El Senado aprueba remitir al Congreso una reforma de la Ley de Costas con el rechazo del PSOE y PNV








Créditos: https://www.europapress.es/sociedad/noticia-senado-aprueba-remitir-congreso-reforma-ley-costas-rechazo-psoe-pnv-20240312213053.html

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Senado aprueba modificación Ley de Costas de PP para "garantizar" miles de casas costeras

Por Newsroom Infobae

12 Mar, 2024 09:03 p.m. ESP

Madrid, 12 mar (EFE).- El pleno del Senado ha dado luz verde este martes a una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas y "garantizar" que no se derriban determinadas casas cercanas a las playas con el voto en contra del PSOE y del PNV. 

El Partido Popular planteaba la modificación de la Ley de Costas para "garantizar una protección jurídica a las decenas de miles de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público". 

En concreto la iniciativa es relativa a la modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Según el senador popular Francisco Martín Bernabé Pérez, quien ha presentado ante la Cámara Alta la proposición, el objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los miles de propietarios que, a raíz de los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sufren órdenes de demolición o de confiscación vía concesión durante unos años para las viviendas situadas en primera línea de playa.

Esas demoliciones, según el senador, no pueden ser la solución en núcleos tradicionales, dejando espacios muy degradados, que nadie garantiza que supongan beneficio medioambiental alguno para el litoral.

Para proteger esos núcleos urbanos de especial valor, tienen que cumplir tres requisitos: que posean valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; que estén integrados en el entorno costero; que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre de la Ley de 1988.

Para que prospere esa declaración de protección, se necesita que se establezca un control con la intervención de las tres administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y estatal.

Se propone que los ayuntamientos delimiten los núcleos afectados y las comunidades autónomas emitan un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores culturales, históricos o etnológicos que recoge la Proposición, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral.

Por último, con la información recabada, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá determinar si procede la catalogación de esos núcleos urbanos como protegidos.

Según Bernabé Pérez, la situación de regresión de la costa se está produciendo por la falta de adopción de medidas para luchar contra la subida del nivel del mar a lo largo de los últimos años, y ha recordado "aquí nadie está libre de errores".

Algunos senadores han argumentado que las modificaciones de la Ley de Costas de 1998 realizadas en 2013 no abarcan todas las situaciones que se están produciendo actualmente con el deslinde y expropiaciones de propiedades en primera línea de costa, lugares que sufren los impactos de las subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.

El senador José Antonio Balbuena, del Grupo Parlamentario Socialista, ha señalado que la modificación de la propuesta popular "no es la solución", porque no afectará a las propuestas posteriores al año 1988, mientras que Igotz López Torre (Grupo Vasco) ha pedido ser ambicioso en la protección de las costas, realistas con el futuro que viene en los próximos años y garantistas con la ley.

María del Carmen da Silva Méndez, senadora por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), ha remarcado por su parte que la proposición obvia las características del litoral gallego, el de mayor extensión en territorio español, al no considerar los núcleos rurales, en una comunidad autónoma con las mayores competencias de costas.

José Francisco Hila (GPS) ha subrayado que esta modificación de la Ley de Costas presenta "visos claros de inconstitucional", y ha añadido que ya existen en la legislación actual "soluciones posibles y viables", y ha añadido que "no se puede tratar" de la misma manera lo que ha hecho correctamente que lo que no.

Por su parte, el senador Vicente Tejedo (PP), ha denunciado que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, aplica criterios ideológicos en la delimitación del dominio público marítimo-terrestre, al tiempo que ha recalcado que “cuando en la administración los criterios ideológicos superan al sentido común, todo se va al garete, no se solucionan los problemas, y más bien se agravan y con resultados francamente negativos”.EFE

Créditos: https://www.infobae.com/espana/agencias/2024/03/12/senado-aprueba-modificacion-ley-de-costas-de-pp-para-garantizar-miles-de-casas-costeras/

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Senado aprueba modificación Ley de Costas de PP para “garantizar” miles de casas costeras

Madrid — 12 de marzo de 2024 21:54h 0

Madrid, 12 mar (EFE).- El pleno del Senado ha dado luz verde este martes a una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas y “garantizar” que no se derriban determinadas casas cercanas a las playas con el voto en contra del PSOE y del PNV.

