El Gobierno llevará al Constitucional la ley valenciana de la costa

El Gobierno recurre al Constitucional varios artículos de la ley valenciana de la costa por invadir competencias estatales y crear una “ley de caso único”.

Por Agencias - 24 FEB., 2026 -  2 minutos

El Consejo de Ministros ha acordado este martes, con el aval del Consejo de Estado, pedir al presidente del Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 17, la disposición final primera y la disposición adicional cuarta de la Ley de protección y ordenación de la costa valenciana.

El Ejecutivo central sostiene que la regulación relativa a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o ligadas a actividades económicas tradicionales entra en conflicto con la normativa estatal y, además, ha invocado la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución Española para que se suspendan de forma automática los preceptos recurridos.

Según ha indicado el Ministerio, en el marco del procedimiento del artículo 33.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la Comisión Bilateral acordó abrir un proceso de negociación, aunque finalmente no se alcanzó consenso sobre los artículos objeto de impugnación.

Para el Gobierno, la posible inconstitucionalidad del artículo 17 y de la disposición final primera de la norma autonómica se inscribe en “la situación de conflictividad existente” respecto a las viviendas situadas en primera línea de la playa de Babilonia, en el municipio de Guardamar del Segura (Alicante), frente al derribo de estos inmuebles ordenado por la Dirección General de la Costa y del Mar del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

El Ejecutivo agrupa en dos bloques las razones de inconstitucionalidad: por un lado, aprecia una vulneración de los preceptos constitucionales sobre el dominio público marítimo-terrestre de titularidad estatal y del bloque de la constitucionalidad en materia de medio ambiente y costas; por otro, entiende que se está ante una “ley de caso único” y ante una quiebra de los principios constitucionales que prohíben la arbitrariedad de los poderes públicos y garantizan la separación de poderes.

En este sentido, el Consejo de Ministros aprecia motivos de inconstitucionalidad en el artículo 17 y en la disposición final primera de la ley valenciana en lo relativo a los conjuntos de edificaciones residenciales, comerciales o vinculados a actividades económicas tradicionales, al considerar que vulneran la legislación básica estatal en materia de costas.

En cuanto a la disposición adicional cuarta, la impugnación se centra en el inventario de bienes pertenecientes al Estado, ámbito de competencia estatal exclusiva. El Gobierno apunta que la Generalitat podría dirigirse al Estado para solicitar una modificación del status jurídico de los terrenos que forman parte del dominio público marítimo-terrestre, siempre dentro de los cauces y requisitos fijados por la normativa estatal.

Créditos: https://www.democrata.es/actualidad/el-gobierno-llevara-al-constitucional-la-ley-valenciana-de-la-costa/amp/

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El Gobierno lleva al Consell al Constitucional por los deslindes 

El Consejo de Ministros recurre dos de las normas aprobadas por PP y Vox en mayo del año pasado tras acabar sin acuerdo las negociaciones

 Diego Aitor San José - 24 FEB 2026 13:37 - Actualizada 24 FEB 2026 13:56

La Generalitat y el Gobierno de España volverán a verse en el Tribunal Constitucional. Y por partida doble. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes recurrir al tribunal de garantías dos leyes impulsadas por el Ejecutivo autonómico en el último año: la ley de la Costa Valenciana y los cambios introducidos en la ley trans del Botànic a través de la ley de Acompañamiento que PP y Vox aprobaron en las Corts junto a los presupuestos de 2025.

Las dos comisiones bilaterales abiertas para tratar de solventar las discrepancias que había puesto el Gobierno central sobre las dos leyes autonómicas no han acabado en buen puerto y será la justicia quien decida el futuro de ambos cambios normativos. Los llamamientos al diálogo con la llegada de Juanfran Pérez Llorca e incluso el inicio de la comisión mixta para la dana no han supuesto cambio alguno en las dos normas aprobadas a finales de mayo de 2025 y habrá choque judicial.

Las dos comisiones bilaterales abiertas para tratar de solventar las discrepancias que había puesto el Gobierno central sobre las dos leyes autonómicas no han acabado en buen puerto y será la justicia quien decida el futuro de ambos cambios normativos. Los llamamientos al diálogo con la llegada de Juanfran Pérez Llorca e incluso el inicio de la comisión mixta para la dana no han supuesto cambio alguno en las dos normas aprobadas a finales de mayo de 2025 y habrá choque judicial.

