Reunión de trabajo con los diputados socialistas Alejandro Soler y Vicent Sarrià
Esta mañana, agendada por Vicent Grimalt, alcalde de Dénia, hemos llevado a cabo una reunión de trabajo con los Diputados socialistas Alejandro Soler y Vicent Sarrià. Con anterioridad a la reunión habíamos enviado a los diputados el siguiente texto explicativo de la problemática costera, de Dénia y de todo el litoral español, y de nuestra propuesta de reforma legislativa de la Ley de Costas, puntos que han sido debatidos ampliamente en la reunión.
Por nuestra parte hemos asistido Pedro Pastor, Paco Garcia y Pere Cardona.
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Hola de nuevo,
Ya está en vuestras manos la documentación generada sobre la propuesta de reforma de la Ley de Costas que ha redactado la Universitat de València y, también la petición para que os incorporáis a la redacción de esta reforma. La tenéis en vuestro poder desde hace unos meses.
Ahora os envío este escrito, a manera de resumen, para agilizar la reunión del día 13.
Nosotros representamos al colectivo de Afectados por la Ley de Costas en Dénia, formado por personas provenientes de las Juntas de la Asociación de Almadraba, Estanyó, Playas Norte, Deveses y por propietarios independientes pero también contamos con el apoyo de las Asociaciones de Basetes, de Las Rotes y la Federación de asociaciones de Denia.
Pero también creemos representar los intereses de todos los propietarios afectados por esta abusiva ley en todo el litoral español.
A estas alturas ya todo el mundo sabe que la Ley de Costas es una ley injusta, que ha creado muchos más problemas de los que ha resuelto y que ha amargado la vida a miles de ciudadanos, propietarios legales y legítimos de viviendas en las playas españolas, condenándolos a un limbo de incertidumbre jurídica y malestar moral y señalándolos como responsables de todos los males acontecidos en las costas peninsulares.
El Parlamento Europeo ya se pronunció, en su tiempo, contra la Ley de Costas española mediante el famoso Informe Auken: redactado en términos de gran dureza, el informe esgrimía 39 considerandos críticos con la aplicación arbitraria de la ley, la impunidad de las actuaciones de la administración española y la ausencia de respecto a los derechos de los propietarios, especialmente en cuanto a la falta de una legítima indemnización económica por la pérdida de su propiedad. E instaba (en términos de Petición) a las autoridades españolas a proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y parcelas en las zonas afectadas.
En consecuencia, después de aquel varapalo, el Estado español intentó reformar la Ley de Costas, aunque con poco éxito.
La reforma del PP del 2103 fue tan tibia y complicada que ni siquiera consiguió ser constitucional.
Más recientemente el mismo PSOE está planteándoselo, lo tiene en su programa desde el 2019. Pero desconfiamos de lo que se está cocinando en el Ministerio: creemos que en el Miteco hay una miopía grande a la hora de enfrentar esta reforma, al poner todo lo foco en el cambio climático y la elevación del nivel del mar y dejar de lado los derechos fundamentales de los propietarios, la indemnización económica en caso de afectación a la propiedad y la responsabilidad ambiental del estado en la regresión de las playas.
Nosotros reconocemos, con más o menos entusiasmo, el pronóstico del IPCC sobre el cambio climático y la consiguiente subida del nivel del mar pero, al mismo tiempo, sabemos que esa subida no es significativa en el Mediterráneo actualmente. Lo sabemos porque estamos en contacto con la Politècnica de València, la cual nos dice que la elevación del mar en nuestras costas mediterráneas es de 1,5 a 3 milímetros de media anual, irrelevante en lo que respecta a la regresión de la costa.
También sabemos que la regresión en nuestras playas peninsulares es debida a la ausencia de sedimento. Los más de 1.200 embalses peninsulares retienen alrededor de 6.000 millones de metros cúbicos de sedimento que, en su mayoría, deberían de estar en nuestras playas. Solo el Júcar retiene cerca de 300 millones de m³ y el Ebro, con el gran poder sedimentario que tiene sobre nuestras costas valencianas, retiene más de 1.000 millones. Y el Estado es el responsable directo o subsidiario de este grave impacto ambiental al permitir que el ciclo sedimentario fluvial continúe interrumpido.