El Partido Popular planteaba la modificación de la Ley de Costas para “garantizar una protección jurídica a las decenas de miles de personas que, teniendo viviendas legales en el litoral desde hace muchas décadas, ven amenazadas sus construcciones por los nuevos deslindes de dominio público”.

En concreto la iniciativa es relativa a la modificación de la Ley 22/1998, de 28 de julio, de Costas, para permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre.

Según el senador popular Francisco Martín Bernabé Pérez, quien ha presentado ante la Cámara Alta la proposición, el objetivo es dar mayor seguridad jurídica a los miles de propietarios que, a raíz de los nuevos deslindes del dominio público marítimo terrestre promovidos por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sufren órdenes de demolición o de confiscación vía concesión durante unos años para las viviendas situadas en primera línea de playa.

Esas demoliciones, según el senador, no pueden ser la solución en núcleos tradicionales, dejando espacios muy degradados, que nadie garantiza que supongan beneficio medioambiental alguno para el litoral.

Para proteger esos núcleos urbanos de especial valor, tienen que cumplir tres requisitos: que posean valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados; que estén integrados en el entorno costero; que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio público marítimo terrestre de la Ley de 1988.

Para que prospere esa declaración de protección, se necesita que se establezca un control con la intervención de las tres administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas y estatal.

Se propone que los ayuntamientos delimiten los núcleos afectados y las comunidades autónomas emitan un dictamen preceptivo informando sobre si los mismos poseen los valores culturales, históricos o etnológicos que recoge la Proposición, de forma que se identifiquen con la organización social tradicional del litoral.

Por último, con la información recabada, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá determinar si procede la catalogación de esos núcleos urbanos como protegidos.

Según Bernabé Pérez, la situación de regresión de la costa se está produciendo por la falta de adopción de medidas para luchar contra la subida del nivel del mar a lo largo de los últimos años, y ha recordado “aquí nadie está libre de errores”.

Algunos senadores han argumentado que las modificaciones de la Ley de Costas de 1998 realizadas en 2013 no abarcan todas las situaciones que se están produciendo actualmente con el deslinde y expropiaciones de propiedades en primera línea de costa, lugares que sufren los impactos de las subida del nivel del mar como consecuencia del cambio climático.

El senador José Antonio Balbuena, del Grupo Parlamentario Socialista, ha señalado que la modificación de la propuesta popular “no es la solución”, porque no afectará a las propuestas posteriores al año 1988, mientras que Igotz López Torre (Grupo Vasco) ha pedido ser ambicioso en la protección de las costas, realistas con el futuro que viene en los próximos años y garantistas con la ley.

María del Carmen da Silva Méndez, senadora por el Bloque Nacionalista Gallego (BNG), ha remarcado por su parte que la proposición obvia las características del litoral gallego, el de mayor extensión en territorio español, al no considerar los núcleos rurales, en una comunidad autónoma con las mayores competencias de costas.

Créditos: https://www.eldiario.es/politica/senado-aprueba-modificacion-ley-costas-pp-garantizar-miles-casas-costeras_1_11101325.html

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El PP aprueba en el Senado 'salvar' edificios a pie de playa que rechazan el Gobierno y sus socios por posible beneficio a los chiringuitos

CLARA PINAR

NOTICIA12.03.2024 - 19:52H

Vox y Junts votan a favor de reformar la Ley de Costas para legalizar bienes con efectos comerciales o turísticos.

El PP la saca adelante una iniciativa con unos apoyos que, si se mantienen, podría aprobarse en el Congreso.

"Puede llegar el caso de que tengamos que proteger chiringuitos", dice el PNV. El PSOE lo ve inconstitucional.