"Estamos ante un contexto global de pérdida de derechos, recortan derechos a las personas LGTBI y las desprotegen, recorta derechos sindicales y es profundamente negacionista con el cambio climático; es el PP asumiendo el discurso de Vox una vez más", ha justificado tras aprobarse estos recursos el secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, encargado de pilotar las negociaciones del Gobierno central con las autonomías.

Ese choque judicial se dará pese a que en el caso de la oficialmente ley 3/2025 de Protección y ordenación de la costa valenciana ha habido un acuerdo en casi todo. De hecho, de los 32 puntos que el Gobierno señalaba por invadir competencias estatales, solo han quedado para el recurso dos: el que permite la declaración de núcleos urbanos con especial valor etnológico y el del inventario de bienes incluidos en el dominicio público marítimo terrestre.

Ambos preceptos suponían una forma de tratar de evitar los llamados deslindes, el derribo de viviendas en zonas de avance costera. En este sentido, el Ejecutivo central considera que los deslindes, uno de los objetivos con los que la Generalitat impulsó su norma, no son solo competencia exclusiva del Estado, sino que son líneas de protección de la costa frente a los avances del cambio climático, cuando la Generalitat busca frenar los deslindes, se instala en el negacionismo climático.

Créditos: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2026/02/24/gobierno-lleva-consell-constitucional-deslindes-127198011.html

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Sánchez condena al derribo las casas de Babilonia pese a la protección valenciana: «Nos obligan a desaparecer»

27 diciembre 2025

La historia centenaria de este barrio de Guardamar del Segura choca con la Ley de Costas y con la decisión del Gobierno de recurrir la norma autonómica que intentaba salvarlo

Ignacio SeguraNacho Segura

n Guardamar del Segura, en la costa de Alicante, el conflicto por las casas de la playa de Babilonia no se vive como un expediente administrativo, sino como una cuenta atrás vital. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez refuerza su decisión de ejecutar los derribos y el Consejo de Estado avala recurrir la Ley valenciana de Costas, decenas de familias siguen pendientes de una resolución que puede borrar de un plumazo un siglo de historia. «Esto no es justicia. Nos obligan a desaparecer sin ofrecer nada a cambio. Ni soluciones, ni sensibilidad, ni humanidad. Solo silencio».

La frase, pronunciada por una de las vecinas afectadas, resume el sentimiento generalizado en este enclave singular del litoral alicantino. No es nueva. El Debate ya contó en julio la historia personal de Clara y de su casa, construida hace 95 años. Hoy, su testimonio sirve para poner rostro a una realidad colectiva que se agrava con cada decisión política tomada lejos de la playa que esas viviendas ayudaron a proteger.

La batalla ha entrado en su fase más cruda en los últimos meses. El mismo día en que el presidente de la Generalitat Valenciana pidió en la Moncloa a Pedro Sánchez que retirara los recursos contra leyes autonómicas, el Consejo de Estado dio luz verde a impugnar ante el Tribunal Constitucional la Ley valenciana de Costas. En la práctica, el dictamen deja sin cobertura el principal intento del Consell por frenar los derribos y refuerza la estrategia del Ejecutivo central de aplicar la Ley de Costas sin concesiones.

La sensación de desamparo entre los vecinos se vio acentuada por una coincidencia difícil de digerir. Ya en septiembre, la Generalitat firmó la suspensión cautelar de cualquier intervención sobre las casas de Babilonia al considerar que su demolición podría causar daños irreversibles a unos valores patrimoniales aún en evaluación. Treinta minutos después, el Ministerio para la Transición Ecológica cerró la última vía administrativa de los afectados al inadmitir su recurso extraordinario de revisión. «Puede ser una casualidad en la coincidencia de los tiempos para resolver una cuestión que afecta a la vida de tantas personas o que tengan mucha prisa en derribar las casas que llevan ahí un siglo», lamenta uno de los afectados en declaraciones a este periódico.

Un barrio para salvar al pueblo

Las casas de Babilonia no surgieron al margen del interés público. Al contrario. Su origen está íntimamente ligado a la historia de Guardamar del Segura y a una grave amenaza ambiental a comienzos del siglo XX. La desertización de la cuenca del Segura provocaba el avance imparable de las dunas hacia el casco urbano, cubriendo cultivos y viviendas. Para frenarlo, el ingeniero de montes del Estado Francisco Mira diseñó una solución pionera: fijar las arenas mediante vegetación y reforzar esa barrera con una primera línea de edificaciones.