No hay ninguna playa en acreción todas están en regresión. La Universitat Politècnica de València dice que si sumamos la tasa de acreción de las playas que aparentemente crecen, como la de Gandia o la Malvarrosa, y la tasa de regresión de las que decrecen, como las que están situadas al sur del puerto de Gandia o del Puerto de València, la tasa siempre resultará negativa. Los puertos, como el de Gandía o el de València, son obstáculos al transporte sólido litoral y lo que hacen es agravar el problema que causan los embalses: las playas situadas al norte parece que crecen y las situadas en el sur decrecen, pero todas están en regresión por la ausencia de sedimentos generalizada.
Así pues, si la clase política no lo remedia, caminamos hacia la extinción de las playas y no es por el cambio climático.
Necesitamos una reforma sustantiva de la Ley de Costas qué enfrente la actual problemática ambiental que causan los embalses y los puertos y que la corrija desde su articulado. Una ley que obligue a los explotadores de los embalses y de los puertos y al Estado subsidiario, a rehabilitar el daño ambiental que causan, restableciendo el flujo sedimentario fluvial, construyendo bypass en los puertos y embalses y, mientras tanto, obligándolos a aportar arena desde la plataforma continental a las playas deficitarias, tal y como está haciéndose en el Saler o va a hacerse en la playa de Deveses de Dénia.
Pero, además, necesitamos una Ley de Costas que proteja los derechos fundamentales de los propietarios de inmuebles en las playas.
Nosotros representamos un colectivo qué es propietario legítimo y legal de sus viviendas. Las casas más antiguas las construimos donde nos marcó la autoridad costera de la época (en Dénia la Ayudantía Militar de Marina) y las más modernas las levantamos obedeciendo los programas urbanísticos de la propia administración local y autonómica y con el beneplácito de la Demarcación de Costas de Alicante. Tenemos escrituras ante notario, certificaciones del registro de la propiedad, parcelario en el catastro, pagamos religiosamente el Ibi, la luz y el agua y, a pesar de esto, la Ley de Costas actual, cuando nos recalifica a Dominio Público, nos cambia ese derecho dominical pleno por un título de concesión a treinta años y sin ninguna indemnización económica. Y esto es una injusticia de manual de piratas.
Necesitamos una reforma sustancial de la Ley de Costas que reconozca la legitimidad y la legalidad de las propiedades en las playas y que si las recalifica a Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) o las afecta con servidumbres, indemnice sus propietarios económicamente, según justo precio de mercado, y no mediante la tomadura de pelo que es la concesión/ocupación temporal durante treinta años que otorga la Disposición Transitoria Primera de la actual Ley de Costas.
El colectivo que representamos está embarcado en un Recurso contra la reforma del Reglamento de Costas aprobado en agosto del año pasado, porque sabemos que con ese reglamento en la mano nuestros hijos no heredarán nuestras casas. És más, el día que ese Reglamento se aplique de verdad, ningún propietario entre la carretera de Marines y el mar de Dénia podrá transmitir a sus hijos la titularidad plena de las casas. Y esto, además de ser tremendamente injusto, significará a corto plazo la ruina económica de todos los vecinos de una ciudad como Dénia y de otras muchas ciudades costeras que tienen una decidida vocación turística.
Es tan grande la preocupación de los vecinos que, si la sentencia de la Sala III del Supremo no anula el Reglamento de agosto del año pasado, llevaremos la causa al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con la total seguridad que la jurisprudencia de este Tribunal sentenciará, sin duda, a favor de esta demanda ciudadana.
Pero, además, como no queremos que nos digan que solo sabemos lamentarnos y dar la lata, el colectivo que representamos ha decidido ser constructivo y quiere aportar soluciones a esta problemática tan injusta.
