Reunión con Txema Guijarro. Diputado por Sumar (Alicante)

 Ayer llevamos a cabo una reunión con Txema Guijarro, diputado de Sumar por Alicante, Rosanna García Miralles de Podemos y Juanjo Nieves, coordinador de Podemos en las dos Marinas.

Por nuestra parte asistimos Pedro Pastor, Paco Garcia y Pere Cardona.

Con anterioridad les habíamos enviado el texto que sigue, como introducción a la problemática de las playas de Dénia y de todo litoral español, junto con nuestra demanda de reforma legislativa de la Ley de Costas. Los puntos de este escrito fueron debatidos largamente en el transcurso de la reunión.

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"Ya está en vuestras manos la documentación generada sobre la propuesta de reforma de la Ley de Costas que ha redactado la Universitat de València y, también, la petición para que os incorporáis a la redacción de esta reforma. La tenéis en vuestro poder desde hace unos meses.

Ahora os envío este escrito, a manera de resumen, para agilizar la reunión de esta tarde.

Nosotros representamos al colectivo de Afectados por la Ley de Costas en Dénia, formado por personas provenientes de las Juntas de la Asociación de Almadraba, Estanyó, Playas Norte, Deveses y por propietarios independientes pero también contamos con el apoyo de las Asociaciones de Basetes, de Les Rotes y la Federación de Asociaciones de Denia.

A la vez, creemos representar los intereses de todos los propietarios afectados por esta abusiva ley en todo el litoral español.

A estas alturas ya todo el mundo sabe que la Ley de Costas es una ley injusta, que ha creado muchos más problemas de los que ha resuelto y que ha amargado la vida a miles de ciudadanos, propietarios legales y legítimos de viviendas en las playas españolas, condenándolos a un limbo de incertidumbre jurídica y daño moral y señalándolos como responsables de todos los males acontecidos en las costas peninsulares.

El Parlamento Europeo ya se pronunció, en su tiempo, contra la Ley de Costas española mediante el famoso Informe Auken: redactado en términos de gran dureza, el informe esgrimía 39 considerandos críticos con la aplicación arbitraria de la ley, la impunidad de las actuaciones de la administración española y la ausencia de respecto a los derechos de los propietarios, especialmente en cuanto a la falta de una legítima indemnización económica por la pérdida de su propiedad. E instaba (en términos de Petición) a las autoridades españolas a proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y parcelas en las zonas afectadas.

En consecuencia, después de aquel varapalo, el Estado español intentó reformar la Ley de Costas, aunque con poco éxito. La reforma del PP del 2103 fue demasiado tibia y no consiguió la justicia que buscaba.

Más recientemente el mismo PSOE está planteándoselo, lo tiene en su programa desde el 2019. Pero desconfiamos de lo que se está ideando en el Ministerio: creemos que en el Miteco hay una miopía grande a la hora de enfrentar esta reforma al poner todo el foco en el cambio climático y la elevación del nivel del mar y dejar de lado los derechos fundamentales de los propietarios, la indemnización económica en caso de afectación a la propiedad y la responsabilidad ambiental del estado en la regresión de las playas.

Nosotros reconocemos, con más o menos entusiasmo, el pronóstico del IPCC sobre el cambio climático y la consiguiente subida del nivel del mar pero, al mismo tiempo, sabemos que esa subida no es significativa en el Mediterráneo actualmente. Lo sabemos porque estamos en contacto con la Politècnica de València, la cual dice que la elevación del mar en nuestras costas mediterráneas es de 1,5 a 3 milímetros de media anual, una cantidad totalmente irrelevante en cuanto a la regresión de la costa.

También sabemos que la regresión en todas nuestras playas peninsulares es debida a la ausencia de sedimento. Los más de 1.200 embalses peninsulares retienen alrededor de 6.000 millones de metros cúbicos de sedimento que, en su mayoría, deberían de estar en nuestras playas. Solo el Júcar retiene cerca de 300 millones de m³ y el Ebro, con el grande poder sedimentario que tiene encima nuestras costas valencianas, retiene más de 1.000 millones. 

Y el Estado es el responsable directo o subsidiario de este grave impacto ambiental al permitir que el ciclo sedimentario fluvial continúe interrumpido.

No hay ninguna playa en acreción todas están en regresión. La Universitat Politècnica de València dice que si sumamos la tasa de acreción de las playas que aparentemente crecen, como la de Gandía o la Malvarrosa, y la tasa de regresión de las que decrecen, como las que están situadas en el sur del puerto de Gandía o del Puerto de València, la tasa siempre resultará negativa. Los puertos, como el de Gandía o el de València, son obstáculos al transporte sólido litoral y lo que hacen es agravar el problema que causan los embalses: las playas situadas a su norte parece que crecen y las situadas en el sur decrecen, pero todas están en regresión por la ausencia de sedimentos generalizada.

Así pues, si la clase política no lo remedia, caminamos hacia la extinción de las playas y no es por el cambio climático en el Mediterráneo.