El Senado ha aprobado este martes una proposición de ley del PP para modificar la Ley de Costas y evitar el derribo de edificaciones en primera línea de playa a pesar de que el PSOE y otros socios del Gobierno como PNV o ERC han rechazado apoyarla. Los grupos que han votado en contra la consideran innecesaria para unos propósitos e insuficiente para otros, pero también ante las "dudas" de que la iniciativa sirva para permitir usos privados en zonas de dominio público marítimo-terrestre que no solo aliviarían a propietarios de viviendas afectados por el retroceso de las playas debido al cambio climático, sino que terminarían favoreciendo negocios alojados en estas construcciones como hoteles, restaurantes y chiringuitos de playa.

Además de su mayoría absoluta en la Cámara Alta, el PP ha sumado los votos de Vox, de Junts y de senadores regionalistas canarios para sacar adelante una iniciativa para reformar la Ley de Costas. Su objetivo es "permitir la pervivencia de conjuntos urbanos, costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre" y en los que, por tanto, no se permiten usos privados, sino como mucho una concesión que a los populares les parece

"Esas desocupaciones o derribos no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios altamente degradados y que en un análisis de costo-beneficio ambiental ofrecen un resultado desfavorable en cuanto servicios ecosistémicos", defiende el PP que pide una "alternativa de protección y adaptación" para preservar edificaciones con valores etnológicos, evitando "nuevos retrocesos futuros de la costa".

Valor turístico

Se trata de la segunda vez que el PP presenta una iniciativa en este sentido y su senador Francisco Martín Bernabé ha hablado de "confiscación" de propiedades por la Ley de Costas y ha considerado insuficiente el régimen de concesión como alternativa. "Creemos en la propiedad privada y estamos dispuestos a ayudar a nuestros ciudadanos", ha afirmado en la defensa de una iniciativa que busca introducir una nueva disposición final en la Ley de Costas para excluir del dominio público marítimo terrestre a núcleos urbanos catalogados con "valores etnológicos". Esta consideración la certificaría el Ministerio de Transición Ecológico pero partiría de una propuesta de ayuntamientos y comunidades autónomas en casos de "conjuntos de edificaciones residenciales o comerciales" que "acumulen valores culturales, históricos o etnológicos que merezcan ser conservados" y cuya demolición o supresión en virtud de la Ley de Costas "supusiera una pérdida de patrimonio cultural, histórico o turístico".

En su proposición de ley, el PP explica un problema -el de propietarios que adquirieron inmuebles antes de la Ley de Costas de 1998 o que se han visto en primera línea de playa debido a su retroceso por el cambio climático- que han reconocido todos los grupos políticos durante el debate. Y cita algunos casos como el poblado marítimo de Torre La Sal en Cabanes, les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la Castellón, y otras casitas en el litoral valenciano, alicantino o murciano o les “Casetes de Vorera” en Menorca, que ya están siendo 'rescatadas' por el Gobierno balear, del PP, mediante otros procedimientos administrativos.

Protección de los chiringuitos

Sin embargo, no son son esos casos, conocidos por los senadores, los que levantan las sospechas que han llevado a otros grupos a votar en contra o a abstenerse, sino las "dudas" sobre una iniciativa que consideran demasiado "genérica" y que podría amparar también a edificaciones que son utilizadas como hoteles, restaurantes o chiringuitos de playa. Particularmente, por la inclusión de la naturaleza "comercial" de estas edificaciones o las consecuencias en el "turismo" que tendría su demolición que figuran en el texto y que fuentes populares afirman que también pueden aludir a chiringuitos de playa, unos establecimiento en favor de los que el PP hace campaña desde hace años, precisamente en contra de las disposiciones de la Ley de Costas.

o que también hablan del perjuicio turístico", ha apuntado el senador del PNV Igotz Lopez, que ha anunciado voto e contra, como también ha hecho el BNG. "Puede llegar el caso de algún chiringuito, que tengamos que proteger algún chiringuito. Entiendo que es muy distinta la situación de una familia con la que pueda tener un chiringuito que se entienda que tiene interés turístico".