Los vecinos nos hemos puesto en contacto, como ya sabéis, con dos profesoras de la Universitat de València, María José Alonso e inmaculada Revuelta, ex magistradas, expertas en Ley de Costas y cuestiones ambientales las cuales, con el apoyo técnico del catedrático la Politècnica Josep R. Medida Folgado, han implementado una propuesta de reforma de la Ley de Costas, con un cuerpo jurídico y legal que resuelve las amenazas ambientales de los puertos y embalses y la falta de respecto a la propiedad privada.
Ahora necesitamos que vosotros, la clase política, os sentéis con ellas y aporteis vuestras consideraciones.
Esta iniciativa ya cuenta con el apoyo de la derecha, con la participación activa del ex senador del PP y actual Director General de Costas autonómico, Vicente Martínez, el cual ya ha aportado su punto de vista, y sus consideraciones al borrador desarrollado por el equipo jurídico de la UV y la UPV. Pero, además, desde Sumar nos han prometido que también participarán en las mesas de trabajo que se convocan. Txema Guijarro i Imma Orozco són los garantes de este compromiso.
Ahora pedimos el apoyo del PSOE. Sabemos que en el partido hay diferentes sensibilidades, algunas tan fanáticas y fundamentalistas que no merecen nuestra atención. Pero también hay otras, entre las cuales creemos encontrar la vuestra, próximas al ciudadano y a la realpolitik, que son las que nos interesan y las únicas capaces de reformar leyes injustas que nunca tendrían que haberse promulgado.
Os pedimos que os toméis serio nuestra iniciativa antes de que se desborde y nos lleve a todos a los Tribunales internacionales.
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Tanto Alejandro Soler como Vincent Sarrià se han tomado muy en serio nuestra iniciativa de reforma de la Ley de Costas y se han mostrado dispuestos a trasladar a otras instancias del ejecutivo nuestra petición de que la seguridad jurídica de los propietarios debe quedar garantizada en todos los casos y que hay que recuperar la línea de costa anterior a la construcción de los embalses, mediante regeneraciones artificiales, hasta que se restablezca el flujo sedimentario fluvial.
En referencia a los deslindes en curso se hacen eco de nuestra demanda de que no se lleven a cabo hasta que las regeneraciones de las playas estén finalizadas, lo que trasladarán a las autoridades consiguientes
Por otro lado, aunque la actualidad política es de gran incertidumbre, se han comprometido a que, en el momento en el que se creen las comisiones relativas o concernientes a nuestra iniciativa, la incorporarán para que sea debatida con todo rigor y así poder sentarse a las mesas de trabajo con el equipo jurídico de nuestra Asociación.
Agradecemos al alcalde de Dénia y los diputados el interés demostrado y quedamos a la espera de noticias.
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"Ja està a les vostres mans la documentació generada sobre la proposta de reforma de la Llei de Costes que ha redactat la Universitat de València i, també la petició perquè us incorporeu a la redacció d'aquesta reforma. La teniu en el vostre poder des de fa uns mesos.
Ara us envie aquest escrit, a manera de resum, per agilitzar la reunió del dia 13.
Nosaltres representem al col·lectiu d'Afectats per la Llei de Costes en Dénia, format per persones provinents de les Juntes de l'Associació d'Almadrava, Estanyó, Playas Norte, Deveses i per propietaris independents però també comptem amb el suport de les Associacions de Basetes, de Les Rotes i la Federació d'associacions de Denia.
Però també cal dir que creiem representar els interessos de tots els propietaris afectats per aquesta abusiva llei en tot el litoral espanyol.
A hores d'ara ja tot el mon sap que la Llei de Costes és una llei injusta, que ha creat molts més problemes dels que ha resolt i que ha amargat la vida a milers de ciutadans, propietaris legals i legítims d'habitatges a les platges espanyoles, condemnant-los a un limbo d'incertesa jurídica i malestar moral i assenyalant-los com a responsables de tots els mals esdevinguts en les costes peninsulars.