Necesitamos una reforma sustantiva de la Ley de Costas qué enfrente la actual problemática ambiental que causan los embalses y los puertos y que la corrija desde su articulado. Una ley que obligue a los explotadores de los embalses y de los puertos y al el Estado subsidiario, a restaurar el daño ambiental que causan, restableciendo el flujo sedimentario fluvial, construyendo bypass en los puertos y embalses y, mientras tanto, obligándoles a aportar arena desde la plataforma continental a las playas deficitarias, tal y como está haciéndose en el Saler o va a hacerse en la playa de Deveses de Dénia. Restauraciones de playas llevadas a cabo con el máximo escrúpulo con las biocenosis asociadas marinas y terrestres. 

Pero, además, necesitamos una Ley de Costas que proteja los derechos fundamentales de los propietarios de inmuebles en las playas.

Nosotros representamos un colectivo qué es propietario legítimo y legal de sus viviendas. Las casas más antiguas las construimos donde nos marcó la autoridad costera de la época (en Dénia la Ayudantía Militar de Marina) y las más modernas las levantamos obedeciendo a programas urbanísticos de la propia administración local y autonómica. Tenemos escrituras ante notario, certificaciones del registro de la propiedad, parcelario en el catastro, pagamos religiosamente el Ibi, la luz y el agua y, a pesar de esto, la Ley de Costas actual, cuando nos recalifica a Dominio Público, nos cambia ese derecho dominical pleno por un título de concesión a treinta años y sin ninguna indemnización económica. 

Y esto es una injusticia de manual de piratas.

Necesitamos una reforma sustancial de la Ley de Costas que reconozca la legitimidad y la legalidad de las propiedades en las playas y que si las recalifica a Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) o las afecta con servidumbres, indemnice a sus propietarios económicamente, según justo precio de mercado, y no mediante la tomadura de pelo que es la concesión de ocupación temporal durante treinta años que otorga la Disposición Transitoria Primera de la actual Ley de Costas.

El colectivo que representamos está embarcado en un Recurso contra la reforma del Reglamento de Costas aprobado en agosto del año pasado, porque sabemos que con ese reglamento en la mano nuestros hijos no heredarán nuestras casas. Todavía más, el día que ese Reglamento se aplique de verdad, ningún propietario de casas entre la carretera de Marines y el mar de Dénia podrá transmitir a sus hijos la titularidad plena de las casas. Y esto, además de ser tremendamente injusto, significará a corto plazo la ruina económica de todos los vecinos de una ciudad como Dénia y de otras muchas ciudades costeras que tienen una decidida vocación turística.

Es tan grande la preocupación de los vecinos que, si la sentencia de la Sala III del Supremo no anula el Reglamento de agosto del año pasado, llevaremos la causa al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, con la total seguridad de que la jurisprudencia de este Tribunal sentenciará, sin duda, a favor de esta demanda ciudadana.

Pero, además, como no queremos que nos digan que solo sabemos lamentarnos y dar la lata, el colectivo que representemos ha decidido ser constructivo y quiere aportar soluciones a esta problemática tan injusta.

Los vecinos nos hemos puesto en contacto, como ya sabéis, con dos profesoras de la Universitat de València, María José Alonso e inmaculada Revuelta, ex magistradas, expertas en Ley de Costas y cuestiones ambientales las cuales, con el apoyo técnico del catedrático la Politècnica Josep R. Medida Folgado, han implementado una propuesta de reforma de la Ley de Costas, con un cuerpo jurídico y legal que resuelve las amenazas ambientales de los puertos y embalses y la falta de respecto a la propiedad privada.

Ahora falta que vosotros, la clase política os sentéis con ellas y aportéis vuestras consideraciones y enmiendas.

Esta iniciativa ya cuenta con el apoyo de la derecha, con la participación activa del ex senador del PP y actual Director General de Costas autonómico, Vicente Martínez, el cual ya ha aportado su punto de vista, y sus consideraciones al borrador desarrollado por el equipo jurídico de la UV y la UPV. Pero, además, mañana tenemos reunión con los diputados del Psoe Alejandro Soler y Vicent Sarrià quienes, junto al alcalde de Dénia Vicente Grimalt, se han mostrado dispuestos a ayudar en esta reforma.

En la actualidad, aunque ya sabemos que contamos con vuestro apoyo largamente demostrado en nuestras reuniones con Juanjo Nieves, Rosanna García y contigo mismo y con la presentación de la PNL en el Congreso, os pedimos el apoyo de la nueva Coalición. 

Sabemos que en la coalición hay muchas sensibilidades, algunas tan fundamentalistas que no merecen nuestra atención. Pero también hay otras, entre las cuales sabemos que está la vuestra, próximas al ciudadano y a la realpolitik, que son las que nos interesan y las únicas capaces de reformar leyes tan injustas que nunca tendrían que haberse promulgado.

Os pedimos que os toméis serio nuestra iniciativa antes de que se desborde y nos lleve a todos a los Tribunales internacionales.

Os pedimos que participéis en mesas de trabajo con el equipo jurídico de la Universidad de Valencia."

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Ya pusimos en sus manos la propuesta de Reforma legislativa de la Ley de Costas. La estudiarán los equipos jurídico/legislativos de Sumar y nos avisarán para agendar una mesa de trabajo con las profesoras de la Universidad de Valencia y/o con el catedrático Josep R. Medina.

Quedamos muy agradecidos a la delegación de Podemos/Sumar por el interés demostrado.