"Los que conozcan la costa, los territorios con costa, verán que muchas instalaciones que ustedes llaman conjuntos urbanos de tipo tradicional son fundamentalmente de uso habitacional o comercial. Es decir, restaurantes, pequeñas marinas y pretendidas casas rehabilitadas de pescadores", ha apuntado Joan Josep Queralt, diputado de ERC, que se ha abstenido.

El Ministerio de Transición Ecológica podría haber vetado la iniciativa e impedido su toma en consideración en el Senado si hubiera podido justificar que existen consecuencias presupuestarias. Sin embargo, en su turno de palabra, el PSOE ha anunciado el voto en contra de una proposición de ley que, tras el trámite en el Senado que ha empezado este martes, pasará al Congreso para aprobarse definitivamente. Allí el PP no tiene mayoría absoluta, pero si se mantiene el apoyo de Vox y de Junts, sí la sumaría y la reforma legal sería una realidad.

El PSOE defiende el régimen de concesión previsto en la ley actual y también que es necesario elaborar otra para afrontar el problema de fondo del retroceso de la costa debido al cambio climático. Sin embargo, ve "inconstitucional" la iniciativa del PP porque excede de la ley -de Costas- a la que la Constitución encarga fijar los bienes de dominio público estatal, entre los que contempla la zona marítimo-terrestre o las playas. También la considera innecesaria, como muestra que comunidades como Balears, con un gobierno del PP está ya tramitando una solución para unas de las edificaciones que cita el PP en su proposición de ley, las Casetes de Vorera en Menorca.

"Están ejerciendo algo de populismo legislativo, quedar bien y decir que el otro es culpable", ha reprochado el senador socialista José Francisco Hila.

Créditos: https://www.20minutos.es/noticia/5226618/0/gobierno-socios-rechazan-iniciativa-pp-salvar-edificios-pie-playa-extension-chiringuitos/

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El Senado aprueba llevar al Congreso la reforma de la Ley de Costas propuesta por el PP

El PSOE y PNV han votado en contra de esta modificación que afecta a los «conjuntos urbanos costeros tradicionales» en primera línea de playa

El Pleno del Senado aprobó este martes la toma en consideración, impulsada por el Grupo Parlamentario Popular de la Proposición de ley (PDL) para modificar la Ley de Costas con el fin de evitar la destrucción de «conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio público marítimo-terrestre», como por ejemplo las casetas que están en primera línea de playa. El Grupo Socialista y el PNV votaron en contra.

Según indicó Francisco Bernabé, del PP, en la Cámara Alta, los tres requisitos serán que los conjuntos dispongan de «valores culturales, históricos o etnográficos que merezcan ser conservados», que estén integrados en ese entorno paisajístico costero y por último, que existan con carácter previo a su inclusión en el dominio marítimo terrestre.

La proposición salió adelante con el voto a favor de 153 senadores: los 143 del Grupo Popular; cuatro del Grupo Plural de Junts y Agrupación Herreña Independiente; tres del Grupo Izquierda Unida (uno del senador de la Agrupación Socialista Gomera, uno de Más Madrid y uno de Coalició Compromís) y los tres votos a favor restantes, del Grupo Mixto (uno de Unión del Pueblo Navarro y dos de Vox).

Ha habido 96 votos en contra: del Grupo Socialista (89), del Grupo Parlamentario Vasco (6) y del Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (1).

Un total de 10 senadores se abstuvieron, ocho del Grupo Parlamentario Izquierdas por la Independencia, uno del Grupo Parlamentario Plural --en concreto de BNG-- y uno del Grupo Parlamentario Plural.

Al Pleno del Senado asistieron representantes de más de 52 asociaciones del litoral, tal y como lo señaló Bernabé, y ahora esta toma en consideración pasará al Congreso para seguir su trámite parlamentario.