El Parlament Europeu ja es va pronunciar, en el seu temps, contra la Llei de Costes espanyola mitjançant el famós Informe Auken: redactat en termes de gran duresa, l'informe esgrimia 39 considerants crítics amb l'aplicació arbitrària de la llei, la impunitat de les actuacions de l'administració espanyola i l'absència de respecte als drets dels propietaris, especialment pel que fa a la falta d'una legítima indemnització econòmica per la pèrdua de la seua propietat. I instava (en termes de Petició) a les autoritats espanyoles a protegir els drets dels legítims propietaris d'habitatges i parcel·les en les zones afectades.
En conseqüència, després d'aquella garrotada, l'Estat espanyol va intentar reformar la Llei de Costes, encara que amb poc èxit.
La reforma del PP del 2103 va ser tan tèbia que no va aconseguir la justicia que buscava.
Més recentment el mateix PSOE està plantejat-se-ho, ho té en el seu programa des del 2019. Però desconfiem del que s'està pastant-se en el Ministeri: creiem que des del Miteco n'hi ha una miopia gran a l'hora d'enfrentar aquesta reforma, al posar tot el foco en el canvi climàtic i l'elevació del nivell de la mar i deixar de costat els drets fonamentals dels propietaris, la indemnització econòmica en cas d'afectació a la propietat i la responsabilitat ambiental de l'estat en la regressió de les platges.
Nosaltres reconeguem, amb més o menys entusiasme, el pronòstic de l'IPCC sobre el canvi climàtic i la consegüent pujada del nivell de la mar però, a la volta, sabem que eixa pujada no és significativa en el Mediterrani actualment. Ho sabem perquè estem en contacte amb la Politècnica de València, la qual diu que la elevació de la mar a les nostres costes mediterrànies és d'1,5 a 3 mil·límetres de mitjana anual, irrellevant pel que fa a la regressió de la costa.
També sabem que la regressió a les nostres platges peninsulars és deguda a l’absència de sediment. Els més de 1.200 embassaments peninsulars retenen al voltant de 6.000 milions de metres cúbics de sediment que, en la seua majoria, deurien d'estar a les nostres platges. Només el Xúquer reten prop de 300 milions de m³ i l'Ebre, amb el gran poder sedimentari que té a sobre les nostres costes valencianes, reté més de 1.000 milions. I l'Estat és el reponsable directe o subsidiari de aquest greu impacte ambiental al permetre que el cicle sedimentari fluvial continue trencat.
No hi ha cap platja en acreció totes estan en regressió. La Universitat Politècnica de València diu que si sumem la tassa d'acreció de les platges que aparentment creixent, com la de Gandia o la Malvarrosa, i la tassa de regressió de les que decreixen, com les que estan situades al sud del port de Gandia o del Port de València, la tassa sempre resultarà negativa. Els ports, com el de Gandía o el de València, són obstacles al transport sòlid litoral i el que fan és agreujar el problema que causen els embassaments: les platges situades al nord sembla que creixen i les situades al sud decreixen, però totes estàn en regressió per l'absència de sediments generalitzada.
Així doncs, si la classe política no ho remeia, caminem cap a l'extinció de les platges i no és pel canvi climàtic.
Necessitem una reforma substantiva de la Llei de Costes què enfrente l'actual problemàtica ambiental que causen els embassaments i els ports i que la corregisca des del seu articulat. Una llei que obligue als explotadors dels embassaments i dels ports i a l'Estat subsidiari, a rehabilitar el mal ambiental que causen, bé restablint el flux sedimentari fluvial, bé construint bypassos als ports i embassaments i, mentrestant, obligant-los a aportar arena des de la plataforma continental a les platges deficitàries, tal i com està fent-se al Saler o va a fer-se a la platja de Deveses de Dénia.
Però, a més, necessitem una Llei de Costes que protegisca els drets fonamentals dels propietaris d'immobles a les platges.
