El director general de Costas se reúne en Madrid con representantes de los gobiernos autonómicos

García Manzana incide en la necesidad de que el Gobierno central traspase a la Comunitat Valenciana la gestión del dominio público marítimo-terrestre 

Madrid.

La Generalitat ha participado en Madrid en una reunión de directores generales y responsables autonómicos en materia de costas para coordinar una posición común ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas. En el encuentro ha reclamado, junto a otras autonomías, fomentar las obras de regeneración que llevan años pendientes y son necesarias para paralizar los deslindes.

Al encuentro ha asistido el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, quien ha destacado el “compromiso común” mostrado por las comunidades costeras y ha reclamado “mayor coordinación institucional”. Además, ha subrayado que “el Ministerio no puede abordar una reforma del reglamento de Costas sin contar con las comunidades autónomas”

En esta línea, la mayor parte de las comunidades autónomas ha solicitado una convocatoria inmediata para abordar estas cuestiones, también la realización de las obras pendientes, así como la paralización de los deslindes que afectan a las costas.  Asimismo, el director general ha señalado que “el Ministerio está actuando con opacidad". "No se puede cambiar la normativa de costas sin contar con quienes gestionamos el territorio. Basta de decisiones unilaterales”, ha añadido.

En este sentido, ha resaltado la unidad de acción de las autonomías: “El Ministerio pretende aplicar la máxima de ‘divide y vencerás’, pero esta reunión demuestra que las comunidades autónomas estamos unidas ante el silencio del Gobierno”.

Cabe recordar que esta reunión da continuidad a la celebrada previamente en València, donde seis comunidades autónomas con litoral -que representan el 80 % de la costa española- suscribieron un manifiesto en defensa de una gobernanza costera coordinada, sostenible y eficiente. 

Defensa de la Ley de la Costa Valenciana

En el marco de este frente común, la Generalitat ha puesto en valor los fundamentos de la nueva Ley de la Costa Valenciana, concebida para dotar al litoral valenciano de un marco normativo estable, coherente y ajustado a sus necesidades territoriales, ambientales y socioeconómicas. En este sentido, ha reclamado que el Gobierno inicie el traspaso de competencias pendiente.

La norma incorpora un sistema actualizado de ordenación del litoral con instrumentos de planificación generales y específicos, así como un modelo de catalogación de playas que define actividades compatibles según el nivel de urbanización.

Además, establece una clasificación del territorio litoral en tres áreas como son la protección ambiental; mejora ambiental y paisajística, y reordenación urbana con su correspondiente régimen de usos. Incluye también un sistema de inspección y disciplina orientado a asegurar el equilibrio entre conservación y usos humanos, así como mecanismos adicionales de gestión, como el inventario de terrenos degradados y la creación de bolsas de suelo destinadas a procesos de reordenación.

Finalmente, el director general ha incidido en la necesidad de que el Gobierno central traspase a la Comunitat Valenciana la gestión del dominio público marítimo-terrestre, en cumplimiento del Estatuto de Autonomía y de la disposición transitoria tercera de la nueva Ley de la Costa, y que se convoque la comisión mixta de transferencias, como se ha hecho con otras comunidades.

Este proceso permitiría que la Generalitat asuma plenamente las competencias en ordenación y gestión del litoral, reforzando la coherencia entre planificación territorial, protección ambiental y actuaciones administrativas.

Créditos. https://comunica.gva.es/es/detalle?id=402287495&site=373428693

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Dos modelos opuestos para la costa de Dénia: Greenpeace pide desocupar el litoral, la Generalitat paralizar los deslindes

l Consell de Pérez Llorca se alía con otras comunidades autónomas para evitar que más propiedades privadas se conviertan en concesiones del Estado

La organización ecologista subraya que «frente a la política tradicional del hormigón en primera línea de playa, proponemos liberar el dominio público de infraestructuras y viviendas en riesgo»

Los últimos temporales de mar que se han ido sucediendo uno tras otro no han causado daños muy graves en Dénia pero sí han reactivado el debate sobre la situación de riesgo en su costa después de que durante alguna jornada de enero el mar volviera a cercar la primera línea de la fachada marítima. Pues bien, este jueves dos actores bien diferentes han planteado propuestas en gran parte antagónicas sobre esta cuestión.

1. ALIANZA DE AUTONOMÍAS FRENTE A PEDRO SÁNCHEZ

Ya era bien sabido que la Generalitat se opone a los postulados del Gobierno de Pedro Sánchez sobre todo en la cuestión los deslindes, una de las grandes cuestiones en Dénia, donde los 13,7 kilómetros de su litoral norte, desde el río Molinell hasta la playa de Les Marines, están deslindandos. Eso afecta a centenares de vecinos que han visto como sus propiedades o parte de ellas han quedado en domino público.

