PRENSA: Gobierno y Generalitat asumen que se verán las caras en el Constitucional por la ley valenciana de costas

El choque competencial por el deseo del Consell de proteger núcleos construidos afectados por temporales abocará a un recurso ante el TC, mientras crece la presión para intervenir tras la borrasca Harry

Por Víctor Romero. Valencia

24/01/2026 - 05:00

El Gobierno y la Generalitat valenciana han asumido que tendrán que verse las caras en el Tribunal Constitucional por la ley autonómica de protección y ordenación de la costa. La comisión bilateral por conflicto competencial entre las dos administraciones no ha resuelto las discrepancias sobre algunos aspectos de la norma valenciana que el Ejecutivo central considera que chocan con la legislación estatal, por lo que si, nada cambia, es muy probable que el conflicto desemboque en un recurso de anticonstitucionalidad. En el centro de la discusión está el deseo del Consell de arrogarse la capacidad de proteger algunos tramos residenciales y urbanos del litoral castigados o en riesgo de castigo por los temporales marítimos, para lo que ha creado la figura legal de planes de núcleos urbanos "de especial valor etnológico". Con ello intenta que queden blindados de posibles deslindes y expropiaciones. La ley nacional faculta a Costas a incluir dentro del dominio público lo que quede dentro del límite marcado por las olas de cinco borrascas en los últimos cinco años.

La figura en discusión aparece en el artículo 17 de la ley valenciana. Ha habido otros aspectos de la norma que aprobó hace un año el Parlamento con los votos del Partido Popular y Vox que también han generado conflicto competencial con el Gobierno, como el artículo 9, que establece directamente que la Generalitat Valenciana ejercerá las competencias exclusivas en materia de ordenación del litoral, así como las de gestión de títulos de utilización y ocupación del dominio público marítimo-terrestre. Las partes han limado posiciones en este aspecto, delimitando la capacidad de compartir esa gestión, que en teoría tiene ahora en exclusiva la Administración central.

Pero el núcleo central de la discrepancia que tendrá que resolver el Constitucional se centra en la posibilidad que se arroga la Generalitat de declarar la protección de núcleos costeros y aquellos conjuntos de edificaciones (residenciales, comerciales o vinculadas a actividades económicas tradicionales) que cumplan dos condiciones muy concretas. Por un lado, que acumulen valores culturales, históricos o etnológicos dignos de conservación, incluyendo el patrimonio cultural inmaterial. Por otro, que estén integrados en el entorno costero de tal forma que su desaparición supondría una pérdida irreparable de esos valores. La iniciativa para esta declaración puede partir del propio Consell, del ayuntamiento afectado o incluso de los interesados, lo que abre la puerta a que municipios y colectivos locales impulsen la protección de barrios, poblados marineros o conjuntos tradicionales ligados al mar. De trasfondo están los problemas que viven algunas zonas residenciales pegadas al mar que sufren los envites de temporales cada vez más frecuentes. En los titulares están ejemplos como la urbanización Babilonia de Guardamar, los desperfectos periódicos en Tavernes Blanques, los episodios cada vez más frecuentas en las playas urbanizadas de Denia o el norte de Sagunto, donde el agua ya llega a la casa, o en la provincia de Castellón. Por no hablar de los arenales del sur de Valencia, también afectados por el 'efecto sombra' del puerto.

Cada caso tiene sus peculiaridades y su situación jurídica. Hay zonas ya deslindadas, en régimen de concesión de Costas o susceptibles de serlo por la invasión recurrente del mar. Otras, todavía no. Los vecinos reclaman soluciones. El problema es periódico, como ha quedado en evidencia esta semana con el paso de la borrasca Harry. Algunos planes de regeneración, como los que Costas ha aplicado en playas del sur de Valencia, están resultando insuficientes o se ven desbordados por los eventos climáticos, como ocurrió con la dana de octubre de 2024. Las demoras en la tramitación administrativa del Ministerio de Transición Ecológica de los proyectos de protección también alimentan el malestar. En este contexto, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha criticado la "inacción" del Gobierno y reclama que desbloquee la ley valenciana, aunque tampoco está claro que con el texto legislativo actual la Administración autonómica tenga la capacidad legal ni los recursos para realizar intervenciones en el litoral. "Lo que no quieren hacer, nosotros nos hemos ofrecido a hacerlo en esa ley y nos la han paralizado", asegura, no obstante, el barón de Finestrat. La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, defendió este viernes, en una visita a la zona urbanizada de la playa de Tavernes Blanques más afectada por el último temporal que "la Comunidad cuenta hoy con el mayor volumen de inversión en costas de su historia, con 373,2 millones de euros en actuaciones finalizadas, en ejecución y en tramitación".

Bernabé visitó la playa de la localidad de la comarca valenciana de la Safor para conocer de primera mano las afectaciones provocadas por la borrasca Harry. "Desde la Demarcación de Costas de Valencia, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se está llevando a cabo una labor de inspección exhaustiva para poner en marcha actuaciones de emergencia similares a las activadas tras el temporal Gloria del año 2023". La delegada del Gobierno explicó que se realizarán actuaciones con una aportación de arena de más de 45.000 metros cúbicos "que dejarán la playa igual que antes del temporal". Se trata de un proyecto que los vecinos reclaman desde hace tiempo, pero siguen sin ver las máquinas trabajar. Además, recordó que próximamente se ejecutará un proyecto para la regeneración de la playa del Brosquil y la Goleta de Tavernes, con una inversión de más de 21 millones de euros. Y destacó que, en 2026, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Gobierno de España destinará cerca de 43 millones de euros para actuar en El Perelló, El Pouet, Les Palmeres, El Marenyet y l’Estany, al sur de Valencia, y en las playas de Canet, Almardà, Corinto y Malvarrosa. Las tres últimas se ubican en el término de Sagunto y acumulan destrozos por temporales desde hace años. La borrasca Harry ha llegado a orillar el agua del mar a las calles y travesías, además de anegar un camping. Los vecinos reclaman soluciones y esta semana han denunciado el "abandono institucional" que sufren.

Créditos: https://www.elconfidencial.com/espana/comunidad-valenciana/2026-01-24/gobierno-generalitat-constitucional-ley-costas_4289877/