunas zonas— han saturado el terreno hasta el límite. El riesgo ya no es solo que el embalse pierda sitio, sino la licuación de los lodos: que la presión del agua convierta los residuos sólidos en una marea incontrolable. Es el recordatorio más gráfico de que nuestras infraestructuras, ya sean presas de agua o balsas de residuos, están sufriendo un estrés para el que difícilmente están preparadas.
De la draga al bosque. Si los embalses están llenos de barro, la lógica dictaría sacarlo; pero la realidad económica lo hace inviable. Notas técnicas del CEDEX citadas en el contexto de la denuncia de Greenpeace evidencian que el coste de extraer el sedimento "supera con creces el coste de haberlo prevenido". Limpiar un embalse pequeño de apenas 10 hm³ podría costar entre 50 y 150 millones de euros. Si el lodo necesita tratamiento previo antes de ir al vertedero, el precio se dispara. Por su parte, el MITECO ha iniciado "pruebas piloto" para movilizar sedimentos en el tramo Mequinenza-Ribarroja, con un presupuesto de 1,2 millones de euros, pero son intervenciones quirúrgicas en un problema sistémico.
Para Greenpeace, la solución no está en el hormigón, sino en la montaña. "La solución no termina en la presa o embalse, comienza en su entorno", afirman. La organización exige una restauración hidrológico-forestal urgente, donde un cauce sano y una cuenca llena de árboles actúan como una "esponja". Las raíces retienen el suelo e impiden que, cuando llueve torrencialmente, la montaña se deshaga y acabe en el fondo del pantano.
El riesgo de la garantía ilusoria. El Reglamento de Restauración de la Naturaleza de la UE, aprobado en 2024, obliga a España a presentar un Plan Nacional para agosto de 2026. Es la última oportunidad para cambiar la estrategia.
Julio Barea, responsable de aguas de Greenpeace, lanza una advertencia final que debería resonar más allá de la lluvia actual: "La obsolescencia técnica de nuestros embalses nos volverá cada vez más vulnerables ante la próxima gran crisis hídrica". Si no se modernizan los desagües de fondo (para que el barro pueda salir) y no se reforestan las cabeceras de los ríos (para que el barro no llegue), la "garantía de agua" será una fantasía estadística.
Créditos: https://www.xataka.com/energia/muros-1950-sedimentos-2026-desajuste-tecnico-que-esta-matando-silencio-a-embalses-espanoles
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