Así nació esta colonia de veraneantes, primero con casetas de madera y después con viviendas de obra, levantadas sobre terrenos de la Jefatura de Montes Públicos. A partir de 1934, el Ministerio de Fomento transformó las autorizaciones en concesiones administrativas que dejaban clara su finalidad. Lo decían literalmente: las casas «contribuirán al embellecimiento de la Playa de Guardamar (…) servirán como barrera para sostener los movimientos de las arenas tan peligrosos en ella y además para proporcionar trabajo a los obreros, evitando su paro».

Un valor extraordinario

El conjunto de Babilonia es un ejemplo singular de arquitectura vernácula mediterránea de principios del siglo XX. Viviendas unifamiliares de planta baja, alineadas paralelamente al mar, con patios interiores, suelos hidráulicos, puertas de madera y ventanas altas pensadas para la ventilación natural. Casas adaptadas al entorno y a un uso estacional, donde la playa y el espacio exterior formaban parte de la vida cotidiana.

Pero su valor no es solo arquitectónico o paisajístico. Es, sobre todo, etnológico. En estas casas se han tejido durante generaciones relaciones vecinales, tradiciones compartidas y una forma de habitar el litoral basada en la convivencia y el respeto al entorno. Muchas de esas costumbres siguen vivas hoy, lo que convierte a Babilonia en un patrimonio activo, no en una postal del pasado.

El golpe administrativo

El conflicto se agravó tras la revisión del deslinde por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Pese a contar con concesiones legales otorgadas por el propio Estado, los propietarios pasaron a ser considerados ocupantes ilegales del dominio público marítimo-terrestre. El Gobierno no solo exige el desalojo, sino que obliga a los vecinos a asumir los costes de demolición de sus propias viviendas.

Frente a ello, la Generalitat Valenciana defendió la conservación del conjunto mediante su declaración como «núcleo urbano con especiales valores etnológicos», figura que la nueva Ley autonómica de Costas pretende reforzar. La suspensión cautelar frenó el derribo previsto para el 15 de septiembre, pero la impugnación de la norma autonómica amenaza con dejarla sin efecto.

La Diputación de Alicante también intervino, aprobando una moción para reclamar la paralización de los derribos mientras se tramitaban esas declaraciones de valor etnológico. La iniciativa salió adelante sin votos en contra, pero con la abstención del PSOE y Compromís, un gesto que los vecinos interpretaron como falta de compromiso.

Soledad institucional en Guardamar

En el ámbito local, el malestar se dirige directamente al Ayuntamiento. Los vecinos se sienten abandonados por su alcalde, el socialista José Luis Sáez, al que reprochan no haber liderado ninguna vía de diálogo ni haber impulsado una mesa de trabajo para buscar soluciones. Desde la oposición municipal, la portavoz del Partido Popular, Marisol Gallud, denuncia «pasotismo» y una falta absoluta de implicación.

Gallud advierte además de que el derribo no traerá los beneficios ambientales que algunos prometen. «Quienes creen que tras el derribo se ganarán metros de playa están muy equivocados. El mar avanza, y detrás de estas casas está la pinada, nuestro pulmón natural. Si no están las casas haciendo de pantalla, el mar llegará a ella y la matará».

Una decisión más allá de Babilonia

Lo que ocurre en Guardamar del Segura ya no es solo un problema local. Es un símbolo del pulso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas que no son de su color político, y de una aplicación de la Ley de Costas que muchos consideran ciega a la historia y a las personas. Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez cierra filas para ejecutar los derribos, decenas de vecinos siguen esperando una solución que no pase por la piqueta.

Sánchez condena al derribo a las viviendas protegidas por la ley de Costas de la Generalitat Valenciana

«Esto no es justicia. Nos obligan a desaparecer sin ofrecer nada a cambio». La frase vuelve, como un eco, entre patios y terrazas. No como una novedad, sino como una advertencia. Porque si las casas de Babilonia caen, no será solo un derribo. Será la desaparición de un barrio entero del mapa y de la memoria del litoral alicantino. Esto también es memoria histórica.

Créditos: https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20251227/sanchez-condena-derribo-casas-babilonia-pese-proteccion-valenciana-obligan-desaparecer_368452.html