Nosaltres representem un col·lectiu què és propietari legítim i legal de les seues vivendes. Les cases més antigues les vam construir on ens va marcar l'autoridat costera de l'época (a Dénia la Ayudantía Militar de Marina) i les més modernes les vam alçar obeint a programes urbanístics de la pròpia administració local i autonòmica. Tenim escriptures davant notari, certificacions del registre de la propietat, parcel·lari en el cadastre, paguem religiosament l'Ibi, la llum i l'aigua i, malgrat això, la Llei de Costes actual, quan ens requalifica a Domini Públic, ens canvia eixe dret dominical plé per un títol de concessió a trenta anys i sense cap indemnització econòmica. I això és una injusticia de manual de pirates.
Necessitem una reforma substancial de la Llei de Costes que reconega la legitimitat i la legalitat de les propietats en les platges i que si les requalifica a Domini Públic Marítim-Terrestre (DPMT) o les afecta amb servidumbres, indemnitze els seus propietaris econòmicament, segons preu just de mercat, i no mitjançant la prenguda de pèl que és la concessió d'ocupació temporal durant trenta anys que atorga la Disposició Transitòria Primera de la actual Llei de Costes.
El col·lectiu que representem està embarcat en un Recurs contra la reforma del Reglament de Costes aprovat a l'agost de l'any passat, perquè sabem que amb eixe reglament a la mà els nostres fills no heretaran les nostres cases. Encara més, el dia que eixe Reglament s'aplique de veritat, cap propietari entre la carretera de Marines i la mar de Dénia podrà transmetre als seus fills la titularitat plena de les cases. I això, a més de ser tremendament injust, significarà a curt termini la ruïna econòmica de tots els veïns d'una ciutat com Dénia i de moltes altres ciutats costaneres que tenen una decidida vocació turística.
És tan gran la preocupació dels veïns que, si la sentència de la Sala III del Suprem no anul·la el Reglament d'agost de l'any passat, portarem la causa al Tribunal de Drets Humans d'Estrasburg, amb la total seguretat que la jurisprudència d'aquest Tribunal sentenciarà, sens dubte, a favor d'aquesta demanda ciutadana.
Però, a més, com no volem que ens diguen que sols sabem plorar i donar la llanda, el col·lectiu que representem ha decidit ser constructiu i vol aportar solucions a aquesta problemática tan injusta.
Els veïns ens hem posat en contacte, com ja sabeu, amb dues professores de la Universitat de València, María José Alonso i Immaculada Revuelta, ex magistrades, expertes en Llei de Costes i qüestions ambientals les quals, amb el suport tècnic del catedràtic la Politècnica Josep R. Medida Folgado, han implementat una proposta de reforma de la Llei de Costes, amb un cos jurídic i legal que resol les amenaces ambientals dels ports i embassaments i la falta de respecte a la propietat privada.
Ara falta que vosaltres, la classe política s'assenteu amb elles i aporteu les vostres consideracions.
Aquesta iniciativa ya compta amb el suport de la dreta, amb la participació activa de l’ex senador del PP i actual Director General de Costes autonòmic, Vicente Martínez, el qual ja ha aportat el seu punt de vista, i les seues consideracions a l'esborrany desenvolupat per l' equip jurídic de la UV i la UPV. Però, a més, des de Sumar ens han promès que també participaran en les taules de treball que es convoquen. Txema Guijarro i Imma Orozco son els garants d'aquest compromís.
Ara demanem el suport del PSOE. Sabem que en el partit hi ha diferents sensibilitats, algunes tan fanàtiques i fonamentalistes que no mereixen la nostra atenció. Però també hi ha unes altres, entre les quals creiem trobar la vostra, pròximes al ciutadà i a la realpolitik, que són les que ens interessen i les úniques capaces de reformar lleis injustes que mai haurien d'haver-se promulgat.
Us demanem que us prengueu en serio la nostra iniciativa abans que es desborde i ens porte a tots als Tribunals internacionals."
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