Según defiende el Grupo Popular en su escrito, en el que propone añadir una 'Disposición Adicional Decimotercera' a la Ley 22/1988, de Costas, las desocupaciones o derribos de estos conjuntos urbanos «no aseguran la recuperación de funcionalidad del ecosistema, ya que dejan espacios altamente degradados».

Para entender de cuáles son los «núcleos urbanos tradicionales con valores etnológicos incuestionables», el Grupo Popular del Senado puso como ejemplo Puntas de Calnegre, Puerto de Mazarrón, Cabo de Palos y Los Nietos, en la Región de Murcia; les casetes de la Mar de Nules, de Almenara o de Xilxes, en la provincia de Castellón, así como otros en el litoral valenciano y alicantino; les «Casetes de Vorera» en Menorca; Punta Larga y El Faro en Fuencaliente, en la Isla de La Palma; o El Altillo, Casas Quemadas, La Barranquera, Telde o Tufia, en Gran Canaria.

egún defendieron, es necesario establecer «un abrigo legislativo» para estos núcleos urbanos que, una vez identificados, se reconocen con valores propios en cada caso y requieren de herramientas que permitan evitar expedientes de desocupaciones o derribos.

«No se arregla el problema que existe a lo largo de 8.000 km de costa»

Por parte del Grupo Socialista, el senador José Valbuena destacó en su turno en contra que esta propuesta «no arregla y no resuelve el problema que existe a lo largo de los 8.000 kilómetros de costa que tiene España», aunque señaló, sin embargo, que es un tema que tendrá que ser abordado.

Valbuena indicó al respecto que no es mediante modificaciones de la ley de Costas, que es en lo que consiste esta propuesta de los populares, sino con un articulado y con un conjunto de medidas «que tienen que atajar verdaderamente ese problema de manos de los territorios autonómicos y de las administraciones locales competentes en la ordenación del territorio».

Por contra, la senadora de Vox Paloma Gómez aseguró que con la consiguiente modificación «se intenta ayudar a muchas familias que están sufriendo por el futuro de sus viviendas y negocios, además de proteger el patrimonio de las costas».

El senador Juanjo Ferrer argumentó la abstención del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (GPIC) por las «muchísimas dudas sobre la bondad del proponente» y la «constitucionalidad» de esta reforma.

También por el GPIC, el senador Fabián Chinea agregó que están «de acuerdo» con buena parte de la filosofía y los contenidos de esta proposición de ley ya que creen «que conecta con el interés general», mientras que el senador del Grupo Parlamentario Vasco (GPV) Igotz López puntualizó que la norma «debería ser más concreta y no tan genérica».

Por el Grupo Parlamentario Plural, el senador de Junts Joan Bagué defendió que esta proposición de ley «es necesaria para poder regular algunos casos concretos»; María Carmen Silva del Bloque Nacionalista Galego recordó que la proposición «solo hace referencia a núcleos urbanos» y el senador Aniceto Armas de Agrupación Herreña Independiente señaló que «no arreglará definitivamente el problema de los asentamientos costeros, al menos en Canarias, pero sí podrá facilitar una vía jurídica para encauzar soluciones».

El senador Joan Queralt destacó que su grupo, el de Izquierdas por la Independencia (GPERB), estaría de acuerdo si se «introdujeran listados de casos individuales, caso por caso» y por esta razón se abstienen.

Por el Grupo Socialista el senador José Hila apuntó que la legislatura pasada, en el Parlamento de Baleares, se aprobó una proposición no de ley a propuesta del PP sobre 'las casetas de vorera' y le reprochó a este partido que en ningún caso hablara de modificar la ley de costas.

Y por último, en el turno de portavoces, el Grupo Popular concluyó que esta proposición trae «la llave» que va a permitir solucionar un problema que afecta a muchos municipios costeros y que permitirá conservar la fisionomía tradicional, según el senador popular Vicente Tejedo.

Créditos: https://www.laverdad.es/murcia/senado-aprueba-llevar-congreso-reforma-ley-costas-20240313091903-nt_amp.html

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