PRENSA: El silencio del Ministerio a la suspensión de los derribos de Playa Babilonia por el Consell mantiene en vilo a los vecinos

A cuatro días de las demoliciones programadas en Guardamar, Costas insiste en que "es cosa de los ocupantes" por una resolución judicial.

Héctor Fernández - Alicante

12 septiembre 2025 06:20h

 A cuatro días de los derribos programados de 63 viviendas históricas en la Playa Babilonia de Guardamar del Segura, el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) que encabeza la socialista Sara Aagesen sigue sin aclarar la situación. Por el momento, todo es silencio con los vecinos y evasivas con la prensa.

La Dirección General de Costas, que depende del MITECO, no responde una semana después de que la Generalitat Valenciana le haya requerido, mediante un "acuerdo de suspensión de actuaciones" a no actuar en tanto la Conselleria de Cultura resuelva el expediente presentado para declarar esas casas protegidas como núcleo etnográfico histórico. Una declaración fundamentada en la nueva Ley de Costas valenciana.

La Generalitat le ha conminado al Ministerio a no hacer ninguna actuación por los perjuicios que podría causar al patrimonio valenciano. Desde el Ministerio han afirmado a este diario que "está en manos de los vecinos" y que "son ellos quienes tienen que derribar".

También, insiste en que "las demoliciones son una obligación de los ocupantes según las sentencias del Supremo. Costas no tiene previsto entrar a demoler ahora, porque la obligación se la impone el Tribunal Supremo a los ocupantes, no a la administración, que solo intervendrá subsidiariamente".

O lo que es lo mismo, obvian el acuerdo adoptado por la Generalitat, o al menos (afirman otras fuentes), lo están estudiando por sus implicaciones legales. Y es que nos encontramos ante un conflicto competencial de primera magnitud ya que el Supremo no ha dicho que se derriben las casas, sino que da la razón a Costas en que no prorrogue las concesiones, lo que es muy distinto.

La Generalitat no ha solicitado nada al Ministerio. Ha informado de un "acuerdo de suspensión" ya adoptado para evitar, con el antecedente de "Les Casestes" de Nules, que se pueda causar un perjuicio al patrimonio valenciano que sería "irrecuperable".

¿Qué deben hacer los vecinos entonces? O continuar con las demoliciones que deben efectuar y asumir el coste ellos o hacer caso a la Generalitat y suspenderlas por el momento. Pero se encuentran con la espada de Damocles de Costas que amenaza con actuar "subsidiariamente", es decir, derribarlas por su cuenta y pasarles la factura.

El argumentario del MITECO

Y es que el Ministerio y la Dirección General de Costas que depende de él sigue manteniendo el mismo argumentario: "La Administración General del Estado solo intervendrá abordando la demolición en el

caso de que los particulares, obligados por la Justicia, no lo hagan, ya que se trata de una obligación legal impuesta a estos ciudadanos por el Tribunal Supremo".

También, que los vecinos (a los que llaman 'ocupantes' pese a tener la condición de concesionarios del Estado) "firmaron de forma expresa durante el mes de marzo compromisos estableciendo que las obras de demolición se iniciarían como fecha límite el 15 de septiembre, quedando enterados de que en caso contrario, la administración procedería a la ejecución subsidiaria".

Claro que entonces no había habido un acuerdo de la Generalitat que impide los derribos, del que el Ministerio no quiere hablar. Tan solo señalan que "la Generalitat Valenciana mantiene una posición alineada en defensa de las ocupaciones de la playa, que tan perjudiciales resultan para su conservación según los informes técnicos, en lugar de ejercer las competencias en materia de protección del medio que tienen legalmente atribuidas".

Para ello aseguran desde el MITECO que "estas ocupaciones [insisten en esta denominación peyorativa] en la playa está dañando gravemente el sistema duna-playa que además forma parte de la Red Natura 2000". Todo ello pese a los informes técnicos que demuestran que fue la construcción de un espigón al revés la que ha provocado esos daños, como los informes técnicos reconocen.

Y concluyen: "La ocupación de la playa, que es un espacio público, es un privilegio que, solo si es legal y conveniente para la ciudadanía, puede mantenerse. Además de privatizar indebidamente un espacio al que todos los ciudadanos tenemos derecho [aunque las construyó el Estado y los vecinos son concesionarios públicos para evitar que las dunas anegasen Guardamar], estas ocupaciones generan un perjuicio ambiental  constatado por los informes científicos, sobre los que se ha basado el Tribunal Supremo para decidir, con carácter definitivo y firme, que deben retirarse del dominio público marítimo-terrestre".

Además, aseguran que se ha aportado toda la información que se ha requerido, cuando han tenido que ser los vecinos los que han llevado la ocultación de informes hasta el Defensor del Pueblo y a las Cortes Valencianas, donde la Dirección General de Costas se ha negado a acudir para explicar su posición.

Créditos: https://www.elespanol.com/alicante/vega-baja/20250912/silencio-ministerio-suspension-derribos-playa-babilonia-consell-mantiene-vilo-vecinos/1003743921250_0.html