Pues bien, ahora el Govern de Juanfran Pérez Llorca busca aliados frente a los postulados del Ejecutivo central entre otras comunidades autónomas. Y los ha encontrado. Este jueves, su director de Costas, Marc García Manzana, ha participado en Madrid con otros responsables autonómicos para coordinar una posición común frente al Ministerio para la Transición Ecológica. 

Las autonomías han reclamado una ecuación muy fácil: fomentar las obras de regeneración que llevan años pendientes y que alejarían mar de la actual primera línea de costa, con lo que podrían paralizarse los deslindes que van a convertir a muchas viviendas en concesiones del Estado que este podría demoler cuando lo considerara oportuno. El problema es que ahora esas actuaciones de regeneración en Dénia están paralizadas debido a un informe –paradójicamente de la conselleria de Medio Ambiente, no del citado ministerio– que advierte de que afectarían a la Posidonea Oceánica.

El encuentro también ha abordado la intención del Gobierno central de modificar el Reglamento de Costas. García Manzana quien ha denunciado que el Ministerio está actuando «con opacidad» porque pretende «cambiar esa normativa de forma unilateral y sin contar con comunidades autónomas  que representan el 80% de las costas españolas.

Qué opina el Ayuntamiento de Dénia

Es un debate con varias aristas en la que los partidos no opinan siempre igual dependiendo del lugar donde estén. El Ayuntamiento de Dénia, gobernado por PSPV y Compromís, sí está de acuerdo con los deslindes pero no a cualquier precio: piden compensaciones justas para los propietarios. Ahora, no las hay. 

En esa dirección se pronunció hace poco Compromís, que anunció en enero en Dénia sus propias enmiendas a a esa normativa, entre las también piden el reconocimiento de los núcleos urbanos históricos y consolidados existentes antes de los deslindes, incluidos poblados marítimos y barrios con valor etnológico o cultural. Esto último es algo en lo que el PP también está de acuerdo. 

En cambio, lo que temen y mucho los dos socios del gobierno de Dénia es que las competencias del litoral pasen ser competencia de la Generalitat: advierten de que sería abrir la puerta a redoblar la presión urbanística sobre la costa, ya muy machada por el hormigón en los últimos lustros.

La Generalitat quiere mandar en el litoral

Pues bien, en la reunión de este jueves junto a otras comunidades autónomas eso es lo que ha pedido el Consell: que el Gobierno le transfiera las competencias en el litoral, incluido su dominio público marítimo, terrestre, y poder así aplicar su nueva Ley de la Costa Valenciana, aprobada por PP y Vox.  García Manzana ha defendido que esta legislación autonómica aunará las necesidades ambientales con las socioeconómicas. Es decir que se puede seguir viviendo del litoral (y de su turismo) sin necesidad de destruirlo.

2. LA NATURALEZA COMO ALIADA

Por su parte, Greenpeace también ha adelantado este jueves sus alegaciones a ese reglamento poniendo el acento «en la grave situación que está viviendo el litoral debido al tren de borrascas que ha azotado la Península». La entidad quiere que en el futuro la gestión de la fachada marítima «armonice la seguridad de las personas con la recuperación de los espacios naturales que nos protegen de temporales e inundaciones».

Para eso, «la naturaleza puede ser la mejor aliada». Greenpeace defiende que «frente a la política tradicional de muros de hormigón y las numerosas e interminables concesiones en primera línea de playa, proponemos liberar el dominio público marítimo-terrestre de infraestructuras y viviendas en riesgo, lo que será una medida de seguridad porque supone devolverle a la costa su función protectora».

«Recuperar dunas, humedales y praderas marinas permite que la propia costa actúe como una barrera viva ante el aumento del oleaje, las borrascas y la subida del nivel del mar. Estamos viendo que los daños son cada vez más cuantiosos y que se ponen en peligro vidas. La retirada de elementos artificiales no puede retrasarse más», ha señalado María José Caballero, responsable de la campaña de Costas de Greenpeace.

Las alegaciones de Greenpeace:

«Prioridad a las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN): abandonar los «parches temporales» de ingeniería para apostar por la recuperación de ecosistemas que estabilicen la costa de forma natural y definitiva.

Deconstrucción estratégica y proactiva: liberar el espacio de forma planificada para evitar que la destrucción por temporales sea la única vía de cambio.

Análisis de riesgo para proyectos ya en trámite: paralizar todos los proyectos urbanísticos en zonas de riesgo de inundación hasta que se consideren las proyecciones futuras. 

