Los deslindes de la Ley de Costas mantienen en vilo a miles de propietarios en el litoral alicantino

La norma de Gobierno ha expropiado centenares de viviendas en la provincia sin pagar indemnizaciones

P. Sellés Alicante Sábado, 11 de noviembre 2023, 06:23 | Actualizado 06:54h.

«Un buen día te llega una carta donde se te indica que tu casa pasa a ser propiedad del Estado, y que solo tienes unos años para seguir disfrutándola». Así cuenta Manuel López su experiencia con los deslindes derivados de la Ley de Costas aprobada por el Gobierno en 1988. López forma parte del centenar de propietarios afectados por esta legislación en el municipio de Guardamar del Segura, quienes han perdido tal condición en favor de la de concesionario. Eso implica que disponen de un plazo determinado de años para seguir haciendo uso de su inmueble. Después, perderán la propiedad.

La problemática vuelve a estar de actualidad tras los deslindes que desde Costas se van a impulsar en Dénia, y que podrían afectar a más de 3.000 viviendas. Aunque también es noticia por el anuncio del Consell de este viernes, que ha avanzado una nueva Ley de Costas con la que quiere dar mayor seguridad a las viviendas amenazadas por los deslindes de la normativa estatal. La pretensión de esa norma es que sea la Generalitat la que decida los usos y actividades que se desarrollen en los 500 kilómetros del litoral autonómico.

A falta de que se materialice el nuevo reglamento autonómico, miles de propietarios siguen recelosos. «La problemática no es nueva -recuerda Manuel López-, se vive en la provincia de Alicante desde hace décadas». López también es presidente de la plataforma Somos Mediterránea, un paraguas que aglutina a una cincuentena de asociaciones de todo el territorio español para denunciar la aplicación que se está haciendo del reglamento de costas. 

«España ha pasado de tener 10.000 hectáreas de dominio público marítimo a tener 144.000. Eso no ha servido para que nuestras playas estén mejor, más bien todo lo contrario. La ley ha demostrado ser inútil como elemento de conservación del medio ambiente y de defensa del interés público. Se ha urbanizado más tras la ley de 1988 que antes de ella. Es todo un modus operandi de la Administración. Se aplica siempre de manera retroactiva en contra del pequeño propietario, pero se sigue construyendo en la costa y se da un trato de favor a determinados establecimientos hoteleros y urbanizaciones».

Repartidas por la costa alicantina, hay diferentes comunidades de propietarios que, o bien se han convertido en concesionarios de sus viviendas, o bien sufren una situación de «inseguridad jurídica». Es el caso de la zona de la Albufereta de Alicante, cuyos residentes -cerca de 3.000- se pueden ver afectados por la ley de manera directa o indirecta. 

«España ha pasado de tener 10.000 hectáreas de dominio público marítimo a tener 144.000. Eso no ha servido para que nuestras playas estén mejor, más bien todo lo contrario. Se aplica siempre de manera retroactiva en contra del pequeño propietario, pero se sigue construyendo en la costa y se da un trato de favor a determinados establecimientos hoteleros y urbanizaciones»

Rafael Pinilla es uno de estos propietarios, así como el portavoz de la asociación SOS Albufereta, desde donde cuestionan el carácter retroactivo de la norma, puesto que también afecta a propiedades construidas con anterioridad a la ley. En el caso de la Albufereta, Costas ya intentó acometer unos deslindes al considerar que las urbanizaciones se asentaban en un terreno que se había ganado al mar tras un desprendimiento, y que por tanto, debían pasar al dominio público. «Muchos edificios de aquella promoción urbanística están en riesgo. La legislación atenta contra el derecho a la propiedad, a la vivienda, y hasta al propio principio de no retroactividad de las leyes. Nuestros títulos de propiedad se pueden poner en cuestión por la pretensión de reconocer unos deslindes irreales». 

