PRENSA: Afectados canarios de la ley de Costas van esta semana al Parlamento Europeo para proteger sus casas

El objetivo es que se detenga la demolición de las viviendas y retrasar los posibles desalojos que afectarían a cerca de un centenar de construcciones en las que viven unas 300 personas

Diego Hernández

24 de marzo de 2025 (05:00 CET)

Actualizada: 24 de marzo de 2025 (10:27 CET)

Los vecinos de Punta Larga y El Faro, en el municipio de Fuencaliente de La Palma presentarán esta semana un recurso ante el Parlamento Europeo en contra de la aplicación de la Ley de Costas. Su objetivo de paralizar las demoliciones que amenazan sus viviendas y retrasar al máximo los derribos y desalojos que afectarían a cerca de un centenar de construcciones en las que viven unas 300 personas.

Las órdenes de recuperación de las viviendas fueron emitidas en 2005, y tras un recurso en 2021, se confirmó la ejecución forzosa, ya que las construcciones están sobre suelo de dominio público. Para paralizar los derribos, las administraciones urbanísticas debieron haber solicitado previamente un informe al Gobierno Central que determinara si el suelo podía considerarse urbano, sin embargo, no se hizo en su momento.

20 años de lucha

En su momento, los afectados apelaron a la prescripción administrativa, argumentando que habían transcurrido más de 15 años desde la orden de demolición, pero la Dirección General de Costas respondió basándose en sentencias previas desestimatorias. Además, se descartó que una posible situación de desamparo de los vecinos pueda ser resuelta por las administraciones.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría tomar diversas decisiones tras revisar el recurso de los vecinos de Fuencaliente. Entre los posibles escenarios, se encuentra la suspensión cautelar de los derribos si se considera que existen razones suficientes para dudar de la legalidad de la aplicación de la Ley de Costas, lo que permitiría a los afectados una pausa mientras se resuelve el caso.

Decisión del TJUE

En agosto ya presentaron un recursos antes el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo para proteger sus viviendas. Entre las posibles decisiones del TJUE está la revisión de la normativa española, en caso de que el tribunal considere que España está vulnerando el derecho comunitario, lo que podría implicar modificaciones en la Ley de Costas y la introducción de soluciones alternativas. Por otro parte, si el recurso es desestimado, las demoliciones continuarían conforme a la legislación vigente.

La Ley de Costas, una normativa española diseñada para proteger el litoral, establece que las edificaciones situadas en el dominio público marítimo-terrestre son ilegales, como es el caso de Fuencaliente. En ella, se estipula que no pueden ser regularizadas ni legalizadas las viviendas que se encuentren en esa zona, lo que ha derivado en la orden de demolición para restablecer el uso público del litoral y eliminar construcciones privadas en la franja costera.

Transferencia de competencias

Este conflicto se da en un contexto político complicado. En 2018, el Gobierno de Canarias asumió competencias de la Ley de Costas, lo que se consideró un paso hacia una mayor autonomía en la gestión del litoral canario. Sin embargo, este traspaso no ha sido suficiente para frenar la aplicación estricta de la normativa. El gobierno autonómico ahora gestiona las autorizaciones y concesiones en la zona costera, pero no puede modificar la ley para evitar los desalojos.

Además de las viviendas afectadas en Fuencaliente, otras playas de La Palma también cuentan con construcciones que se encuentran sobre suelo de dominio público, como el Porís de Candelaria, Playa de la Veta, Pozo de Tinizara, La Bajita, Playa del Pozo, Cangrejera, La Salemera, Playa del Río, La Bombilla y El Remo.

Créditos: https://www.atlanticohoy.com/sociedad/afectados-canarios-ley-costas-van-esta-semana-justicia-europea-proteger-sus-casas_1544136_102.html