Gestión responsable de concesiones: evaluar siempre los efectos del cambio climático antes de decidir la duración de cualquier ocupación en el dominio público.

Prohibición del urbanismo en zonas inundables: impedir la calificación de urbanizables a aquellos terrenos cuya peligrosidad sólo ha sido mitigada por obras estructurales como diques.

Greenpeace considera que esta reforma normativa es «una oportunidad histórica para prever, adaptarse y recuperarse eficazmente ante los eventos extremos agravados por el cambio climático».

Créditos: https://lamarina.eldiario.es/2026/02/19/dos-modelos-opuestos-para-la-costa-de-denia-greenpeace-pide-desocupar-el-litoral-la-generalitat-paralizar-los-deslindes/

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La Comunidad y el resto de autonomías con litoral se unen para reclamar al Ministerio la competencia en Costas

19 de febrero de 2026 (18:17 h.)

La Comunidad y el resto de autonomías con litoral se unen para reclamar al Ministerio la competencia en Costas

El director general de Litoral defiende que “ha llegado el momento de avanzar hacia un modelo de gestión más cercano, coordinado y adaptado a la realidad de cada territorio”

19.02.2026 La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el resto de autonomías con litoral se unen para crear un frente común y reclamar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) la transferencia efectiva de las competencias en materia de Costas y la reforma de la Ley de Costas y de su reglamento con una visión más acorde al reparto a la realidad territorial.

El director general de Litoral y Puertos, Pablo Marín, participó hoy de forma telemática en la reunión multilateral de comunidades con territorio en el litoral celebrada en la Casa de Galicia, en Madrid, a la que asistieron representantes de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Cantabria, Comunidad Valenciana, Galicia, y País Vasco.

Marín subrayó que “las comunidades con litoral compartimos una preocupación creciente por la forma en la que el Gobierno central está gestionando el dominio público marítimo-terrestre y defendemos que ha llegado el momento de avanzar hacia un modelo de gestión más cercano, coordinado y adaptado a la realidad de cada territorio”.

En este sentido, añadió que “necesitamos que se tengan en cuenta las singularidades de cada costa, para que las respuestas a las demandas de ciudadanos y sectores productivos sean más ágiles, eficaces y con mayor seguridad jurídica para nuestros núcleos costeros”.

El director general defendió que “la experiencia acumulada por las autonomías en ordenación del territorio, puertos e infraestructuras nos avala para asumir plenamente la gestión de Costas”.

El encuentro realizado hoy da continuidad al manifiesto suscrito el pasado 22 de julio en Valencia por varias comunidades autónomas, entre ellas la de la Región de Murcia, en el que ya se reclamaba una reforma legislativa nacional que permita a las autonomías ejercer plenamente sus competencias en la gestión del litoral, la cesión de los cánones del dominio público marítimo-terrestre y una planificación estable de inversiones.

Créditos: https://www.cartagenaactualidad.com/articulo/region/comunidad-resto-autonomias-litoral-unen-reclamar-ministerio-competencia-costas/20260219181709208411.amp.html

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Galicia y otras nueve comunidades autónomas acuerdan crear un grupo de trabajo para diseñar una nueva Ley de espaldas con rigor y coordinación

Las regiones costeras apuestan por elaborar con una normativa que aborde de manera integrada la ordenación del litoral teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y los sociales

La Xunta expone al resto de autonomías el temor a que el Gobierno central pretenda nuevamente modificar el Reglamento General de espaldas para restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre

El Ejecutivo gallego advierte de que el oscurantismo que envuelve el procedimiento es exactamente el mismo que se dio no dos anteriores intentos de reformar el reglamento, en los años 2018 y 2024

Madrid, 19 de febrero de 2026

La secretaria general técnica de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, Carmen Bouso, y la directora general de Energías Renovables y Cambio Climático, Paula Uría, mantuvieron hoy uno encuentro en casa de Galicia en Madrid con representantes de otras autonomías costeras para analizar la gestión del litoral en las distintas regiones y aprovechar sinergias. En este contexto, acordaron crear un grupo de trabajo para diseñar con rigor y de manera coordinada una nueva Ley de espaldas que aborde de manera integrada la ordenación del litoral teniendo en cuenta tanto los aspectos medioambientales como los económicos y sociales.

Precisamente, entre los asuntos abordados estuvo la consulta pública previa iniciada por el Gobierno central para modificar el Reglamento General de espaldas con el fin, de acuerdo con su justificación, de dar respuesta al procedimiento de infracción abierto por Bruselas contra España. En este sentido, las representantes de la Xunta expusieron los temores de Galicia la que el único objetivo de esa reforma sea restringir los usos del litoral y acortar la duración de las concesiones en dominio público marítimo-terrestre (DPMT).