Nuevos criterios

Así lo considera también el presidente de la asociación Somos Mediterránea, quien denuncia la «ausencia de informes técnicos» en los que se ampara Costas para acometer los deslindes, y arremete contra el decreto ley aprobado en 2022 que modifica la norma. «Es una amenaza constante, ya que con los cambios de criterio muchos no saben si sus propiedades se van a ver afectadas. Costas ya ha anunciado que volverá a repasar con los nuevos criterios todos los terrenos deslindados con anterioridad; unos criterios que se han aplicado vía reglamento, y no vía ley. Con ellos se establece que toda zona donde llegue el agua salada sea de dominio público. Por tanto, toda la costa carece de seguridad jurídica.»

«Con los cambios de criterio aprobados en 2022 es difícil saber si tus propiedades se van a ver afectadas. Costas ya ha anunciado que volverá a repasar con los nuevos criterios todos los terrenos deslindados con anterioridad. Con ellos se establece que toda zona donde llegue el agua salada es de dominio público. Toda la costa carece de seguridad jurídica.»

Manuel López también conmina a la Administración a que cumpla con su cometido de mantener el buen estado del dominio público. «Si desaparecen 50 metros de playa, la solución no es mover el deslinde tierra adentro esa misma distancia. Habría que averiguar por qué perdemos la playa, para así poder regenerarla. No se puede aceptar el cambio climático como un comodín. Debemos actuar con rigor. La desaparición de las playas no se puede atribuir exclusivamente a la emergencia climática, ya que también entra en juego la falta de aporte sedimentario de los ríos. La solución no es solo echar arena de manera indiscriminada en la costa, sino saber dónde y cuándo hacerlo, así como contemplar otras medidas como habilitar nuevos espigones».

Deslindes en Elche

La playa ilicitana de Arenales del Sol es otro de los enclaves conflictivos en la aplicación de la ley. Allí hay un millar de propietarios afectados por los deslindes, cuyas propiedades se encuentran en primera línea de mar. Carlos Llorens es uno de esos afectados, quien asegura que nunca renunciará a su derecho de propiedad a pesar de lo que diga la ley.

«Han pasado 25 desde que se llevara a cabo el deslinde en esta zona, y la administración todavía no ha tramitado la concesión de nuestras propiedades», asegura Llorens, quien también lamenta el cambio de criterio para determinar el número máximo de años de disfrute de esas concesiones, que tras la modificación del reglamento en 2022, se ha limitado hasta los 75 años.

«Limbo jurídico» en El Pinet

En la playa de El Pinet -entre Elche y Santa Pola- hay cerca de un centenar de viviendas que viven una especie de «limbo jurídico». Así lo expresa Mónica García, presidenta de la Asociación de Vecinos de El Pinet, que también arremete contra el decreto ley aprobado el pasado año. En su caso, hacen uso de las viviendas en régimen de concesión desde que las adquirieron en la década de los 40.

Habiendo expirado esas concesiones, Costas les ha denegado una prórroga -por 75 años-, algo a lo que aseguran tener derecho de acuerdo a la versión de la Ley de Costas del año 2013. «Algunas prórrogas se han denegado por criterios urbanísticos y otras en base al decreto ley de 2022. Creemos que tenemos derecho a la prórroga, es algo que está avalado incluso por la Unión Europea».

Un derribo pendiente en Benidorm

Fruto de la autoridad costera también están pendientes de derribo las Torres de Benidorm, conocidas como 'los Gemelos', después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal en 2012 el permiso otorgado a la promotora para acometer su construcción siete años antes.

Pasados más de diez años -con un recurso desestimado a la Generalitat entre medias- sigue sin haberse acometido la demolición; trabajos que (junto a las indemnizaciones a los propietarios) desde el anterior gobierno del Botànic cifraban en 180 millones de euros. Esta situación se desmarca del resto de casos expuestos con anterioridad, al haberse autorizado la construcción de esta urbanización con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Costas.

Créditos: https://www.todoalicante.es/alicante-provincia/deslindes-ley-costas-mantienen-vilo-miles-propietarios-20231109062354-nt.html