PRENSA: Amnistía sí, pero casas protegidas no: el Consejo de Estado avala la demolición de viviendas en la costa de Alicante

El organismo que preside Carmen Calvo sostiene que la Generalitat Valenciana no puede utilizar una Ley para dejar sin efecto una resolución judicial

Ignacio SeguraNacho Segura

Alicante 19 dic. 2025 - 04:00

El Consejo de Estado ha avalado la demolición de las viviendas de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), con un dictamen que no solo cierra la puerta a la protección autonómica, sino que vuelve a poner en evidencia una profunda incoherencia institucional. En una resolución fechada el 17 de diciembre de 2025, a la que ha tenido acceso El Debate, el máximo órgano consultivo sostiene que la Generalitat Valenciana no puede utilizar una ley autonómica para dejar sin efecto órdenes de derribo dictadas por el Estado y confirmadas por sentencias judiciales firmes. El mensaje es claro cuando se trata de la costa valenciana. Mucho menos cuando el debate afecta a otros ámbitos políticamente más sensibles, como la amnistía para los líderes independentistas catalanes, con Carles Puigdemont a la cabeza.

Las viviendas afectadas se levantaron en dominio público marítimo-terrestre. El Estado ordenó su demolición y los tribunales ratificaron esas órdenes tras años de recursos. Para frenar el derribo, la Generalitat aprobó la Ley 3/2025 de protección y ordenación de la costa valenciana y declaró el conjunto como núcleo urbano de especial valor etnológico. Una operación legislativa que el Consejo de Estado ahora desautoriza sin ambages.

Las sentencias no se sortean por ley

El dictamen recuerda que el Tribunal Constitucional ya ha advertido contra las leyes que, de manera directa o indirecta, sacrifican el contenido de resoluciones judiciales firmes: «La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha apreciado esta vulneración en presencia de 'leyes singulares' que producen el efecto de sacrificar, de forma desproporcionada, el pronunciamiento contenido en el fallo de una resolución judicial», en referencia a las sentencias 203/2013 y 50/2015.

Es en este punto donde el contraste político resulta más evidente. Porque en el caso de los líderes del procés, condenados mediante sentencia firme por el Tribunal Supremo por delitos como la sedición, la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha defendido no pronunciarse sobre la ley de Amnistía pese a darse exactamente esa misma casuística: una norma con efectos directos sobre condenas judiciales firmes. No solo eso. Calvo ha realizado una defensa pública de la ley, a pesar de presidir una institución que, por su naturaleza, debería mantener al menos una apariencia mínima de imparcialidad.

«Invasión competencial»

Volviendo al caso valenciano, el Consejo de Estado analiza si la Ley 3/2025 puede considerarse una «ley singular» y concluye que, en términos formales, no lo es, ya que no tiene un destinatario único ni se agota en un supuesto concreto.

El propio dictamen subraya que la norma autonómica «no prevé que uno de los efectos de la declaración (de un núcleo urbano de especial valor etnológico) sea la inejecución o paralización de las órdenes de demolición confirmadas por sentencias judiciales firmes». Es decir, el blindaje legal que pretendía la Generalitat carecería de cobertura jurídica frente a decisiones judiciales definitivas.

Más allá del debate sobre la naturaleza de la ley, el Consejo de Estado sitúa el núcleo del conflicto en una invasión competencial. A su juicio, la Generalitat Valenciana ha legislado sobre un ámbito reservado al Estado, como es el dominio público marítimo-terrestre, cuya regulación corresponde de forma exclusiva al Gobierno central en virtud de los artículos 149.1.1ª y 149.1.23ª de la Constitución.

Por ello, concluye de que «existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 17 y la disposición final primera de la «Ley 3/2025, de 22 de mayo, de la Generalitat, de protección y ordenación de la costa valenciana»». El dictamen allana así el camino para recurrir la norma y continuar con los derribos.

Amparo a la amnistía, no a la costa

El endurecimiento del criterio contrasta con la postura mantenida por el Consejo de Estado respecto a la Ley de Amnistía. Ya en septiembre, Carmen Calvo justificó que el organismo no fuera consultado «porque reglamentaria y legalmente ni puede ni debe», insistiendo en que las proposiciones de ley no son informadas por el Consejo y que solo el Tribunal Constitucional puede pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Calvo llegó a calificar de «fuegos de artificio» cualquier otro debate jurídico al margen del Constitucional y defendió que el Consejo de Estado no tiene nada que decir cuando las leyes emanan directamente de las Cortes Generales. Una interpretación formalista que ahora contrasta con la contundencia mostrada frente a la ley valenciana.

Para la oposición y numerosos juristas críticos, este episodio es un ejemplo más de cómo el Partido Socialista, desde el Gobierno, ha ido colocando perfiles afines al frente de instituciones clave del Estado, desde el propio Consejo de Estado hasta la Fiscalía General del Estado o entidades públicas como Correos. Una estrategia que, denuncian, termina erosionando la credibilidad de los órganos llamados a actuar con independencia y neutralidad.

El resultado es elocuente. Las viviendas de la playa de Babilonia quedan sin amparo legal, mientras el Consejo de Estado refuerza un discurso de respeto estricto a las sentencias judiciales, eso sí, aplicado de forma selectiva. Una resolución con consecuencias inmediatas en la costa de Alicante y con efectos políticos mucho más profundos sobre la confianza en las instituciones del Estado.

Créditos: https://www.eldebate.com/espana/comunidad-valenciana/20251219/amnistia-casas-protegidas-no-consejo-estado-avala-demolicion-viviendas-costa-alicante_366729.html