En esta línea, Carmen Bouso y Paula Uría trasladaron que la comunidad está en coordinación con las organizaciones del complejo mar-industria, con los ayuntamientos costeros y otras entidades de cara a realizar aportacións. De hecho, entre los alegatos remitidos por Galicia al Ejecutivo central están la exigencia de que se amplíe el plazo de la consulta pública previa y que se facilite toda la información sobre lo expediente de infracción abierto a España para poder alegar con fundamento.

En el mismo sentido, la Xunta cuestiona que el Gobierno central reduzca la consulta pública previa al plazo mínimo que permite la ley (15 días) -limitando así la capacidad de respuesta de los interesados- y que en su justificación no atribuirte información sobre la magnitud de los cambios que quiere acometer, una manera *escurantista de proceder idéntico al de los intentos de modificar el reglamento de 2018 y 2024.

Por eso, Galicia advierte de que todo apunta a un nuevo intento de reformar por la puerta de atrás el Reglamento General de espaldas y avanzar en la pretensión del Gobierno central de eliminar cualquier vestigio de presencia humana del litoral antes de 2050. Para eso trata de limitar las concesiones de las prórrogas en dominio público marítimo-terrestre a solo 30 años -frente a los 75 vigentes-, endurecer los requisitos para instalar cualquier tipo de negocio en el litoral y ampliar el*DPMT -limitando la propiedad privada, económica e industrial- llevando la línea de deslinde tierra dentro.

No encuentro participaron presencialmente representantes de Galicia, Asturias, Canarias, Baleares y Comunidad Valenciana y interviron de manera telemática responsables de Andalucía, Murcia, Cantabria, Cataluña y País Vasco, que se emplazaron a mantener nuevas reuniones próximamente con el fin de crear ese grupo de trabajo.

Créditos: https://www.xunta.gal/es/notas-de-prensa/-/nova/021608/galicia-otras-nueve-comunidades-autonomas-acuerdan-crear-grupo-trabajo-para-disenar

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Baleares participa en Madrid en una reunión autonómica sobre la reforma del Reglamento de Costas

La directora general de Costes y Litoral, Xima Ferrer, ha asistido al encuentro con responsables autonómicos para coordinar una posición común ante el Estado.

Las comunidades reclaman mayor participación en la modificación normativa y en la gestión del litoral.

Las comunidades autónomas coordinan una posición común ante la reforma estatal

El Govern de les Illes Balears ha participado este martes en Madrid en una nueva reunión de directores generales y responsables autonómicos en materia de costas para coordinar una posición común ante la falta de convocatoria por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y ante el inicio del procedimiento estatal para modificar el Reglamento de Costas.

Por parte de Baleares ha asistido la directora general de Costes y Litoral, Xima Ferrer, quien ha trasladado la necesidad de establecer mecanismos reales de cooperación institucional y de garantizar la participación efectiva de las comunidades autónomas en cualquier modificación normativa que afecte directamente a la gestión del litoral.

Continuidad del encuentro celebrado en Valencia

La reunión da continuidad a la celebrada en julio de 2025 en València, donde seis comunidades autónomas con litoral, que representaban más del 80% de la costa española, acordaron una estrategia común ante la interpretación restrictiva de la Ley estatal de Costas y la falta de inversiones y coordinación. En esta ocasión han participado todas las comunidades autónomas con litoral.

Durante el encuentro, las comunidades han compartido la situación de sus relaciones con el Estado en materia de costas, especialmente en lo relativo a la tramitación de expedientes, la aplicación de delimitaciones y el uso de instrumentos que, según han expuesto, limitan la autonomía de gestión.

Reivindicación de recursos y participación autonómica

También se ha abordado la posición común ante la aplicación y gestión del canon del dominio público marítimo-terrestre, así como el planteamiento de una posible modificación de la Ley de Costas con una visión más ajustada a la realidad territorial de cada comunidad.

En este contexto, Baleares ha reiterado que el traspaso de competencias en gestión del litoral se produjo sin la dotación suficiente de recursos humanos y económicos para asumir la gestión de los más de 1.500 kilómetros de costa del archipiélago.

La directora general ha defendido que cualquier reforma del Reglamento de Costas debe contar con la participación activa de las comunidades autónomas, especialmente de aquellas que ya ejercen competencias en gestión del litoral. El Govern reafirma su compromiso con una gobernanza costera adaptada a la realidad insular y a los retos ambientales y climáticos de las islas.

Créditos: https://mallorcainforma.com/2026/02/19/baleares-participa-en-madrid-en-una-reunion-autonomica-sobre-la-reforma-del-reglamento-de-costas/